La nota oficialista presenta sin rubor la informacion que cita una disminución en la tasa de la incidencia delictiva en Tamaulipas como un logro, pero el documento original del INEGI de SEPTIEMBRE de 2025 y que «la nota no exhibe,seguramente por otra lanota» , muestra señales recurrentes de sesgo al enfocarse únicamente en la baja tasa, omitiendo datos problemáticos como la alta cifra oculta (93.2% de delitos no denunciados y si no denuncian, la tasa baja) y ademas no menciona la alta percepción de inseguridad de los ciudadanos del 77.4%.
«Que dice la nota oficialista lamebotas»:
«…De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025, (ENVIPE), presentada el 18 de septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), durante el 2024 Tamaulipas registró en el país, la segunda tasa más baja de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, reflejando el esfuerzo que realiza el gobierno de Américo Villarreal Anaya, alineado a los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal.
La ENVIPE, destaca el lugar que ocupó Tamaulipas en el ranking nacional en 2024, con una tasa de víctimas de delito de 16,537 por cada 100 mil habitantes, por abajo del promedio nacional de 24,135 víctimas, que representa una disminución de 8.7% respecto a la tasa registrada en el año de 2023, y lejos de las tasas más altas registradas en 2024, de 34 851, 30 804 y 30 498, que ocuparon los primeros tres lugares.
Asimismo, esta encuesta del INEGI colocó a Tamaulipas entre los siete estados con la tasa más baja de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, con 25,116, igualmente por debajo de la media nacional de 34,918 delitos y muy distante de las entidades que encabezaron la tabla de la ENVIPE, con tasas de 54,473, 48,426 y 45,107 delitos.
Son cifras que avalan el esfuerzo realizado por el gobierno que conduce el doctor Américo Villarreal Anaya, para reducir la inseguridad pública y construir un entorno de paz en Tamaulipas, alineando su mandato a los ejes rectores de la Estrategia Nacional de Seguridad, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.»…Opinion Publica/
Análisis del documento original del INEGI:
Efectivamente Tamaulipas reporta una de las tasas de victimización más bajas del país en 2024 (16,537 por cada 100 mil habitantes), sólo por detrás de Chiapas y Michoacán.
Sin embargo, la encuesta señala que a nivel nacional únicamente se denunció el 9.6% de los delitos, y en Tamaulipas la cifra de no denuncia ni siquiera es abordada en el discurso oficialista.
Aunque la tasa bajó -8.7% frente a 2023, en 17 estados no hubo cambio estadísticamente significativo, lo que sugiere que la baja no es uniforme ni necesariamente resultado directo de una política local específica.
Sesgos recurrentes en la presentación oficialista
El enfoque recae principalmente en la disminución de la tasa, sin mencionar la percepción de inseguridad o el temor que mantiene a ciudadanos restringiendo sus actividades cotidianas (46.4% dejó de salir de noche; 62.6% no deja salir a menores sin compañía).
No se contextualiza la cifra oculta ni que Tamaulipas, pese al descenso, no es un caso aislado; otras entidades también presentan cambios, y en algunos casos aumentos.
La narrativa omite la baja efectividad en la resolución de denuncias (sólo en 0.8% del total de los delitos el resultado fue positivo para la víctima).
Conclusión
La disminución de la tasa de incidencia delictiva en Tamaulipas, resultado de la poca fe de los ciudadanos para denunciar,es aprovechada de manera sesgada al no situarse críticamente frente al contexto nacional, la cifra oculta, la percepción de inseguridad y la eficacia judicial. La presentación oficialista omite estos factores de manera dolosa y resalta únicamente el indicador favorable porque asi lo determina la paga mensual.
Otra noche de adrenalina en Salinas Victoria: un tipo que, según el «secreto a voces», sería ex-militar,identificado solo como Uriel, de 31 años, decidió que discutir no era suficiente y sacó el arma larga en plena Colonia Fuentes de Castilla cerca de las 23:20. Tras una pelea que subió de tono, le disparó a su ex pareja.
Por fortuna, la bala solo le rozó el glúteo a la mujer; probablemente fue el ángulo, o quizá gracias a la mala puntería de Uriel que no era para presumir en el ejército.
La escena siguió como de reality show: vecinos grabando, patrullas llegando a todo volumen, y nuestro protagonista huyendo en una Grand Cherokee blanca, pero la persecución terminó con balazos incluidos,hasta que chocó un modesto Tsuru y acabó haciendo acrobacias sobre una rotonda en Nueva Castilla.
Ahí lo cazaron los polis, ya con su dosis de plomo encima y Uriel se fue directo al hospital, pero escoltado .
Mientras tanto, los curiosos ya sabían que la «arma larga» quedó asegurada dentro de la Cherokee junto con el ego hecho pedazos de su dueño. La víctima fue atendida, sin lesiones graves, y las autoridades arman el expediente con los restos de la escena, porque en México «parece broma, pero es anécdota» de casi todos los días en estado que se puso Nuevo y se puso Leon.
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana Tena, pidió que se investiguen todos los vínculos de Sergio Carmona, conocido como el «rey del huachicol«, con actores políticos de Morena, incluso los contratos que obtuvo durante el gobierno del ex mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.
El PAN exige también que se indaguen los vínculos de servidores públicos y actores políticos, tanto actuales como anteriores, exigiendo consecuencias legales para los responsables, sin importar el partido político al que pertenezcan.
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha solicitado investigar los vínculos de los Carmona no solo en Tamaulipas sino a nivel nacional, señalando la necesidad de transparencia sobre contratos y la relación de los Carmona con múltiples gobiernos estatales y el federal, incluyendo el financiamiento ilícito y relaciones con grupos criminales.
«Era un contratista de gobiernos, antes de que se pasara el chicle con Ricardo Peralta, director General de Aduanas, quien designó a su hermano -Julio Carmona- en Reynosa, Tamaulipas, con el objeto de traficar combustible ilegal, mejor conocido como huachicol fiscal», señaló.
El llamado a investigar involucra a todos los sectores políticos y sociales de Tamaulipas debido al amplio entramado de corrupción y presuntos desvíos de recursos asociados a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca (CDV), en complicidad con las empresas de los hermanos Carmona, quienes también habrían financiado campañas políticas, incluyendo la del actual gobernador Américo Villarreal y otras figuras politicas.
Comisión Especial Plural en el Congreso
El Congreso de Tamaulipas ,dominado por morena y dominados por Americo Villarreal,crearon una comisión especial, integrada por representantes de todas las fuerzas políticas (Morena, PAN, PT, PMC, PRI), para dar seguimiento a 70 denuncias formales contra la gestión de Cabeza de Vaca.
Las denuncias principales provienen de la Secretaría de Salud estatal y se relacionan con contratos por más de 340 millones de pesos, en su mayoría adjudicados a empresas de los Carmona.
Contexto y Relevancia Social
La indignación pública y la demanda de rendición de cuentas crecen porque el caso involucra recursos que debían haber sido destinados a hospitales y medicinas, así como el presunto uso político-electoral de fondos desviados, lo que extiende la responsabilidad a toda la clase política y entidades de gobierno.
La apertura de investigaciones y auditorías incluye el periodo 2017–2018, pero también abarca los últimos dos sexenios y campañas políticas estatales.
El caso ha sido usado políticamente por Americo Villarreal , pero la cantidad de actores implicados y la creación de comisiones plurales evidencian que el reclamo es transversal y exige la colaboración de instituciones, partidos y sociedad civil para esclarecer y sancionar, caiga quien caiga y un verdadero tope en donde tope, pero no de los que nunca llegan al tope, sello del actual gobierno federal.
En conclusión, este llamado a investigar “incluye a todos” porque busca romper con la impunidad y el encubrimiento histórico que tácitamente ha protegido a redes político-empresariales, y obliga al involucramiento de todas las fuerzas políticas, el Congreso local y nacional, y la sociedad para asegurar que se castigue a los responsables sin distingos de partido ni cargo, porque todos estan embarrados de todo.
David Trejo Cervantes, el médico naval que en el Laboratorio Central de Aduanas confundió —o hizo como que confundía— gasolina contrabandeado en buques con aceite, no fue sancionado: la Secretaría de Marina lo premió con el grado de Capitán de Navíoen julio de 2024, un peldaño previo al Almirantazgo. Sí, en México el dislate se vuelve currículo cuando tus fuerzas armadas y tu gobierno son corruptos.
Trejo no es cualquier improvisado: se trata de un cirujano plástico, estético y reconstructivo, con trayectoria en el Sector Naval y consultas privadas donde promete devolver rostros a quienes la vida destrozó. En 2019, como jefe de Servicio de Cirugía Plástica del Centro Médico Naval, advertía sobre los vacíos regulatorios en la cirugía estética. Entonces hablaba de identidad y de devolver luz a los desfigurados. Hoy, irónicamente, se mueve entre sombras que huelen a solvente, gasolina y negocios turbios.
