Desde 2017 en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizamos un recuento anual de los hechos de corrupción con el objetivo de documentar los actos más notables, el tratamiento que reciben por parte de las autoridades y las consecuencias que tienen cuando las hay. Este registro sistemático permite detectar los mecanismos de desvío de recursos y de captura de lo público a lo largo del año. Consideramos importante que permanezcan en la memoria colectiva para saber qué ha pasado con ellos, exigir a las autoridades que rindan cuentas y denunciar la impunidad de la que son presa las faltas administrativas o delitos de corrupción.
El presidente Andrés Manuel López Obrador logró un apoyo mayoritario en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción. En los primeros meses de su gestión era posible constatar la alta expectativa de la sociedad mexicana: más de la mitad de las personas esperaba que disminuyera la corrupción en los siguientes doce meses. Tras cuatro años de gobierno, la esperanza generalizada se agotó: en 2022, 68 % de las personas creía que la corrupción seguirá igual o aumentará durante este año. Aquí se confirma que tal percepción es acertada.
Durante estos cuatro años el gobierno ha dejado impunes la mayor parte de los actos de corrupción de sexenios pasados. A la vez, hay una preocupante acumulación de casos recientes que simplemente han sido descartados bajo la excusa de ser ataques de “adversarios” o con alguna otra de las trilladas muletillas que se repiten en las conferencias matutinas. El recuento de los hechos de corrupción sucedidos en 2022 da muestra de un año más sin cambios sustantivos en materia de combate a la corrupción. Es, sin duda, el cuarto año sin transformación.
ENERO
La Casa Gris
Una investigación conjunta de MCCI y Latinus reveló que José Ramón López Beltrán —hijo del presidente López Obrador— y su pareja, Carolyn Adams, alquilaron una lujosa residencia en Houston, Texas, durante 2019 y 2020. La propiedad pertenecía en ese momento a Keith Schilling, un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa que ha recibido contratos con el gobierno federal. El inmueble tiene un valor estimado superior a un millón de dólares y la renta es mayor a los 6000 dólares mensuales (más de 120 000 pesos). A partir de 2021, el hijo del presidente y su pareja viven en otra propiedad en el condado de Harry, Texas, a nombre de Adams, con un valor comercial de hasta 23 millones de pesos.
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Baker Hughes ha recibido más de 150 millones de pesos en obras para Pemex. La periodista Peniley Ramírez dio a conocer que la empresa obtuvo más de 100 millones de dólares en ampliaciones de contratos con Pemex durante 2019.
En respuesta a la investigación, López Obrador dijo que sus hijos no tienen influencia en el gobierno y descalificó a los periodistas que documentaron el hecho. Durante febrero, el presidente insistió en dar a conocer los presuntos ingresos de Carlos Loret de Mola y aseguró que “la gente le hacía llegar esa información”, en lugar de explicar el fondo del escándalo. Baker Hughes reconoció que Schilling era dueño de la casa en Houston que ocupó la pareja Adams-López Beltrán. Sin embargo, el 21 de febrero, el director de Baker Hughes para México, Bob Pérez, informó que una investigación independiente había descartado cualquier posible conflicto de interés, esto lo anunció en una conferencia de prensa realizada desde las oficinas de Petróleos Mexicanos y acompañado del titular de la dependencia, Octavio Romero Oropeza.
José Ramón López Beltrán publicó en sus redes sociales el 13 de febrero que se encontraba en Houston trabajando para la empresa KEI Partners, cuya página de internet fue creada apenas momentos antes del anuncio de López Beltrán. La Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió ese mismo mes una solicitud de investigación por un posible conflicto de interés contra López Beltrán, misma que descartó por completo en mayo.
