UNA «ORGIA de DINERO: 4 JOYAS del ESCAPARATE OFICIAL requieren MÁS DINERO que TODA la BOLSA de CARRETERAS ESTRATÉGICAS”…cuando la caja propia no alcanza, entra la caja pública.

Mientras el dinero para nuevas carreteras y su mantenimiento circula con freno de mano, las obras emblema del sexenio de Andrés Manuel López Obrador siguen pasando por la caja pública para no quedarse varadas en el camino.

El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya han recibido, en los últimos cinco años, cerca de 223 mil millones de pesos en subsidios. No se trata de un extra decorativo: son recursos para financiar su operación y, en varios casos, evitar que la insolvencia les cierre la pista, la vía o la ventanilla.

Y la cuenta no termina ahí. Para 2027, el proyecto de Presupuesto contempla otros 21 mil 214 millones de pesos para estas cuatro apuestas gubernamentales. De aprobarse, el monto acumulado rebasaría los 244 mil 169 millones de pesos.

La cifra ya supera el presupuesto que la actual administración ha destinado al desarrollo de autopistas prioritarias y a la modernización carretera, que ronda los 214 mil millones de pesos. Es decir: las cuatro joyas del escaparate oficial han requerido más dinero público que toda la bolsa para carreteras estratégicas y su modernización.

El rey de los subsidios

El Tren Maya se lleva el primer lugar sin competencia. Entre 2024 y 2026 recibió más de 197 mil millones de pesos en subsidios, y para 2027 se plantea inyectarle otros 18 mil 180 millones.

La dependencia es difícil de disimular. De los poco más de 32 mil millones de pesos reportados como ingresos, apenas mil 187.6 millones provienen de la venta de servicios e ingresos diversos. El resto —96 por ciento— corresponde a subsidios y apoyos fiscales.

Para 2027, el panorama conserva el mismo diseño: el Tren Maya proyecta ingresos por 19 mil 270 millones de pesos, de los cuales 18 mil 180 millones, equivalentes también al 96 por ciento, saldrían de subsidios y apoyos fiscales. En otras palabras, por cada 100 pesos que espera ingresar, 96 no vendrán de pasajeros, carga, servicios o actividad comercial, sino del erario.

Grupo Mundo Maya: turismo, aeropuertos y nómina estatal

En segundo lugar aparece el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, conocido por sus siglas como GAFSACOMM o, más comercialmente, Grupo Mundo Maya.

Entre 2024 y 2026, este conglomerado recibió 20 mil 890 millones de pesos. Para 2027 solicita una bolsa adicional de 2 mil 152 millones.

La empresa estatal administra una cartera tan amplia como difícil de mantener: infraestructura militar y civil, aeropuertos, hoteles, parques, museos, líneas férreas y una aerolínea. Este año, los subsidios y apoyos fiscales representarán 43 por ciento de sus ingresos. Casi la mitad de lo que entra no se genera en sus instalaciones, sino en la tesorería pública.

Mexicana: despega con combustible presupuestal

Mexicana de Aviación acumula poco más de 131 millones de pesos asignados y, para el siguiente ejercicio, requiere una nueva inyección de 882 millones.

El aumento no es menor: esa cantidad equivale a 636 por ciento más que lo acumulado durante los dos años previos. La aerolínea estatal, pues, no sólo vuela con recursos públicos: prepara un despegue presupuestal de varias veces su tamaño anterior.

El AIFA sale de la fila, por ahora

El AIFA ya no solicita recursos para 2027. Sin embargo, forma parte del grupo de proyectos que en los últimos años han requerido subsidios y apoyos fiscales para cubrir déficits corrientes, gastos de mantenimiento, nómina, operación e infraestructura pendiente.

El problema de fondo es conocido: los costos de operación superan ampliamente los ingresos obtenidos por boletos, servicios y actividades comerciales. Por eso, cuando la caja propia no alcanza, entra la caja pública.

Las obras insignia prometieron transformar conectividad, turismo, transporte y desarrollo regional. Pero, hasta ahora, su modelo financiero tiene un patrocinador principal y permanente: el presupuesto federal.

Con información: ELNORTE/

“AVANZA LEY Vs. DOBLE NACIONALIDAD: AQUEL DÍA de 2024, PANCHO, el del CDV, dijo MUY ORONDO y por ESCRITO que RENUNCIABA a SU_MISIÓN EXTRANJERA”… con clara alusión a EE. UU

La reforma de Claudia Sheinbaum para cerrarles la puerta a los presidenciables, gobernadores y jefes de Gobierno con doble nacionalidad entró a la recta final legislativa, pero trae más incertidumbre que solemnidad patriótica. Morena promete respaldo; sus aliados del Verde y el PT, en cambio, ya enseñan que el “bloque” oficialista funciona mientras nadie les pise los callos.

