Primero fueron gigantes como América Móvil, Walmart o Femsa. Ahora es el turno del negocio de las facturas falsas, un entramado fraudulento que ha abierto un agujero de 55.000 millones de pesos (2.500 millones de dólares) en las arcas públicas.
La cruzada de México contra la evasión fiscal no se detiene y encarna ya una de las acciones más eficaces del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al frente, la directora de la agencia tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, una de las funcionarias de más confianza del círculo íntimo del presidente. Durante sus 20 años de carrera, siempre al lado de López Obrador, la funcionaria ha ido acumulando cada vez más poder, cimentado en una reputación de mano dura contra dispendios y corruptelas, a las que hace frente el Gobierno de Morena. Su nombre suena ya en las quinielas para la Secretaría de Hacienda.
Cabeza de Vaca EN LA MIRA:
Las últimas investigaciones del SAT han coronado en siete denuncias penales contra 43 empresas fantasma dedicadas a emitir facturas falsas a nombre de empresas reales. La argucia es aumentar artificialmente los gastos de la compañía con el objetivo de reducir los beneficios y pagar menos impuestos. “No solo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas. En estas participaron 8.212 personas físicas y morales. Las operaciones y el monto de las facturas ascendía a 93.000 millones de pesos”, detalló este lunes Buenrostro, que además anunció que la investigación continúa y que tienen ya identificadas a más de 500 empresas factureras involucradas en fraude y lavado de dinero.
Las penas por delitos relacionados con la evasión fiscal, como las facturas falsas, se endurecieron en diciembre pasado tras una reforma constitucional que también estrechó el cerco para las condonaciones fiscales. Según las cuentas de Hacienda, las Administraciones anteriores perdonaron impuestos por 400.000 millones de pesos (casi 21.000 millones de dólares) a 153.000 contribuyentes. Gran parte de las condonaciones -más de la mitad- se concentró en apenas un centenar de compañías. La evasión fiscal representa, según cifras oficiales, un 2,6% del PIB del país. Otros análisis elevan el mordisco a casi el 20%.
La legislación que apretaba las tuercas coincidía con la designación de Buenrostro al frente del SAT. Su anterior puesto en la oficina mayor de la Secretaría de Hacienda dejó huella. Fue la encargada de cerrar el candado del gasto público, incluyendo sus nuevas atribuciones sobre el control de licitaciones y compras públicas. Su estricta ejecución de las políticas de austeridad implantadas por el Gobierno, criticadas incluso por el Fondo Monetario Internacional, la catapultaron a otro puesto clave para el proyecto de Morena. A la espera de una reforma del sistema fiscal en profundidad y en un contexto de recesión económica, agudizado aún más por la pandemia de la covid-19, el SAT está siendo con su proactividad el encargado en gran medida de sostener los ingresos públicos.
“Es un método inteligente ante la necesidad de aumentar la recaudación. De momento, es difícil de prever que la reforma fiscal llegue el año que viene, como anunció López Obrador. Pero, en todo caso, sí se están tomado medidas que van encaminadas a un cambio del sistema tributario, como la reforma para atajar la evasión fiscal y la adecuación del IVA para los servicios digitales”, apunta Ivan Benumea, coordinandor de temas fiscales del instituto Fundar. La recaudación de México es la más baja de la OCDE. Un 16% del PIB frente al promedio de 34% en el club de las economías avanzadas. 2019, el primer año de López Obrador, cerró con la economía en negativo y un crecimiento de la recaudación muy modesto. De enero a marzo, los ingresos fiscales aumentaron un 5,6%, a pesar que en abril cayeron un 25% respecto a marzo debido al parón económico provocado por la pandemia.
La prioridad de una reforma fiscal a fondo y las críticas a las duras medidas de contención del gasto público fueron dos de los detonantes de la salida el verano pasado del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. El prestigioso académico fue uno de los maestros de Buenrostro durante sus estudios de Economía en el Colegio de México, y quien la llamó también para formar parte del equipo que dirigió la secretaría de Finanzas en la capital durante el mandato de López Obrador en Ciudad de México.
Rota la sintonía de Urzúa con el presidente del Gobierno, escenificada en una dura carta que acompañó a su dimisión, Buenrostro ha continuado ganando enteros dentro del Gabinete. Los halagos de López Obrador hacia la directora del SAT han sido una constante durante los pocos meses que lleva en el cargo, poniéndola como ejemplo de integridad frente a otros exfuncionarios que, en palabras del presidente, se comportaban como “llaveritos de las grandes corporaciones empresariales, que se iban hasta los directivos de las grandes empresas al jugar golf”.
Amparada por las recientes reformas legales, Buenrostro está siendo el ariete contra los privilegios fiscales de las multinacionales. En febrero, Carlos Slim reconoció que América Móvil había pagado más de 8.000 millones de pesos, unos 430 millones de dólares, en concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) diferido entre los años 2016 y 2019. El SAT ha reclamado también a Walmart México y al Grupo Alsea el pago de 10.000 y casi 4.000 millones de pesos (538 millones de dólares y 215 millones), respectivamente, por la operación de compraventa de 361 restaurantes de la cadena Vips. Mientras que Femsa pagó en mayo 8.790 millones de pesos. En la información a la Bolsa de Valores, la empaquetadora de Coca Cola anunció que de este modo ponía “fin a las diferencias de interpretación” sobre los impuestos pagados en el extranjero.
fuente.-Diario Español/SAT/
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