Ilustración: Patricio Betteo
Ilustración: Patricio BetteoTEPJF confirma cobro de diezmos en Texcoco para beneficiar a Morena
El 12 de enero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sanción contra Morena por haberse acreditado que el partido recibió recursos ilegales del municipio de Texcoco. Esto sucedió cuando era gobernado por Delfina Gómez, derivado del cobro de un porcentaje del salario de los trabajadores de gobierno. Días más tarde, el presidente López Obrador respaldó a la implicada, en ese entonces secretaria de Educación, y acusó una campaña de desprestigio en su contra. Además, una investigación de MCCI documentó que la campaña de Delfina Gómez por la gubernatura del Estado de México en 2017 pagó 20 millones de pesos a dos empresas fantasma.
En agosto, Delfina Gómez “ganó” la encuesta para el proceso de selección para la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado de México, que se elegirá en 2023. Ese mes, Gómez dejó la SEP luego de haber estado dieciocho meses en el cargo. Posteriormente, fue nombrada “coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México”, un eufemismo de Morena diseñado para permitirle promocionarse al margen de la ley electoral, que impide los actos anticipados de campaña.
Posibles vínculos del gobernador de Morelos con el crimen organizado
En enero, El Sol de Cuernavaca publicó una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, abrazado de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Blanco negó esta versión y argumentó una campaña de desprestigio en su contra desde la fiscalía del estado.
En abril, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador en el Congreso local. La Fiscalía acusó a Blanco de los delitos de ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración. Este proceso quedó detenido y sigue pendiente hasta el cierre de este recuento. En junio, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una investigación en contra del secretario particular y primo del gobernador, Édgar Riou Pérez, acusado también de enriquecimiento ilícito. En respuesta, el funcionario solicitó un amparo y le fue concedido.
En octubre, parte de la información hackeada a la Sedena por el grupo Guacamaya reveló un informe de la Marina de febrero de 2019 que advertía la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco estuviera coludido con el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica. El informe advierte que como presidente municipal de Cuernavaca aceptó un acuerdo con este grupo para administrar el sistema de aguas. Además refieren sospechas de al menos otros tres altos funcionarios del gobierno de Morelos.
SFP desestima denuncia de moches en el DIF
La Secretaría de la Función Pública decidió archivar por falta de “evidencias” las múltiples denuncias que había recibido, a través de su plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, contra Rocío García Pérez. Cuando fue directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al comienzo del sexenio, García Pérez fue denunciada por sus empleados debido a que los “invitaron” a una reunión sin celulares y se les dio la instrucción de entregar en efectivo un porcentaje de sus salarios, que podía llegar hasta 4 %, dependiendo de su puesto. De acuerdo con el tamaño de la institución, ese mecanismo podría proporcionar alrededor de 650 000 pesos mensuales. Nunca existió registro ni del monto ni del destino de los “donativos” ilegales. Únicamente se informó a los empleados que serían para el “Programa Ahijado”, que no existe en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La SFP determinó que los denunciantes no dieron los números de cuenta a los que se depositaban estos recursos a sabiendas de que no podían haberlos tenido pues el pago se hacía en efectivo. Las múltiples denuncias fueron archivadas y la investigación cerrada. El 11 de enero de 2022 García Pérez fue nombrada subsecretaria de Bienestar.
Difusión de la investigación de Odebrecht por orden del INAI
En enero, la Fiscalía General de la República fue obligada a difundir la versión pública de los cinco primeros tomos de la investigación sobre el Caso Odebrecht, en cumplimiento a una orden del INAI. Esta información, que la FGR se negó a hacer pública por varios años, muestra la intervención de funcionarios actuales del gobierno, como Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, en la asignación de una obra de mantenimiento para la refinería de Salamanca el sexenio pasado.
En julio, un juez condenó a Pemex Transformación Industrial (PTI) a pagar 91 millones de pesos a Odebrecht por trabajos en la refinería de Tula hechos entre 2016 y 2017. Apenas dieciséis días después, un Tribunal amparó a Odebrecht en contra de una multa por 1088 millones impuesta por la SFP.
