El próximo 11 de diciembre se cumplen 13 años de que el Gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa iniciara la guerra en contra del crimen organizado, la ofensiva más cruenta de la Historia moderna de México. Las cifras oficiales arrojan como saldo, entre diciembre de 2006 y abril de 2018, más de 250 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.
En esos años, hubo también mucho dinero. Tanto que algunos millones de pesos se invirtieron sin ningún resultado. Por ejemplo, se gastó en difundir que México contaba con una gran imagen en el exterior, que la Policía Federal la integraban “héroes anónimos” y que la guerra la estaba ganando el Gobierno.
Pero dado el nulo impacto en la realidad, ese gasto significó una pérdida económica para el Estado mexicano mientras empresas como Televisa, TV Azteca y la agencia de medios Grupo Lajai resultaban beneficiadas.
Sin Embargo localizó tres esfuerzos gubernamentales de este fatídico periodo en los que el dinero público benefició más a los negocios que a la ciudadanía. Hubo, incluso, pagos no ejercidos. Televisa cobró por organizar el “Año de México en Francia”, pero el evento fue cancelado por el conflicto diplomático generado por el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.
Los otros dos son el Programa del Sistema de Recompensas de la extinta Procuraduría General de la República, así como una campaña desplegada en medios que le daba una gran imagen a la extinta Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Ninguna impactó el panorama.
AÑO DE MÉXICO EN FRANCIA
GASTO: 500.3 MDP
SE PERDIÓ PORQUE: EL EVENTO FUE SUSPENDIDO
EMPRESA BENEFICIADA: TELEVISA
En 2011, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa le pagó 500 millones 310 mil 880 pesos a Televisa, Bonifant Communication Group y Luis Samuel Bonifant Jiménez en el proyecto “Año de México en Francia” que consistía en una serie de actividades para promocionar la cultura mexicana en el país galo. Además, Alejandro Frank Díaz, recibió, como testigo social de la adjudicación del contrato, 310 mil 880 pesos.
Televisa sería la encargada de organizar durante un año, 360 actividades entre obras de teatro, bailes, muestras de cine, conciertos y consorcios político-económicos a las ciudades francesas París, Marsella, Toulouse, Burdeos, Metz, Brest, Rennes, Nantes, Lille, Lyon y otras.
Pero en marzo de 2011, el Instituto Francés, encargado de organizar el “Año de México en Francia”, lo declaró “cancelado” tras semanas de conflicto diplomático entre París y México por el caso de Florence Cassez, la ciudadana gala que al lado de su pareja sentimental, Israel Vallarta, fue detenida como presunta responsable de varios secuestros en el Valle de México, en 2005.
En 2009, el entonces Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pidió la extradición de Cassez. Pero además, condicionó a que cada una de las actividades del “Año de México en Francia” le fuera dedicada. Así se inició un estira y afloja entre ambos países. Ella siempre se declaró inocente y reveló que la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) cuyo Director era Genaro García Luna, dio a conocer su detención ante cámaras de televisión, mediante un montaje de la supuesta escena del crimen.
Genaro García Luna fue Director de la AFI de 2000 a 2006. Al iniciar el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la agencia se integró a la Policía Federal y él se convirtió en Secretario de Seguridad Pública, posición desde la cual, fue la pieza más estratégica de los despliegues en contra de los cárteles del crimen organizado.
Pero el caso de Florence Cassez lo persiguió. Para 2011, la opinión pública francesa había inclinado la balanza a favor de su compatriota quien era un símbolo de “la corrupción” en México. Ese año, la Cancillería mexicana informó en un comunicado que no existían las condiciones para que el Año de México en Francia se efectuara de manera apropiada y cumpliera con el propósito para el que había sido concebido.
En 2013, Florence Cassez fue liberada por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abandonó México. Olga Sánchez Cordero (En ese momento, Ministra; hoy Secretaria de Gobernación) impulsó en su proyecto sobre el caso, la protección federal para Cassez y aclaró que la Corte no resolvió la culpabilidad o inocencia de la francesa. No obstante, adujo violaciones a sus derechos elementales para exigir su libertad. Su compañero, Israel Vallarta, en cambio, continúa en prisión preventiva a la espera de que se inicie su proceso.
Aquel año, dos países rompieron lazos y se perdió un evento. Pero México ya había hecho el gasto.
PROGRAMA DE RECOMPENSAS
GASTO: 162.9 MDP
SE PERDIÓ PORQUE: NO TUVO RESPUESTA
EMPRESA BENEFICIADA: GRUPO LAJAI
De 2013 a 2018, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) pagó 162 millones 915 mil 862 pesos para publicar en diarios y espectaculares información sobre recompensas a cambio de información sobre presuntos delincuentes y personas desaparecidas.
