Nada de lo que ocurrió en San Mateo del Mar el domingo fue fortuito. El pueblo vivía en tensión desde hacía casi mes y medio. Y esa era solo la última capa de tensión. Había otras con meses y años de antigüedad, sedimentos de un rencor durísimo. Todas cristalizaron el último fin de semana, con el asesinato de 15 personas, 13 hombres y dos mujeres. Una masacre que ahonda en el absurdo de la violencia en México, una sima cuya profundidad no se adivina.
La matanza de San Mateo no es obra del narco. Este pequeño pueblo de la costa de Oaxaca, donde dos tercios de los 15.000 habitantes están en situación de pobreza extrema, ha vivido ajeno a la violencia del tráfico de drogas y otros mercados ilegales, como el robo de combustible o la trata de personas. Pero en México la violencia es plural. Si no es el narco son intereses económicos, conflictos políticos o agravios caciquiles. La violencia es además impune. Más del 90% de delitos quedan sin castigar en el país.
Más allá de la cantidad de muertos y la saña de los asesinos, lo trágico del episodio es su escasa repercusión. La explicación es simple: México cuenta decenas de asesinatos cada día. Hay jornadas que se registran más de 100. Son tantos y de origen tan variado que mantienen en constante aceleración el ciclo noticioso, pendiente además de la pandemia y la relación con Estados Unidos. Solo la semana pasada, diez cuerpos aparecieron tirados en una carretera en Sonora, un grupo criminal puso patas arriba un pedazo de Guanajuato, bloqueando avenidas y carreteras en varias ciudades y la fiscalía de Jalisco anunció que solo este año ha rescatado más de 200 cuerpos de fosas clandestinas.
Pueblo de etnia ikood, San Mateo vive un conflicto político con un claro trasfondo económico desde hace más de una década. El municipio yace en la vertiente occidental del istmo de Oaxaca, codiciado por la industria eólica desde finales del siglo pasado. Los conflictos más graves de los últimos años tenían que ver con la instalación de aerogeneradores en un paraje sagrado para los ikood, la barra de Santa Teresa. Sagrado y económicamente fundamental. San Mateo y otros municipios como San Dionisio y San Francisco viven de la pesca de la laguna Superior, junto a la barra.
Hasta 2017, la población elegía a sus representantes por el sistema tradicional, alejado de urnas y planillas. En asambleas, las comunidades elegían a sus líderes y se turnaban la presidencia municipal y otros cargos administrativos. Pero entonces todo cambió. El antropólogo Alejandro Castaneira, que ha estudiado las formas de Gobierno de San Mateo desde la década de 1980, explica que en 2017, un vecino impugnó la elección y consiguió que el Estado impusiera unas elecciones al estilo occidental: votos, urnas, actas… Ese vecino se presentó y ganó. “Yo fui testigo de esa elección y escuché relatos de la compra de votos”, dice Castaneira. “Estaban yendo de casa en casa, dando 200 pesos por voto. Y atestigüé que camionetas negras extrañas circulaban por el pueblo... La gente decía que iban armados”.
Fue el principio de la violencia. En esa elección, explica el académico, el vecino candidato que resultó ganador estuvo apoyado por un personaje que atraviesa la historia local desde entonces. Se trata de Jorge Leoncio. El antropólogo dice que Leoncio “asesoró al vecino” y luego asesoró a su sucesor, que salió elegido en octubre del año pasado, entre las mismas acusaciones de fraude y compra de votos.
Entremedias, San Mateo sufrió como pocos el sismo del 7 de septiembre de 2017. Tiró casas y bardas y destrozó el puente que unía la cabecera municipal con las comunidades más cercanas al mar. La reconstrucción de las casas mantuvo a los vecinos fuera de la política por un rato. Pero no por mucho.
Si la elección de 2017 fracturó a San Mateo, la de 2019 terminó de romperlo. De las 16 comunidades que componen el municipio, la mayor parte de 13 apoyaba al candidato comunitario, elegido por la asamblea, y el resto al continuista, asesorado por Leoncio. Una vecina de una de las comunidades que apoyan al comunitario dice que igual se compraron votos esta vez. Solo que en vez de a 200 pesos -algo menos de diez dólares- fue a 500. El candidato continuista ganó. Se llama Bernardino Ponce.
La vecina, que pide no ser identificada por seguridad, explica que la violencia fuerte empezó en mayo. Para entonces, los vecinos que no querían a Ponce se habían organizado y desconocido al presidente municipal. Se hacen llamar la Unión de Agencias Ikoods. Así se refieren a las comunidades, agencias municipales.
El filtro sanitario
El 2 de mayo, con la irrupción del coronavirus en la región, la Unión de Agencias instaló un filtro sanitario en la entrada del pueblo. Algo pasó ese día. Ponce y su gente dicen que los vecinos de una comunidad habían contratado a un grupo de música para una fiesta. Al llegar al filtro, la Unión de Agencias no les dejó pasar, llegaron los vecinos de la fiesta y ... Se armó la discusión. Según Ponce, los de la Unión detuvieron a músicos y festeros y los llevaron a la cárcel de su comunidad. Luego, habrían lanzado una cacería contra todo vecino del que sospechasen su cercanía con Ponce.
La versión de los vecinos desafectos es bien distinta. Según ellos, después de la trifulca con los festeros y su traslado a la cárcel, un grupo armado llegó al retén y empezó a dispararles, gritando: “Bernardino Ponce es el presidente y a partir de ahora somos la autoridad aquí”.