La iniciativa para obligar a quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México a renunciar a cualquier segunda nacionalidad remite a aquel documento público filtrado que advertía que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, había renunciado a esa doble nacionalidad.

El documento certifica que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es mexicano por nacimiento, aunque nació en McAllen, Texas, el 17 de septiembre de 1967, hijo de padres mexicanos. Además, incorpora una fórmula de renuncia a protección, sumisión, obediencia y fidelidad hacia cualquier Estado extranjero, con una mención expresa a Estados Unidos.

Qué dice

Es un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 22 de julio de 2001, a solicitud del interesado. La copia exhibida fue certificada por una notaría de Monterrey el 24 de abril de 2024.

El texto central establece que Francisco Javier García Cabeza de Vaca:

“Renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente al de los Estados Unidos de América; a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros…”

También dice que se compromete a abstenerse de cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, conforme a los artículos 32 de la Constitución y 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad entonces vigente.

Qué argumenta jurídicamente

El certificado parece responder a una cuestión de nacionalidad mexicana y elegibilidad para cargos públicos, no a una prueba definitiva sobre la situación migratoria o ciudadana de Cabeza de Vaca en Estados Unidos.

Lo que no prueba

El papel no permite concluir, por sí solo, que Cabeza de Vaca haya dejado de ser ciudadano estadounidense:

La clave está en distinguir tres cosas:

El documento sí sostiene	El documento no demuestra por sí mismo
Que es mexicano por nacimiento	Que carezca actualmente de ciudadanía estadounidense
Que formuló una renuncia de fidelidad, obediencia y protección extranjera ante autoridades mexicanas	Que Estados Unidos haya aceptado o registrado una renuncia a ciudadanía
Que su nacimiento fue en McAllen, Texas, de padres mexicanos	Que no tenga pasaporte, certificado de ciudadanía o cualquier otro documento estadounidense vigente
Que una copia fue cotejada por un notario en 2024	La autenticidad material del documento original ante la SRE ni la vigencia actual de sus efectos ante autoridades de EE. UU.

El ángulo político

En el contexto de la reforma de Sheinbaum que busca impedir que una persona con doble nacionalidad llegue a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México sin renunciar previamente a la otra nacionalidad, este certificado es políticamente incómodo y jurídicamente insuficiente a la vez.

Incómodo porque revela que Cabeza de Vaca hizo una declaración formal de desvinculación respecto de Estados Unidos para acreditar su condición mexicana en un ámbito determinado. Insuficiente porque una declaración presentada ante México no extingue automáticamente una ciudadanía concedida o reconocida por otro Estado. 

Para sostener que ya no es ciudadano estadounidense haría falta documentación de las autoridades de EE. UU., por ejemplo, un Certificate of Loss of Nationality o evidencia oficial equivalente.

El Verde y el PT ponen condiciones

Sheinbaum sostiene que la medida no busca imponer una ocurrencia burocrática, sino blindar la lealtad institucional de quienes tomen las decisiones más pesadas del país. Según su iniciativa, esas personas deben tener “un solo referente” de lealtad: la Constitución, las leyes y el bienestar del pueblo de México. 

Pero la soberanía, como suele pasar en el Congreso, tiene sus bemoles, sus cuotas y sus facturas pendientes.

El Partido Verde tiene senadores que no ven con entusiasmo el nuevo candado. La objeción es directa: rechazan obligar a los aspirantes con nacionalidad extranjera a renunciar a ella antes de competir. El PT, por su lado, carga otro tipo de enojo: sus legisladores se sienten “pisoteados” por Morena en la definición de candidaturas rumbo a las gubernaturas de 2027.

Así que la reforma presidencial llega al pleno con dos frentes abiertos: unos cuestionan el fondo del requisito y otros aprovechan la votación para cobrar el maltrato político. En la coalición gobernante, la disciplina tiene límites cuando aparecen los cargos, las candidaturas y los agravios acumulados.

La oposición —PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— ya fijó postura y, salvo una pirueta de último minuto, votará en bloque contra el proyecto tanto en Diputados como en el Senado. Sin embargo, el verdadero riesgo para Sheinbaum no está del lado opositor: está sentado en las bancadas que, en teoría, forman parte de su propia alianza.

Diputados: margen; Senado: ni uno

En la Cámara de Diputados, el oficialismo puede darse ciertos lujos. Morena, Verde y PT reúnen 364 votos: 254 de Morena, 61 del Verde y 49 del PT. Para una reforma constitucional se requieren 334 votos, es decir, dos terceras partes de los presentes. El bloque tiene una reserva de 30 sufragios, suficiente para tolerar algunas fugas, rabietas o ausencias estratégicas sin que el proyecto se hunda en San Lázaro.

En el Senado, en cambio, el margen es cero. El bloque oficialista suma 86 integrantes: 66 de Morena, 14 del Verde y seis del PT. Para alcanzar la mayoría calificada necesitan, precisamente, 86 votos. Ni uno menos.

Si la oposición llega completa a la sesión del jueves, uno o dos senadores verdes votando en contra —o simplemente jugando a no aparecer— podrían mandar la iniciativa al pantano. Ahí está el problema: la reforma no depende de una gran rebelión, sino de que un puñado de aliados decida recordar que también existe.

El dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados con votos de Morena, Verde y PT. Pero, de acuerdo con legisladores consultados, los 86 sufragios oficialistas todavía no están amarrados en el Senado. Traducido del dialecto parlamentario: la presidenta confía, pero sus operadores siguen haciendo cuentas.

La reforma empezaría en 2028

De aprobarse, el requisito entraría en vigor en 2028. Eso deja fuera de su alcance a quienes ya se preparan para competir por 17 gubernaturas en 2027. La nueva regla no alteraría ese tablero inmediato, pero sí cambiaría las condiciones para las futuras generaciones de aspirantes a los principales cargos ejecutivos del país.

No sería la primera vez que el Verde y el PT le meten freno a una iniciativa presidencial. En marzo, ambos partidos votaron contra la reforma político-electoral promovida por Sheinbaum. Después, el rechazo del PT obligó a desechar otra propuesta que pretendía adelantar la revocación de mandato para hacerla coincidir con la elección intermedia de 2027.

La presidenta insiste en que los tres partidos terminarán por respaldar su proyecto. En Diputados, la aritmética le favorece. En el Senado, en cambio, su reforma sobre la lealtad sin doble nacionalidad depende de que sus aliados mantengan una lealtad política bastante más terrenal: la de no voltearle la espalda en el momento de votar.

Con información: ERNESTO NUÑEZ/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/@redes/

«AHI esta GOYITO y el CARAMUELA: DOS ESCENAS de MISMA NARCOPOLITICA EXHIBEN 2 LIBERTADES INMERECIDAS de NARCOS bajo NARCOGOBIERNO de AMERICO»…los unos no serían nada sin los otros,no se infiltran,se fusionan.

La escena es de esas que en Tamaulipas ya no sorprenden bajo el aun gobierno de MORENA y Americo Villarreal, pero sí deberían indignar: el Ejército detiene en Reynosa a Gregorio Sauceda del Toro —identificado públicamente como “Goyito”, hijo de Gregorio Sauceda Gamboa, “Caramuela”, y yerno de la diputada morenista Eva Araceli Reyes González—, aparece en el Registro Nacional de Detenciones y, poco después, en menos de lo que canta un gallo o políticos mudan de partido,el sistema lo reporta como“liberado”. Una captura con vida útil tan solo para una foto de combate al crimen.

Detenido para la foto, liberado para la familia

Y es que, comprobado esta,que en el Tamaulipas que gobierna el crimen organizado y lo administra su socio en el poder,Américo Villarreal, una detención puede durar menos que un discurso oficial sobre el combate al crimen. Llegan los militares o los policías, hay operativo, armas aseguradas, detenidos formados, fotografía para el expediente y registro público. Todo parece parte de una acción seria del Estado. Hasta que, de pronto, la captura se evapora.

Gregorio Sauceda del Toro, “Goyito”, fue detenido por elementos del Ejército en Reynosa el 18 de septiembre, según el Registro Nacional de Detenciones. El dato relevante no es un rumor de WhatsApp ni una versión de sobremesa: el propio registro consigna la detención y posteriormente lo muestra con estatus de “liberado”.

Así de simple. O así de grave.

“Goyito” no es un ciudadano cualquiera que cayó en una revisión rutinaria. Ha sido identificado como lugarteniente del Cartel del Golfo e hijo de Gregorio Sauceda Gamboa, alias “Caramuela”, personaje históricamente vinculado al Cártel del Golfo,también recien liberado de una cárcel federal, aun y contra todo pronostico.

Además, «Goyito» es yerno de Eva Araceli Reyes González, diputada de Morena por Reynosa y figura con responsabilidades legislativas, incluidas comisiones relacionadas con derechos humanos y justicia. 

El parentesco, por sí solo, no acredita delito alguno, solo el amasiato. No es un adorno irrelevante cuando un detenido con ese círculo familiar aparece fotografiado en un operativo militar y luego sale del radar institucional con la cómoda etiqueta de “liberado”.

En un autentico, aunque inexistente Estado de derecho, la autoridad no tiene por qué pedir permiso para detener ni dar explicaciones por aplicar la ley; pero sí tiene la obligación de documentar por qué libera a una persona asegurada en un operativo de esta naturaleza. Más aún si se trata de Reynosa, donde el crimen organizado no es una nota al margen sino parte del problema estructural que las instituciones dicen combatir.

