La versión oficial vuelve a hacer lo que mejor sabe: achicar la tragedia hasta que quepa en un comunicado. Mientras el Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, habló de apenas dos pobladores con “heridas leves”, el Alcalde de Quechultenango, David Astudillo Morales, reportó un saldo mucho más grave: un civil muerto y 10 personas heridas de bala, varias de ellas hospitalizadas en Chilapa y Chilpancingo.
El Gobierno y las fuerzas militares volvieron a exhibir su conocida habilidad para maquillar la violencia, pues la Secretaría de la Defensa Nacional sólo alcanzó a ver dos “heridas leves”.
El Alcalde de Quechultenango, David Astudillo Morales, rechazó la versión difundida por el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, sobre los disturbios del jueves en el crucero de Zacatzanopa, a la salida de Mochitlán, donde participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía estatal y pobladores.
Según el edil, el saldo real fue de un civil asesinado y 10 personas lesionadas por arma de fuego, varias de ellas en condición grave y atendidas en hospitales de Chilapa y Chilpancingo. Es decir: no eran raspones ni “incidentes menores”, sino una jornada de violencia que la versión castrense intentó reducir a una nota al pie.
“No comparto en su totalidad las opiniones del General porque han ido minimizando lo que sucedió aquí, en Quechultenango y Mochitlán”, afirmó Astudillo Morales. El Alcalde sostuvo que los heridos fueron atendidos inicialmente en el hospital de Quechultenango, antes de ser trasladados a otros centros médicos.
Astudillo pidió investigar los hechos y aseguró que su Ayuntamiento no protegerá a quien haya cometido delitos, aunque evitó responsabilizar anticipadamente a ciudadanos, autoridades o integrantes de las corporaciones de seguridad.
La cautela institucional contrasta con el tamaño del saldo que las autoridades federales parecen empeñadas en encoger. Mientras la Sedena habla de lesiones leves, una familia vela en Colotlipa a un hombre que, de acuerdo con sus parientes, volvía a su casa después de trabajar y no participaba en protesta alguna cuando fue baleado.
El jueves, pobladores retuvieron y desarmaron a 29 militares y policías estatales, además de incendiar una patrulla. Los agentes fueron liberados después de más de cinco horas retenidos en el gimnasio-comedor comunitario de la localidad. Tras el episodio, la base militar fue retirada de Quechultenango, donde había permanecido durante varios años.
La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación por lesiones, daños, robo, ataques a las vías de comunicación y homicidio en grado de tentativa en distintos hechos ocurridos en Quechultenango y Mochitlán.
Con información: ELNORTE/
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