La frase del gobernador de Morena en Puebla, Alejandro Armenta no es una política de seguridad: es un prejuicio con cargo público. Su “protección” a las mujeres consiste, en los hechos, en excluirlas de los puestos donde más hacen falta Estado, autoridad civil y decisiones sin tutelas machistas.
El gobernador confunde protección con exclusión
El gobernador reconocido ampliamente por su catalogo de babosadas proferidas en publico, ha encontrado una novedosa estrategia contra el crimen organizado: quitar a las mujeres del camino y dejar que los hombres “con experiencia” se encarguen. Porque, según su lógica, en municipios tomados por bandas delictivas una mujer no debe gobernar: sería “muy delicado exponerla”.
Qué considerado. Qué paternalista. Qué convenientemente útil para seguir administrando el poder como si la política fuera una cantina de machos con chaleco antibalas.
El gobernador de Puebla dice que sería riesgoso enviar a una mujer a Tepeyahualco, Esperanza o cualquier municipio con presencia criminal. Pero no explica por qué el riesgo, que es responsabilidad del Estado combatir, debe convertirse en un veto anticipado para las mujeres y no en una obligación reforzada de protección institucional. En vez de preguntarse cómo garantizar seguridad a una alcaldesa, una síndica, una regidora o una integrante de un concejo municipal, Armenta resuelve el problema con la fórmula más vieja del patriarcado: “mejor que vaya un hombre”.
No es protección. Es exclusión con tono de caballerosidad.
Y el argumento se desmorona con los propios expedientes políticos que rodean al gobernador. En menos de dos años, Puebla acumula siete alcaldes detenidos y uno prófugo, en casos que abarcan presuntos vínculos criminales, cohecho, abuso de autoridad, delitos contra la salud, encubrimiento y otras conductas graves. La lección elemental no es que falten hombres “con experiencia”; es que la experiencia masculina, por sí sola, no vacuna contra la corrupción, el crimen ni la captura de los ayuntamientos. De hecho, el catálogo de ediles detenidos vuelve particularmente ridículo usar el sexo masculino como certificado de aptitud pública.
El caso de Esperanza debería bastar para desmontar la coartada. Ahí, tras la detención del alcalde, la regidora de Gobernación, Dolores Carrera Flores, asumió las riendas del Ayuntamiento. Es decir: cuando la realidad administrativa obligó a que una mujer respondiera, no se abrió un agujero negro ni cayó el municipio en manos de “Los Rojos” por falta de bigote.
Armenta plantea una falsa dicotomía: o mujeres vulnerables o hombres experimentados. Como si las mujeres no pudieran tener experiencia municipal, policial, jurídica, comunitaria o administrativa; como si la peligrosidad de un territorio se curara con cromosomas; como si un hombre no necesitara protección frente a redes criminales; como si gobernar no fuese una función del Estado y no un rito de iniciación de masculinidad temeraria.
La pregunta correcta no es si una mujer debe gobernar un municipio complicado. La pregunta es por qué un gobernador admite que hay municipios donde el crimen impone las condiciones y, en vez de reforzar seguridad, inteligencia, controles patrimoniales, acompañamiento federal y protección a las autoridades locales, decide que el remedio es apartar a la mitad de la población de la función pública.
Si Tepeyahualco, Esperanza o Acatlán son territorios de alto riesgo, el deber del gobierno no es mandar hombres a probar suerte: es recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, proteger a quien ejerza el cargo y poner controles para impedir que los delincuentes sigan disfrazados de autoridades. Esa fue, por cierto, la expresión usada desde el propio entorno gubernamental para describir los operativos contra ediles involucrados en delitos.
La acusación puntual
El gobernador no dijo únicamente que los municipios son peligrosos. Dijo que por ser mujeres resulta “delicado” designarlas y que él prefiere a hombres. Esa diferencia importa: no está valorando perfiles concretos, preparación acreditada, trayectorias, protocolos de seguridad o condiciones operativas. Está aplicando una presunción general de incapacidad, vulnerabilidad o inconveniencia derivada del sexo.
Eso es un estereotipo de género: la idea de que las mujeres deben ser preservadas del poder cuando el poder se vuelve riesgoso, mientras los hombres serían naturalmente aptos para enfrentar violencia, criminalidad y presión política.
La afirmación resulta todavía más grave porque procede de quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal. No es la ocurrencia de un vecino en sobremesa ni el berrinche de un comentarista con nostalgia por el siglo pasado. Es un mensaje institucional emitido desde la gubernatura: cuando las cosas se ponen difíciles, las mujeres se hacen a un lado.
Y el mensaje tiene consecuencias. Sirve para desalentar aspirantes, justificar decisiones de nombramiento sin mujeres, normalizar que las posiciones más complejas queden reservadas para hombres y eximir al Estado de crear condiciones reales de seguridad para funcionarias públicas.
Lo que la ley prohíbe
No toda declaración desafortunada configura automáticamente un delito. Pero tampoco toda violencia política necesita una amenaza, un golpe o una orden escrita para existir. Jurídicamente, los dichos de Armenta pueden encuadrar, si se acredita que influyeron o justificaron actos concretos de exclusión en nombramientos, designaciones o ejercicio de cargos, en una posible conducta de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La Constitución prohíbe la discriminación por género y establece que mujeres y hombres son iguales ante la ley; además, ordena garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y observar el principio de paridad en nombramientos de la administración pública y sus equivalentes estatales y municipales. No dice “paridad, salvo donde haya delincuencia”; tampoco prevé una cláusula de excepción para municipios incómodos.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias define la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar sus derechos políticos y electorales; el acceso a las atribuciones inherentes al cargo; el libre desarrollo de la función pública, o la toma de decisiones. La propia ley considera relevante que la conducta se dirija a una mujer por ser mujer, tenga impacto diferenciado o la afecte desproporcionadamente.
