El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, advierte: ay de aquel que quiera inyectar dinero a las elecciones de 2021, ya sea gobernador, empresario o criminal. “Aténganse a las consecuencias”, dice en entrevista con MILENIO.
PROMESA CASI CUMPLIDA:
Para garantizar la limpieza y el resultado de las elecciones, Ortiz Pinchetti destaca que el Estado echará mano de todos los órganos a su disposición, incluido el Centro Nacional de Inteligencia, para vigilar que ningún gobernador se salga del carril y busque favorecer a sus candidatos.
“Tenemos aliados, tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública, tenemos, por supuesto, a la Fiscalía General de la República, tenemos al INE y a otros importantes aliados que se unirían al esfuerzo de vigilar la conducta de los gobernadores”, afirma.
“Creo que el Presidente, con la experiencia que tuvo en su propio estado natal, sabe el papel que juegan, en los fraudes locales o federales, los gobernadores”, agrega.
El fiscal recalca que esta Fepade no es como las de antaño, a las que define como cooptadas y maniatadas por intereses del gobierno en turno, con la excepción del periodo encabezado por Santiago Nieto.En cambio, promete mano dura, en particular si se aprueban distintas iniciativas en el Congreso, entre las que se encuentra una que sancionaría con 15 años de prisión el delito electoral.
“Probablemente alguien trate de engañar algo, pero ahora es muchísimo más difícil”, subraya.
—¿Nunca antes habían estado tan vigilados los gobernadores en un proceso electoral como el que está por arrancar?
Nunca. Aun así, quisiéramos estar seguros que los gobernadores no van tratar de imponer a sus candidatos y si lo hacen, pues pueden atenerse a las consecuencias y no vamos a tener contemplación alguna.
—¿Ya tiene la Fepade el marco legal que necesita para perseguir eficientemente la ilegalidad electoral del país? Hay algunas debilidades.
En el sistema penal algunos delitos prácticamente son muy endebles. Queremos, y hay una iniciativa, aumentar las penas de todos los delitos electorales, sobre todo los más graves, es decir, aquellos que implican la manipulación de los programas sociales con fines electorales. Lo que no ha existido nunca es el delito del fraude electoral.
—Sobre la posibilidad de sancionar de manera más estricta los delitos electorales, ¿de cuántos años de prisión estamos hablando?
Quince años. Eso sí es intimidante para quien quiera cometer esos delitos.
—¿Y el capital privado?
En 2006 hubo una abierta participación de actores privados en el proceso electoral. ¿Está descartado un escenario como ese para 2021? Por supuesto, hay gente de dinero que está dispuesta a entrarle porque además así compraban favores futuros. Esas gentes que metían su dinero no lo hacían por fidelidad política, lo hacían porque el gobernador siguiente, electo a través del fraude, los iba a ayudar en sus negocios, pero es muy distinto cuando no hay un Estado o un gobierno que articule. El secreto del fraude era la articulación de distintos elementos para producir el efecto distorsionante sobre las elecciones. Ahora esperamos que no exista eso.
—Hace unos días, el senador Ricardo Monreal advertía que sería un error para un empresario meter dinero al proceso electoral, porque esta Fepade “sí tiene dientes”…
Es el sentir histórico que tiene el nuevo régimen de la Fepade. Con la excepción de Santiago Nieto, todos los demás fiscales estaban sujetos a una presión constante del Poder Ejecutivo. Pero ahora el Poder Ejecutivo está haciendo una fuerte presión para que todos cumplamos con nuestro deber.
—¿Percibe usted la amenaza de empresarios que quieran inyectar capital a la elección para inclinar la balanza?
Sí puede darse el caso. Puede haber gente que tenga una voluntad política de oposición, pero puede haber gente que esté dispuesta a cometer delitos con tal de alterar el resultado electoral. Esa gente se la tendrá que ver con el poder del Estado, un Estado que está a favor de la democracia y de las elecciones limpias y justas.
—¿Va a investigar la Fepade al supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA)?
Esta organización puede existir, pero no tenemos prueba de que exista y si se mantiene dentro de los márgenes de la ley como un bloque opositor, qué podemos decir, ese no es un delito. Ahora, si trabajan en conjunto para producir eventos de fraude, por supuesto que iríamos sobre ellos.
—¿Queda entonces blindado el proceso de 2021 del dinero de actores no políticos, incluido el crimen organizado?
Sí, nosotros tenemos temor de que el crimen organizado actúe, por ejemplo, en municipios claves. Sí tenemos ese temor y también queremos prepararnos para impedir que eso se dé.
—¿Cómo hacerlo?
La única forma de evitarlo es a través de la inteligencia, previsión y disuasión.
fuente.-
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