Tania Contreras López, flamante magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas por la “vía del acordeón” que aun y perdiendo ganó y aparece enlistada en la plataforma de “narcopolíticos” , subordinada del gobernador “chamuscado”, Américo Villarreal Anaya, anunció que el Poder Judicial de Tamaulipas “va a colaborar” con el IETAM y el INE para revisar la idoneidad, el perfil y la elegibilidad de quienes pretendan competir en la elección de 2026-2027.
La frase, en apariencia institucional, tendría que sonar tranquilizadora. Pero dicha desde una presidencia judicial que llega con el currículum tatemado por señalamientos públicos, denuncias y controversias sobre su entorno ligado al Cartel del Golfo, suena menos a garantía de limpieza y más a una ironía de pésimo gusto.
Porque no es cualquier funcionaria ofreciendo revisar expedientes ajenos. La propia Contreras ha estado en el centro de publicaciones y acusaciones difundidas por Código Magenta,multiseñalada por sus vínculos familiares con personajes señalados por autoridades, cuestionamientos sobre omisiones frente a la sucursal del Cartel del Golfo,reconocida como Columna Armada Pedro J. Méndez y una denuncia presentada por un particular ante instancias federales.
Todo ello constituye señalamientos y denuncias extensivos también al gobernador Villarreal Anaya. Aunque no representan una sentencia judicial contra ella ni contra él, sí conforman un contexto que, por responsabilidad pública, no debería barrerse debajo de la toga en ninguno de los dos casos.
La paradoja institucional
Ahora la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia promete que el PJE aportará información al IETAM y al INE para determinar quién cumple —o no— con el requisito de idoneidad. Es decir: una institución encabezada por una figura cuya propia idoneidad ha sido cuestionada públicamente participará en la revisión de la idoneidad de otros.
La contradicción no es menor. En una elección que presume “piso parejo”, la credibilidad no se decreta con discursos de inauguración ni se construye con fotografías protocolarias. Se gana con distancia frente al poder, transparencia radical y autoridades que no carguen sobre los hombros la sombra de expedientes incómodos. El problema no es que el Poder Judicial colabore con las autoridades electorales; el problema es quién encabeza esa colaboración y qué preguntas siguen sin una respuesta pública, verificable y convincente.
No basta hablar de democracia
Contreras sostiene que la democracia es una responsabilidad de todos y que las leyes están para procesar las controversias. Correcto: precisamente por eso la exigencia debe empezar por casa. Si habrá filtros para candidaturas, que se apliquen sin padrinazgos, sin parentescos intocables, sin expedientes con trato VIP y sin la selectiva indignación de quien ve “calumnia” cuando la lupa apunta hacia arriba, pero “legalidad” cuando apunta hacia abajo.
No puede haber elección limpia si el aparato encargado de ayudar a validar candidatos parece pedir confianza con una mano mientras con la otra intenta administrar sus propios incendios reputacionales. La vara de la elegibilidad no puede convertirse en garrote para unos y salvoconducto para otros.
Que el PJE entregue información al IETAM y al INE, sí. Pero antes que nada, que entregue claridad. Porque cuando la sospecha está documentada en el debate público, colaborar no basta: hay que explicar, transparentar y despejar. De lo contrario, la promesa de “validar candidaturas” corre el riesgo de convertirse en una escena de humor negro: los chamuscados aliados del crimen organizado revisando quién huele a humo.
Con información: HoyTamaulipas/
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