FEBRERO
Denuncias de tráfico de influencias entre el fiscal general de la República y el exconsejero jurídico de la Presidencia
El 3 de febrero, la Fiscalía General de la República acusó a cuatro abogados de haberse coludido para extorsionar a sus clientes debido a la supuesta cercanía que tenían con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. Diferentes medios nacionales señalaron que estos abogados habían participado en la defensa legal de Rosario Robles, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y OHL, entre otros casos.
El 8 de febrero, Animal Político publicó una nota donde señalaba la participación que tuvo Scherer para detener una investigación contra la empresa Aleática, anteriormente llamada OHL, derivada de la construcción del Viaducto Bicentenario. De acuerdo con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el funcionario designó al titular de la unidad jurídica de la SCT quien, apenas quince días después de haber tomado el nuevo cargo, validó la concesión para el cobro de peaje en el Viaducto Bicentenario. Esto sucedió a pesar de que la SCT y la FGR comprobaron en una investigación que esta adjudicación había sido ilícita.
En abril, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión por el delito de extorsión en contra de otro grupo de abogados cercanos a Scherer, denunciados por Juan Collado. Sin embargo, apenas cinco días después, la Fiscalía se desistió de estas órdenes. El mismo mes, Julio Scherer presentó una denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero por tráfico de influencias. Posteriormente, en mayo, los abogados que fueron acusados presentaron también una denuncia contra el fiscal Gertz por colusión y asociación delictuosa. En agosto, Scherer retiró la denuncia contra Gertz Manero.
Ilustración: Patricio BetteoIrregularidades millonarias en la Cuenta Pública 2020
La revisión de la Cuenta Pública de 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 63 mil millones de pesos. Eso equivale a 172 millones de pesos usados irregularmente cada día, 7 millones de pesos cada hora o 119 000 pesos cada minuto.
Las principales irregularidades se detectaron en las redes de corrupción de la institución Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), mismas que MCCI ha documentado desde agosto de 2020. Por cada 100 pesos que se auditaron en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se encontraron 30 pesos usados irregularmente. También se encontraron irregularidades millonarias en los principales programas y proyectos del gobierno, tales como Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o las pensiones para adultos mayores. Al cierre de 2022, el 70 % del total de las irregularidades detectadas no habían sido aclaradas y hay pocas esperanzas de que esto suceda. Siguen en total impunidad el 81 % de los hallazgos de la revisión del gasto de 2019, el primer año de gobierno de López Obrador.
MARZO
Uso de recursos de la Fiscalía General de la República para asuntos personales de su titular
El 28 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó poner en libertad a Alejandra Cuevas Morán. Cuevas y su madre, Laura Morán, fueron denunciadas por el fiscal Gertz Manero por el delito de homicidio por omisión. De acuerdo con el fiscal, Cuevas y Morán no cuidaron adecuadamente a su hermano, Federico Gertz Manero, quien era pareja de Laura Morán.
La denuncia fue presentada en 2016 y archivada. Sin embargo, una vez que Alejandro Gertz fue nombrado titular de la FGR, la Fiscalía de la Ciudad de México decidió detener a Alejandra Cuevas. Después de 18 meses de encarcelamiento, la SCJN señaló la inexistencia del delito por el que fue acusada, ya que: “No se puede atribuir a la señora [Alejandra] el fallecimiento, porque no existe en la normatividad aplicable una disposición expresa por la cual una persona pueda adquirir la calidad de garante ‘accesoria’ en el deber de cuidado exigible a otra persona”. La integridad del fiscal fue puesta en entredicho y quedó demostrado el uso de facultades de la institución para beneficio de asuntos particulares al confirmarse múltiples intervenciones del fiscal y su personal mediante llamadas telefónicas que se hicieron públicas. El asunto no tuvo consecuencias penales ni administrativas para Gertz Manero.
