El Senado aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir el uso del castigo corporal en todos los ámbitos, como jalones de oreja y pellizcos, a manera de método correctivo o disciplinario.
Para prohibir el castigo corporal, senadoras y senadores analizan reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Por unanimidad, con 114 votos a favor, se aprueba el dictamen que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prohibir el castigo corporal como método correctivo o disciplinario, para niñas, niños y adolescentes. 
La modificación fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación para después ser mandada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El dictamen menciona que América Latina es la región más violenta para niñas, niños y adolescentes, donde ocurre hasta 40 por ciento de los homicidios de menores de 18 años a nivel mundial, principalmente en Brasil, México, Venezuela y Colombia.
Mientras, en México al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años, ha experimentado algún método de disciplina violenta; 1 de cada 2, ha sufrido alguna agresión psicológica por un algún miembro de su familia; 1 de cada 15, ha recibido alguna forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina.
En tanto, en la escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; en el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia.
“Tolerar el uso del castigo corporal como método de disciplina de las niñas, niños y adolescentes ·es una forma de violencia contra la niñez que vulnera su dignidad y por ende sus derechos. Los legisladores tenemos la obligación de asegurar una protección especial a las niñas, niños y adolescentes contra el uso del castigo corporal en todos los entornos (familia, escuela, instituciones públicas y privadas, centros de detención y las comunidades)”, se menciona en el dictamen.
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