La verdadera pregunta no es si el grupo criminal de Los Ardillos operan a la vista de todos en Guerrero, sino cuántas veces más tendrán que exhibirlo para que el Estado deje de fingir que no los ve. En esta entidad, como en muchas mas, la impunidad ya no es un accidente administrativo: es parte del paisaje.
Los Ardillos: dos décadas de control criminal y un Estado que llega tarde, cuando llega
Los Ardillos no aparecieron de la nada ni son una banda de improvisados. El grupo criminal encabezado por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez lleva alrededor de 20 años operando en al menos 16 municipios de la región centro de Guerrero, donde ha encontrado en la siembra de droga, las extorsiones y la captura de gobiernos locales una fuente de ingresos y, sobre todo, de poder.
Su red no se limita a los caminos rurales ni a las amenazas de siempre. La organización ha extendido sus tentáculos hasta las alcaldías y ha impuesto condiciones —cuando no candidaturas y autoridades— en municipios como Tixtla, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango. Es decir: no sólo disputan territorio; también disputan, administran y colonizan el poder público.
Y aun así, el grupo opera con una tranquilidad que sería envidiable si no fuera criminal. Desde 2022, el Ejército y la Guardia Nacional instalaron una base mixta en el gimnasio de Quechultenango, precisamente uno de los principales enclaves de Los Ardillos. La presencia castrense, sin embargo, no ha impedido que la organización mantenga su capacidad de movilización, intimidación y control.
La prueba más reciente ocurrió el jueves pasado, cuando militares y policías fueron atacados y retenidos en Quechultenango. El saldo fue de 25 heridos, entre ellos un coronel lesionado con machete en una mano. También fueron retenidos 29 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía estatal.
Hasta ahora, la autoridad no reporta un solo detenido. Ni por la agresión, ni por la retención, ni por la humillación pública de las fuerzas que supuestamente resguardan la zona.
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que el episodio duró apenas una hora. Pero los uniformados habrían permanecido retenidos durante al menos seis. Esa diferencia no es un detalle menor: entre la versión oficial y los hechos hay cinco horas de distancia, suficiente tiempo para que una crisis deje de ser “incidente” y se convierta en evidencia de pérdida de control.
De acuerdo con Trevilla, entre 60 y 80 personas rodearon al primer contingente en Quechultenango. Un segundo grupo, enviado desde Mochitlán para respaldarlo, también fue cercado, detonando la confrontación. En otras palabras, la fuerza pública entró a territorio bajo control criminal y terminó encapsulada por civiles movilizados. No es precisamente la imagen de un Estado que manda.
El dato que incomoda
Y aquí conviene no hacerse el distraído. Celso Ortega Jiménez ha sido mencionó públicamente presuntos apoyos a campañas de Andrés Manuel López Obrador, afirmaciones que fueron retomadas en reportajes de The New York Times y en una entrevista difundida por Latinus, replicado por El Financiero.
Tras la publicación del video , un comunicado posterior de Zetas del Cártel del Noreste (CDN) buscó desacreditar las declaraciones de Celso Ortega y negar que hubiera existido apoyo a campañas de 2006 y 2018.
Es decir, el tema llegó al punto de que otro grupo criminal, entonces bajo las órdenes de Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, salió a “aclarar” el debate político nacional. Treviño compartía entonces a su abogado Juan Pablo Penilla con Américo Villarreal, como asesor ,y habría sido este el cabildero con los Zetas.
No es una coincidencia inocente que el nombre de Celso Ortega aparezca en denuncias de financiamiento político, en la narrativa pública sobre estructuras criminales y en el control territorial de Guerrero. Cuando un líder criminal es mencionado en ese contexto y, al mismo tiempo, su organización conserva capacidad para cercar, herir y retener a fuerzas federales y estatales, ya no basta hablar de casualidades.
Porque aqui más que casualidad, hay causalidad: donde el crimen se incrusta en la política local, estatal y nacional, controla territorios y conserva margen de operación frente a autoridades armadas, la impunidad deja de ser falla; se vuelve método.
Con información: ELNORTE/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: