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jueves, 2 de julio de 2026

LA «LISTA de los SAPOS»: DESTACA PRENSA NACIONAL el NOMBRE de AMÉRICO y JR entre PONEDEDOS de PROPIOS y AJENOS en EE. UU. para SALVARSE ELLOS… el tamal es grande y hay de dulce, chile y manteca.


Como quien ve venir un huracán que golpeará con fuerza e intenta ponerse a salvo, la lista de políticos mexicanos que se están acercando al gobierno de los Estados Unidos para declarar voluntariamente y ofrecer información sobre tramas de corrupción,narcotráfico huachicol fiscal en el gobierno de López Obrador crece cada día más.

La mayoría pertenece al oficialismo, aunque también los hay de la oposición, y se trata de políticos de alto nivel como gobernadores, congresistas y dirigentes partidistas que decidieron hablar y colaborar con el vecino país. 

Ya sea porque se enteraron de que son investigados por el gobierno de Donald Trump o porque recibieron una “invitación” de la embajada estadounidense en nuestro país para que cooperen con el Departamento de Justicia. Cada uno de ellos está entregando información a cambio de recibir un trato especial o una negociación en la ofensiva que viene desde Washington en temas como la narcopolítica y el huachicol fiscal.

Y aunque ninguno lo va a aceptar públicamente y la presidenta Sheinbaum niega que esté habiendo traiciones o delaciones desde su movimiento político, la realidad es que la lista de al menos 10 políticos mexicanos que mencionó el fin de semana el diario The New York Times se queda corta en cuanto a la cantidad de personajes de la política nacional que ya están haciendo contacto con autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes del país vecino.

Del Partido Verde, por ejemplo, a pesar de ser aliados con Morena están hablando con los estadounidenses el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien contrató los servicios del polémico consultor Roger Stone, conocido por su cercanía con Donald Trump y por dedicarse a negociar indultos y beneficios para personajes acusados de cargos criminales. Junto con la firma de Stone, el gobierno de San Luis también contrató los servicios de la consultora conservadora Diana London, de la firma Ford & London Global Strategies LLC, por los cuales habría pagado 375 mil dólares a cada una de las consultoras, según el diario Reforma.

Aunque el gobernador Gallardo Carmona reconoció los contratos de su gobierno, negó que sean para buscar “inmunidad” o negociar con el gobierno estadounidense y dijo que la Secretaría de Economía del estado, que aparece como contratante con ambas consultoras estadunidenses, lo hizo para “atraer inversiones al estado”.

Pero Gallardo no es el único que ha establecido contacto con el gobierno estadounidense. El dirigente nacional del PVEM, Jorge Emilio González, también está dialogando con autoridades de aquel país, que lo buscaron para alertarlo sobre su alianza con Morena. Tanto el llamado “Niño Verde” como Gallardo Carmona tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos, y ante el amago de investigarlos y cancelarles la visa, estarían buscando colaborar con el gobierno de Trump y habrían ofrecido incluso deslindarse del morenismo llegado el momento.

Políticos morenistas de Tamaulipas también han empezado a dialogar con agencias y dependencias estadounidenses. El senador morenista José Ramón Gómez Leal y el alcalde de una ciudad fronteriza están dando información sobre la red de huachicol de Sergio Carmona, a quien conocieron en vida. 

El senador JR, como lo apodan en su estado, ofreció contar todo lo que sabía sobre la relación y el financiamiento de Carmona a las campañas morenistas a cambio de recibir no solo inmunidad, sino también apoyo estadounidense para convertirse en gobernador de Tamaulipas, algo que desde el vecino país le negaron porque le dijeron que ellos no se metían en temas electorales.

También están entre los informantes los hermanos Cantú Rosas, de Nuevo Laredo, quienes viven del lado estadounidense desde hace tiempo, a pesar de que desempeñan cargos públicos y políticos del lado mexicano.

En el caso del gobernador Américo Villarreal, quien ha negado reiteradamente estar en tratos con Estados Unidos, una fuente estadounidense asegura que sí fue buscado por agencias de aquel país que le informaron que tenía abiertos expedientes y le ofrecieron colaborar, pero él decidió consultarlo con su familia y al final respondió a los estadounidenses que no aceptaba dar información.

En Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha sido señalado por medios estadunidenses tanto como investigado por temas de narcotráfico como por ser presunto colaborador del gobierno trumpista, la semana se anunció la creación de una nueva policía estatal fronteriza denominada División de Operaciones Fronterizas o DOF, que sería una especie de “patrulla fronteriza” de carácter estatal, para vigilar la frontera común entre la entidad sonorense y el estado de Arizona. Aun cuando la vigilancia fronteriza es una función federal, parece que el gobierno del morenista Durazo, quien niega ser investigado o colaborador con Estados Unidos, ya aceptó colaborar y coordinarse también con el gobierno de Donald Trump como lo están haciendo también otros estados fronterizos de México.

A la lista de informantes se habrían sumado también el senador Adán Augusto López y su cuñado, el cónsul mexicano en Miami, Rutilio Escandón, ambos bajo investigación estadounidense y quienes son dos de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador, pertenecientes al poderoso “Grupo Tabasco”. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, tanto Adán Augusto como su cuñado Rutilio, cada uno por su lado, buscaron a las autoridades estadounidenses en busca de un trato especial por las acusaciones que pesan en contra de los dos por el tema del huachicol fiscal, en el caso del senador, y por vínculos con el CJNG en el caso del actual cónsul y exgobernador de Chiapas.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, es otra de las que ya ha solicitado dialogar con autoridades estadounidenses a través de una firma de abogados de Miami que la está representando y asesorando en sus reuniones con agencias del vecino país, de acuerdo con el audio de la llamada telefónica que dio a conocer el periodista Héctor de Mauleón.

A todos los actuales gobernadores de Morena, cuyas campañas fueron financiadas en su momento con dinero del Rey de Huachicol, Sergio Carmona, los han estado buscando desde la embajada de Estados Unidos para ofrecerles que se acerquen a dar información y, cuando se niegan, los comienzan a presionar con datos e informes de cuánto dinero recibieron para sus campañas por parte de Carmona, y ante la información que les presentan varios han comenzado a hablar con los enviados de Washington, entre ellos se encuentra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y otros más.

Además de los morenistas, también hay personajes de la oposición que desde hace más de un año, se convirtieron en informantes del Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio. Es el caso del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha estado en varias ocasiones en Washington para entregar expedientes con información que involucra a figuras de Morena y del obradorismo en redes de corrupción, narcopolítica y huachicol.

Así que, en previsión de que no los arrase el huracán estadounidense, son cada vez más lo políticos que se transforman en anfibios (o sapos como dicen en el argot criminal) y que deciden croar ante las autoridades estadounidenses para ponerse a salvo ellos, sus familias y sus intereses, en detrimento del movimiento que juraban defender y que, ante las amenazas, presiones o invitaciones desde Washington, han decidido traicionar para salvarse a sí mismos.

De los tres mandamientos que les dictó el pastor de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, “no robar, no mentir y no traicionar”, muchos de los morenistas que se están acercando a Estados Unidos, que ya habían violentado los dos primeros, hoy han decidido ignorar también el tercer mandamiento en busca de poner a salvo su pellejo.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/SALVADOR GARCIA SOTO/

EL «APESTADO de LUJO: PENILLA, EX ASESOR de AMERICO, AYUDÓ a que AMLO DECRETARA LEY que OTORGABA PERDÓN a CRIMINALES»… y que ahora le podría servir a él y al gobernador.


La propia ley de “justicia transicional” y los acuerdos publicados en el Diario Oficial terminaron siendo el chaleco antibalas jurídico del crimen organizado en la era obradorista y de la 4T en Tamaulipas, y el abogado Juan Pablo Penilla,ex-asesor de Americo Villarreal,hasta que fueron descubiertos los dos, fue uno de sus sastres favoritos.

La “justicia transicional” hecha a la medida

En el video del CDN, los Zetas recitan, casi de memoria, el concepto de “justicia transicional” y preguntan con toda calma cuáles serán los mecanismos jurídicos para asegurar que los acuerdos de paz se respeten y con qué funcionario deben hablar sus representantes legales.

Esa fórmula no salió de una catequesis dominical: coincide con la agenda que el propio Juan Pablo Penilla presumía en 2022, cuando decía que ya trabajaba con el Senado en esa ley, buscando que derivara en amnistías y beneficios para sus clientes, incluidos los Zetas del CDN.