Desde 2002 surgió de la Escuela Médico Naval como médico cirujano. Después escaló: director del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, jefe de División de Cirugía… Y de pronto, sin mayor justificación técnica, administrador del contrato de modernización del Laboratorio Central de Aduanas en 2024. Ahí supervisó la compra de reactivos químicos: alcohol etílico, diclorometano, hexano, pentano, nicotina… un cóctel químico en el que, paradójicamente, se “resbaló” la verificación técnica que permitió el ingreso de gasolina disfrazada, en uno de los fraudes más finos del llamado huachicol fiscal.
El propio documento de la Agencia Nacional de Aduanas advertía que sin insumos el laboratorio se enfrentaba a riesgos para garantizar ingresos fiscales. Tenían claro el peligro: no dar atención a esas necesidades pondría en riesgo los intereses de la ANAM y del Gobierno de México. Y sin embargo, eso mismo ocurrió bajo la supuesta “modernización”.
Resultado: en lugar de enfrentar responsabilidades administrativas o penales, Trejo Cervantes recibió medallas, galones y un impecable ascenso. La paradoja es grotesca: el cirujano que en el quirófano hablaba de devolver dignidad, en aduanas acabó anestesiando dictámenes, maquillando trámites y validando gasolina como si fuera aceite.
En un país donde el mérito suele ser la opacidad y la consecuencia la promoción, la carrera del Capitán de Navío David Trejo Cervantes es hoy ejemplo quirúrgico de cómo se injerta la mediocridad en las estructuras de poder con el aval del poder.
En medio de lo que ya es considerada la mayor conspiración político-criminal para saquear al erario federal con casi 600 mil millones de pesos por las importaciones clandestinas de huachicol fiscal desde Estados Unidos en el pasado sexenio, el fantasma del empresario que manejó originalmente este esquema de evasión de impuestos desde las aduanas de Reynosa y Matamoros resurge de ultratumba para recordar que su asesinato, en una barbería de San Pedro Garza García, el 22 de noviembre de 2021, sigue impune y nunca se investigó a fondo quién ordenó su ejecución realizada por tiradores profesionales que lo mataron mientras le cortaban el pelo, en un crimen del que no quedó ningún registro en video ni ningún testigo, a pesar de que ocurrió en el municipio más videovigilado de México.
Y es que Carmona y su casi perfecta ejecución, que no dejó rastro alguno ni se esforzaron mucho por investigar en la Fiscalía de Nuevo León, recuerda más a una operación de Estado que a un crimen del narcotráfico, no sólo por la forma en que se deshicieron del empresario que había financiado las campañas de Morena en al menos cinco estados de la República y que operaba con la total protección e impunidad que le brindaban desde el gobierno federal, que le había “concesionado” desde el arranque del sexenio del presidente López Obrador, la aduana de Reynosa para que fuera operada por él y por su hermano Julio Carmona Angulo, cuando el director de Aduanas Nacionales era Ricardo Peralta.
Entre 2018 y hasta su muerte en 2021, Sergio Carmona pasó de ser un empresario y contratista menor del gobierno de Tamaulipas, en el sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, a convertirse en el creador de un emporio huachicolero que le generaba ingresos millonarios, lo que le valió el mote del “Rey del Huachicol”, algo que logró por su habilidad para el negocio ilegal, pero también por la protección que le otorgaban desde las áreas de inteligencia militar del gobierno lopezobradorista, a donde él siempre decía que se “reportaba” con “el de las botas” en referencia a un general retirado del Ejército al que ubicaba como su “jefe” y quien controlaba el negocio huachicolero desde el gobierno federal.
Mientras apoyó a Morena con generosas sumas de dinero, lo mismo para financiar campañas de alcaldes y diputados tamaulipecos, como para impulsar a cinco candidatos a gobernadores en las elecciones de 2021, Carmona fue un empresario útil para el sistema, que ayudó a consolidar el crecimiento del partido oficial en los estados.
Su relación cercana con el hoy alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, quien en aquellos años era presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, lo llevó a tener una relación cercana con la dirigencia nacional morenista que encabezaba Mario Delgado, quien llegó a utilizar sus camionetas y hasta sus aviones para sus giras por Tamaulipas, algo que también les daba a varios alcaldes de ese estado.
