No es que el sistema de procuración de justicia de la FGR a cargo de Ernestina Godoy falle: su método parece consistir precisamente en fallar. Otra vez, una acusación de alto voltaje político y bajo sustento probatorio se desinfló en tribunales.
Al concluir que la Fiscalía General de la República no aportó elementos suficientes para sostener siquiera la presunción del delito, un tribunal federal derribó la vinculación a proceso contra Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles.
La imputación versaba sobre un contrato presuntamente irregular por 100 millones 925 mil 730 pesos, dentro del entramado conocido como la Estafa Maestra.
Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México revocó la decisión que había vinculado a proceso al exfuncionario por uso indebido de atribuciones y facultades. El motivo es demoledor en su sencillez: la FGR no presentó datos de prueba que permitieran inferir que González Tiburcio cometió el delito que le atribuía.
No se trata, pues, de que el acusado haya ganado un tecnicismo, ni de que un juzgador haya encontrado una rendija procesal para exonerarlo. El tribunal concluyó que la fiscalía no construyó el piso mínimo probatorio para llevar adelante el caso. Dicho en jerga menos solemne: quiso litigar con expediente de cartón.
González Tiburcio, quien fue el número dos de Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue señalado por haber suscrito indebidamente un contrato mediante el cual la Sedatu pagó, en 2016, más de 100 millones de pesos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Pero una imputación escandalosa, acompañada de cifras millonarias y del sello mediático de la Estafa Maestra, no reemplaza la obligación constitucional de probar.
El revés se suma a la lista de expedientes contra exfuncionarios vinculados con Rosario Robles que la FGR no ha conseguido sostener ante los jueces. Y no es un detalle menor que este asunto, como prácticamente todos los procesos promovidos contra González Tiburcio, fuera judicializado durante la administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la fiscalía, entre 2019 y 2025.
La moraleja jurídica es incómoda para la institución: una fiscalía no acusa para ver si en el camino encuentra pruebas. Primero investiga, reúne evidencia y arma un caso; después imputa. Hacerlo al revés —convertir la judicialización en una expedición de pesca— no es combatir la corrupción: es fabricar espectáculos procesales que terminan naufragando en el primer tribunal que revisa el expediente con lupa.
Con información: ELNORTE/
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