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lunes, 8 de junio de 2026

«FUE APOYO de EX REO a PRÓXIMO RECLUSO: a WILLY lo METIERON al BOTE por SECUESTRO, lo RECICLARON y ahora el PALERO ENCOMIA a AMÉRICO…no tienen vergüenza ninguno.


El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica,ademas vocero de seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, salió este fin de semana a darle abrazo público al gobernador de Morena Américo Villarreal,esto tras las acusaciónes ventiladas por Steve Fisher, periodista de Los Ángeles Times ligando al mandatario investigaciones de EE.UU por trafico de huachicol. 

Pero no habló como funcionario, habló como deudor: “respaldo incondicional”, “fortalecimiento de las instituciones”, “Estado de Derecho”. El problema es que, en su propio historial, el único “Estado” que parece conocer de cerca es el penal de Ciudad Victoria.

El mismo funcionario que hoy se desvive en loas al mandatario que le dio el empleo, fue acusado de secuestro y el expediente fue tan dolosamente mal armado ,que tuvieron que sacarlo por la puerta legal de emergencia.

El comunicado: Willy, palero institucional

El pronunciamiento oficial de apoyo a Americo que firma Willy Zúñiga Castillo es el típico rosario burocrático: “respaldo incondicional al gobernador”, “fortalecimiento de las instituciones”, “paz y seguridad”, “Estado de Derecho”, todo bajo el sello de la Secretaría de Seguridad Pública. 

En el texto se arrodilla políticamente frente a Américo Villarreal, reconociendo su “compromiso” y prometiendo contribuir a un “Tamaulipas más seguro”, con instituciones sólidas y servidores “comprometidos con servir a la ciudadanía”.

No es un mensaje técnico, tampoco oficial y menos de seguridad,es un acto de fe: se declara soldado del gobernador garante del orden, la legalidad y la gobernabilidad, justo cuando lo que se discute públicamente son los vínculos criminales del gobierno de Américo exhibidos en investigaciones periodísticas, incluida la cobertura de Los Angeles Times sobre el trafico de huachicol,que derivaron ya en el retiro de su visa, pero le abren la puerta para que continue su labor de informante.

El perfil de Willy : del antisecuestros al anti-escrúpulos

El texto de Revista Vertical recuerda que a Willy Zúñiga, alias “Ladrillo”, no lo inventaron los memes: lo acusaron de privar de la libertad a una persona y estuvo encarcelado hace alrededor de diez años, para luego ser reciclado como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero del gobierno de Tamaulipas.

La crónica detalla que, cuando trabajaba en Hidalgo, Tamaulipas, él y Pedro Efraín González Aranda, entonces director de Averiguaciones Previas, terminaron casi dos años presos en el penal de Ciudad Victoria por un secuestro cometido en estado de ebriedad, identificado directamente por la víctima después del pago del rescate.

De los antecedentes del caso, los que no han sido borrados pues estan fuera de su control, quedaron asentados en expedientes federales de solicitudes de amparo por parte de los detenidos a los que podemos acceder en su totalidad y que alejan cualquier pensamiento que gire en torno al infundio,los ataques a la soberanía, lo poco patriotas o la ultraderecha gringa.

Gonzalez Aranda,otro de los detenidos con Willy, tambien fue recientemente reciclado, pues el pasado mes de Marzo fue nombrado Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto y Violaciones a Derechos Humanos por el Fiscal General Jesus Eduardo Govea Orozco,tambien detenido en 2002 por servir al Cartel del Golfo,solo que el permaneció solo 7 meses preso en el penal federal de La Palma,hoy del Altiplano.

Según la informacion, «en el reclusorio no se arrepintieron,se perfeccionaron” y siguieron estudiando con la gente del crimen organizado, hasta que el Supremo Tribunal de Justicia los liberó por expedientes mal integrados, y más tarde reingresaron a la Procuraduría de Tamaulipas ya con expediente y antecedentes “borrados”, incluida una orden de reaprehensión que habría sido literalmente quemada.

Vertical añade que Willy terminó como coordinador antisecuestros, director de delitos de alto impacto, fiscal en desapariciones y luego rector de la Universidad de Seguridad y Justicia a la llegada de Américo Villarreal, al tiempo que crónicas lo señalan por operar con “su propia banda” para arreglar rescates, antes de volver a Tamaulipas para cobrarle el favor político a Américo y convertirse en su vocero de Seguridad.

El contexto: por qué le sirve a Américo

Vertical apunta que Willy no llega a Américo por mérito moral sino por utilidad política: le prometió al gobernador que ahora es “nueva fuerza de Morena” pese a su pasado priista y, sobre todo, que ya “se estaba portando bien”, y a cambio se le paga un favor personal con cargos clave en seguridad.

En un escenario donde medios nacionales e internacionales han ventilado señalamientos sobre la relación del actual gobierno con estructuras criminales,como lo hizo el propio Salvador Garcia Soto,de El Universal, con Willy Zuñiga, tener como vocero de seguridad a alguien con acusaciones tan graves de secuestro, prisión previa y expedientes borrados no es un descuido, es un mensaje: la lealtad cuenta más que la reputación.

Por eso su respaldo “incondicional” al gobernador no es una expresión de ética pública, sino una confesión de dependencia política: el hombre al que el sistema sacó del penal, recicló en las fiscalías, acomodó en la universidad de seguridad y sentó frente a la cámara como vocero, hoy devuelve favores blindando al gobernador en pleno fuego mediático.

Desmenuzando el contraste: la moral de cartón

  • Cuando el comunicado habla de “fortalecer las instituciones”, Vertical recuerda que a Willy le borraron antecedentes, expediente y hasta una orden de reaprehensión, justo el tipo de manipulación institucional que destruye cualquier Estado de Derecho.
  • Cuando en el boletín dice que se privilegia “la legalidad y el bienestar de los tamaulipecos”, el texto de Vertical relata que un fiscal antisecuestros terminó en el penal por secuestrar, y que su paso por prisión fue escuela para perfeccionar su relación con el crimen organizado.
  • Cuando el pronunciamiento presume “instituciones sólidas con hombres comprometidos con servir a la ciudadanía”, la crónica cuenta que esos mismos hombres regresaron a la Procuraduría con el pasado “limpiado” a conveniencia, y luego fueron premiados con cargos de alto impacto y control de información sensible.

Así, el mensaje oficial sin fecha y sin firma, intenta vender a Willy como garante del “Estado de Derecho”, mientras el relato periodístico lo ubica como producto de un Estado de chueco: uno que encarcela, negocia, borra expedientes y luego recicla a sus propios fantasmas en puestos de poder.

Con informacion: REVISTA VERTICAL/ARCHIVOS CJF/

LA «MARINA ASIGNÓ VIGILANCIA en AEROPUERTO de CDMX a SOCIOS de CRIMINALES que TRAFICABAN ARMAS y PERMISOS»…tambien con ayuda del ejercito.


La Secretaría de Marina (Semar) asignó la vigilancia de los puntos de inspección y salas de espera de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que recibirán a los visitantes extranjeros en pleno Mundial, a dos compañías que han tenido como socios y operadores a presuntos integrantes de una red de tráfico de armas.

Una de ellas es SERPROSEP S.A. de C.V. que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias «Yoryi», y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.

Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.

La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King S.A. de C.V., donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros funcionarios con SERPROSEP.

Las actas mercantiles muestran que ambas compañías han alternado a un reducido grupo de personas en los cargos de socios, administradores, comisarios, apoderados y delegados.

José Ángel Gómez Hernández fue socio fundador y primer administrador en las dos empresas; Oscar Humberto Bistrain Tenorio, fue accionista inicial de SERPROSEP, y designado apoderado de Armour King en la misma asamblea en que se dieron poderes a Alberts Ponce, mientras que Christian Pablo Varela Escobedo aparece como representante recurrente en asambleas de ambas compañías, además de fungir como representante legal en SETER, otra compañía de seguridad que según la FGR era usada para traficar armas.

