A pesar de que la violencia en el país continúa en niveles alarmantes –en promedio, 97 asesinatos diarios–, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF) plantea una reducción en los tres subsidios federales destinados a fortalecer las capacidades de seguridad pública y prevención de la violencia de los gobiernos locales.
Sin embargo, creemos que es más preocupante todavía que la Cámara de Diputados haya ignorado un importante acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concerniente al uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). Es un gesto político que va en contrasentido de la hoja de ruta que el propio gobierno federal, en sintonía con los gobiernos locales y sociedad civil, ha diseñado para robustecer las policías locales.
Éste es el contexto: en julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó destinar al menos el 50% de los recursos del Fortamun para operar programas de seguridad pública y prevención de la violencia, particularmente el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), el cual busca fortalecer las condiciones laborales y las capacidades de mediación, investigación y atención a víctimas de las policías locales.
Sin embargo, la Cámara de Diputados no aprobó esta modificación, dejando el mínimo en 20%. Es decir, los municipios están obligados a destinar, al menos, el 20% del recurso Fortamun para su seguridad.
Más allá del gesto, esta decisión tiene repercusiones reales. El MNPJC pretende adicionar 130 mil nuevos policías profesionalizados y equipados al Estado de Fuerza actual. Para financiarlo, se contemplaba ese incremento de 20% a 50%. En vista de que dicho aumento fue descartado, la fuente alternativa de financiamiento que el propio MNPJC contempla es la creación del “Derecho de Policía”, que sería una contribución (un impuesto) progresiva tasada con base en el predial, herramienta que conlleva un costo político importante.
Con los recursos actuales no se garantiza que los policías locales puedan cumplir con las atribuciones planteadas en el MNPJC; por ejemplo, mediar conflictos entre ciudadanos, recibir denuncias y generar capacidades de inteligencia policial para investigar y prevenir delitos.
Disminución presupuestal en tres fondos
En el panorama general, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 el citado Fortamun vio reducido su presupuesto en término reales en 0.27%, respecto al PEF 2019.
Algo similar sucedió con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), pues su presupuesto se redujo en 0.24% respecto al año anterior. Esto significa que los estados tendrán menos recursos para programas de prevención de la violencia, profesionalización y certificación policial, así como infraestructura y equipo de apoyo necesario para la realización de sus labores.
Pero la caída más importante la tuvo el subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) que alcanzó 3.69% respecto al presupuesto de 2019. Esto se traducirá en menos recursos para generar capacidades de inteligencia e investigación de las policías municipales, así como para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.
Lo aprobado por el Presupuesto 2020 en materia de seguridad demuestra que en los hechos el gobierno no apoya el fortalecimiento de las policías locales, a pesar de que éstas atienden el 86%[1] de los delitos que afectan a los ciudadanos, como robos y homicidios.
Iniciativas como el MNPJC son innovadoras, pero sin apoyo financiero, no prosperarán. Necesitamos invertir de manera eficiente en las capacidades institucionales a nivel local, y con lo aprobado difícilmente revertiremos la crisis de violencia que afecta al país.
[1] Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), 2017.
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