El verdadero “gran elector” de Tamaulipas y gran parte del pais, ya no opera desde Los Pinos ni desde las cúpulas partidistas: se mueve en camionetas blindadas, cobra derecho de piso y decide quién se sube a la boleta y quién termina bajándose —por las buenas, por las malas o por las funerarias.
El quita y pon electoral
La infiltración del crimen organizado en la política de Tamaulipas y en todo Mexico, dejó de ser ese elefante incómodo que todos fingían no ver.
Ahora el propio INE admite, con lenguaje institucional y cara de ceremonia, que las bandas criminales ponen y quitan candidatos, financian campañas, compran lealtades, chantajean funcionarios y presionan a quienes ya llegaron al cargo.
En otras palabras: mientras los partidos presumen democracia, el narco juega a ser el gran elector. No necesita credencial de elector ni casilla; le basta con una llamada, una amenaza, una maleta o un levantón para inclinar la balanza que incluye el amago de pueblos completos que votan completamente por quien el crimen les indica,otra vez Americo,otra vez Tamaulipas de mal ejemplo.
El consejero Arturo Chávez, presidente de la flamante Comisión de Verificación de Candidaturas, lo resumió con una frase impecable para el discurso: el crimen organizado no tiene ideología y se infiltra donde puede, sin importar el color partidista.
Traducido del burocratés: al narco le da igual si el candidato lleva chaleco guinda, azul, tricolor, naranja o de cualquier franquicia de temporada; lo que busca es una plaza política disponible y una autoridad dispuesta a obedecer.
Una elección para 30 mil expedientes
El problema no es menor. En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, 1.098 diputaciones locales y más de 2.200 alcaldías y presidencias municipales en 30 entidades. Con ocho partidos en la pelea, podrían aparecer más de 30.000 candidaturas para revisión.
Es decir, una feria de puestos públicos donde cada candidatura puede convertirse en botín, blindaje, oficina de gestoría o ventanilla de impunidad.
Y el foco rojo está, precisamente, donde la política toca el territorio: municipios y Estados. Ahí, donde un alcalde puede controlar policías, permisos, obras, licencias, nóminas y la información que conviene esconder como ocurre en el caso de Matamoros,con el alcalde de Morena,Alberto Granados Favila.
La experiencia reciente no deja mucho margen para el optimismo. En 2024, según registros de Data Cívica, hubo 138 agresiones contra candidaturas: 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición. En la democracia mexicana, la campaña ya no solo se mide en mítines, spots y encuestas: también se cuenta en balas, funerales y candidatos que aprenden a hablar bajito.
El filtro que no filtra
La respuesta institucional llega con una Comisión de Verificación de Candidaturas. Suena imponente, casi como si el INE hubiera instalado un arco detector de narcopolíticos en la entrada de los partidos. Pero al revisar el mecanismo, el aparato luce más parecido a un detector de metales sin pilas.
La verificación será voluntaria. Los partidos decidirán qué candidatos envían a revisión y cuáles prefieren dejar fuera del radar. Si una dirigencia no quiere someter a alguien al escrutinio, no habrá sanción jurídica ni se considerará indicio de riesgo. La comisión tampoco podrá retirar una candidatura, ni definir el nivel de peligro, ni manejar información sensible. Al final, la decisión de mantener o retirar a un aspirante seguirá en manos de los propios partidos.
Es decir: los mismos que confeccionan las listas podrán decidir si quieren revisar sus propias listas. Una especie de “pásale, patrón, usted escoja qué cuarto de la casa inspeccionamos”.
La comisión pedirá información a la Secretaría de Seguridad, Hacienda, SAT, Fiscalía General, fiscalías estatales, Centro Nacional de Inteligencia, Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero serán esas instituciones las que determinen si existe “riesgo razonable”, y responderán directamente a los partidos. El INE queda como mensajero elegante: toca la puerta, pide el reporte y entrega el sobre, sin poder abrirlo del todo ni usarlo para sacar a nadie de la contienda.
Vigilantes cercanos al poder
El dato político tampoco pasa desapercibido. Arturo Chávez llegó al Consejo General del INE en abril y ha reconocido su relación personal y profesional con la presidenta Claudia Sheinbaum, promotora de la reforma que dio vida a esta comisión. Junto a él estarán Norma Irene de la Cruz, identificada como cercana a Morena, y Uuc-kib Espadas, con pasado militante en el PRD.
Así, tres consejeros vinculados —en distintos grados y trayectorias— al ecosistema político del régimen tendrán la misión de coordinar la revisión de perfiles con el Gabinete de Seguridad. No es que la comisión nazca condenada, pero sí nace bajo la inevitable sospecha: ¿será un instrumento serio para detectar la narcopolítica o una aduana selectiva, severa con los adversarios y comprensiva con los propios?
El expediente de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, investigado en Estados Unidos junto con nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, vuelve imposible ignorar el problema. La cooptación no empieza cuando un político ya está sentado en el despacho: muchas veces arranca en la precampaña, con financiamiento oscuro, operadores territoriales, amenazas a rivales y pactos que jamás aparecen en la declaración patrimonial.
La democracia bajo cuota
Chávez pide que empresarios no financien candidaturas para luego corromperlas y que los medios difundan información veraz y objetiva. El llamado es correcto, aunque llega a un país donde la política local suele disputarse entre estructuras partidistas debilitadas, intereses económicos y grupos criminales que ya aprendieron que capturar una alcaldía puede ser más rentable y menos riesgoso que abrir una nueva ruta de contrabando.
PRI, PAN y Morena seguirán intercambiando acusaciones sobre narcopolítica. MC, PAZ y otras fuerzas menores advierten, con razón, que no se puede ir a otra elección con candidatos amenazados, secuestrados o asesinados. Pero la discusión de fondo es más brutal: mientras la revisión sea opcional y los partidos conserven la última palabra, el “gran elector” seguirá operando fuera del INE.
Porque en México ya no basta preguntar quién ganó una elección. También habrá que preguntar quién autorizó que ese candidato llegara vivo a la boleta, quién pagó la campaña y a quién le deberá el favor cuando tome posesión.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/
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