Pero cuando el perfil de los hermanos Carmona Angulo, especialmente de Sergio se volvió muy mediático y su nombre comenzó a aparecer en reportajes y columnas periodísticas, su figura y su actividad huachicolera se volvieron demasiado visibles y sus conexiones políticas con Morena comenzaron a llamar la atención no sólo de la prensa mexicana sino también del gobierno de Estados Unidos que abrió un expediente en el ICE para investigar la actividad criminal del empresario tamaulipeco y sus vínculos financieros con el partido gobernante en México.
Carmona pasó entonces de ser un “generoso financiero” a convertirse en un “personaje de alto riesgo” para Morena y para el gobierno lopezobradorista.
Unas semanas antes de que fuera ejecutado en Nuevo León, el empresario huachicolero le había revelado a personas cercanas de su equipo que se había reunido con capos de algunos cárteles de la droga, a saber con los de Sinaloa y los del Golfo, y que buscaba insistentemente reunirse con la gente de Nemesio Oseguera “El Mencho”, porque, según les dijo a sus amigos, “les estoy proponiendo un acuerdo de paz” que le había pedido negociar su jefe “el de las botas”.
Hay incluso una versión que surge también de su círculo más cercano, que afirma que antes de morir, Sergio Carmona ya había sido contactado por agentes del gobierno de los Estados Unidos que le habían informado de la investigación abierta en su contra y le habían ofrecido hacer un acuerdo de colaboración para que diera información sobre sus actividades criminales, sus millonarias ganancias y los presuntos financiamientos a campañas oficiales en México.
El contacto se había producido ya en San Pedro Garza a donde él se había ido a vivir y donde, unos días después, la tarde de aquel 22 de noviembre, lo sorprendieron las balas de dos tiradores que le dispararon en la cabeza y el cuello, mientras él estaba relajando en la silla de la peluquería.
Con todo y las casi 3 mil cámaras de videovigilancia que tiene el municipio de San Pedro Garza, monitoreando sus principales calles y avenidas, no se conoció nunca un video o un seguimiento en el sistema de vigilancia del área Metropolitana de Monterrey donde existen en total casi 12 mil cámaras, contando las de San Pedro. No hubo testigos más allá de quienes presenciaron el brutal asesinato en la barbería.
Lo que siguió después de su asesinato fue una investigación casi sigilosa y totalmente hermética de las autoridades de la Fiscalía de Nuevo León que, en medio de presiones y reclamos por la falta de información, nunca arribaron a alguna conclusión sobre los asesinos materiales e intelectuales y archivaron el caso sin darle mayor importancia.
Se sabe, por ejemplo, que un periodista de un medio de Monterrey, que había seguido de cerca la investigación y estaba revelando información, fue reconvenido por su editor que le pidió que ya no siguiera el tema “porque tenemos instrucciones de no publicar más de ese caso”.
A Carmona claramente lo eliminaron para silenciarlo, porque se había vuelto un peligro para quienes lo protegían políticamente, pero también para arrebatarle el millonario negocio que había construido con laimportación ilegal de combustibles a través de las estratégicas aduanas tamaulipecas.
El portal Código Magenta, que dirige el periodista Ramón Alberto Garza, publicó un reportaje en el que sostenía que, tras el asesinato de Sergio Carmona, quién heredó el negocio huachicolero en Reynosa fue Angel Arnoldo Ramírez Salinas, empresario tamaulipeco con nacionalidad mexicana y estadounidense, quien mantuvo las conexiones de la Aduana de Reynosa y las ligas políticas de Carmona.
Ramírez Salinas tenía como registro de su domicilio la calle 9 No. 590 B, que era la misma dirección con la que Sergio Carmona y su esposa Perla McDonald dieron de alta en el año 2011 a su empresa Grupo Industrial Permart, S.A. de C.V., lo que confirmaba que él había continuado al frente de los negocios del empresario asesinado.
Pero Angel Arnoldo también tuvo un final trágico: el pasado 26 de abril el vehículo en el que viajaba en la carretera de Guadalajara a Colima se desbarrancó provocando la muerte del empresario y su acompañante. En Colima, según información que manejaban en el gobierno federal, vivió Julio Carmona Angulo, quien se mudó a ese estado tras la muerte de su hermano, antes de convertirse en testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.