Las dos compañías contratadas por la Marina para la seguridad de ambas terminales del aeropuerto capitalino han reportado como su domicilio una casa ubicada en la calle Séneca 350 en Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. Esa misma propiedad, como reveló MCCI, también la ha ocupado la empresa Acurgen, en la que son socios Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga.

MCCI revisó la totalidad de las actas que SERPROSEP y Armour Kingtienen inscritas en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, y constató que entre los documentos disponibles para consulta no existe ninguno que dé cuenta de la salida de Alberts Ponce y de Sáinz de la Maza Zúñiga de esas empresas.

En junio de 2025, la Marina otorgó a SERPROSEP un contrato por cerca de 317.3 millones de pesos para otorgar el servicio de seguridad y vigilancia en los puntos de inspección de personas y salas de espera en el área internacional de la Terminal 1. El contrato tiene una vigencia de dos años, hasta mayo de 2027.

Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

LOS EMPRESARIOS Y PRESUNTOS TRAFICANTES

De la causa penal que la Fiscalía General de la República sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñigaoperaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban.

Para ello -siempre según el expediente de la FGR-, mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente.

El grupo, encabezado por Alberts Ponce y por Jacobo Reyes León, alias «Yaicob», surtía de armas rematriculadas a cárteles de la droga; según el expediente de la FGR, recibían el armamento con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes SegurimexServicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), compañías controladas por Alberts Ponce. De esta forma, los criminales evitaban ser detenidos en flagrancia por fuerzas del orden.

Alberts Ponce habría realizado estas actividades delictivas en coordinación con personas bajo su mando directo, entre ellas Sandalio Sainz, quien ha sido su socio en SERPROSEP y con quien participa también en Armour King, ambas encargadas de vigilar las instalaciones del AICM.

«De la misma intervención de comunicaciones del número telefónico de Jorge Alberts Ponce, se advierte el cómo dirige su actividad criminal, el tráfico y venta de armas de fuego Jacobo es el encargado de ver todo en Tamaulipas en donde están armando a la persona con alias el CAPE CAFEX, quien es un líder del Cártel del Golfo, aunado a que también apoyan a gente de Tijuana para que les hagan entrega de las armas de fuego», se lee en el expediente.

En distintas partes de la causa penal se hace referencia a múltiples comunicaciones donde los involucrados, entre ellos Alberts Ponce, alias «Yoryi», hablan de la venta y renta de armas como revólveres y escopetas, operaciones en las que participa Sainz de la Maza Zúñiga, y del tráfico de licencias de portación de las mismas, que conseguían gracias a la colusión de miembros del Ejército.

Alberts Ponce, cuyas empresas ahora se encargan de vigilar las instalaciones del AICM, también incursionó en el tráfico de huachicol. Esto quedó de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se advierte que el empresario participa en la importación de hidrocarburos que la red ingresaba al país ilegalmente desde Guatemala.

POSTURA DE MARINA

MCCI contactó el 5 de junio a la Secretaría de Marina -que opera y administra el AICM– y se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó si la dependencia tenía conocimiento de que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.

MCCI también preguntó a la Marina si desconocía que Alberts Poncecuenta con una orden de aprehensión en su contra y si no considera que existen riesgos en que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.

El sábado 6 de junio, la Marina, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, contestó que «de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores con los señalamientos que hoy se conocen a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen las investigaciones respectivas y determinen lo conducente».

La dependencia también dijo que «hasta no contar con una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos».

BAJO LA LUPA

En junio de 2025, la Marina otorgó cuatro contratos para vigilancia en el AICM a empresas cuyos socios son investigados por la FGR:

Con informacion: ELNORTE/

«PODER JUDICIAL del ACORDEON AUSTERO quiere CONTRATAR VALET PARKING para ESTACIONAR sus AUTOS con COSTO al CONTRIBUYENTE»…pero nomas pa’los de «arriba».