Ilustración: Patricio BetteoSegalmex: la Estafa Maestra de la 4T
Desde hace más de dos años MCCI ha denunciado una red de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población más necesitada, así como en sus empresas operativas Diconsa y Liconsa”. El monto de desvíos alcanza 12 802 millones de pesos (acreditados por la ASF). Además están documentados posibles conflictos de intereses en la entrega de convenios multimillonarios para el procesamiento de leche, la existencia de una red de empresas fachada que recibieron 800 millones de pesos en contratos y su vinculación con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán.
MCCI también ha publicado la relación entre proveedores de Segalmex y una red de lavado de dinero ligada con el gobierno de Venezuela. Tras los reportajes de MCCI, la Presidencia de la República destituyó a Ignacio Ovalle como director general de Segalmex, para ser inmediatamente “premiado” con otro puesto: coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación. La Fiscalía General de la República abrió al menos veinte carpetas de investigación por este caso; sin embargo, de toda la red de funcionarios y particulares implicados sólo René Gávira, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, ha sido vinculado a proceso penal.
Irregularidades y opacidad en el AIFA
El 21 de marzo, el presidente López Obrador inauguró el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA). Una colección de investigaciones de MCCI documentó que esta obra inició con contratos sin licitar, empresas de reciente creación con adjudicaciones multimillonarias, proveedores vinculados a empresas factureras e incluso contratistas con antecedentes de corrupción. La investigación periodística dimensionó la opacidad en la remodelación del aeródromo de Santa Lucía, pues la Sedena sólo transparentó contratos equivalentes a 17 385 millones de pesos cuando la obra registraba un costo de más de 100 000 millones. Es decir: se desconoce cómo se gastaron alrededor de 4 de cada 5 pesos usados en este megaproyecto.
Los mandos militares que estuvieron al frente de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía asignaron prácticamente todos los contratos sin licitación, muchos de ellos a proveedores sin experiencia o que carecían de infraestructura o instalaciones. MCCI revisó una muestra de 1233 contratos. Ninguno de los contratos se entregó por licitación. En el mejor de los casos se llegó a utilizar la invitación restringida. En esos contratos se hallaron múltiples irregularidades: empresarios ligados a compañías “fantasma” que enviaron toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto testaferro de Nicolás Maduro, contratos entregados a empresas de reciente creación o vinculadas con escándalos de corrupción del pasado. No se conocen consecuencias jurídicas para ninguno de los casos.
ABRIL
FGR indaga a Alberto Elías Beltrán, extitular de la PGR
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el inicio de una investigación en contra de Alberto Elías Beltrán, quien fue el último responsable de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto. La investigación se debió a un presunto enriquecimiento ilícito que constaría de 31.7 millones de pesos entre 2014 y 2018. Este procedimiento se habría iniciado supuestamente a causa de una cuenta bancaria que Elías Beltrán no incluyó en su declaración patrimonial y que fue abierta por la PGR para viáticos y gastos de quien entonces era su titular.
Ilustración: Patricio BetteoExcandidata de Morena desvió 22 millones en San Luis Potosí
Mónica Rangel, excandidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, fue detenida el 12 de abril por un presunto fraude de 22 millones de pesos, uso abusivo de funciones públicas y asociación delictuosa, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). La exsecretaria se declaró culpable de los delitos de los que la acusaron. Rangel Martínez recuperó su libertad tras acordar en procedimiento abreviado la reparación del daño por 22 millones de pesos.
MAYO
Irregularidades en la construcción y mantenimiento causaron el desplome de la Línea 12
Una investigación de MCCI documentó diversas inconsistencias en las obras de mantenimiento en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, así como en su construcción y diseño. En cuanto a la construcción, un registro de bitácoras da cuenta de subcontrataciones de empresas sin las certificaciones requeridas, inconsistencias en la fabricación de piezas, varillas faltantes en cabezales y alteración de fotos sobre incidencias solventadas.
