Para enero, el Congreso habrá aprobado definitivamente la modificación del artículo 21 constitucional, que esta semana llegaba al pleno del Senado, y las enmiendas a la ley de la Administración Pública Federal, que construirán un poderoso panel de mando a García Harfuch.
Los cambios facultarán a la dependencia para que realice tareas de investigación, igual que hacía la policía de Ciudad de México cuando él estuvo al mando, entre 2019 y 2023. También colocará a la secretaría como coordinadora de la estrategia de seguridad a nivel federal.
A inicios del año próximo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) debería haber concluido además su propia reforma interna, con la creación de tres nuevas subsecretarías –la creación de una y la recuperación de dos, en realidad–, entre las que destaca la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, a cargo de Héctor Elizalde, antiguo colaborador de García Harfuch, que ya le acompañó en sus años en la capital. De hecho, fue Elizalde quien le reemplazó temporalmente al frente de la policía de la ciudad, después del atentado que sufrió su jefe, en junio de 2020, a manos de sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Compañero de Harfuch en la vieja Procuraduría General de la República y en la Policía Federal, Elizalde salió de la corporación en Ciudad de México estos años y dejó su puesto, precisamente la Subsecretaria de Inteligencia e Investigación local, a un veterano del cuerpo, Hermenegildo Lugo, que sigue en el cargo.
Según ha podido saber EL PAÍS, la recuperación de Elizalde es una apuesta personal de Harfuch, que empleó su tiempo en Ciudad de México en cultivar perfiles con altas capacidades de gestión e investigación, algunos de los cuales han escalado con él a la federación.
Una fuente conocedora de todos esos movimientos consultada por este diario señala que la idea es que la nueva subsecretaría concentre y organice datos e información, que compartan las unidades de inteligencia de las diferentes dependencias del ramo.
Es decir, las Secretarías de Marina y Defensa, con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías y policías estatales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que dirige otro viejo colaborador de Harfuch, Francisco Almazán Barocio, hasta hace unos meses jefe de la policía de investigación de la Fiscalía de la capital. “La información existe, solo que no se integra a las carpetas de investigación”, señala esta fuente.
Resulta una incógnita saber cómo funcionará en la práctica esta idea. Además de los 11.000 agentes que se han reincorporado a la SSyPC, después del traslado definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, y de los alrededor de 5.000 que controla Barocio, Harfuch carecerá de ojos y manos sobre el terreno.
El gran despliegue en campo corresponde a la Armada y el Ejército, que en apenas mes y medio ha participado en presuntos enfrentamientos con decenas de víctimas, en Guerrero y Sinaloa. Fuentes consultadas en estas semanas de transición no ven un problema en la colaboración castrense y señalan que “los militares respetan a Harfuch, por sus años de operación sobre el terreno”.
Que esa colaboración ocurra es capital para el gabinete. Una de sus grandes preocupaciones en estas primeras semanas es que el trabajo policial obtenga resultados en forma de procesos y sentencias. De ahí la presencia simbólica del fiscal general, Alejandro Gertz, en las conferencias de prensa matutinas, con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y su participación en reuniones del gabinete de seguridad. Si no va el mismo Gertz, cuenta la misma fuente, manda siempre a una persona de confianza. “De momento se ha mostrado supercolaborativo, presente”, refiere.
Réplica nacional
Además de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, el gabinete trabaja ya en otras dos vertientes.
El Ejecutivo ha rescatado la vieja Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió suprimir durante la pandemia de COVID-19, y crear dos nuevas, Prevención, por un lado, y Planeación y Vinculación, por otro.
La primera la dirige desde ya Esthela Damián, colaboradora desde hace años de Sheinbaum, que estuvo a cargo del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en la capital.
En sus años en el Gobierno de Ciudad de México, Damián lideró además iniciativas como Barrio Adentro, una de las estrategias del Ejecutivo local para erradicar condiciones que, a su juicio, generaban criminalidad en la capital. El presunto éxito en la urbe, donde los homicidios bajaron drásticamente en los últimos seis años, según la cuenta de la Fiscalía local, anima a trazar un paralelismo a nivel nacional. Si las personas que lograron la reducción en un lado, están ahora mismo a cargo del país, ¿qué impide exportar el éxito a la nación entera?
