El gran “golpe” al huachicol de 59 millones de litros de combustible terminó reducido a una escena de utilería: una terminal de dimensiones industriales, infraestructura imposible de improvisar y, según Omar García Harfuch, ni un alma a la vista. Los tanques, al parecer, se custodiaban solos. Ahora, una empresa reclama públicamente la legalidad de la operación.
Tanques solos, autoridades ciegas
El gobierno federal, la Fiscalía General de la República y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron como un gran aseguramiento lo que, hasta ahora, luce más como la exhibición pública de un fracaso monumental de inteligencia, vigilancia y coordinación institucional.
La escena es difícil de digerir sin caer en la carcajada: una instalación privada de almacenamiento de combustible, con tanques enormes, vías ferroviarias, infraestructura especializada y millones de litros de petrolíferos, operando en Guanajuato sin que nadie —ni federación, ni estado, ni municipio, ni Pemex, ni las autoridades regulatorias— hubiera visto nada. Y cuando finalmente llegaron, no encontraron detenidos.
Nadie.
De acuerdo con la explicación de García Harfuch, los millones de litros estaban prácticamente “solitos”, nadando en tanques gigantes, sin vigilantes, operadores, administradores, choferes, custodios, responsables legales ni algún personaje que pudiera explicar quién construyó, financió, abasteció y explotó una terminal de esas dimensiones.
No hubo detenidos, pero sí una promesa: que “va a haber detenidos”. Es decir, el gobierno no informó resultados judiciales; ofreció resultados futuros. La FGR tampoco aclaró de inmediato qué era exactamente la instalación, quién era su propietario, desde cuándo funcionaba, cuál era el origen del combustible, qué empresas estaban involucradas o qué autoridades autorizaron —por acción, omisión o negligencia— una operación industrial de ese tamaño.
La respuesta oficial fue una colección de evasivas cuidadosamente envueltas en lenguaje burocrático. Cuando se le cuestionó cómo pudo edificarse y operar un complejo semejante sin que las autoridades se enteraran, Harfuch no respondió la pregunta. Dijo que “lo relevante es que se operó”. Traducción: no importa que nadie hubiera detectado una instalación de escala industrial; importa que, cuando la evidencia ya era imposible de ocultar, llegaron a tomarse la foto del aseguramiento.
Pero sí importa.
La postura de Gas Natural del Noroeste añade otra capa de cinismo al episodio. La empresa afirma tener permisos federales, ambientales, ferroviarios, municipales y de protección civil; sostiene que lleva nueve años operando la terminal y presume que sus autorizaciones son públicas y verificables. Incluso asegura que Pemex utilizó el sitio en 2017 para almacenar una importación de diésel y que la terminal fue clave en 2019 durante el desabasto de gasolinas. Si todo era legal, documentado y supervisado, la pregunta no se diluye: se agrava.
Entonces, ¿qué fue lo que aseguró la FGR? ¿Combustible legal almacenado por una empresa permisada? ¿Producto ilícito en una terminal regulada? ¿Una operación privada que las autoridades conocen desde hace años? ¿O una terminal que, pese a tener permisos, conexiones ferroviarias y actividad logística visible, terminó convertida en presunto centro de almacenamiento irregular sin que ningún supervisor levantara una ceja?
El gobierno no puede responder a esa cadena de preguntas con el anuncio de que las explicaciones “vendrán después”. La explicación debió existir antes del operativo: antes de la conferencia, antes de las fotografías, antes de la narrativa triunfalista y, sobre todo, antes de que millones de litros de combustible terminaran almacenados en un predio que nadie cuidaba porque, según el secretario, no había nadie.
La FGR tendrá que demostrar que no montó un aseguramiento mediático sin responsables, sin trazabilidad pública del combustible y sin una teoría del caso mínimamente sólida. García Harfuch, por su parte, tendrá que explicar por qué la principal defensa del aparato federal de seguridad consiste en admitir que una instalación colosal funcionó sin ser detectada hasta que, milagrosamente, apareció vacía.
Porque si una terminal de esa magnitud pudo operar durante años sin vigilancia efectiva, no estamos ante una victoria del Estado. Estamos ante la confesión de que el Estado llegó tarde, sin detenidos y sin respuestas.
Con información:SIMSA/REDES/MEDIOS
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