En ese periodo, el órgano transformado ahora en Fiscalía General de la República estuvo a cargo de Jesús Murillo Karam (2012-2015), Arely Gómez (2015-2016), Raúl Cervantes Andrade (2016-2017) y Alberto Elías Beltrán (encargado de despacho, 2017-2018).
R&R Publicidad Comercializadora de Medios, Grupo Lajai y RM Comunicación fueron las ganadoras de los contratos para difundir a través de desplegados y espectaculares, las imágenes de los ausentes, así como personas con perfil delictivo. De estas tres, el Grupo Lajai se llevó 81.5 por ciento; es decir, 132 millones 803 mil 448 pesos.
Grupo Lajai no publica su directiva ni quién la fundó. Según los contratos firmados con el Gobierno federal, fue constituida en 2005, el último año que Vicente Fox Quesada gobernó.
Pero la difusión de este programa no tuvo ningún impacto. El Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México (2007-2016) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos arrojó casi 30 mil personas desaparecidas, mil 306 fosas clandestinas halladas y tres mil 760 cuerpos o restos encontrados. Para 2018, la cifra se había incrementado a 37 mil personas y a inicios de 2019, la misma fuente arrojó 40 mil 180.
El Programa de Recompensas de la PGR se inicio en febrero de 2006 como un instrumento para allegarse información para las averiguaciones que el Ministerio Público de la Federación realizaba para localizar a personas ausentes sin justificación. Los acuerdos de recompensas se establecieron en 2008. El mecanismo consistió en ofrecer determinada cantidad de dinero a quien proporcionara información sobre desaparecidos o personas de alta peligrosidad.
“VAMOS GANANDO LA GUERRA”
GASTO: 231 MDP
SE PERDIÓ PORQUE: LA REALIDAD MOSTRABA HORROR
EMPRESAS BENEFICIADA: TELEVISA Y Tolicía Federal: Héroes anónimos”, “Logros y valores de la SSP. 4to Informe de Gobierno”, “Nuevo modelo policial federal. Versión Reclutamiento”, “Juárez”, “Inteligencia”, “Delito cibernético”, “SSP, Vocación”, “Policía Científica Investigadora” y “Violencia intrafamiliar”.V AZTECA
El Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa gastó 231 millones 70 mil 255 pesos en difundir el mensaje de que las fuerzas armadas estaban ganando la “guerra” en contra del crimen organizado. Así lo revelan 56 contratos correspondientes a 12 campañas de difusión entre 2007 y 2012.
La detención en 2009 de Gerónimo Gámez García, presentado como “El Primo” de Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, generó “un mensaje extraordinario” cuya difusión costó cuatro millones 388 mil 884 pesos, de los cuales, dos millones 859 mil 15 pesos fueron para Televisa y un millón 529 mil 869 para TV Azteca. La captura de Sandra Ávila Beltrán, “la Reina del Pacífico”, mereció también otra erogación de un millón 107 mil 836 pesos para difundir un mensaje del Gobierno en TV Azteca.
Mientras la televisión reproducía esos mensajes triunfalistas, en el país, el número de caídos crecía y la muerte tomaba formas de incontrolable monstruo. Cuerpos colgados, tirados en medio de los caminos o los campos, desmembrados, machacados o quemados en ácido, así como decenas de periodistas asesinados empezaron a integrar una galería de horrores. A la vez, nació un nuevo vocabulario que incluyó los términos “ejecutado”, “sicario”, “levantado”, “alterado” “empresa” o “decapitado”. Las planas de los diarios nacionales mostraban día con día fragmentos de una historia que aterraba.
Hombres y mujeres desplazados de sus casas integraron otro relato dramático. Los migrantes centroamericanos asesinados o secuestrados en México, otro. Para febrero de 2007, la lista de violaciones a los derechos humanos cometidas ya fuera por el llamado crimen organizado o por los miembros del Ejército, era una abultada carpeta en la PGR.
La crisis humanitaria la ocuparon decenas de casos: Ernestina Ascencio, de 70 años, violada por militares en Zongolica Veracruz; sexoservidoras en Coahuila violadas por militares; maestros confundidos con narcotraficantes en una carretera de Sinaloa y acribillados por militares; niños muertos en una carretera de Tamaulipas en lluvia de balas lanzada por militares; 13 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el llamado crimen organizado; otro grupo de adolescentes asesinado en una fiesta.
Fuente.-
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