“A mí no me va a pasar nada”, repetía Víctor Rodríguez Padilla con la seguridad de quien se sabe intocable: entonces todavía mandaba en Pemex, la joya petrolera del Estado. Se lo decía a su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, doctora en Ingeniería Nuclear, mientras en la práctica lo que ejercía era violencia física, psicológica y económica contra ella y sus dos hijos. El poder como escudo, la casa como campo de batalla.
La historia dejó de ser privada la noche del jueves pasado, cuando Jiménez subió a redes un video incómodo de ver: Padilla forcejeando con ella, golpeándola dentro de su propio hogar, mientras su hijo de cinco años presencia la escena y huye. Tres días tardó la presidenta Claudia Sheinbaum en reaccionar públicamente. Y cuando lo hizo, lo primero fue marcar distancia: que el supuesto nuevo cargo de Padilla en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) no estaba autorizado. Que sí, que “lo íbamos a nombrar”, pero que ella no había firmado nada.
El problema es que el INEEL ya lo había presentado en sociedad desde el 1 de junio. Hubo ceremonia, hubo comunicado y hubo elogios: más de 40 años en el sector energético, experto reconocido, académico de alto nivel. Todo muy institucional, todo muy impecable… salvo por el pequeño detalle de que el nombramiento ahora resulta que no existía oficialmente.
Mientras tanto, la violencia venía de atrás. Según el testimonio de Jiménez, comenzó en 2022, apenas dos años después del matrimonio. Él, mayor de 60; ella, en sus treinta. Al principio, dice, todo era “color de rosa”. Luego vinieron las agresiones: económicas, psicológicas y al menos tres episodios de violencia física, el último documentado en marzo, el que detonó la solicitud de divorcio y la salida de Padilla de la casa.
El aparato institucional tampoco salió bien librado. La Secretaría de las Mujeres —que lleva meses operando sin titular formal tras la salida de Citlalli Hernández— reaccionó 24 horas después del video con una tarjeta informativa prometiendo contacto y protección. En el papel, todo correcto. En la realidad, para el domingo la víctima seguía sin seguridad y con miedo a represalias.
La ironía es gruesa: una secretaría presentada como emblema del Gobierno de la primera mujer presidenta, pero descabezada, lenta y rebasada en un caso emblemático. Y para completar el cuadro, la nueva titular designada, Laura Itzel Castillo, ni siquiera puede asumir aún porque sigue ocupada en el Senado hasta septiembre.
Los vínculos tampoco ayudan a disipar dudas. Padilla y Castillo trabajaron juntos entre 2022 y 2024 en el Consejo de Administración de Pemex. De hecho, Sheinbaum llegó a destacar esa cercanía cuando lo nombró en 2024: “Víctor conoce Pemex… fue asesor de Laura Itzel Castillo…”. Hoy esa red de relaciones luce menos como mérito y más como conflicto incómodo.
Y por si faltara cinismo, el propio Padilla firmó el 11 de marzo —todavía como director de Pemex— un pronunciamiento de “cero tolerancia” al acoso y la violencia. Según el boletín, en la empresa “no hay lugar” para esas conductas y se promueve una cultura de respeto e igualdad. El papel aguanta todo. La realidad, no tanto.
El caso también reabre una herida política más amplia: la selectividad moral de Morena. Cuando los acusados están en la oposición, la condena es inmediata. Cuando son propios, el silencio pesa. Ahí están los ejemplos: Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación, protegido por su bancada que frenó su desafuero. Félix Salgado Macedonio, con múltiples señalamientos por abuso sexual, cuya carrera política sigue prácticamente intacta.
Incluso dentro del propio partido lo han reconocido. Citlalli Hernández lo dijo sin rodeos: el costo político de estos casos suele cargarse a las mujeres, mientras las estructuras partidistas se hacen las ausentes.
La lista no termina ahí. Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, arrastra acusaciones de hostigamiento sexual y dejó perlas de desprecio público, como cuando se refirió a la actual gobernadora con tono condescendiente recordando su pasado como “meserita”. Todo esto antes de salir del cargo en medio de señalamientos más graves, incluidos presuntos vínculos con el narco.
Y pese a todo, el partido que llevó a la primera mujer a la presidencia no ha impuesto sanciones públicas claras contra estos perfiles. Mucho discurso de igualdad, pero a la hora de tocar a los propios, la mano tiembla… o simplemente no aparece.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/
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