Porque nada grita más “justicia para todos” que un servicio de valet parking exclusivo para los altos mandos, el Poder Judicial que llegó por la via del acordeón decidió que caminar unos metros desde el estacionamiento es, aparentemente, una carga inconstitucional.

Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana, en los pasillos de mármol parece que la prioridad es otra: que ministros, magistrados y compañía no tengan que lidiar con el mundano acto de estacionar su propio coche. ¿El argumento implícito? Que su tiempo es demasiado valioso… aunque las sentencias tarden años.

En la licitación OAJ/SEA/ DGRM/ITP/011/2026, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la contratación de este servicio proporcionará el acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se realicen con eficiencia y utilizando los productos correctos.

El detalle no es menor. En un país donde la justicia suele llegar tarde, mal o nunca, la preocupación logística de las élites judiciales revela una desconexión bastante grotesca con la realidad. Para el ciudadano común, el acceso a la justicia implica filas interminables, trámites opacos y resoluciones que se evaporan en la burocracia. Para la cúpula, en cambio, el problema urgente es quién les recibe las llaves del auto.

El famoso “acordeón” —ese mecanismo ilegal que los empoderó, ahora ya en el cargo parece extenderse también a los privilegios cotidianos. Porque no basta con el poder: hay que administrarlo con comodidad.

Y así, mientras afuera se acumulan expedientes, víctimas y pendientes, adentro se afinan los detalles del servicio de valet. No vaya a ser que la justicia llegue… pero con los zapatos incómodos.

Al final, el mensaje es claro: hay dos velocidades en el sistema judicial. Una para quienes esperan justicia, y otra —mucho más ágil— para quienes exigen que les estacionen el coche.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«14 MUERTOS y 18 MIL MILLONES DESPUES: GOBIERNO de CORRUPTOS VA CAMBIAR el TRAZO del TREN INTEROCEANICO»..dijeron problema era la velocidad,ahora el problema es la vía.

El Tren Interoceánico no descarriló en diciembre pasado: llevaba años fuera de la vía… solo que nadie quería admitirlo.

Durante todo el sexenio anterior, el Gobierno federal se gastó más de 18 mil millones de pesos en “arreglar” la Línea Z, ese tramo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz que, en teoría, iba a competir con el Canal de Panamá y, en la práctica, apenas compite con una vía de tren abandonada.

Pero llegó la realidad en forma de tragedia: 14 muertos en un descarrilamiento. ¿La explicación oficial? Los maquinistas iban rápido. Claro, porque en México nunca falla la vieja confiable: la culpa siempre es del operador, nunca del sistema.

El problema es que los documentos dicen otra cosa. Desde 2019 se sabía que la ruta estaba llena de curvas imposibles, pendientes absurdas y un terreno que parece diseñado para sabotear cualquier tren. Cinco años después, la propia empresa estatal reconoció que todo seguía igual. Traducción: miles de millones después, no se arregló nada.

Eso sí, el presupuesto sí creció. De 8 mil millones a más de 18 mil millones de pesos. Porque si algo funciona perfecto en la administración pública mexicana, es gastar más cuando algo no funciona.

¿Y los resultados? Marginales, por decirlo bonito. En 2025, la Línea Z generó apenas 94 millones de pesos en carga. El tren de pasajeros —ese añadido improvisado de última hora— vendió boletos por unos raquíticos 15 millones. Ni para la nómina alcanza, pero eso sí, hay souvenirs.

Y cuando parecía que ya no podía ponerse más absurdo, llega el nuevo anuncio: hay que cambiar el trazo. Sí, el mismo trazo que llevaban años “corrigiendo” y certificando con otros 66 millones de pesos en estudios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ahora promete una inversión “muy importante” para rehacer lo que nunca se pudo arreglar. Porque resulta que esas famosas curvas —las “orejas de conejo”— siguen siendo igual de peligrosas que siempre. Justo ahí donde ocurrió el descarrilamiento.

