Luis Fernando Salazar, senador de Morena por Coahuila, tuvo que recular después de haber lanzado una amenaza pública contra el periodista Enrique Acevedo de noticiarios de Televisa. No fue una diferencia de criterio ni una réplica airada: fue el clásico arrebato de poder de quien confunde la defensa de una correligionaria con la licencia para poner en la mira a un reportero.
“Vamos a ir tras de ti”, escribió Salazar antes de borrar el mensaje, acompañado de descalificaciones personales contra Acevedo. Ahora pretende arreglarlo con una precisión conveniente: que se refería “única y exclusivamente a la vía legal”. Pero la aclaración llegó después de la amenaza, no antes; después de que el mensaje circulara y después de que un senador de la República usara una expresión ominosa contra un periodista que difundió una investigación incómoda para su grupo político.
La disculpa, además, parece obligada por el escándalo y por el costo público de sus palabras, no necesariamente por una comprensión cabal de su gravedad. Salazar admite que se equivocó “en la forma”, una fórmula de manual para evitar reconocer el fondo: que un representante del Estado no puede insinuar persecución contra un comunicador y luego presentarse como defensor de la legalidad cuando lo exhiben.
La ley no borra la amenaza
Acudir a tribunales por una presunta afectación al honor o a la reputación es un derecho. Pero invocar esa posibilidad después de publicar “vamos a ir tras de ti” no convierte retrospectivamente una amenaza en una serena advertencia jurídica. Menos aún cuando quien lo dice es senador, integrante de un partido en el poder y parte del aparato político del Estado.
El alcance legal dependería del contexto, la intención acreditable, los antecedentes, la reiteración y el efecto concreto del mensaje. Correspondería a las autoridades determinar si existe alguna conducta que pudiera encuadrar en amenazas, intimidación u otra figura aplicable. Pero la frase, por sí sola, no es inocente: tiene una carga de hostigamiento evidente, sobre todo en un país donde ejercer el periodismo implica enfrentar agresiones, campañas de descrédito y asesinatos.
No hace falta que un legislador pronuncie una amenaza explícita de daño físico para que sus palabras sean peligrosas. Basta con que use su investidura para señalar, degradar y anunciar que irá “tras” de un periodista. El mensaje político que se activa es claro: publicar información que incomoda al poder puede traer consecuencias.
Intolerancia con fuero moral
El episodio estalló por un reportaje de N+, de Grupo Televisa, que poco antes también había aludido, en otra investigación, a AMÉRICO VILLARREAL, igualmente por pesquisas estadounidenses sobre una presunta asociación delictuosa.
La legisladora al igual que Hector Joel Villegas,alias El Calabazo,tambien señalado por Televisa,han negado los señalamientos y acusa una “guerra sucia”.
Lo que no es admisible es reemplazar la refutación con el amago, ni convertir una investigación periodística en una afrenta personal que deba castigarse. Salazar podía exhibir errores, contrastar documentos, desmentir fuentes o defender a su compañera con argumentos. Eligió, en cambio, la descalificación y la amenaza. Esa elección revela una conducta intolerante y particularmente riesgosa en un representante popular.
La democracia no se protege cuando los políticos exigen inmunidad mediática para los suyos; se protege cuando toleran el escrutinio, incluso —y sobre todo— cuando les resulta incómodo.
Un mensaje para toda la prensa
Acevedo lo resumió con precisión: una cosa es desmentir una información y otra atacar a quien la publica. La distinción no es retórica. En México, donde periodistas son asesinados, desaparecidos, hostigados o sometidos a campañas de estigmatización, la ligereza verbal de un senador puede funcionar como combustible para agresiones mayores.
Salazar retiró el mensaje y ofreció una disculpa, pero eso no extingue el daño ni el precedente. La rectificación era indispensable; la responsabilidad, sin embargo, exige algo más que admitir un error “en la forma”. Exige reconocer que no se amenaza a periodistas desde una curul, no se usa el poder para intimidar a la prensa y no se pretende lavar con juridicismos de última hora una frase que sonó, precisamente, como lo que fue: una advertencia intimidatoria contra quien publicó información que incomodó a Morena.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAULINA FLORES/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: