Tengo información de fuente cercana a la supuesta venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 acondicionado para un jefe de Estado, hasta el primero de diciembre del año pasado, denominado TP01, la aeronave en la que viaja —viajaba— el Presidente de la República.
Es un transporte que cuenta con gran tecnología para comunicación a tierra y para que el Presidente tome decisiones mientras esté en vuelo. Cuenta con sistemas de seguridad y comunicación sofisticados de alto nivel militar, únicamente destinado para Jefes de Estado y de Gobierno.
El precio del avión, que adquirió el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue de 160 millones de dólares, poco más de 3 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. El equipamiento es el que dispara el precio de la aeronave.
El avión se encuentra en San Bernardino, California, y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que debe ser vendido ya que “es muy lujoso”.
La información que tenemos es que sólo hay un solo postor. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos internacionales se le deben quitar a la aeronave, que cuesta tenerlo en un hangar de Estados Unidos, poco más de 300 mil dólares mensuales, lo que a la fecha eroga 3 millones de dólares por la estancia del avión para exponerla a la venta. Este año pagó 20 millones de dólares, únicamente para mantenerlo en el hangar y pagando las mensualidades contratadas.
¿Pero, cuáles son los obstáculos para deshacerse del avión presidencial que es un ícono, de acuerdo a los políticos de la “Cuarta Transformación”, del despilfarro y lujo de las administraciones presidenciales anteriores?
1.- Es un avión con acondicionamiento para un jefe de Estado. Esto significa que cuenta con dispositivos para evadir ataques de otros aviones, sistemas de comunicación sofisticados para, en caso de desastre, no se pierda el control del país y por si fuera poco, sistemas de seguimiento que identifica como avión militar y presidencial mexicano, ante gobierno donde sobrevuele.
2.- La aeronave fue comprada mediante un mecanismo de leasing, o arrendamiento financiero, por el cual se alquila la aeronave con derecho a compra al terminar de pagarlo. El gobierno mexicano no ha pagado la totalidad del sistema de arrendamiento, por lo que no es dueño del avión. Es responsable del contrato y sigue pagando, hasta el momento, el arrendamiento contratado a 15 años de los que sólo lleva 6. En ese lapso, el gobierno mexicano desembolsó 2,462 millones de pesos, que eran poco menos de 200 millones de dólares al tipo de cambio de las operaciones al día de la contratación. La secretaría de Defensa, durante el 2019, destinó 417 millones de pesos. El precio de la aeronave se incrementa un promedio de 3.5% anual.
Por ello es difícil que se pueda vender el avión, porque no es propiedad del Gobierno mexicano y mucho menos al precio que se pagó, ya que tendría que ser desmantelado para despojarlo de los sistemas de seguridad y evasión de nivel militar.
Es más barato para el país, que lo use el presidente López Obrador, con austeridad. Que cobre a los medios de comunicación el derecho a viajar con el Líder del Ejecutivo, disminuyan los riesgos a los pasajeros de líneas comerciales y, por si fuera poco, el avión se mantenga en vuelo y se evite que se deteriore. Una aeronave, igual que su coche o el mío, se deteriora si no es usada; si no vuela, pues. Hoy sale más caro el mole que la pechuga.
Con informacion de:Victor Sanchez Baños/
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