Un parte oficial de Fuerza Civil de Nuevo León reporta siete “abatidos” y dos detenidos tras un enfrentamiento en General Treviño, con participación del Ejército. El caso vuelve a exhibir cómo estas muertes son excluidas de la cifra oficial de homicidios, lo que produce una imagen incompleta —y potencialmente propagandística— de la violencia real.
La maniobra estadística
El gobernador Samuel García ha sostenido que las personas abatidas por corporaciones de seguridad no se cuentan como homicidios dolosos porque, según esa explicación, no son muertes cometidas “con dolo”. Ese criterio explica la clasificación penal que pretende usar el estado, pero no vuelve inexistentes las muertes ni elimina su relevancia para medir violencia letal como tradicionalmente se ha hecho.
La formulación correcta sería: no necesariamente cuentan como homicidios dolosos en la estadística oficial, pero sí cuentan como muertes violentas, como uso letal de la fuerza estatal y como personas fallecidas y deben incorporarse a la cifra nacional que presume una baja bajo estos criterios maquillados.
El contraste que documentan medios
Hay evidencia periodística de que la exclusión no es un detalle aislado, sino una práctica con efecto directo sobre la narrativa de reducción.
- En abril de 2026, tres enfrentamientos en General Terán y Parás dejaron 15 personas fallecidas por arma de fuego. El reporte señala expresamente que esas muertes no se contabilizaron como homicidios por haber ocurrido en enfrentamientos con Fuerza Civil; el mismo recuento ubicó al menos 21 abatidosdurante ese mes.
- En julio de 2026, el gobierno estatal reportó 26 homicidios dolosos; sin embargo, una nota basada en información de El Norte indicó que las cifras excluían 96 muertes violentas adicionales, entre ellas personas presuntamente abatidas. Además, señaló que ni el gobierno ni la Fiscalía tenían un registro oficial de “neutralizados”, aunque reconocían que no aparecían en sus informes de incidencia.
- El patrón se aprecia también en partes previos: en marzo de 2025, Fuerza Civil reportó ocho presuntos delincuentes abatidos en Montemorelos, sin agentes lesionados ni detenidos confirmados. En agosto de 2025, la corporación informó de 12 civiles abatidosen Doctor Coss, también sin policías heridos, conforme a su propia versión de que repelieron una agresión.
Eso obliga a distinguir dos afirmaciones que no son equivalentes:
- “Bajaron los homicidios dolosos registrados.”
- “Bajó la violencia letal o bajaron las muertes violentas.”
La primera podría ser estadísticamente cierta bajo la clasificación oficial. La segunda no puede sostenerse sin sumar —o, cuando menos, exhibir por separado— los fallecidos en enfrentamientos y operativos.
Qué falta para que no sea maquillaje
Si el gobierno quiere atribuirse una reducción de violencia sin manipular el marco de lectura, debería publicar mensualmente una serie desagregada, verificable y acumulable con:
- Total de personas fallecidas en hechos violentos.
- Homicidios dolosos registrados por Fiscalía.
- Muertes causadas por Fuerza Civil, Ejército, Guardia Nacional y policías municipales.
- Lugar, fecha, corporación participante y número de agentes lesionados o muertos.
- Número de víctimas identificadas y entregadas a familiares.
- Carpetas de investigación abiertas por cada muerte.
- Dictámenes periciales, armas aseguradas, pruebas balísticas y estatus de la indagatoria.
- Determinación posterior: legítima defensa, uso legal de fuerza, homicidio, ejecución extrajudicial u otra clasificación.
Sin eso, “abatidos” funciona como una zona de opacidad: los cuerpos aparecen en comunicados operativos, pero desaparecen de la gráfica política de homicidios.
El truco es político: transforman una exclusión de clasificación penal en una narrativa de reducción general de la violencia, mintiendo como lo hacen en Sinaloa y todo el pais.
Con información: LA JORNADA/ REPORTE INDIGO/ VANGUARDIA/
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