En resumen: primero dijeron que el problema era la velocidad. Ahora resulta que el problema era la vía. Y mientras tanto, el dinero público sigue viajando… pero sin descarrilarse jamás.
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Con informacion: ELNORTE/

LA «JUGADA MUNDIALISTA DEL TITÁN: CAPO HUACHICOLERO ESCAPA DEL PENAL Y CON AYUDA DE JUEZ TENDRÁ HOSPITAL COMO PRISIÓN»…justicia del acordeón se estira para el fuerte, se encoge para el jodido


La jugada es la de siempre: 
el expediente dice “prisión preventiva”, pero el juzgado la traduce a “habitación con gotero y tele de plasma”. En papel parece justicia; en la práctica es la versión jurídica del túnel de El Chapo, nada más que con bata blanca y diagnóstico premium.

La postal del “malo enfermito”

En la foto, la real,no la generada por IA ,el detenido aparece con la clásica coreografía de presentación de trofeo: lona de Marina detrás, marino camuflado a un lado y el presunto generador de violencia al centro, esposado, playera informal, pose de “yo qué”. Es la liturgia mediática del Estado fuerte: el gobierno lo exhibe como si ya fuera condenado, aunque legalmente sigue siendo “presunto”.

Esa escena es útil mientras sirve para inflar estadísticas, ruedas de prensa y tuits triunfalistas. Después, cuando la carpeta llega al juez, el mismo personaje que era “peligrosísimo” se convierte, mágicamente, en “paciente de alto riesgo” con un expediente médico más gordo que la acusación penal.

Del capo al “cardiópata de alto riesgo”

El caso de José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, es el manual de operación: el gobierno federal lo señala como líder de célula afín al Cártel del Noreste, ligado al huachicoleo, pero en cuestión de semanas deja el penal y se instala en el Hospital Universitario, donde seguirá su proceso. No es libertad, dicen; es “prisión preventiva en centro médico”, un eufemismo que en la práctica significa menos barrotes y más comodidades, siempre y cuando no se escape el “paciente”.

El juez Primero de Distrito, Mario Melo Cardoso, le concede una suspensión en el juicio de amparo 476/2026 para que esa prisión preventiva se ejecute en un hospital y no en un penal. Sus abogados argumentan un combo clínico de catálogo: problemas cardiacos, probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda; es decir, un expediente que lo pinta al borde del colapso, menos cuando dirigía, presuntamente, una célula criminal.

Artículo 166: la salida de emergencia de los de siempre

El truco está normado: el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que, si el imputado tiene enfermedad grave o terminal, el juez ordene que la prisión preventiva se ejecute en domicilio o centro médico. 

La intención era humanitaria; en manos de ciertos jueces y despachos se volvió la puerta VIP para el crimen organizado y para cualquier imputado con presupuesto suficiente para “documentar” su gravedad.

Los criterios judiciales aclaran que esta modalidad debería ir acompañada de vigilancia, supervisión y medidas cautelares serias, pero en la realidad mexicana esas condiciones terminan diluidas entre oficios que nadie revisa y policías que nadie ve. La ley dice una cosa; el ecosistema de complicidades la convierte en un simulacro donde el acusado sale del penal y entra al limbo médico-jurídico.

La justicia del acordeón: se estira para el fuerte, se encoge para el jodido

Mientras un líder de célula criminal puede salir del penal envuelto en diagnósticos sofisticados y medidas cautelares “de hospital”, el detenido pobre sin abogado de élite se queda pudriéndose en prisión preventiva por delitos mucho menores. La consigna constitucional de que “todos somos iguales ante la ley” aplica sólo hasta que entra en escena el juez del acordeón: al poderoso se le estira la norma, al indefenso se le encoge hasta asfixiarlo.

Lo que se vende como respeto a derechos humanos termina siendo un vulgar escape de prisión maquillado con lenguaje procesal y firmas en papel membretado. Cambias barrotes por bata, custodios por enfermeros, celda por cuarto de hospital, y listo: la estadística oficial dice “sigue bajo prisión preventiva”, pero el mensaje al resto del crimen organizado es clarísimo: con el médico correcto y el juez adecuado, la cárcel es opcional.

Con información: ELNORTE/