El fiscal General de Justicia de Tamaulipas,cuya currícula esta ligado al Cartel del Golfo , Jesús Eduardo Govea Orozco, reconoció que la institución enfrenta un déficit importante de personal sustantivo, principalmente policías investigadores y agentes del Ministerio Público, situación que dice ha impactado en el ritmo de algunas investigaciones.
Y no se puede negar el déficit, pero si exhibir la coartada. Porque una Fiscalía puede tener menos agentes de los que necesita, pero ninguna escasez de nómina explica —ni absuelve— una presunta infiltración criminal del gobernador para abajo, omisiones selectivas o el silencio ante señalamientos graves.
No les faltan policías; les falta vergüenza
La Fiscalía de Tamaulipas dice que arrastra un déficit de 2 mil 100 policías investigadores y ministerios públicos. La cuenta oficial es de mil 500 investigadores y 600 agentes del Ministerio Público que, según el fiscal, hacen falta para que la maquinaria de justicia deje de avanzar con el entusiasmo de una oficina pública en viernes por la tarde.
Pero cuidado: que nadie confunda falta de personal con falta de responsabilidad.
A la FGJ Tamaulipas no necesariamente le faltan policías; le sobran preguntas que nadie quiere investigar. Una cosa es reconocer que cuenta con cerca de 900 policías investigadores y menos de 400 ministerios públicos para una entidad atravesada por la violencia, el control territorial que ejercen los cárteles del Golfo y Los Zetas, el segundo lugar nacional en desapariciones, la extorsión industrializada y las estructuras criminales coligadas con las instituciones que deberían combatirlas.
El problema no es sólo cuántos uniformes faltan en el organigrama. El problema es quiénes ocupan los que sí existen, a quién investigan, a quién dejan pasar y por qué, cuando aparece un señalamiento público sobre enlaces entre un agente ministerial y una facción del Cártel del Golfo, la prioridad parece ser administrar el silencio antes que preservar evidencia, revisar controles de confianza y abrir una indagatoria independiente.
Porque ahí está la trampa retórica: “nos faltan policías”. Sí, faltan. Pero los que faltan no explican a los que sobran del lado equivocado de la ley.
La Fiscalía presume depuración: alrededor de 15 ministerios públicos causaron baja durante 2026, además de policías, peritos y mandos que no acreditaron controles de confianza o dejaron sus puestos. Excelente. Sólo que depurar no es correr empleados para luego venderlo como combate al crimen. Depurar significa transparentar por qué salen, qué investigaciones se abren, qué responsabilidades administrativas o penales se fincan y cuántos expedientes terminan en sanciones, no en comunicados con perfume de autoelogio.
El dato incómodo
La falta de 2 mil 100 servidores públicos puede ralentizar carpetas. Lo que no puede ralentizar es la obligación de investigar a los propios servidores públicos cuando surgen señalamientos creíbles sobre corrupción, protección criminal y vínculos con el narcotráfico.
Una Fiscalía con déficit puede estar rebasada. Una Fiscalía que selecciona a quién perseguir y a quién proteger está podrida.
Y Tamaulipas ya ha pagado demasiado caro las consecuencias de confundir incapacidad con inocencia institucional. Porque cuando el Estado alega que no tiene suficientes policías, pero los ciudadanos sospechan que algunos policías, ministerios públicos o mandos trabajan para intereses criminales, el problema deja de ser una vacante. Se llama captura institucional por culpa de un gobernador en vías de captura.
No les faltan policías.
Les falta vergüenza.
Y les sobra la sospecha de complicidad, del gobernador para abajo.
Con información: HoyTamaulipas/
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