He ahí precisamente el reto. Barrio Adentro e iniciativas parecidas como Reconecta con la Paz –que proponía mecanismos de justicia alternativa, como talleres o terapia– funcionaron en un entorno muy particular, Ciudad de México, donde la ratio de policías por habitante es muy superior al resto del país, donde no hay zonas controladas de facto por el crimen y donde la capacidad de respuesta de las autoridades es relativamente rápida. Y luego el nivel de vida. En la capital, el Gobierno federal calculaba en 2022, que el 24% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, un nivel que, sin ser menor, está 12 puntos por debajo de la media nacional. ¿Cómo funcionarían programas así en Guerrero o Chiapas, donde más del 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, donde el territorio es accidentado y la seguridad depende del Ejército, cuando este llega?
Además de lo mencionado arriba, la clave para el gabinete radica en mejorar y homologar las prácticas policiales y de investigación en los Estados, una vieja reivindicación de organizaciones de la sociedad civil. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal apunta entre otras cosas a eso, a crear estándares de calidad para las instituciones, de manera que sea la propia SSyPC la que capacite, ayude en la elaboración o mejoramiento de protocolos e instruya en materia de inteligencia e investigación. Suena bonito y se ha intentado antes. Con el experimento exitoso de la capital por bandera, ahora se intenta de nuevo.
Las urgencias
Todo lo anterior exige además cierta urgencia. Los fuegos en el país son muchos y complejos, también antiguos. Ahora mismo, hay cuatro puntos que concentran la atención del gabinete de seguridad: Guerrero, Sinaloa, Chiapas y Guanajuato. Aunque la estrategia original contemplaba doce ciudades y regiones, los sucesos del primer mes de Gobierno, con asesinatos de alto impacto y matanzas en Guerrero y Sinaloa, y enfrentamientos con militares que han dejado decenas de muertos en ambos estados, han obligado al Gobierno a jerarquizar sus esfuerzos. La deriva del crimen en Chiapas, donde hace unos días las autoridades intervinieron una bodega con cientos de armas y cartuchos, vehículos blindados y droga, y la constante violencia homicida en Guanajuato, completan el cuadro.
En sus primeros dos informes a la ciudadanía, García Harfuch ha celebrado la detención de decenas de personas en diferentes Estados, en la línea con lo que hacía Rosa Icela Rodríguez, antaño al frente de seguridad, hoy titular de Gobernación. En algunos casos, el funcionario ha destacado la importancia de una u otra detención, caso por ejemplo de El Oso o El Max, presunto líder de un grupo criminal ligado a Ismael El Mayo Zambada, en Sinaloa, a mediados de octubre. Su detención provocó la muerte a balazos de 19 civiles presuntamente armados, en un supuesto enfrentamiento con militares.
“Hay que tener mucho cuidado con las detenciones de alto impacto”, señala una fuente cercana al gabinete de seguridad. “No hay que centrarse exclusivamente en las cabezas de los grupos, por dos cosas. Primero, para no empoderar al grupo contrario. Y segundo, para que el grupo perjudicado no pueda leer que estás con los otros”, añade. Solo queda una opción. Como se dice coloquialmente, tratar de agarrar parejo.
Las decenas de detenciones anunciadas hasta ahora –excluyendo el fiasco de El Güero Pulseras esta semana, en Chiapas– apenas dibujan una tendencia. La fluidez del crimen excluye además respuestas definitivas sobre qué grupo se ha visto beneficiado o perjudicado, en cada región, ante las capturas.
La realidad, en todo caso, es que el mes y medio que falta para cerrar el año aparece en el tablero del juego político, como pista de lanzamiento para el órdago del Estado contra el empuje criminal.
Nunca desde la alternancia política, con la excepción de Genaro García Luna –condenado por narcotráfico y delincuencia organizada a 38 años de cárcel, en Estados Unidos– ha habido un funcionario civil en el campo de la seguridad con el poder que tendrá Harfuch. Falta por ver cómo se configura ese poder con el del resto de dependencias del Sistema Nacional de Seguridad, particularmente los militares, presuntamente subordinados a su coordinación.
La academia y la sociedad civil, mientras tanto, han pedido que se impongan cortafuegos y sistemas de control al poder de Harfuch, y a todo el sistema nacional de seguridad en general, precisamente para evitar males futuros. Ya no solo en materia de corrupción, sino para fiscalizar los posibles excesos de las fuerzas de seguridad. El académico Ernesto López Portillo, uno de los principales expertos en el país en materia de políticas de seguridad, ha denunciado precisamente estos días la carencia de controles y sistemas de rendición de cuentas. La reelección de Rosario Piedra al frente de la oficina de Derechos Humanos nacional, que estos años apenas ha planteado reclamos al Gobierno, ilustra la poca preocupación del Ejecutivo por la escasez de contrapesos.
Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
