En septiembre de 2011, el Cártel Jalisco Nueva Generación no irrumpió en Veracruz: aterrizó con logística, presupuesto, casas rentadas y objetivos de mercado. Veinte días después de instalarse en el puerto, dejó 35 cuerpos sobre una de las avenidas más transitadas de Boca del Río. Le tomó siete minutos. A las autoridades les ha tomado 15 años y todavía no terminan de explicar cómo demonios ocurrió.
El CJNG no llegó a Veracruz a esconderse: llegó a montar franquicia de terror. Con doce casas de seguridad, sicarios importados, empresas fantasma y una nómina de 18 mil pesos mensuales, convirtió al puerto en oficina operativa del crimen mientras el Estado, como de costumbre, parecía estar en horario reducido.
Siete minutos: el tiempo que tardó el CJNG en convertir Boca del Río en una vitrina de cadáveres
Cinco vehículos bloquearon la circulación; dos camionetas se estacionaron sobre el bulevar; entre 10 y 15 hombres encapuchados descendieron, bajaron los cuerpos y escaparon sin mayor contratiempo hacia sus casas de seguridad. No fue una emboscada en la sierra ni un crimen oculto en la madrugada: fue una demostración pública, a plena luz del día, en una ciudad donde el aparato de seguridad estaba ahí —en teoría— para impedir exactamente eso.
La orden, según los expedientes judiciales revisados por Proceso, venía de César Cazarín Molina, el “Comandante Tornado”, operador del CJNG y cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El mandato era de una brutal sencillez empresarial: limpiar a Los Zetas y quedarse con el negocio. Nada de eufemismos: secuestrar, torturar, asesinar, exhibir cuerpos y disputar una plaza como quien arrebata un local comercial, sólo que aquí el inventario eran personas.
En dos semanas, aquel grupo habría secuestrado y asesinado a 67 personas, sospechosas —a juicio de sus captores— de pertenecer o colaborar con Los Zetas. No hacían falta pruebas, jueces ni carpetas de investigación; bastaba la sospecha, esa coartada predilecta de los criminales cuando deciden administrar vida y muerte. Treinta y cinco de esas víctimas acabaron tiradas sobre el asfalto de Boca del Río para que el mensaje no se perdiera entre las páginas de la nota roja.
La “oficina” del horror
La estructura criminal no fue improvisada. Un integrante se hizo pasar por empresario constructor y, mediante dos empresas falsas, rentó 12 viviendas en Veracruz y Boca del Río. Los sicarios las llamaban “oficinas”. Y vaya si lo eran: centros de operación para guardar armas, concentrar gatilleros, retener víctimas y, en algunos casos, asesinarlas. Una burocracia de la muerte con fachada inmobiliaria.
Desde Jalisco y diversos puntos de Veracruz llegaron halcones, choferes, custodios, operadores y sicarios; incluso participó un venezolano. Había funciones delimitadas, mandos, vehículos, armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pagos mensuales de hasta 18 mil pesos y bonos. El CJNG operaba con una disciplina que muchas corporaciones públicas envidiarían, salvo por el pequeño detalle de que su giro era el secuestro y la ejecución.
Alfredo Carmona, “el Capi”, recibió dos mil pesos para viáticos y la orden de viajar al puerto para ponerse a las órdenes del “Potro”, jefe de plaza. Así de simple: una transferencia menor, una instrucción criminal y un engranaje listo para funcionar. Mientras tanto, Veracruz transitaba por los primeros años del gobierno de Javier Duarte, con Los Zetas dominando buena parte del territorio y el CJNG dispuesto a irrumpir a sangre y fuego.
Quince años después
La condena de 70 años contra Víctor Hugo “N”, señalado como uno de los autores intelectuales, permitió reconstruir parte de la operación mediante declaraciones de los propios participantes. Es un avance judicial, sí, pero también una radiografía demoledora del retraso institucional: se necesitó década y media para que piezas elementales de una matanza exhibida en plena vía pública comenzaran a ordenarse.
Hubo un sobreviviente. Un hombre que padeció días de cautiverio y tortura, fingió estar muerto y logró contar lo que pasaba dentro de una de aquellas “oficinas”. Su testimonio, junto con los expedientes de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, exhibe que la masacre no fue un estallido súbito de violencia: fue una operación planeada, con mandos, inmuebles, transporte, vigilancia y objetivos definidos.
Lo monstruoso no es sólo que 35 cuerpos fueran abandonados en siete minutos. Lo verdaderamente obsceno es que el crimen organizado haya podido organizar aquella coreografía de horror con tal eficiencia, mientras el Estado mexicano tardó 15 años en apenas empezar a desmontar el escenario.
Con información: PROCESO/
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