El Departamento de Estado dejó por escrito una advertencia que en México se ha querido leer con lentes oscuros: Washington presume que puede usar las visas como herramienta contra el entorno de los narcotraficantes. En el contexto mexicano, el mensaje llega mientras el retiro y revocación de visas de gobernadores como Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila o Alfonso Durazo entre muchos otros mas, ocupa la conversación pública, aunque estos niegan que su documento haya sido cancelado,abusando de la decrecía que EE.UU guarda en torno al tema.
Visas: el nuevo detector de humo
Estados Unidos no sólo quiere perseguir capos: también cerrarle la puerta al círculo que los arropa, los acompaña o convenientemente no los conoce.
En su determinación sobre narcotráfico para el año fiscal 2026, «Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2026», Washington presume haber aplicado restricciones de visa contra familiares y “asociados cercanos” de traficantes, bajo el argumento de proteger su seguridad nacional.
Traducido al castellano político: si el narco tiene compadres, parientes, operadores o amistades con agenda fronteriza, la visa puede convertirse en un papelito decorativo.
El fragmento del informe dice:
“My decision to identify Mexico’s drug cartels and other transnational criminal organizations as foreign terrorist organizations opened new authorities for the United States to dismantle these groups using sanctions, expanded prosecution authorities, and other resources. My Administration has also implemented visa restrictions against family members and close associates of drug traffickers to safeguard our country.”
En español:
“Mi decisión de identificar a los cárteles de la droga de México y otras organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras abrió nuevas facultades para que Estados Unidos desmantele esos grupos mediante sanciones, facultades ampliadas de enjuiciamiento y otros recursos. Mi Administración también ha implementado restricciones de visa contra familiares y asociados cercanos de narcotraficantes para salvaguardar nuestro país.”
El documento, difundido por el Departamento de Estado, no se limita a lanzar amenazas migratorias. También coloca a México bajo presión para ir contra las cúpulas de los cárteles, los laboratorios clandestinos, las cadenas de precursores químicos y las redes financieras que hacen posible el negocio. La exigencia es clara: menos conferencias, más golpes verificables contra la estructura criminal.
La novedad es que la política estadounidense ya no parece concentrarse sólo en detener cargamentos o capturar gatilleros. La visa se perfila como una palanca de presión política y personal: no necesariamente explica un expediente, pero sí puede mandar un mensaje de esos que se entienden mejor en la fila de migración.
En el caso de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, reportes periodísticos, lo mismo de Los Ángeles Times,que The New York Times,replicados en Mexico, ya señalaron el retiro de visa y la investigación estadounidense.
Él lo negó al mismo tiempo que dejo de cruzar como afirma EL NORTE: afirmó conservar plástico de su visa vigente, dijo no haber recibido notificación de cancelación o investigación alguna y rechazó vínculos con el crimen organizado. Después, incluso ironizó que podría ser “meritorio” no tener visa, una frase curiosa en un país donde el documento suele presumirse hasta en la foto de perfil.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó en 2025 que Estados Unidos le revocó la visa de no inmigrante, al igual que a su entonces esposo, Carlos Torres; sostuvo que no había cometido delito y describió el asunto como un trámite administrativo. El Departamento de Estado, por su parte, no ha divulgado públicamente la razón específica de la medida.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quedó igualmente mencionado en reportes que hablaron de una revocación relacionada con indagatorias por presuntos nexos criminales. La respuesta oficial de su gobierno fue tajante: tiene visa vigente, no ha sido notificado de investigación y los señalamientos son falsos. No existe, hasta ahora, una confirmación pública estadounidense que establezca de manera concluyente la revocación de su visa.
Así que el asunto no es afirmar sin pruebas que todos son culpables, sino leer la señal: Washington confirmó en informe que las visas no son un derecho, sino una llave que puede retirar a quienes considere parte del ecosistema de los traficantes. Y en la política mexicana, donde demasiadas explicaciones suelen llegar tarde —o nunca—, el verdadero problema empieza cuando una visa deja de ser permiso de viaje y se vuelve tema de control de daños.
Con información: LOS ANGELES TIMES / THE NEW YORK TIMES / DEPARTAMENT OF STATE/EE.UU
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