El 9 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desestimó el último dictamen elaborado por la empresa DNV sobre el desplome de la Línea 12 del Metro. Argumentó cambios en la metodología del dictamen, así como que el mismo fue financiado por grupos opositores. Sin embargo, fue su propio gobierno el que escogió y contrató a la firma extranjera por su experiencia probada en la materia. El dictamen elaborado sostenía que la falta de mantenimiento a las vías durante la actual gestión de la ciudad contribuyó al desplome.
Ilustración: Patricio BetteoAlejandro Moreno: patrimonio inexplicable y filtraciones
En mayo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó por primera vez un audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto sucedió después de que la reforma constitucional en materia eléctrica fuera derrotada en la Cámara de Diputados. En los audios se escucha a Moreno hablar sobre supuestas aportaciones ilegales.
Igualmente, MCCI documentó y denunció una red de amigos y familiares de Moreno que compraban propiedades a precios muy bajos para luego revenderlos. La investigación detectó que esta red era propietaria de 35 casas y terrenos.
El 4 de julio, la Fiscalía de Campeche cateó una de las casas de Moreno en Campeche, como parte de la indagatoria por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Dos días después, de acuerdo con una investigación del periódico Reforma, Alejandro Moreno declaró un valor de 5.3 millones por las quince propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos. Al día siguiente, Moreno fue a Nueva York para denunciar ante la ONU una supuesta persecución política a opositores en México.
En agosto, el fiscal de Campeche, Renato Sales, solicitó ante la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, quien también es diputado federal, para ser juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito. Las diputadas y los diputados nombraron una Sección Instructora para poder dar trámite a esta solicitud. Sin embargo, los diputados de Morena integrantes de la misma dijeron que tomarían con calma esta solicitud de desafuero, luego de que la bancada del PRI propusiera y aceptara extender el periodo constitucional en el que los militares pueden realizar labores de seguridad.
Layda Sansores adjudicó un millón de pesos a empresas fantasma en Álvaro Obregón
Cuando Layda Sansores ocupaba la titularidad de la alcaldía Álvaro Obregón, adjudicó de manera directa tres contratos por casi un millón de pesos a una empresa fantasma denominada Unfigrad según una investigación de Animal Político. Dicha empresa es parte del entramado que se revela en el libro El caso Viuda Negra: una red de desvío de recursos y lavado de dinero a nivel internacional liderada por Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de la SHCP.
JUNIO
César Duarte fue extraditado desde Estados Unidos
Después de casi dos años de extensiones de pruebas ante una jueza de Miami, César Duarte, exgobernador de Chihuahua, fue extraditado a México. El expriista fue acusado de malversación de recursos públicos y desvío de fondos públicos, lo que resultó en el endeudamiento del estado de Chihuahua por más de 48 000 millones de pesos. A la acusación inicial se agregaron el desvío de 120 millones a la Unión Ganadera Regional General División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte, de la cual era accionista y socio y el desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI. En el 2018, el gobierno mexicano lanzó una orden de captura y pidió a la Interpol que emitiera una ficha roja, lo cual permitió su detención en 2020. El exgobernador cuenta con once órdenes de aprehensión en su contra.
Cofepris removió a 32 funcionarios para controlar la corrupción en la institución
El pasado septiembre la Secretaría de Marina realizó un operativo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el que fueron cesados 32 funcionarios, entre los que se incluyen titulares de unidades administrativas, dictaminadores y verificadores. El cese se debió a una presunta red de corrupción en la cual se otorgaban permisos irregulares de importación de precursores químicos. No obstante, no hay carpetas de investigación para ninguno de los 32 empleados públicos, ya que ni Cofepris ni la Marina han presentado denuncias.
Secretario de finanzas de Coahuila es acusado de desviar recursos
Ismael Eugenio Ramos Flores, secretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, hoy en día coordinador de los diputados federales del PRI, fue acusado de desviar 475 millones de pesos (mdp) del fondo Fortalecimiento Financiero (Fortafin). Esto sucedió con un esquema idéntico al de la Operación Safiro.