En términos de denuncia y litigio, habría que revisar al menos estas hipótesis:
- Discriminación por razón de género, si el sexo fue empleado como criterio para excluir o desaconsejar a mujeres de los concejos o cargos interinos, sin una evaluación individual, objetiva y proporcional de perfiles.
- Restricción u obstaculización del ejercicio de derechos políticos, si la declaración sirvió para impedir, desalentar o cerrar el acceso de mujeres a una designación, cargo público o toma de decisiones.
- Incumplimiento del deber de igualdad sustantiva y paridad, si los nombramientos de los concejos municipales ignoraron la obligación de integrar órganos públicos sin reproducir exclusiones estructurales.
- Posible violencia política contra las mujeres en razón de género, si el discurso se tradujo en una negativa institucional, un veto, presión, discriminación o trato diferenciado contra aspirantes o funcionarias por el hecho de ser mujeres.
- Responsabilidad administrativa o política, si desde el Ejecutivo se usó la investidura para avalar una práctica contraria a derechos humanos, igualdad y no discriminación, aunque la designación formal corresponda al Congreso.
El matiz jurídico es importante: las palabras del gobernador no equivalen por sí mismas a una sentencia condenatoria. Pero sí son un indicio público de un razonamiento basado en género. Si hubo mujeres con perfiles aptos que fueron descartadas porque el gobierno o los legisladores asumieron que eran “demasiado vulnerables” para enfrentar el cargo, el asunto deja de ser una burrada discursiva y entra al terreno de una posible vulneración efectiva de derechos políticos.
La evidencia que lo contradice
Tampoco hace falta inventar el mito inverso: las mujeres no son moralmente puras por decreto biológico, ni cada mujer en política es automáticamente incorruptible. Afirmarlo sería caer en el mismo esencialismo de Armenta, sólo que con moño violeta.
Pero la investigación sí permite sostener algo mucho más serio:la presencia de mujeres en el poder puede asociarse con menores niveles de corrupción, mayor rendición de cuentas y cambios en redes de patronazgo, especialmente cuando hay instituciones democráticas, prensa libre, Estado de derecho y reglas que impiden la captura del poder.
Un estudio con métodos causales encontró evidencia de que una mayor representación de mujeres puede reducir corrupción, al tiempo que la corrupción también disminuye la participación femenina en el gobierno.
La literatura, sin embargo, no autoriza a decir que las mujeres “nacen menos corruptas”. Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que los hallazgos son mixtos y que el contexto importa: cuotas, inclusión efectiva, reglas de rendición de cuentas y ruptura de redes clientelares pueden explicar parte de la relación. También señala evidencia de que una mayor presencia de mujeres en asambleas locales se ha relacionado con reducciones de corrupción grande y pequeña en ciertos contextos.
El Banco Mundial lo expresa con precisión: hay correlaciones entre mayor presencia femenina y menores niveles de corrupción, pero no porque las mujeres posean una virtud anticorrupción innata. Las redes de favores, pactos de impunidad y patronazgo han sido históricamente masculinizadas; por eso, incorporar mujeres puede trastocar circuitos cerrados, modificar incentivos y ampliar la vigilancia institucional. El punto no es cambiar una cofradía de compadres por una cofradía de comadres: es abrir la política, profesionalizarla y someterla a controles.
Y ahí está la ironía que deja peor parado al gobernador: en un estado donde alcaldes hombres han terminado detenidos o prófugos, su solución no es revisar cómo entraron, quién los protegió, qué controles fallaron ni qué redes políticas los cobijaron. Su solución es concluir que las mujeres no deben llegar a los municipios peligrosos. Es decir, ante el fracaso de la política de seguridad y selección de autoridades, propone castigar a las mujeres con menos poder.
Armenta dice que no quiere “exponer” a una mujer. Perfecto: entonces que no la exponga al machismo de su propio gobierno, ni a la exclusión política, ni a la idea de que los puestos de mando son para ellas sólo mientras no haya peligro, lodo, crimen o decisiones difíciles.
Porque si para combatir al crimen organizado se necesita ser hombre, habría que preguntarse por qué varios hombres con poder municipal acabaron precisamente del otro lado de la ley. Quizá el problema nunca fue la falta de testosterona en los ayuntamientos. Quizá el problema es que Puebla lleva demasiado tiempo confundiendo autoridad con masculinidad, experiencia con compadrazgo y protección con tutela.
El gobernador tendría que ofrecer algo más que una frase con olor a naftalina: nombres de mujeres evaluadas, criterios objetivos de designación, protocolos de seguridad para autoridades municipales, acompañamiento para concejos en zonas de riesgo y mecanismos verificables de paridad. Lo demás es machismo administrativo: una forma burocrática de decirles a las mujeres que pueden entrar a la política, siempre y cuando no aspiren a los lugares donde de verdad se ejerce el poder.
Con información: REFORMA/ MEDIOS
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