Justo en las fechas en que murió Angel Arnoldo, el FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había emitido un informe detallado en el que documentaba cómo operaba el negocio del “huachicol fiscal” a través de las importaciones ilegales de petróleo crudo que era llevado a Texas para su refinación y que después regresaba a México convertido en gasolinas que eran introducidas por las Aduanas mexicanas como “aceites” u otras sustancias, todo en coordinación y complicidad entre las autoridades aduanales y los cárteles de la droga mexicanos.
Lo que pasó a partir de 2021, tras la muerte de Carmona, fue un cambio importante en el negocio millonario del huachicol fiscal, que empezó a ser manejado desde el propio gobierno federal que lo amplió ya no sólo a las aduanas terrestres de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, sino a las marítimas y ahí la operación se le encargó a la Secretaría de Marina, que creó toda una red de contrabando de combustibles a través de los puertos de Guaymas, Sonora; Dos Bocas, Tabasco; Manzanillo, Colima, donde también los marinos controlaban todo tipo de contrabando, y en los puertos de Tampico y Altamira, por donde entraron hasta 14 buques tanques en los últimos meses, aunque se presume que fueron muchos más en el sexenio pasado.
Hoy, lo que ven con asombro los mexicanos, es apenas la punta del “iceberg” de lo que ocurrió con el negocio multimillonario del huachicol fiscal administrado y operado desde el gobierno, con la participación directa de la Marina, que tenía como operadores visibles a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante secretario Rafael Ojeda, pero que tenía también la protección desde las más altas esferas militares, navales y políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ante todo eso es inevitable revivir al fantasma de Sergio Carmona y preguntar, a casi cuatros años de su ejecución no investigada ni aclarada: ¿quién ordenó su muerte, quién la ejecutó y quienes fueron los herederos finales del millonario negocio del contrabando de combustibles en México que nos ha dejado el desfalco más grande en la historia con más de medio billón de pesos? Y en la respuesta a esa pregunta, todos los caminos llevan hacia el Palacio Nacional.
A plena luz del día, en el mismísimo Boulevard Jesús Kumate, la nieta del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), se convirtió en protagonista involuntaria de un ataque a balazos que dejó a dos escoltas heridos y a la narrativa oficial tambaleando.
La camioneta blindada de privilegios recibió lluvia de plomo, pero —casi por milagro gubernamental— la nieta salió ilesa. El detalle incomoda: la explicación suena a cuento chino.
El Gobernador Rocha, con gesto solemne, jura que todo fue “un intento de robo de camioneta”. Ajá. Como si un grupo de asaltantes se levantara en la mañana y dijera: “¿Y si hoy asaltamos una troca con escoltas armados del gobernador de Sinaloa?”.
Las piezas que no encajan
Los “asaltantes” dispararon ráfagas contra un convoy custodiado. ¿Quién demonios asalta a policías armados?
La camioneta quedó hecha pedazos a tiros. ¿De verdad iban a cargar con un chatarra móvil agujereada en plena avenida?
Todo ocurre justo el día que aterriza en Culiacán la plana mayor de la seguridad nacional: Omar García Harfuch, Defensa, Marina y Guardia Nacional. ¿Coincidencia o mensaje?
El ataque se da horas después de la reunión en la base aérea militar. ¿Casualidad o recordatorio de quién manda las reglas en Sinaloa?
El teatro de la narrativa oficial
Mientras los escoltas sacaban la peor parte, pues se presume un disparo en la cabeza a uno de los custodios,el Gobernador salió a agradecer que su nieta viviera para contarlo. Su hija, Eneyda Rocha —la jefa del DIF estatal— repartió “agradecimientos de corazón” en redes, como si el plomo que destrozó un autobús de transporte público y dejó civiles al borde del terror fuese un detalle secundario.
La escena está cubierta de huellas: casquillos de distintos calibres sembrados en el asfalto y una ciudad bajo vigilancia militar, justo cuando México entero mira hacia Sinaloa. Pero oficialmente, nada de atentados, nada de advertencias narco-políticas: solo “un asalto fallido” de mas de 7 mil.
Las preguntas incómodas
¿Quién se cree de veras la versión del “intento de despojo”?
¿Fue un ataque dirigido para mandar un mensaje al Gobernador y a sus flamantes invitados de seguridad nacional?
¿O estamos ante un guion improvisado para no admitir lo indigerible: que en Sinaloa los sicarios hacen tambalear hasta los convoyes de Gobernadores?
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación. ¿Qué tan profundo llegará? En un estado donde las balas gritan más fuerte que los boletines oficiales, la respuesta ya parece escrita: “Sin comentarios; fue un asalto”.