Y mientras “Goyito” pasa de detenido a liberado con velocidad de trámite preferencial, aparecen en redes sociales y materiales gráficos señalamientos sobre Christian Guarneros Imperial,identificado por fuentes de México Código Rojo y Tamaulipas Código Rojo como exelemento estatal y persona cercana al círculo de Sauceda. 

Esas mismas fuentes lo vinculan en imágenes con tareas de protección y acceso a armamento; además, circulan fotos en las que aparece en actos oficiales junto al gobernador Américo Villarreal.

Las imputaciones no son sentencia, pero tampoco basura para archivar. La cercanía entre círculos policiales, figuras políticas y operadores ligados a estructuras criminales no puede despacharse como una postal folclórica de Tamaulipas. 

Concatenadas con otros indicios, verificadas y sometidas al debido proceso, esas piezas pueden contribuir a construir una verdad procesal sobre la responsabilidad del gobernador; una hipótesis que, según reportes públicos, ya esta bajo el escrutinio de autoridades estadounidenses.

El problema no es una fotografía. El problema es el patrón que esa fotografía alimenta: policías que aparecen cerca del poder, personajes señalados en entornos criminales que aparecen cerca de policías, detenidos de alto interés que salen rápidamente del registro y una clase política cercana al gobernador e incrustada en el aparato de procuración de justicia, no para proteger al ciudadano, sino los intereses del crimen.

En Tamaulipas no basta con llenar plazas de uniformes, montar ceremonias de seguridad y publicar imágenes de operativos. Si el detenido termina libre sin una explicación clara, el mensaje para la ciudadanía es devastador: que hay capturas para la cámara y libertades para los contactos.

La diputada Eva Reyes,cercana al gobernador, a quien le antecede una vida azarosa ligada al Cartel del Golfo, debe aclarar, con precisión y sin discursos de victimización, si tuvo alguna intervención directa o indirecta en el caso de su yerno. 

El deber público exige despejar la duda. Y las autoridades militares, ministeriales y estatales deben explicar quién ordenó la liberación de Gregorio Sauceda del Toro, por qué razón jurídica y bajo qué circunstancias.

Porque si el Ejército detiene, el registro confirma y el sistema después libera sin que nadie dé la cara, no estamos ante una anécdota burocrática. Estamos ante una pregunta de Estado: se presumen miles de capturas para la foto, pero esas cifras no cuadran con la aritmética penitenciaria.

¿Quién protege a quién en Reynosa, y por qué una detención militar terminó convertida en una liberación exprés en una ciudad donde el Cartel del Golfo es gobernado por dos ex-militares ? 

Con información: BREITBART/ MEXICO CODIGO ROJO/GRAFICOS

“TRABAJAN RÁPIDO: ARTISTA que PIDIO AYUDA a SHEINBAUM FUE ATENDIDO por CRIMINALES que la HICIERON de POLICÍAS, M.P., JUEZ y VERDUGOS”… en Tamaulipas se dirigen al Contador del CDG, no a la autoridad.

En Juchitán,en Oaxaca, la carpeta pareció cerrarse a balazos antes de que una fiscalía informara siquiera avances: Antonio, joven de 23 años señalado en redes como presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra, que había pedido ayuda presidencial,fue asesinado en la Cuarta Sección. El cuerpo apareció con una cartulina que, en lenguaje de plaza, le endilgaba haber “calentado” el territorio y participar en ataques contra “gente trabajadora”. 

La justicia criminal no esperó ministerio público, audiencia inicial, juez de control ni sentencia firme: en Juchitán montaron tribunal de banqueta, dictaron condena en cartulina y mandaron al supuesto acusado directo al paredón.

Antonio, de 23 años, identificado en redes como presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra, fue ejecutado en la Cuarta Sección de Juchitán. Junto al cadáver dejaron el clásico expediente exprés de la violencia: una manta donde le reprochan “andar calentando la plaza” y balacear la casa de “gente trabajadora”.

Así, mientras Elvis Guerra —quien denunció un ataque armado y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum— fue incorporado al mecanismo federal de protección, al presunto agresor le aplicaron otra ruta: no hubo fiscal que imputara, defensor que alegara ni juez que resolviera. Hubo verdugos.

La advertencia, atribuida al llamado “comandante Cromo”, pretende vender una ejecución como si fuera sentencia: acusación anónima, prueba inexistente, tribunal clandestino y pena de muerte inmediata. Pero el dato duro sigue siendo incómodo: las autoridades no han confirmado oficialmente que el joven asesinado fuera responsable del ataque contra Guerra. 

En Juchitán, la presunción de inocencia duró lo que una cartulina: al presunto agresor del artista muxe Elvis Guerra no lo llamó el ministerio público ni lo citó un juez; lo sentenció la justicia criminal y lo ejecutaron los verdugos de la plaza.

Con información: PROCESO/