En México, 79% de las personas privadas de la libertad sufrió tortura o malos tratos durante su arresto, traslado o estancia en el Ministerio Público, lo que demuestra que esta práctica es altamente frecuente en el proceso penal y es empleada como “método de investigación”.
A través de un análisis a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Inegi, la organización World Justice Project busca evidenciar en el informe Cuánta Tortura la prevalencia de este delito en las distintas etapas del proceso del sistema de justicia de nuestro país.
El estudio enfatiza la prevalencia de la impunidad en los casos de tortura, ya que entre el 2006 y el 2016 la entonces Procuraduría General de la República llevó a cabo 13,850 investigaciones por ese ilícito, pero únicamente hubo 31 condenas en el mismo periodo. En contraste, de acuerdo con el análisis, 148,136 personas experimentaron algún tipo de tortura o maltrato durante el arresto, traslado o estancia en el Ministerio Púbico en el mismo periodo.
Mientras que la obtención de pruebas a base de tortura ocurre principalmente en dos momentos, uno de ellos en el arresto y traslado. “Por ejemplo, 93% de las personas respondió haber sido presionado durante el interrogatorio, y 73% del total de las personas entrevistadas o interrogadas por la policía fue víctima de tortura o maltrato”.
Asimismo, las detenciones injustificadas tienen mayor prevalencia de tortura o maltrato, debido a que 72% de la población encuestada reportó haber sido víctima de tortura o maltrato durante la detención; 82% de los detenidos en la calle o sacadas de algún lugar sin orden de detención también dijo sufrir tortura; al igual que 69% de los detenidos en flagrancia.
En segundo lugar, cuando ocurren más actos de tortura o maltrato es durante la estancia ante el MP. Esta información se basa en diversos hallazgos, tales como que 66% del total de quienes fueron interrogados ante el MP fueron maltratados o torturados.
Por otro lado, 40% de quienes reconocieron su culpabilidad ante el MP sufrió tortura o maltrato y 83% de los imputados al rendir su declaración fue presionado para dar otra versión.
A su vez, los señalamientos que ocurren ante el MP cuando una persona detenida señala a otra son producidos con violencia, puesto que 95% de las personas imputadas que señalaron a alguien lo hizo a base de maltrato o tortura.
Las personas torturadas o maltratadas reportaron haber sido sometidas a diversos tipos de agresión como amenazas con levantarles cargos falsos, amenazas con hacerle daño a sus familias, desvestirlos, vendarles los ojos, impedirles respirar, recibir patadas o puñetazos, golpes con objetos, quemaduras, descargas eléctricas, aplastamiento de alguna parte de su cuerpo, lesiones con arma blanca, lesiones por arma de fuego o haber sido obligadas a tener actividad sexual no deseada.
Las modalidades son frecuentes entre hombres y mujeres; sin embargo, los datos destacan que existe más violencia sexual cometida en contra de mujeres.
Los estados con mayor frecuencia de tortura durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público son Tlaxcala y Aguascalientes, mientras que las entidades con menor frecuencia son Durango y Nayarit.
Los datos sugieren que este tipo de violencia perpetrada por actores estatales tiene lugar porque diversas autoridades creen que mediante la tortura pueden obtener evidencia válida para probar un delito. En segundo término, y en menor medida, la tortura se usa con fines de control social o castigo dentro del sistema penitenciario. Al mismo tiempo, los datos indican una actitud de normalización de estas prácticas al interior de las corporaciones del Estado.
“Entre los operadores del sistema de justicia en México prevalece una creencia, infundada pero sincera, que confía en la utilidad o funcionalidad de métodos violentos para la extracción de evidencia. Dada la magnitud del fenómeno, es evidente que la tortura goza de apoyo de líderes en las instituciones de justicia y seguridad ciudadana”, que diversos estudios de organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional “han documentado que la tortura se ha normalizado en México como instrumento operativo de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y personal de procuración de justicia”.
Además, se indica que este delito debilita la confiabilidad del sistema penal.
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