La liberación del empresario joyero Luis Mario Z. es, desde luego, una buena noticia: volvió con vida a su casa. Pero el alivio no debería funcionar como anestesia ni como aplauso automático a un Estado que, otra vez, llegó tarde a una función en la que el crimen organizado ya había repartido los papeles, fijado los horarios y decidido el final.
Como publica Noroeste, el empresario joyero de 49 años y ciudadano estadounidense, fue reportado liberado luego de haber sido privado de la libertad el jueves en el estacionamiento de una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
Regresó por sus propios medios a su domicilio: una noticia afortunada, indispensablemente afortunada, porque el desenlace no fue una tragedia mayor en una entidad que acumula de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO) 7 mil 386 víctimas,poco mas de la mitad de Tamaulipas,subcampeon nacional de la barbarie,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal.
Pero el hecho de que el empresario haya vuelto vivo no convierte el episodio en un triunfo institucional. Más bien exhibe, con una crudeza difícil de maquillar, la elasticidad territorial del Cártel de Sinaloa: puede levantar a un hombre a plena luz del día, en una zona comercial, movilizarlo en vehículos, interrogarlo o someterlo a lo que su creatividad criminal haya considerado pertinente y, finalmente, liberarlo cuando le viene en gana.
Es decir: no fue el Estado quien cerró el operativo; fue el grupo criminal quien decidió bajar el telón «para hacer un favor», muy probablemente a la misma autoridad como ocurre en Tamaulipas.
Con más de 17 mil elementos federales y militares desplegados en tareas de seguridad, la escena se parece menos a una ciudad blindada que a un restaurante tomado por comensales armados. Entran, se sirven, piden lo que quieren, prolongan la sobremesa, levantan al mesero si les estorba y, cuando ya están satisfechos, deciden a qué hora abandonan la mesa. Sin prisa. Sin rendir cuentas. Sin que nadie les cobre la cuenta.
La liberación, por tanto, merece celebrarse por la integridad física de la víctima y por el alivio de su familia. Pero sería una irresponsabilidad convertir esa fortuna en relato de eficacia gubernamental. El secuestro no fue impedido; la víctima no fue presentada como resultado de una operación oficial; y hasta ahora todo indica que sus captores administraron el caso unilateralmente, desde el levantón hasta la liberación.
Esa es la brutalidad del mensaje: en una ciudad saturada de uniformes, el poder criminal conserva la capacidad de secuestrar, retener, decidir y soltar. El Gobierno patrulla el territorio; el cártel, en cambio, parece conservar la facultad de ejercer soberanía de facto sobre él.
Con información: NOROESTE/
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