La estrategia militar en Sinaloa parece seguir una liturgia conocida: sube la violencia, llegan más soldados; no baja lo suficiente, llegan más soldados; los homicidios persisten, se anuncia otro refuerzo. El problema no es que las Fuerzas Armadas no tengan capacidad de fuego, lo tienen y mucho. El problema es que el Estado sigue respondiendo a una red criminal flexible con la lógica visible, lenta y aparatosa de una ocupación territorial.
Un convoy militar protege a sus elementos, disuade en ciertos puntos y permite responder a una agresión. Pero también es una declaración en movimiento: hace ruido, ocupa espacio, sigue rutas y depende de una cadena de mando.
Enfrente no hay un ejército formal esperando en una trinchera. Hay células que se mueven en vehículos ordinarios, la mayoría robados: ese es el combustible del Cártel; operadores aislados, halcones que observan, radios que alertan y una red de refugios capaz de tragarse a los responsables antes de que lleguen los blindados.
No se trata de idealizar al Cártel de Sinaloa como si fuera una guerrilla romántica o solo una turba de pandilleros con rifles. Su principal cometido es cobrar, traficar, controlar y sobrevivir. Pero sí usa una lógica de guerra irregular: se fragmenta, se adapta, vigila, embosca, sustituye piezas y evita presentar un blanco estable. El Estado concentra fuerza; el cártel dispersa riesgo. El Estado patrulla; el cártel observa. El Estado presume presencia; el cártel conserva información.
La evidencia disponible obliga a desconfiar de la ecuación simplona según la cual más botas producen menos sangre.
Estudios sobre intervenciones militares antinarcóticos en México no han encontrado una reducción automática de homicidios y, en distintos análisis, las zonas intervenidas han registrado mayores niveles de violencia letal que municipios comparables.
Eso no significa que cada militar sea responsable de cada asesinato; significa que una política basada principalmente en la fuerza puede fragmentar disputas, desplazar agresiones y no tocar los mecanismos que permiten al crimen regenerarse.
Sinaloa ofrece la paradoja completa. Hay miles de elementos federales, mas de 17 mil, desplegados, operativos, decomisos y detenciones. Aun así, el estado se mantuvo entre los de mayor número de homicidios en 2026. Puede discutirse si los refuerzos ayudaron a reducir ciertos indicadores frente a 2025; lo que no puede venderse con seriedad es que el despliegue masivo haya resuelto el problema como reclama el CESP.
La violencia puede volverse más selectiva, más rural o menos espectacular, sin dejar de ser una forma de control.
Mandar más convoyes sin tocar las finanzas criminales, la colusión política, policial y militar; dejar de “agarrar partido” y desmontar las redes de reclutamiento, las alianzas con otros cárteles, su inteligencia territorial y su capacidad para reemplazar bajas, es como fumigar una casa dejando intacto el basurero donde se reproduce la plaga.
Se elimina lo que se ve, pero se protege —o se tolera— lo que mantiene vivo al monstruo.
E Cártel de Sinaloa es una red criminal fragmentada, celular, adaptable y con capacidad de acción armada, que alterna clandestinidad, inteligencia local, emboscadas, sabotaje de movilidad, control territorial y violencia selectiva. Frente a eso, el convoy militar puede proyectar fuerza, pero también anuncia su llegada como caravana de quinceañera con sirenas: mucho blindaje, mucha presencia, poca sorpresa.
Más presencia militar no equivale automáticamente a menos homicidios— sí está respaldada por investigación académica, documentación oficial y el propio comportamiento reciente de la violencia en Sinaloa.
«La estrategia centrada en despliegues masivos y patrullaje territorial enfrenta una desventaja estructural: intenta controlar un conflicto criminal fragmentado, informado y de alta movilidad con una lógica de ocupación visible. El Estado concentra hombres, vehículos y rutas; las células criminales dispersan tiradores, halcones, vehículos, refugios y capacidad de reacción. Mientras el convoy busca presencia, el grupo armado busca oportunidad.»
Documentos estadounidenses sobre organizaciones mexicanas de narcotráfico describen el paso de jerarquías tradicionales a redes descentralizadas de células interdependientes y orientadas por tarea; esa compartimentación les aporta flexibilidad y reduce el impacto de detenciones sobre mandos o nodos específicos. También registran células dedicadas a vigilar a autoridades y rivales, para ajustar rutas y tiempos de sus operaciones.
El argumento
| Elemento | Fuerza estatal desplegada | Red criminal local | Consecuencia |
|---|---|---|---|
| Movilidad | Convoyes, blindados, protocolos, jerarquía y autorización | Autos comunes, motocicletas, operadores aislados, cambios de vehículo y escondites | El despliegue estatal es visible; la célula puede diluirse antes de que el convoy llegue |
| Información | Inteligencia técnica y operativa, pero dependiente de coordinación institucional | Halcones, comunicaciones, conocimiento de calles, colonias, brechas y vínculos locales | La ventaja no es sólo de armas: es de saber primero quién se mueve y por dónde |
| Objetivo | Disuadir, patrullar, asegurar carreteras, detener y decomisar | Evadir, atacar selectivamente, controlar economías y sobrevivir | Son lógicas distintas: presencia territorial contra adaptación clandestina |
| Vulnerabilidad | Un convoy concentra personal, equipo, ruta y firma visual | Células compartimentadas; si cae una, la red puede seguir | El Estado golpea nodos; el grupo absorbe bajas y se reconfigura |
| Medición de éxito | Detenciones, armas aseguradas, laboratorios destruidos, patrullajes | Continuidad operativa, control local, capacidad de matar o cobrar | Una conferencia puede celebrar decomisos mientras la violencia persiste |
Las tácticas criminales documentadas incluyen el uso de obstáculos para cortar comunicaciones o movilidad de autoridades, canalizar respuestas hacia emboscadas y facilitar fugas.
Eso no prueba que cada operación en Sinaloa siga exactamente el mismo manual, pero sí respalda la idea de una asimetría: el grupo irregular no necesita “ganar una batalla”; le basta con no estar donde llega el convoy, reaparecer en otro punto y conservar su red.
El Gobierno le manda columnas a un enemigo que no tiene frente. Y mientras el convoy hace ruido para demostrar que llegó, el cártel ya se movió, ya avisó, ya escondió al gatillero y quizá ya eligió el siguiente punto de ataque.
La evidencia sobre militarización
Hay respaldo empírico para cuestionar la promesa de que más intervención militar reduzca, por sí sola, la violencia letal. Un estudio reciente sobre intervenciones militares antinarcóticos en municipios mexicanos no encontró evidencia de reducción de homicidios; por el contrario, halló tasas mayores de homicidios totales y vinculados al narco en municipios intervenidos frente a municipios comparables sin intervención. Eso no demuestra que cada soldado “cause” un homicidio, pero sí desmonta la ecuación automática de despliegue igual a pacificación.
Otra revisión académica resume investigaciones que han asociado los operativos militares con aumentos de violencia letal; cita estimaciones según las cuales confrontaciones adicionales con participación de Sedena se relacionaron con incrementos en homicidios municipales. La interpretación plausible no es lineal: el Estado puede intervenir donde ya hay violencia, pero además los golpes, capturas y disputas pueden fragmentar organizaciones y desencadenar retaliaciones.
Un paliativo, no solucion
La militarización puede contener o desplazar episodios de violencia, pero no necesariamente desmantela la arquitectura que los produce. Puede bajar la temperatura de una zona mientras el fuego se muda a otra; puede capturar hombres mientras la red conserva dinero, informantes, reclutas, rutas y protección.
International Crisis Group ofrece una pista relevante: tras el despliegue de grandes contingentes desde enero de 2025, la violencia se volvió más dirigida y bajó el promedio de víctimas por evento, pero la disputa se desplazó a áreas rurales y los asesinatos continuaron. Es decir, no una pacificación limpia, sino una modificación del patrón de violencia.
El cártel no gana porque tenga más disciplina que el Ejército. Gana tiempo porque conoce el terreno humano antes de que el Estado llegue al terreno físico. Y mientras el Gobierno siga contando soldados como si fueran soluciones, Sinaloa seguirá recordándole que un convoy no sustituye una estrategia.
Con información: MEDIOS/REDES/
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