El delito en Tamaulipas,bajo el aun gobierno de Morena y Americo Villarreal, no sólo se padece: se paga. Y se paga incluso cuando no se denuncia, no se investiga y, por supuesto, no se resuelve: el “impuesto criminal” cobrado a los hogares tamaulipecos durante 2025 ascendió a 4 mil 200 millones de pesos.
En Tamaulipas, la delincuencia tiene una recaudación más eficaz que muchas oficinas públicas: durante 2025 les cobró a los hogares 4 mil 200 millones de pesos por concepto de inseguridad y delito. No es una contribución voluntaria, no viene con factura y tampoco se traduce en servicios: es el impuesto criminal que se paga en pérdidas, robos, daños a la salud y gastos para intentar no convertirse en la siguiente víctima.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI estima que ese golpe representó, en promedio, 4 mil 17 pesos por cada persona afectada en la entidad. Tamaulipas aparece entre los estados con menor costo promedio individual, pero conviene no confundir una cifra relativamente baja con una buena noticia: que el atraco sea más barato no significa que deje de ser atraco.
El monto acumulado equivale a 4 mil 200 millones de pesos que no se fueron a consumo, ahorro, educación, salud o patrimonio familiar, sino al agujero negro de la criminalidad y su costosa prevención.
Del total, 48.2 por ciento correspondió a pérdidas económicas directas por delitos; 42.9 por ciento, a medidas preventivas, y 8.9 por ciento, a daños en la salud. Es decir: casi la mitad del costo se pierde cuando el delito ya ocurrió y otra porción casi idéntica se desembolsa antes, para poner candados, cámaras, rejas, alarmas o cualquier remedio doméstico ante una seguridad pública que no alcanza. El ciudadano termina pagando dos veces: por haber sido víctima y por tratar de no volver a serlo.
Y aun con ese desembolso, el sistema conserva su especialidad: hacer que el delito desaparezca de los registros, no de las calles. En Tamaulipas, la cifra negra alcanzó 94.5 por ciento: de cada 100 delitos, apenas una fracción llega a denunciarse o deriva en una carpeta de investigación.
El resto se hunde entre el miedo, la desconfianza, el desgaste burocrático y la certeza de que acudir ante la autoridad puede convertirse en otra pérdida de tiempo, dinero y paciencia.
A escala nacional, la ENVIPE calculó más de 23 millones de mexicanos fueron víctimas de algún delito en 2025, el 93.4 por ciento de los delitos no se denuncia, en la mayoría por considerarse pérdida de tiempo, la percepción de inseguridad es de 74 por ciento y los costos del delito en los hogares alcanzan los 375 mil millones de pesos, equivalente al 1.05 por ciento del PIB, que mucha más falta hace como ingreso para gasto público que para la delincuencia.
Tamaulipas aporta a esa factura nacional 4.2 mil millones de pesos: una cuota multimillonaria para sostener un modelo donde la población financia su propia defensa mientras la mayoría de los delitos ni siquiera alcanza la etapa elemental de investigación.
Destaca el crecimiento de los costos en algunas entidades como en Yucatán -62 por ciento- que ha sido una joya de tranquilidad por muchos años, es decir, según el número de delitos y en especial de homicidios. Otras entidades con muy importante crecimiento por costo fueron Nayarit, Ciudad de México, Sonora y Sinaloa. De manera global por la reducción de costos y número de víctimas se encuentran Veracruz, Jalisco y Puebla.
No es sólo inseguridad: es una economía paralela de la indefensión. Un impuesto criminal sin ley que lo autorice, sin recibo que lo documente y sin autoridad que parezca decidida a cobrarle la cuenta a quienes realmente lo imponen.
Con información: INEGI/ENVIPE 2026/ RIO DOCE/
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