La presidenta Claudia Sheinbaum despachó ayer el retiro de una visa estadounidense como si fuera un detalle consular, una incomodidad migratoria comparable a perder una reservación de hotel: “no tiene nada que ver con la elección”. Técnicamente, puede tener razón. Una visa no es una sentencia judicial, no sustituye una carpeta de investigación ni cancela por sí misma una candidatura. Pero políticamente, pretender que no significa nada es otra cosa: una operación de maquillaje moral.
Porque si Estados Unidos le retira la visa a un personaje con aspiraciones electorales —o a un político en activo— no se trata de que Washington tenga derecho a decidir quién compite en México. Eso sería inadmisible. El problema es otro: ¿ por qué una señal de desconfianza emitida por el vecino que presume compartir información de inteligencia, seguridad financiera y persecución criminal debería tratarse como basura diplomática ?
La respuesta oficial parece ser: porque la ley mexicana exige un “riesgo razonable”, no rumores, no sanciones extranjeras, no sospechas consulares. Muy bien. Pero entonces habría que explicar cómo se concilia esa pulcritud garantista con el mecanismo que el propio gobierno presume: UIF, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional Bancaria y de Valores e inteligencia revisando información para advertir al INE y a los partidos si existe o no un riesgo razonable de vínculos criminales.
El choque de principios
El discurso gubernamental se estrella contra sus propios postulados:
- Dice que toda la información relevante debe analizarse, pero cuando la información proviene de Estados Unidos se minimiza como un asunto ajeno.
- Dice que habrá coordinación entre instituciones de seguridad, pero parece sugerir que una decisión migratoria de Washington no merece ni siquiera levantar una ceja.
- Dice que se protegerá la integridad de las candidaturas, pero deja la decisión final en manos de los partidos: esos mismos aparatos que, llegado el momento, suelen encontrar virtudes cívicas hasta en el candidato más embarrado.
- Dice que el mecanismo será preventivo, pero reduce cualquier alerta externa a una especie de chisme sin valor hasta que llegue una prueba con sello, expediente y moño judicial.
Ahí está la contradicción. Si la información de inteligencia, financiera, ministerial y de seguridad sirve para establecer un “riesgo razonable”, no debería descartarse de entrada por el pasaporte de quien la genera. Una revocación de visa no prueba culpabilidad; nadie serio debería afirmar lo contrario. Pero tampoco es una medalla al mérito, ni una anécdota burocrática, ni una casualidad digna de archivarse bajo el rubro de “asuntos que no nos incumben”.
La moral de la conveniencia
La moral oficial parece funcionar con un manual de doble entrada. Cuando una autoridad extranjera señala a un adversario político, la información adquiere súbitamente valor noticioso, relevancia transnacional y hasta aroma de expediente definitivo. Pero cuando la señal toca a alguien útil, cercano o incómodo para el poder, entonces hay que defender la soberanía, recordar el debido proceso y advertir que una visa “no tiene nada que ver con la elección”.
La soberanía no consiste en cerrar los ojos; consiste en tener instituciones capaces de preguntar, investigar y decidir con evidencia propia. Lo contrario no es dignidad nacional: es comodidad política.
El estándar ético mínimo debería ser más alto. Quien aspira a representar a ciudadanos no tendría que esconderse detrás de la frase “no hay sentencia”. Tendría que explicar, con claridad y documentos, por qué un gobierno extranjero decidió retirarle el privilegio de ingresar a su territorio. No porque Washington deba imponer candidaturas, sino porque una candidatura exige algo más que no haber sido condenado: exige confianza pública.
No es una condena; es una alarma
El problema no es que Sheinbaum recuerde que una visa no define una elección. El problema es que, al decirlo, parece pedir que una alerta potencialmente relevante sea neutralizada antes de ser examinada. Y eso choca con la promesa de blindar las candidaturas frente al dinero ilícito, los grupos criminales y las redes de poder opaco.
Una democracia no se degrada porque investigue señales incómodas. Se degrada cuando convierte la ignorancia voluntaria en doctrina de gobierno.
Con información: ELNORTE/
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