Este grupo de vecinos acusa a Ponce y a Jorge Leoncio de estar detrás del ataque. Aquel día, ese grupo armado asesinó al suplente del agente municipal de Huazantlán, la comunidad donde habían instalado el filtro sanitario. Otras personas resultaron heridas. También quemaron la casa del agente municipal y la del primo del suplente asesinado.
Desde entonces, las peticiones de ayuda de los agentes municipales de las comunidades enfrentadas con Ponce han sido constantes. Pidieron auxilio al Gobierno estatal, al federal y a la Guardia Nacional, pero no les hicieron demasiado caso. Un grupo de mujeres del lado contrario también pidió apoyo y denunció a la Unión de Agencias por maltrato y vejaciones el 2 de mayo. La vecina de arriba dice que los investigadores de la fiscalía tardaron un mes en llegar después de lo que ocurrió.
A mediados de junio, Ponce anunció la instalación de un nuevo filtro sanitario, este cerca de la colonia desde donde despacha. Por el conflicto, el presidente municipal trabaja desde su casa. Mientras tanto, el primer filtro sanitario se había convertido en un muro contra posibles ataques. Ya no era un filtro, era una barrera. Todo aquel que quería entrar y salir de San Mateo debía llegar a la barrera, atravesarla a pie y seguir su camino con otro vehículo al otro lado. Esa situación había generado molestias a los vecinos, por lo que los agentes municipales convocaron una asamblea el domingo 21 de junio en Huazantlán.
Horas antes de la masacre, un grupo de vecinos de la Unión de Agencias llegó al nuevo filtro sanitario camino a la asamblea y vio que en mitad de la carretera había ruedas ardiendo, impidiendo el paso. Cuando empezaron a retirarlas, sintieron los primeros disparos. Apenas era mediodía. Los vecinos se dieron la vuelta y huyeron. Seis resultaron heridos. La noticia del nuevo ataque corrió como la pólvora y a la hora de comer ya habían llegado a San Mateo agentes de la policía estatal y la Guardia Nacional.
Pero ya era tarde. El ambiente estaba muy tenso y cualquier paso en falso sería fatal. Acompañados por las autoridades, los vecinos de la Unión llegaron finalmente a Huazantlán para celebrar la asamblea. Pero una vez allá, un bando y otro se enfrentaron. La Unión ha explicado que “personas que tenían tomadas las instalaciones de la agencia municipal de Huazantlán” les dispararon, en presencia de la Guardia Nacional. Luego, “se generó un enfrentamiento y hubo decenas de heridos y personas que perdieron la vida”.
Ponce y los suyos acusan a varios líderes de la Unión de orquestar la respuesta contra estas personas que, según la Unión, “tenían tomadas las instalaciones” y les dispararon. Entre estas personas estaría un grupo de mujeres, que tenían tomada la agencia a modo de protesta por la sucedido el 2 de mayo. Las mujeres acusaban a representantes de la Unión de maltrato y vejaciones.
Fuera como fuera, la respuesta fue brutal. La turba arremetió contra el grupo que tenía tomada las instalaciones de la agencia y los mataron a golpes, con piedras y palos. Luego les prendieron fuego. Una mujer, Rosario N, sobrevivió. En entrevistas con medios locales, la mujer ha explicado que cuando los otros llegaron, ella y otras personas se escondieron en un cuarto y se recargaron contra la puerta. Ahí aguantaron como pudieron 20 minutos. “Luego llegó la policía estatal y echó gas y pude escapar”, dijo.
La fiscalía del Estado emitió un comunicado el lunes, confirmando la muerte de las 15 personas, pero no dio más información. Para muchos en San Mateo, la ausencia de las autoridades estatales y federales ha sido clave en la escalada de tensión. Un vecino que pide igualmente no ser identificado argumenta que “ha habido una omisión gubernamental y una injerencia externa muy clara. El hecho de que aparezcan armas es un ejemplo de esto último”. Cuestionado sobre la incapacidad del Estado para prevenir la masacre, vistas las peticiones de intervención desde mayo, un vocero del Gobierno de Oaxaca ha dicho que carece de “suficiente información paa responder”. Preguntado si el Gobierno estatal considera que en la zona operan grupos de crimen organizado, ha respondido que “más que crimen organizado, hay un incipiente grupo político que realiza acciones delictivas al amparo de la protección de la autoridad local”.
EL PAÍS tambien se ha puesto en contacto con el vocero de la Guardia Nacional para obtener más detalles de lo ocurrido durante la noche del 21 y la madrugada del 22 de junio, pero no ha obtenido respuesta.
En varios comunicados, el presidente municipal, Bernardino Ponce, ha señalado que detrás de las autoridades comunales hay un criminal con intereses en la región. Se trata de “Gualterio Escandón, alias Gual Perol”, al que identifica como “jefe de plaza de la delincuencia organizada, que aspira a controlar el municipio por su situación estratégica, para el tráfico de indocumentados y almacenamiento de combustible robado”.
El antropólogo Castaneira nunca ha escuchado hablar de Gual Perol, ni que esas actividades ocurran en San Mateo, aunque sí en otros pueblos cercanos. Con la intención de entender lo ocurrido, se pregunta si en San Mateo no habrá más de dos bandos en pugna: la agencia, Ponce y un tercero difuso, que representa otro tipo de actividad criminal, en pugna con Ponce, con la agencia o con los dos.
Castaneira lo resume así: “Aquí hay dos tendencias profundas que chocan. Una es el colectivismo, la larga tradición de relación con el territorio, un tema biocultural, o sea lo común. La otra es el orden liberal del estado nación, que necesita ajustar el territorio a los proyectos que vienen”. San Mateo, concluye, es referencia de lo primero.
fuente.-Diario Español/
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