Como si México y Estados Unidos estuvieran para intercambiar flores, y no a días de volver a sentarse a negociar el T-MEC, la 4T parece haber decidido meterle un petardo chino al corazón tecnológico del Estado mexicano. El nombre del artefacto es Huawei.
La bronca no es un contrato cualquiera ni una licitación de computadoras para oficina. Lo que estaría en juego es la renovación —o captura, según desde dónde se mire— de la infraestructura digital de Aduanas, el SAT, Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y el AICM. Es decir: impuestos, comercio exterior, energía, salud, cruces fronterizos y datos estratégicos. El menú completo del país, servido en bandeja de silicio.
En el centro de la operación aparece José Antonio “Pepe” Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, uno de los funcionarios con mayor influencia en el gabinete de Claudia Sheinbaum. El problema no es que digitalice al gobierno; el problema sería quién termina administrando las llaves, los servidores y los respaldos de esa digitalización.
Y ahí entra Huawei, el gigante chino que para Washington no es simplemente una empresa de telecomunicaciones: es una compañía bajo sospecha permanente de ser una extensión potencial de los intereses de seguridad e inteligencia de Pekín.
Estados Unidos la incluyó en su “Entity List” en 2019 y ha restringido su presencia en infraestructura crítica y redes de telecomunicaciones por riesgos de seguridad nacional. Para la Casa Blanca, Huawei no vende sólo tecnología: vende una posible puerta de entrada a información estratégica.
Por eso, si México le abre la sala de máquinas de sus aduanas, sistema fiscal, sector energético, salud pública y aeropuertos a Huawei —aunque sea mediante intermediarios o empresas fachada, como se denuncia—, Washington no lo leería como una inocente decisión tecnológica. Lo interpretaría como esto: México está permitiendo que China se asome por la ventana trasera de América del Norte.
La “ofensa” para Estados Unidos sería enorme porque no se trataría de datos aislados. Se trataría de información que toca directamente la seguridad económica y comercial de su vecino:
- Qué mercancías entran y salen de México hacia Estados Unidos y Canadá.
- Quién importa, quién exporta, cuánto declara y por dónde mueve su carga.
- Datos fiscales de empresas que participan en cadenas de suministro norteamericanas.
- Información sobre petróleo, combustibles, energía e infraestructura crítica.
- Datos de usuarios y operaciones en aeropuertos, sistemas de salud y redes públicas.
- Potencialmente, información gubernamental sensible o comunicaciones protegidas, dependiendo del alcance real de los sistemas involucrados.
En términos políticos, sería equivalente a decirle a Washington: “Sí, somos sus socios comerciales, pero el cuarto de control se lo estamos enseñando a Pekín”. Y eso, en plena negociación del T-MEC, es una invitación a que Estados Unidos saque la carpeta de “seguridad nacional”, que suele ser la carpeta más cara, más ruidosa y menos negociable de todas.
La sospecha se vuelve especialmente explosiva por la secuencia de movimientos. El 1 de abril, Héctor Alonso Romero Gutiérrez —procedente de la Agencia de Transformación Digital— fue nombrado titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Poco después, el gobierno impulsó el traslado de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, antes bajo control del SAT, hacia la órbita de la Agencia de Transformación Digital. En otras palabras: quien atendía la capa tecnológica pasó a tener influencia sobre el sistema que controla la puerta comercial del país.
Luego llegó la caída del sistema aduanal y la pregunta inevitable: ¿fue un accidente, una falla de arquitectura, una migración mal ejecutada o el síntoma de una pelea por el control tecnológico? Hasta ahora, no hay un informe público suficientemente detallado que despeje qué ocurrió con el DODA, qué componentes fallaron, qué cambios se estaban implementando y quién concentró el mando operativo después del colapso.
Ahí está el verdadero escándalo: no sólo que las aduanas se hayan trabado, sino que el apagón haya ocurrido mientras se reorganiza el control digital del comercio exterior. Cuando el sistema que mueve mercancías, recauda impuestos y conecta a México con Estados Unidos se cae, no es una “incidencia”. Es una alarma geopolítica.
Qué significa Huawei en esta historia
Huawei significa tres cosas a la vez:
- Tecnología china en infraestructura crítica. No es lo mismo vender teléfonos que participar en sistemas que procesan información fiscal, aduanera, energética o de seguridad pública.
- Un problema automático con Washington. Estados Unidos mantiene restricciones severas contra Huawei y desconfía de su participación en sectores estratégicos, particularmente telecomunicaciones, redes, nube y datos gubernamentales.
- Una prueba de lealtades en el T-MEC. México puede diversificar proveedores y relaciones internacionales, claro. Pero si esa diversificación toca infraestructura que alimenta el comercio y la seguridad de América del Norte, deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un problema trilateral.
La molestia de Washington no sería porque México compre tecnología china —China ya es un actor comercial enorme en México—, sino porque, de confirmarse una entrega de sistemas sensibles a Huawei, México estaría colocando tecnología considerada riesgosa por Estados Unidos en la misma tubería por la que circulan datos y mercancías esenciales para el T-MEC.
El tamaño del golpe
La ofensa sería de nivel estratégico, no protocolario.
No sería una nota diplomática incómoda ni una llamada de atención en privado. Podría convertirse en presión durante la revisión del T-MEC, condicionamientos de cooperación en seguridad y aduanas, mayores controles fronterizos, revisiones de origen para mercancías mexicanas y endurecimiento político contra proyectos tecnológicos vinculados con China.
En el escenario más áspero, Washington podría tratar a México como un socio comercial que dejó una rendija abierta para que un rival geopolítico se asome a la infraestructura de Norteamérica. Y en Washington, cuando se pronuncia la combinación “Huawei + aduanas + datos + frontera”, nadie escucha “transformación digital”. Escuchan “riesgo de seguridad nacional”.
La pregunta, entonces, no es si México debe modernizar sus sistemas: tiene que hacerlo, y urgentemente. La pregunta es si esa modernización será transparente, auditable, con controles de ciberseguridad y proveedores plenamente identificables, o si se hará entre apagones, intermediarios y contratos que conviertan al Estado mexicano en una caja negra conectada a intereses que Estados Unidos considera hostiles.
Porque si el gobierno no explica qué pasó con el DODA, qué empresas participan, qué datos administrarían, dónde se alojarían, qué acceso tendrían y qué controles existirían, el discurso de soberanía digital corre el riesgo de convertirse en una ironía de escala continental: presumir independencia mientras se entregan las llaves del sistema a otro país.
Con información: CODIGO MAGENTA/
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