El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, planteó que si su renuncia resolviera la dimensión del problema de seguridad en el que la actual administración recibió al país, no tendría ningún inconveniente en presentarla.
“El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa”, aseveró.
El funcionario remarcó que él no buscó ser secretario de Seguridad “pero también una vez asumido el cargo no eludiré y estaré aquí cumpliendo en la medida en que tenga que aportar a la solución”.
Ante la legisladora sin partido Ana Lucía Riojas Martínez, quien lo instó a ser responsable y renunciar, Durazo Montaño reiteró que “esas responsabilidades ni se buscan ni se abandonan” y que mantendrá el compromiso de respetar a la seguridad pública como un espacio de neutralidad política.
“Consecuentemente, voy a omitir la beligerancia a la que tendría derecho, según los niveles de agresión de los representantes de algún grupo parlamentario”, externó ante las críticas de legisladores de oposición por el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.
Al comparecer ante diputados en el marco de la glosa del primer informe del gobierno del Ejecutivo federal, recordó que en 2000 el país estaba en el lugar 53 del ranking de corrupción mundial “y lo que dio paso precisamente a la alternancia fue el hartazgo social, por los niveles de corrupción que había”.
Seis años después, en 2006, México se encontraba en el número 70 y en 2012 en el 124 de dicha lista.
“Tenemos que asumir la corresponsabilidad que cada uno de nosotros tiene en esos hechos. No podemos lavarnos las manos. Nosotros no pretendemos hacerlo pero es imprescindible dejar claro ante la opinión pública la condición en la que recibimos el país en materia de inseguridad”, reprochó.
Durazo Montaño hizo énfasis que a México le urge una seguridad sin pretextos; “necesitamos seguir transitando por la vía de la neutralidad política para enfrentar el reto de la inseguridad”.
Por ello, dijo, “no voy a caer en la provocación ni a engancharme en una discusión sin sentido. Tenemos una altísima responsabilidad conjunta. Tenemos que construir y operar soluciones eficaces”.
“El tema de la corrupción ya lo hablamos, se fue (Enrique) Peña o se fue (Felipe) Calderón, efectivamente, pero eso no importa, nos dejaron un problema de dimensiones históricas.
“Eso no lo podemos ocultar y no queremos, así como no le echamos la bolita a ningún gobernador ni a ningún presidente municipal, sea del partido que sea”, sentenció.
Acusó que el esfuerzo que está haciendo el gobierno no se hizo en anteriores regímenes y que se pretende aprovechar políticamente el tema.
El funcionario mencionó que la actual administración federal recibió 26 mil cuerpos sin identificar, cifra que llega ya a 40 mil, “y corresponden a homicidios que sucedieron en otros gobiernos, pero no podemos evitar señalar que ahí hay un gran problema y tenemos que asumirlo de manera corresponsable, compartida, sin echarnos la bolita unos a otros”.
Explicó que el gobierno de la República ha definido a los estados de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Veracruz como prioritarios porque son los que generan 50 por ciento de los homicidios dolosos.
“Vean ustedes el origen político de esos gobiernos y se darán cuenta que para el gobierno del presidente López Obrador no importa el signo político del gobierno, sino el problema que tiene y no lo puede enfrentar solo, tenemos que sumar esfuerzos haciendo abstracción de las entendibles diferencias políticas e ideológicas”, subrayó.
Hijo del “Chapo”, sin orden de aprehensión
Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló en la tribuna de la Cámara de Diputados que, aunque parezca increíble, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, no tiene orden de aprehensión en el país.
“Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”, atajó ante las críticas del Partido Acción Nacional (PAN).
En una ríspida comparecencia ante el pleno de San Lázaro, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño negó algún trato con el crimen organizado.
“No hay absolutamente ninguna negociación, absolutamente no. Somos un gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como acaso no lo ha tenido nuestro país“, aseveró el funcionario federal.
El secretario de Seguridad advirtió que está muy lejos de las políticas del gobierno convenir con la delincuencia, y puntualizó que no se aseguró el inmueble “porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro país orden de aprehensión”.
“La orden de extradición la conocía con toda oportunidad el grupo responsable del operativo y es prácticamente un proceso de rutina. Lo que se vio en el Gabinete de Seguridad son todos los casos de extradición en general y recibimos (…) la indicación del Presidente de la República de colaborar en esos procesos de extradición en la medida en que, por supuesto, fueran procedentes”, subrayó Durazo Montaño.
Admitió que los errores siempre son susceptibles de cometerse y hay una actitud abierta del gobierno federal para asumir la responsabilidad, y la humildad suficiente para corregir.
“No estamos defendiendo una narrativa, estamos defendiendo una información sobre la evolución de los acontecimientos. Son muchas preguntas. Los medios también se equivocan y cometieron errores”, aseveró.
Durazo Montaño enfatizó que en este proceso hubo equivocaciones graves, “como la publicación de una fotografía que atribuyeron a un intercambio de supuestos reos. Eso hizo mucho daño, porque lo asumieron con una veracidad que evidentemente estaba muy lejos de la verdad”.
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