Diario Oficial: la coartada perfumada

El nombramiento de Penilla como asesor honorífico de Américo Villarreal se hizo con toda la solemnidad legal, citando facultades constitucionales, y luego se “evaporó” vía un acuerdo general que dejaba sin efectos los nombramientos de asesores honoríficos publicado en el Periódico Oficial del estado.

Esa jugada de oficio –primero darle investidura, luego esconderlo detrás de un acuerdo genérico– evidencia un patrón: blindar al operador mientras es útil y, cuando estalla el escándalo, usar el Diario Oficial como detergente institucional para fingir que nunca estuvo ahí.

El sesgo de origen: abrazos jurídicos, no balazos

El mensaje del CDN al entonces presidente López Obrador no es un balbuceo de sicarios improvisando; hablan de tregua, de mecanismos jurídicos y de “ley de justicia transicional” como si estuvieran leyendo minuta de asesoría jurídica, alineada con la narrativa de “abrazos, no balazos”.

La ley de amnistía y la justicia transicional, en vez de cerrar el ciclo de violencia, abrieron una autopista de expectativas para que estructuras criminales completas aspiraran a un perdón empaquetado y negociado desde el despacho del asesor del gobernador.

Penilla, arquitecto del “cártel constitucional”

Penilla no solo defendía a Miguel Ángel Treviño “Z-40” y a Ismael “El Mayo” Zambada; según autoridades estadounidenses, su rol fue el de facilitador clave, puenteando a los líderes presos con la cúpula operativa del Cártel del Noreste y tejiendo una empresa criminal que el Departamento del Tesoro ya colocó bajo sanciones.

Aún así, ese mismo personaje fue sentado en la mesa del poder en Tamaulipas como asesor honorífico, premiado y legitimado por el aparato político de Morena mientras ya era señalado como vínculo entre narcotráfico y estructuras estatales.

El espíritu protector del crimen

Cuando un gobernador instala como asesor a un abogado que, según OFAC, presta servicios ilegales que van más allá de la relación abogado–cliente, lo que se diseña no es un gobierno, sino un escudo institucional para el crimen: el “espíritu protector” hecho decreto y nombramiento.

La narrativa oficial –negación tardía, deslindes sincronizados de Morena, uso del Periódico Oficial como cortina– no corrige el fondo: durante años, el entramado político permitió que un operador del CDN y de los Treviño Morales se moviera como “honorífico” dentro del Estado..

El laboratorio tamaulipeco de la 4T

Americo Villarreal y Morena convirtieron a Tamaulipas en el laboratorio perfecto: justicia transicional redactada con el teclado del despacho de Penilla, amnistía aprobada en la recta final del sexenio de López Obrador y cámaras legislativas funcionando como notarías del “nuevo humanismo” aplicado a cárteles multiestatales.

El resultado fue una mezcla tóxica: Zetas hablando como ONG en videos dirigidos al Presidente, alianzas con facciones del Cártel del Golfo y un gobernador que, lejos de cortar ese cordón umbilical, lo institucionalizó hasta que Estados Unidos prendió las alarmas y congeló bienes.

Juan Pablo Penilla, apestado de lujo

Hoy Penilla es el apestado de etiqueta: el mismo que impuso mandos ministeriales al servicio del CDN, que se sentaba a negociar plazas y mandos policiales con el aval del gobernador, y que administraba la violencia como si fuera presupuesto, para justificar su papel de “mal necesario”.

Pero el sistema que lo parió sigue ahí: el andamiaje jurídico-político de la 4T en Tamaulipas no fue un exceso aislado, sino una estructura pensada para que el crimen encontrara salida legal, mientras el gobernador y su asesor honorífico jugaban a pacificadores con fuero y con toga.

Con informacion: DIARIO OFICIAL/ MEDIOS/

YA se les PASÓ el MIEDO: EE.UU. DECOMISA 4 TONELADAS de METANFETAMINA en TAN SOLO 4 REVISIONES por GARITAS FRENTE a TAMAULIPAS… de ese tamaño es lo que se atora, de peor tamaño la que cruza.


Cuatro toneladas de metanfetamina incautadas en apenas cuatro revisiones en cruces de Texas. No es una anécdota: es una radiografía del tamaño industrial del negocio. Si eso es lo que se detecta en operativos puntuales, lo relevante no es el golpe, sino la escala que se escapa.

El dato apunta a CBP en cruces de Texas, y la informacion de Breitbart habla cuatro inspecciones distintas durante junio de 2026. Los decomisos claramente documentados ocurrieron en Laredo y Pharr, con revisiones en el Puente del Comercio Mundial y el Puente Internacional de Pharr; en ambos casos intervino CBP y después HSI abrió investigación.

Quién

Las autoridades que hicieron los aseguramientos fueron oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y los casos quedaron bajo seguimiento de HSI en varios de los reportes. En uno de los eventos, CBP reportó que las drogas iban ocultas en un vehículo de carga que cruzaba desde México.

Cómo

El patrón fue el de inspecciones secundarias, apoyadas por caninos y por equipo de inspección no intrusiva, seguido de revisiones físicas más detalladas que permitieron detectar paquetes escondidos en la carga. En el caso de Laredo, el ocultamiento estaba dentro de mercancía declarada, y en Pharr se detectaron anomalías que llevaron al hallazgo de paquetes de metanfetamina.

Cuándo

Los decomisos mejor documentados ocurrieron el viernes 19 de junio de 2026 y el lunes 15 de junio de 2026, mientras que el balance general fue difundido a finales de junio. La nota que mencionas habla de un acumulado de junio de 2026 en cuatro revisiones, así que el marco temporal es ese mes.

Cuánto

En el caso de Laredo y Pharr, CBP reportó más de 7,000 libras en una incautación y 1,042.78 libras en otra, para un total combinado de más de 8,000 libras, valuado en más de 72.3 millones de dólares. Otra nota local sobre Laredo reportó un envío de casi 500 kilos valuado en más de 10 millones de dólares.

Cuatro toneladas en cuatro inspecciones

El dato no tranquiliza; inquieta. Sugiere que el trasiego no es episódico, sino sistémico, y que la frontera funciona menos como barrera y más como filtro poroso de una economía ilícita que ya aprendió a convivir con la vigilancia.

Porque nadie mueve cargamentos así por accidente ni en solitario. Detrás hay logística, financiamiento, rutas consolidadas y, sobre todo, una expectativa bastante razonable de que mucho más pasa sin ser visto. Cada decomiso de este calibre no solo habla de eficiencia operativa; también deja entrever un flujo constante que rebasa los puntos de control.

La narrativa oficial suele celebrar el aseguramiento como victoria. Pero leído en frío, es casi una confesión involuntaria: el volumen interceptado es apenas una fracción de un mercado que opera con márgenes suficientes para absorber pérdidas millonarias y seguir rodando.

Con información: Breitbart/

¿MÉXICO como COREA del NORTI…o CHINA ?: PROPUESTA COMUNISTA de SHEINBAUM BUSCA CENSURAR el ESPACIO DIGITAL para YA NO CENSURARLA»…calificado como uno de los gobiernos menos competentes del mundo.

miércoles, 1 de julio de 2026

«CRECEN REFUERZOS y CRECE VIOLENCIA: LEVANTÓN, ASESINATO y DESPOJO NO CEDEN en SINALOA»…la realidad no coopera y, si esa era la idea, vamos muy bien.


Sinaloa vive en una especie de déjà vu sangriento: llegan refuerzos, desfilan uniformes, se multiplican los comunicados… y los muertos siguen cayendo con puntualidad burocrática. Junio cerró con 53 asesinatos diarios, exactamente el mismo nivel que mayo. Ni un punto menos, ni un atisbo de mejora. Como si la violencia hubiera decidido respetar su propia línea base, ajena a cualquier despliegue oficial.

El libreto ya es conocido. Ante el repunte, el Estado responde con más botas en la calle, más convoyes, más presencia visible. La apuesta es clara: saturar el territorio de fuerza. 

El problema es que la realidad no está cooperando. Porque mientras los efectivos aumentan, la violencia no cede; se adapta, se redistribuye o simplemente continúa como si nada.

Y no solo son los homicidios. El robo de vehículos también repunta, recordando que la inseguridad no es un fenómeno aislado ni espectacular, sino cotidiano y persistente. No se trata solo de balaceras que acaparan titulares, sino de una erosión constante de la vida diaria.

Made with Flourish • Create a chart

Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua. Si más soldados no significan menos violencia, entonces la pregunta incómoda no es cuántos efectivos hacen falta, sino qué estrategia está fallando. Porque insistir en la misma fórmula esperando resultados distintos empieza a parecer más terquedad que política pública.

Sinaloa, mientras tanto, sigue contando muertos con una precisión casi estadística. Y el mensaje implícito es inquietante: la presencia del Estado crece, pero su capacidad de control no necesariamente con ella.

Con información: NOROESTE/

«YA NO QUIEREN EXPORTAR TESTIGOS PROTEGIDOS ?: PAUSAN EXTRADICION a EE.UU del JARDINERO,CAPO del CARTEL de JALISCO»…ese que podria empinar medio mundo.


A ver si entendemos el chiste completo: en este país ya se han extraditado 92 capos del crimen organizado a Estados Unidos sin importar en que etapa iban sus procesos legales, muchos con amparos aun sin resolver. Noventa y dos. Una fila larga, constante, disciplinada… casi ejemplar.

Pero ahora resulta,que un tribunal Colegiado admitió la queja que el exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Audias Flores Silva, “El Jardinero”, tramitó luego de que un juez desechara su demanda de amparo para no ser entregado “fast-track” a los Estados Unidos.

El recurso será turnado a un magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a efecto de que formule al pleno un proyecto de sentencia sobre la queja de Flores Silva, quien desde el penal de máxima seguridad del Altiplano libra una batalla legal para no ser trasladado al vecino país del norte.

Cuando se trata del «jardinero del CJNG atorado” , el engranaje se “atora”.

Resulta que el personaje —presunto operador del cártel— logró frenar su entrega porque un tribunal decidió admitir una queja contra la negativa de amparo. Traducción: el sistema judicial encontró el espacio perfecto para hacer lo que mejor sabe hacer cuando quiere… detener el reloj.

Y aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua. Porque si el discurso es de combate frontal al crimen, cooperación internacional y cero tolerancia, ¿cómo se explica que 92 sí y este no? ¿Qué tiene de especial este caso? ¿El expediente? ¿El personaje? ¿O el momento político?

No es un tema técnico. Es un tema de consistencia.

Porque cuando la justicia es rápida para unos y garantista hasta el extremo para otros, deja de parecer justicia y empieza a oler a discrecionalidad. Y en un país donde el crimen organizado no solo disputa territorios, sino también narrativas, estos “detalles” pesan.

Al final, el mensaje que queda es incómodo: la maquinaria funciona… pero no siempre para todos igual.

Con información: ELUNIVERSAL/

EL «CHAPO la SINTIÓ DURA y PIDIÓ PARO: JUSTICIA del OTRO LADO del RÍO y la VALLA le DIO PORTAZO al BADIRAGUATENSE… sin tanto guato, ni con pala ni con abogados.


Un juez federal de Colorado dictó ayer martes sentencia en firme en contra de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, en respuesta a una demanda que el exlíder del Cártel de Sinaloa presentó por sus condiciones de reclusión en ADX Florence.

En la sentencia, difundida por el periodista Keegan Hamilton, el juez Gordon P. Gallagher concede a los acusados: Mistelle J. Starr, directora de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, y John Holbrooks, consejero penitenciario en Florence, la moción de desechar la demanda del “Chapo”, quien cumple sentencia de cadena perpetua.

La justicia en Estados Unidos el dijo «NO» con una velocidad que ni el túnel más sofisticado podría igualar. Esta vez, el protagonista del portazo judicial intentó revivir su ya de por sí desgastada narrativa legal, solo para encontrarse con un juez que, sin rodeos, le bajó la cortina al espectáculo: caso desechado, función terminada.

Porque sí, en algún punto alguien pensó que una demanda más podría cambiar el guion,eso no pasó. El capo que alguna vez burló sistemas penitenciarios completos con ayuda del mismo gobienro,ahora se topa con algo mucho más infranqueable: la indiferencia procesal. 

Ni túneles, ni contactos, ni mitología criminal alcanzan cuando el expediente simplemente no da para más. Y el juez, lejos de entrarle al drama, optó por lo más pragmático: cerrar el caso y seguir con su día.

Hay algo casi poético —y bastante irónico— en ver cómo quien construyó un imperio a base de esquivar la ley ahora queda atrapado en los tecnicismos de esa misma ley. El mensaje es claro: en este capítulo no hay fuga, no hay giro inesperado, no hay corrido que lo salve. Solo un seco “no procede” que retumba más fuerte que cualquier operativo.

Con información: ELUNIVERSAL/