Fernando Hernández de la Cruz desapareció dos veces en México. La primera cuando un comando armado lo secuestró en 2022, en Tampico.
La segunda, cuando su familia fue a buscarlo y no lo encontró en el censo de personas desaparecidas que acaba de presentar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). “Mi máximo deseo es que no lo desaparezcan de nuevo”, dice Patricia de la Cruz, su madre.
#cdmx,#reynosafollow,#slp,#mtyfollow,#tijuana,#cdvictoria “¡PINCHE GOBIERNO CUENTANOS BIEN!”: "FAMILIAS PROTESTAN por el CENSO PEDORRO de LOPEZ OBRADOR que DESAPARECIO las CIFRAS de DESAPARECIDOS"...en un pais donde gobierno elude obligación de buscarlos https://t.co/ydsY8wN7iE pic.twitter.com/OYkQIhYcfX
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) January 10, 2024
Ella junto a otros familiares denuncian que sus hijos y hermanos no figuran en el nuevo registro que ha presentado el Gobierno mexicano.
En el país hay más de 113.000 personas desaparecidas, de acuerdo a colectivos y organizaciones. Ahora las autoridades han publicado un censo depurado en el que solo se da cuenta de unas 100.000. “¿Dónde están los que faltan?”, se pregunta la señora De La Cruz y otras madres buscadoras. Desde 2022, la madre de Fernando tiene más preguntas que respuestas.
El presidente López Obrador llegó al poder tras las elecciones de 2018 comprometiéndose con las familias de desaparecidos, uno de los grandes problemas de México. Sin embargo, la última medida tomada por el Ejecutivo, que defiende que hay registros duplicados y errores en la base de datos anterior, ha causado malestar entre las víctimas y provocó la dimisión de Karla Quintana, anterior comisionada de Búsqueda. Tras la guerra de cifras, se ha desatado una cascada de despidos en varias áreas de la dependencia. La incorporación de nuevo personal cuestionado por no estar capacitado, no ha hecho más que aumentar la tensión entre las familias y el Gobierno.
En junio de 2023, López Obrador anunció que se haría un nuevo recuento de desaparecidos. En diciembre, Teresa Guadalupe Reyes, nueva titular de la Comisión de Búsqueda, explicó en la conferencia matutina del presidente que en el país hay en torno a 92.000 personas desaparecidas y que el Gobierno ha localizado a 16.681, datos que fueron rechazados por las organizaciones, quienes acusan a la actual Administración de maquillar los números de cara a las próximas elecciones. La madre de Fernando Hernández denuncia que nunca ninguna autoridad se puso en contacto con ella. “El presidente dice que pasaron a las casas y eso es mentira. Ni hubo censo ni hablaron por teléfono a las familias, desde luego a esta casa no vinieron”, dice con enfado la mujer.
En una reunión reciente con Reyes, la funcionaria escuchó caso por caso a decenas de personas que tomaron la palabra y tuvo que reconocer que las 16.000 personas que el Gobierno federal anunció que estaban localizadas, todavía no están con sus familias. Reyes explicó que existe “un procedimiento que debe seguirse para formalizar la localización” y que todavía no está completo.
Las madres decidieron manifestarse esta semana frente a las puertas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Querían audiencia con la nueva comisionada, hacerle llegar sus quejas. Buscar respuesta a todas esas preguntas que se amontonan en los expedientes. Decenas de mujeres de diferentes colectivos de todo el país se congregaron con las fotografías de sus hijos y sus hermanos.
Allí también estaba el retrato de Fernando, y de desaparecidos en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato... De la Cruz dice que está “triste, frustrada, enojada”. Cuenta que hace un año fue hasta las puertas de Palacio Nacional con una carta de su puño y letra dirigida al presidente, pero no la recibieron. “Si se llevaran a uno de sus hijos, el presidente movería cielo, mar y tierra para encontrarlo, ¿verdad? Ya le digo que no pasarían dos días sin encontrarlo, ¿por qué no pasa lo mismo para el pueblo?”, nuevamente más preguntas sin respuesta.
La mayoría de familias no solo tiene que buscar a sus desaparecidos con sus propios medios, ahora también tienen que luchar contra la burocracia y un sistema que las violenta. “¿Qué pasa si encuentran a mi hijo y no está en el registro?”, cuestiona Alejandrina Pinales, otra madre afectada por los recortes. “Lo más probable es que lo echen a la fosa”, responde con angustia. Pinales busca a su hijo Juan Alejandro Polanco Pinales desde 2020, cuando desapareció en Matamoros, Tamaulipas.
Esta nueva tesitura está obligando a muchas de estas familias a ampararse judicialmente para evitar que sus hijos desaparezcan del censo. “Es como vivir un infierno dentro del infierno”, resume Delia Quiroa, del Colectivo 10 de marzo de Tamaulipas.
Hasta el momento 74 madres de este colectivo han tenido que presentar un amparo judicial para que sus hijos no sean borrados, entre ellas está Patricia de la Cruz. Sin embargo, los casos podrían ser más. 125 mujeres del Colectivo 10 de marzo denuncian que no encuentran el nombre de sus hijos.
Quiroa dice que en total en el país ya hay contabilizados por los menos 922 casos de personas eliminadas del censo y no descartan que sean muchos más. “Están obligando a las madres a meterse en otra batalla legal que puede tardarse hasta dos años más, solo para que no los quiten de la lista”, reclama la activista, quien también busca a su hermano Roberto.
A la mencionada reunión con Teresa Guadalupe Reyes entraron unas 70 personas. De la Cruz y otras madres se quedaron fuera y siguieron el encuentro a través de redes sociales. “La reunión fue decepcionante”, señala. “La nueva comisionada no sabe nada al respecto de la búsqueda de personas. No nos interesa quién ocupa el puesto, lo que nos interesa es que sepa mover a la gente para que busque a nuestros desaparecidos”, dice la madre de Fernando.
Ficha de búsqueda de Juan Alejandro Polanco Pinales, desaparecido en Tamaulipas.
El encuentro de la comisionada con los familiares fue muy tenso. Desde el principio le hicieron saber que desaprueban su nombramiento y critican su falta de experiencia. “Usted está ocupando una silla que nosotros no queremos que ocupe”, se escucha decir a una mujer de un colectivo. La comisionada, con el gesto tenso, aguanta el chaparrón. “Exigimos que el personal de campo que nosotros conocemos y que sale a partirse la madre con nosotras (...) sea recontratado. No vamos a esperar otros cuatro años a que el personal sea capacitado de nuevo”, dice otra de las asistentes.
Pese a la burocracia y las palabras vacías, Patricia de la Cruz sigue con la esperanza de encontrar a su hijo Fernando a pesar de que cada día despierte con más preguntas que respuestas: “¿Por qué están desapareciendo a tanta gente? ¿Por qué el Gobierno no hace nada? ¿Por qué no escuchan a las madres? ¿Por qué nos hacen esto?”.
Fuente.-Diario Español/Almudena Barragan/
