El 17 de febrero de 2023, una filtración internacional exhibió el negocio que algunos poderosos compran cuando el pasado les resulta demasiado ruidoso: no una explicación, no una rectificación, sino una operación para empujar la información incómoda al sótano de Google.
El ahora Diputado de Morena, Pedro Haces apareció como cliente directo de Eliminalia; en el caso del ex-gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el reporte de PROCESO lo refiere en torno a contratistas ligados a su administración que estaban vinculados a Osiel Cardenas y al Cartel del Golfo.
Que dice PROCESO:
Burlan a Google
Otras veces, Eliminalia burla el algoritmo de Google mediante blacklinking, un método que consiste en inundar foros con mensajes que contienen vínculos hacia sitios apócrifos. A través de granjas de bots, la empresa genera un flujo de visitas a estos sitios para hacer creer a Google que están muy consultados, por lo que los coloca hacia arriba en su motor de búsqueda.
En el caso de Francisco Javier Lazo Rodríguez, amigo y contratista del exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la empresa creó un falso sitio llamado “hora-en-ecuador.com”. En él aparece una nota donde un tal Francisco Javier Lazo Rodríguez habla de fruta fresca. Si uno busca el nombre del contratista en el buscador de Google, aparecen varias notas de sitios falsos sembradas para desaparecer otros contenidos que lo vinculan con el crimen organizado en Tamaulipas, especialmente sus negocios con el yerno del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, capo del Cártel del Golfo.
El día en que la reputación tuvo tarifa
No fue una jornada de arrepentimientos públicos ni de expedientes aclarados. Fue el día en que la investigación Story Killers, coordinada por Forbidden Stories con participación de decenas de medios, mostró cómo operaba Eliminalia, una firma española de “gestión reputacional” cuyo catálogo parecía más cercano a una funeraria digital que a una agencia de comunicación: desaparición de enlaces, desindexación, contenido de relleno, sitios clonados, bots y maniobras para confundir a buscadores.
La lógica era brutalmente sencilla: si no puedes borrar el hecho, ahógalo. Si una investigación periodística no se deja intimidar, fabrícale alrededor una maleza de textos anodinos, homónimos convenientes y páginas de utilería. La verdad no desaparece del todo; sólo se vuelve más difícil de encontrar, que para un político o empresario en apuros puede ser casi igual de útil.
La investigación identificó al menos 159 clientes mexicanos en los documentos filtrados. En conjunto, según los reportes que retomaron esos archivos, habrían pagado por lo menos 857 mil 752 euros para eliminar contenidos o manipular los resultados de búsqueda. No era, pues, una anécdota de vanidad: era un mercado transnacional para convertir el derecho al olvido en derecho al maquillaje.
Pedro Haces: 300 enlaces en la mira
Pedro Miguel Haces Barba —entonces exsenador, dirigente sindical y figura política vinculada con Morena— aparece en el expediente con un encargo particularmente revelador: la eliminación o desindexación de 300 enlaces publicados entre 2019 y 2020.
La investigación periodística reportó un pago de alrededor de 110 mil euros, aunque otras publicaciones advirtieron que en algunos documentos la moneda no estaba claramente especificada. Conviene conservar esa precisión: la cifra se reportó de formas distintas según el medio, pero la operación y la escala de los enlaces sí fueron consistentes.
Entre los contenidos que se buscaba retirar estaban notas sobre antecedentes atribuidos a Haces —incluida una titulada “Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas”—, cuestionamientos por declaraciones sobre la vestimenta de las mujeres y referencias que lo vinculaban políticamente con el exgobernador veracruzano Javier Duarte.
Dicho sin el perfume corporativo de “reputación online”: no se trataba de publicar una respuesta, refutar una acusación con documentos ni ganar un juicio de réplica en la plaza pública. Se trataba de pagar para que el rastro periodístico pesara menos, apareciera más abajo o se perdiera entre basura digital cuidadosamente sembrada.
Y ese es el corazón del problema. Una persona puede reclamar información falsa, exigir correcciones y defender su honor. Pero cuando la estrategia consiste en alterar el ecosistema informativo para que lo verificable sea menos visible, la discusión deja de ser privacidad: se vuelve una disputa por el derecho de la ciudadanía a encontrar antecedentes relevantes sin tener que excavar como arqueóloga entre escombros algorítmicos.
Eliminar no es aclarar
Eliminalia no vendía verdad; vendía fricción. La empresa ofrecía reducir la visibilidad de materiales incómodos y, de acuerdo con la investigación de El País y Forbidden Stories, utilizó recursos como noticias falsas, páginas clonadas y automatización para engañar a los algoritmos de Google.
Es una forma de censura privatizada: sin policías retirando periódicos de los puestos, sin decretos, sin una tijera estatal visible. Basta una factura, un bufete especializado y una maquinaria que explota las debilidades del buscador. El resultado puede ser parecido: la información sigue “ahí”, pero enterrada tan hondo que para buena parte del público equivale a no existir.
El negocio además invierte la carga democrática. El periodista investiga, verifica, publica y enfrenta demandas, presiones o campañas de desprestigio. El personaje aludido no necesariamente responde al fondo: contrata un servicio para volver más costoso encontrar la investigación. En el nuevo manual del poder, la refutación puede ser opcional; el posicionamiento web, no.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ GRUPO ANIMAL/PROCESO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: