Roberto Masso Villanueva aparece en una ficha publicada como registro de la cárcel del Condado,» Cameron County Jail«, en Brownsville, Texas. La información exhibida consigna fecha de ingreso el 20 de agosto de 2026, número de booking 202632950, número SON 296437, la Texas Department of Public Safety como agencia arrestante y tres cargos: posesión de sustancia controlada, lavado de dinero y conducir en estado de intoxicación.
Pero ya con contrato en mano y la imagen de Roberto Masso Villanueva bajo custodia, el asunto deja de ser sólo una versión incómoda para el alcalde de Morena en Matamoros, Alberto «Beto» Granados: existe evidencia documental de que el Municipio a su cargo le otorgó obra pública en 2025. Eso obliga a explicar qué relación contractual tenía, si había otros contratos y qué filtros aplicó el Ayuntamiento antes y después de los hechos reportados sobre su presunta detención.
No es un trascendido de cantina, ni una foto sin contexto, ni una intriga fabricada para la sobremesa política: hay un registro de arresto, una fecha, una autoridad arrestante y delitos anotados. Lo que falta conocer —y lo que las autoridades estadounidenses deberán determinar— es el desenlace judicial. Pero el ingreso bajo custodia y los cargos reportados ya están documentados.
A Beto Granados le empiezan a escasear los amigos… y ahora también los contratistas
A juzgar por la evidencia, al alcalde de Matamoros, José Alberto “Beto” Granados, le va quedando cada vez más chico el catálogo de explicaciones.
Primero fueron las fotos; después, los nombres de los amigos cercanos, de los empleados del Ayuntamiento —precisamente por ser amigos— y las versiones que se acumulan como basura debajo de la alfombra. Ahora aparece un documento oficial que no admite demasiada poesía: el Ayuntamiento que encabeza contrató a Roberto Masso Villanueva para una obra de drenaje sanitario por 1,379,470.55 pesos, IVA incluido.
No es una captura de redes ni una foto borrosa de una sobremesa. Es una carátula de contrato del Gobierno Municipal de Matamoros: MAT-OP-FORTAMUN-005/2025, adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas, con fecha de licitación del 9 de mayo de 2025 y contrato firmado el 14 de mayo de ese mismo año. El contratista aparece como “Lic. Roberto Masso Villanueva”; la obra corresponde a la rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Insurgentes, entre Rafael Alatorre y avenida Lauro Villar, en la colonia México Agrario.
El documento además registra un anticipo de 413,841.17 pesos, un plazo de ejecución de 60 días —del 15 de mayo al 13 de julio de 2025— y la firma municipal del entonces titular de Desarrollo Urbano y Ecología, Alfonso Treviño Robles. Ahí están el nombre, la cifra, la modalidad, el recurso y las firmas. Lo demás ya no es rumor: es expediente público.
El alcalde, señalado por diversas evidencias como un eslabón en las cadenas de valor del crimen organizado, habría intervenido en la liberación de Alfredo Cárdenas e incluso fungiría como un supervisor atípico de las medidas cautelares impuestas para su libertad. Por ello, no puede brincar de la pregunta incómoda al mutismo institucional como si se tratara de un pleito de Facebook.
Si Masso era proveedor municipal, el Ayuntamiento tiene la obligación de informar de inmediato si mantiene contratos vigentes, si recibió más adjudicaciones, si entregó la obra, si el gasto fue fiscalizado y quién autorizó su participación. Aunque, a estas alturas, la falta de respuestas parece seguir un patrón: el alcalde emula la conducta opaca y criminalmente cuestionada de su gobernador, Américo Villarreal.
Porque no se trata de condenar por fotografía ni de inventar delitos desde una redacción. Se trata de exigir explicaciones donde hay dinero público, una empresa o persona contratista identificada y un contexto judicial que amerita revisión porque se repite dolosa y sistematicamente.
La pregunta ya no es si el alcalde “conocía” o no a Roberto Masso. La pregunta es más concreta, más molesta y más cara:¿cuántos contratos obtuvo?, ¿por qué mecanismo?, ¿qué obras entregó?, ¿cuánto cobró realmente?, ¿qué servidor público verificó el cumplimiento?, ¿existen penalizaciones, garantías o pagos pendientes?, y ¿qué hará el gobierno municipal si una autoridad confirma la detención o formula cargos en su contra?
A Granados le convendría contestar antes de que los datos lo hagan por él. Porque cuando los amigos caen, los empleados aparecen en expedientes y los contratistas terminan retratados con uniforme naranja en EE.UU, la versión de “yo no sabía” deja de parecer defensa y empieza a sonar como método de gobierno.
Una y otra vez hemos expuesto señalamientos graves sobre Alberto Granados y Americo Villarreal sobre personas de su entorno político y administrativo. En ese contexto, se acumulan reportes de arrestos relacionados con narcotráfico y de nombramientos, dentro de la estructura municipal, de personas señaladas por vínculos criminales.
«En Matamoros no sólo se está tapando drenaje: también se está destapando el método. Un contratista municipal con contrato, anticipo y firma oficial termina exhibido bajo custodia, mientras el alcalde pretende que las preguntas se ahoguen solas. Pero el drenaje político de Beto Granados ya rebosó: cada vez que cae un amigo, aparece un empleado; y cada vez que aparece un empleado, resulta que también había contrato.
Con información: ELEFANTE BLANCO/@Carlo Vela/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: