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lunes, 21 de septiembre de 2026

“YA APARECIÓ, MUERTO: JESÚS CARLOS TENÍA 38 AÑOS y YA es PARTE de la ESTADÍSTICA de MÁS de 7 MIL 386 DESAPARECIDOS en SINALOA”… y no, no fue la injerencia extranjera.


Jesús Carlos, de 38 años, desapareció el 10 de septiembre en Culiacán. Nueve días después, su familia —porque en México las familias hacen el trabajo que el Estado administra en comunicados— lo encontró sin vida en una zona de terracería, al pie de un cerro en la comunidad de San Román.

Su caso no es una estadística aislada: es otra evidencia de un país donde primero se desaparece a las personas y, cuando aparecen, rara vez entran a la cuenta diaria de los muertos. 

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. La Fiscalía trasladó los restos al Servicio Médico Forense y dijo que esperará los peritajes para establecer la causa de muerte. Formalmente, aún no se determina si fue homicidio. En la realidad, otra familia pasó de pegar fichas de búsqueda a esperar una necropsia. 

No es un detalle menor. En Sinaloa, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumula 7 mil 386 víctimas, de acuerdo con la cifra citada en el contexto del reciente secuestro y liberación de un empresario en Culiacán.

Tamaulipas, con alrededor de 14 mil 771 casos bajo ese mismo cálculo, conserva el nada envidiable subcampeonato nacional de la barbarie. Pero Sinaloa ya no puede venderse como excepción: comparte la misma maquinaria nacional de ausencia, miedo, fosas y familias convertidas en brigadas de búsqueda. 

A escala nacional, el problema suma 131 mil 329 víctimas desaparecidas. No son números para una lámina de PowerPoint ni una estadística incómoda que se barre debajo de la conferencia mañanera: son 131 mil 329 personas arrancadas de su casa, de una calle, de un negocio o de una rutina; y 131 mil 329 expedientes que revelan la incapacidad —o la resignación— del Estado para impedir que el país siga funcionando como una fábrica de ausencias.

La aritmética del horror

El caso de Jesús Carlos exhibe, además, la trampa más cómoda de las cifras oficiales: un desaparecido no necesariamente cuenta como homicidio el día que desaparece; y si lo hallan muerto después, tampoco se convierte automáticamente en parte de la estadística de homicidios de ese día.

Es decir, la violencia puede bajar en el papel o depurados los registros sin que haya bajado en las calles. Basta con que el cadáver no aparezca de inmediato.

Primero se registra una desaparición. Después, si hay suerte —una palabra miserable en este contexto—, la familia encuentra el cuerpo. Y entonces llega el expediente forense, la clasificación pendiente, la espera ministerial y la burocracia que convierte una muerte probable en un dato aplazado. Mientras tanto, el conteo cotidiano presume “menos homicidios”.

La fórmula es obscena pero eficaz para el discurso:

Cadaver oculto=homicidio que no estorba hoy las cifras de. muertos del dia que presumen menos muertos.

No se trata de afirmar sin peritajes que cada persona desaparecida fue asesinada. Eso sería irresponsable. Pero tampoco puede soslayarse que en una gran cantidad de entidades del pais,como Tamaulipas o Sinaloa, desparecer equivale casi a morir.

Las desapariciones tienen relación con la violencia homicida, el control criminal del territorio y la capacidad de grupos armados para llevarse personas sin dejarles siquiera el derecho inmediato a ser contadas.

El hallazgo no es cierre

Jesús Carlos ya no está desaparecido. Eso, en el lenguaje administrativo, podrá cerrar una ficha. Pero para su familia no hay cierre: hay una muerte por esclarecer, una ausencia definitiva y la certeza de que tuvieron que buscar donde las autoridades no llegaron a tiempo.

México ha perfeccionado una especie de contabilidad funeraria: si el cuerpo no aparece, no pesa igual; si aparece tarde, se archiva como hallazgo; si el homicidio no puede acreditarse de inmediato, se difiere la cifra. Y así, entre desaparecidos, restos localizados y carpetas pendientes, la narrativa de una violencia en descenso puede sobrevivir incluso cuando la realidad sigue oliendo a tierra removida.

Jesús Carlos no es solamente un caso de Culiacán. Es el retrato de un país donde desaparecer puede ser el paso previo a morir; donde las familias buscan con palas lo que el Estado no encuentra con presupuestos, uniformes y fiscalías; y donde demasiados muertos no cuentan como muertos… al menos no cuando toca presumir la estadística del día. 

Con información: NOROESTE/

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