La rebelión de Rubén Rocha Moya duró 33 horas: un suspiro administrativo, una eternidad política y el tiempo suficiente para exhibir que en Morena la disciplina tiene menos elasticidad de la que presume. El gobernador sinaloense volvió al despacho tras más de tres meses y medio de licencia, alegando que debía cumplir el mandato para el que fue electo hasta octubre de 2027; terminó regresando a la licencia indefinida después de quedarse sin un solo salvavidas visible.
El regreso que nadie pidió
A las 9:44 de la mañana del viernes, Rocha comunicó en redes su retorno al Palacio de Gobierno de Sinaloa. Lo hizo mientras pesan sobre él acusaciones de Estados Unidos por una presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa y mientras la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el caso.
La maniobra fue presentada como un acto de deber institucional: Rocha sostuvo que, tras 112 días de investigación, la FGR le había informado que no existían “mínimos elementos de prueba” que sostuvieran una conducta penal de su parte. Traducido del dialecto político: “si no me han encarcelado, puedo volver”. Pero la versión oficial caminaba en sentido contrario: las carpetas seguían abiertas.
El problema no fue solo que volviera. Fue que, según la propia presidenta Claudia Sheinbaum, ella se enteró por el tuit de Rocha mientras guardaba reposo por una gripa. En una administración donde hasta el acomodo de una silla suele tener lectura política, un gobernador investigado que reaparece sin avisar a Palacio Nacional no es autonomía: es un desafío con sello de urgencia.
Palacio desmiente al gobernador
Cuatro horas después de la irrupción, la Secretaría de Gobernación difundió el comunicado que puso a Rocha en su sitio: la reincorporación al cargo obedecía “exclusivamente a una determinación de carácter personal”. Es decir, que nadie en el Gobierno federal le dio permiso, bendición ni coartada.
El texto, revisado por Sheinbaum palabra por palabra antes de publicarse, subrayó que seguían vivas las investigaciones sobre las diez personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense en una solicitud de extradición. La diferencia con el discurso de Rocha era brutal:
| Rubén Rocha | Gobierno federal |
|---|---|
| Afirmó que no hay pruebas mínimas en su contra | Señaló que las investigaciones de la FGR continúan abiertas |
| Presentó su retorno como cumplimiento del mandato popular | Lo redujo a una decisión personal |
| Intentó volver a gobernar | Lo dejó políticamente solo |
Una hora después, Morena replicó el mensaje de Gobernación y también se deslindó al igual. Aunque vez no acudieron al libreto de la “injerencia extranjera”, la defensa de la soberanía ni las denuncias contra Washington. Cuando el expediente toca demasiado cerca, hasta el nacionalismo de utilería pide licencia.
El coro disciplinado
La respuesta oficialista fue una cascada de lealtades, pero no hacia Rocha: hacia Sheinbaum. Citlalli Hernández recordó que “nadie está por encima de la ley”. Ricardo Monreal reafirmó su apoyo firme a la presidenta. Veintitrés gobernadores de la 4T —todos menos el sinaloense— firmaron el ritual de “unidad, principios y respaldo total”.
En San Lázaro, la bancada de Morena pidió a Rocha reconsiderar y solicitar nuevamente licencia. En el Senado, el deslinde fue más breve y cauteloso: tres párrafos para marcar distancia sin hacer demasiado ruido. La prudencia tenía nombre y apellido: Enrique Inzunza, senador sinaloense también investigado por Estados Unidos y antiguo colaborador de Rocha, aprovechó el episodio para anunciar que volvería a las sesiones presenciales en la última semana de agosto.
La oposición, por supuesto, encontró oxígeno. Revivió la exigencia de juicio político, la etiqueta de “narco partido” y las teorías de ruptura entre los sectores más duros del lopezobradorismo y Sheinbaum. Todo ello bajo un telón especialmente incómodo: el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán.
La presidenta marca territorio
El sábado, Sheinbaum rompió el silencio. Sin nombrarlo, lanzó una crítica que tenía destinatario obvio: condenó la “ambición desnuda del poder por el poder” y sostuvo que por encima de cualquier nombre, grupo o interés particular están el pueblo y la nación.
Ocho horas más tarde, Rocha volvió a pedir licencia indefinida mediante una carta breve al Congreso de Sinaloa. La rebelión había terminado. No hubo épica, ni resistencia, ni defensa cerrada del movimiento: hubo un gobernador que intentó reintegrarse por la puerta grande y salió por la misma rendija administrativa por la que había entrado.
Lo más elocuente fue el silencio. Andrés Manuel López Obrador, instalado en Palenque y habitualmente dispuesto a reaparecer cuando Washington presiona a México, no dijo una palabra. Tampoco Andy López Beltrán, pese a que la 4T había activado antes toda su maquinaria de comunicados para respaldarlo tras el tema de su visa. En política, la ausencia también firma posicionamientos.
La factura para Morena
La crisis deja a Morena con otro incendio interno en plena antesala de 2027. El partido tiene por delante la disputa de 17 gubernaturas —incluida Sinaloa—, las negociaciones con el PVEM y el PT, miles de candidaturas locales, la pelea por la Mesa Directiva del Senado y una agenda legislativa dividida entre reformas anticorrupción y el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
El expediente sinaloense seguirá contaminando el ambiente del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum.
La FGR deberá informar qué ha investigado sobre Rocha y su círculo, ahora con dos piezas que elevan la presión: la detención de Fausto Corrales, testigo del secuestro de Ismael “el Mayo” Zambada y del asesinato de Héctor Melesio Cuén, y la aparente liberación en Estados Unidos del general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y uno de los colaboradores de Rocha señalados en el caso.
Rocha justificó su regreso como obediencia al mandato de los sinaloenses. Pero en 33 horas quedó claro quién manda en el organigrama real: no el gobernador que se reinstala por tuit, sino la presidenta que puede convertir ese retorno en una humillación pública con un comunicado, una frase y el silencio calculado de todo un movimiento.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO MUÑIZ