Capufe detectó irregularidades por casi 40 mdp en 2021
En 2021, Caminos y Puentes Federales (Capufe) registró irregularidades por casi 40 mdp. De acuerdo con una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC), la institución reportó pérdidas por 18.3 millones de pesos por la evasión en el pago de peaje, así como la falta de equipo e instalación de éstos en distintas casetas. Esta investigación aún no está concluida, por lo que podría aumentar el reporte de irregularidades.
Ilustración: Patricio BetteoJULIO
La caída de CompraNet
El sitio web de CompraNet, la plataforma pública de compras del gobierno federal, suspendió su servicio por diecisiete días durante julio. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la falla se originó por problemas de falta de almacenamiento. Originalmente se anunció que estaría fuera de servicio por tiempo indefinido, pero la movilización por parte de la ciudadanía permitió ejercer presión suficiente para que la plataforma volviese a funcionar el 1 de agosto. Ni la Secretaría de la Función Pública ni la de Hacienda han respondido satisfactoriamente los contratos y montos que se operaron durante la “caída” de CompraNet.
En ese lapso MCCI identificó contratos por 20 millones de pesos entregados a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, Cyber Robotics Solutions, misma que había sido inhabilitada por la Función Pública y acusada de irregularidades como sobrecostos y por haber dado información falsa para ganar contratos, así como otros procedimientos irregulares con empresas inhabilitadas, sancionadas y con expedientes por venta a sobreprecios.
Comisionado de Búsqueda condenado por robar información de ADN
En enero, una investigación de POP Lab reveló que la PGR había entregado ilegalmente más de 49 000 perfiles genéticos a Roberto Cabrera, entonces comisionado nacional de Búsqueda. Éste los entregó a la empresa ADN México, la cual utilizó esa información para prometer a familias ayuda para identificar a su familiar desaparecido. El 1 de julio, un juez condenó a Cabrera a tres años de prisión. Funcionarios federales han reconocido que aún no se han aclarado las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios de la PGR ni de los socios de la empresa.
Ilustración: Patricio BetteoAGOSTO
Caso Ayotzinapa
El 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó un informe sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Guerrero durante 2014. El subsecretario de derechos humanos de la Segob, Alejandro Encinas, enfatizó que los hechos no fueron como los había presentado antes la PGR. Denunció la colusión de autoridades en la desaparición de los jóvenes, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas.
Como parte de los avances de esta investigación, la Fiscalía General de la República giró más de ochenta órdenes de aprehensión por este caso. Al menos veinte fueron contra personal del Ejército, entre quienes hay mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 en Iguala. El 15 de septiembre, el general José Rodríguez Pérez fue detenido por presuntamente ordenar el asesinato y desaparición de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 26 de septiembre, la Fiscalía canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 eran contra miembros del Ejército. Al siguiente día, renunció el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo.
Ilustración: Patricio Betteo
Ilustración: Patricio BetteoUn día después de presentarse las conclusiones preliminares de la investigación realizada por la Comisión, en la que determinó que se trató de un crimen de Estado, el exprocurador Murillo Karam fue detenido por la Policía Federal Ministerial de la FGR. Fue vinculado a proceso por encubrimiento, delitos contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.
En una entrevista con The New York Times, Alejandro Encinas señaló que muchas de las evidencias sobre las que se basó el reporte presentado en agosto no debían tomarse en cuenta porque no se podía verificar que los mensajes fueran reales. El grupo de expertos que investiga el caso Ayotzinapa (GIEI) coincidió en que no era posible garantizar la originalidad de los mensajes presentados como evidencia en el informe. Encinas desmintió la versión del NYT y agregó que había resistencias en la Fiscalía para cumplir con las órdenes de aprehensión.
SEPTIEMBRE
Corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez
Las autoridades capitalinas realizaron investigaciones en la alcaldía Benito Juárez sobre corrupción inmobiliaria. Hasta el momento han detenido a Luis Vizcaíno y a Nicias Aridjis, respectivamente directores de Obras y de Desarrollo Urbano en la Benito Juárez. La Fiscalía de Ciudad de México informó que ya suman 99 propiedades presuntamente vinculadas a este caso, según lo publicado por Animal Político el 12 de septiembre.
El 12 de octubre, Claudia Sheinbaum informó que en la alcaldía Benito Juárez hay 198 inmuebles que están presuntamente implicados. Aseguró que tras las investigaciones se darán a conocer todas las irregularidades, así como si algún funcionario adquirió un inmueble de forma ilegal. En diciembre, la Fiscalía de la Ciudad pidió la aprehensión de Christian von Roehrich, exalcalde de Benito Juárez.
Hackeo histórico a servidores de la Sedena
En septiembre se dio a conocer que los correos electrónicos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluidos los altos mandos de la institución, fueron hackeados desde julio de 2022. Esto se debió a una vulnerabilidad digital de la que se tenía conocimiento entre especialistas informáticos desde 2021. Entre los diversos hackers que extrajeron información de la Sedena destacó el grupo autodenominado Guacamaya, que puso 6 terabytes de datos a disposición de diferentes organizaciones, periodistas e investigadores. Esa información equivale a alrededor de 39 millones de páginas de documentos. Para ponerlo en perspectiva, si esa cantidad de hojas fueran acomodadas una detrás de otra en línea recta, tendrían una extensión de más de 10 000 kilómetros, por lo que podrían llegar desde Ciudad de México hasta Madrid, España, y todavía sobrarían hojas para otra línea recta desde Palacio Nacional hasta Cancún.
Ilustración: Patricio BetteoEn la conferencia diaria presidencial se ha confirmado la veracidad de los documentos. Sin embargo, se ha tratado de minimizar la importancia del hackeo y el titular de la Sedena se ha negado a dar explicaciones al respecto. Hasta el momento se acumulan más de cien investigaciones individuales realizadas por organizaciones y medios como MCCI, Latinus, Aristegui Noticias, Animal Político, Proceso, Reforma, El Universal, El País, entre muchos más, que revelan presuntos delitos que gravitan alrededor de las instituciones castrenses: espionaje a activistas y periodistas desde el gobierno; categorización de grupos feministas y de víctimas como grupos tan peligrosos como el crimen organizado; evidencia precisa sobre grupos criminales que no es utilizada para actuar contra ellos; venta ilegal de armas del Ejército al narcotráfico; uso de recursos militares para el disfrute personal del presidente y su familia; y el papel de los militares en la formulación de iniciativas legislativas, como la de la incorporación oficial de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
Aún no se conocen todos los hechos de interés público que están documentados en los #SedenaLeaks o #GuacamayaLeaks, como se ha nombrado a este hackeo histórico. Los datos procesados hasta el momento por quienes tienen acceso a esa información son apenas una fracción mínima del total de documentos filtrados.
OCTUBRE
FGR se desiste del caso de Pío López Obrador
El 5 de octubre, Pío López Obrador compareció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) como parte de la investigación que se inició en su contra por el presunto delito de financiamiento ilegal. Al día siguiente, el INAI ordenó dar acceso público a seis carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República abrió contra Pío López Obrador. Finalmente, el 24 de octubre la Fiscalía desistió de acusar a Pío López Obrador argumentando que no hubo delito electoral.
Ilustración: Patricio Betteo
Ilustración: Patricio BetteoPagos dobles por antenas fantasma del Sistema Público de Radiodifusión
El 21 de octubre, Latinus dio a conocer que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado (SPR), bajo la dirección de Jenaro Villamil, había asignado dos veces la construcción de unas antenas de radiodifusión que hasta la fecha no existen. La oficina de Villamil maquilló los estados financieros para no hacer ver el gasto de estos contratos como pérdida. De igual forma, falló en exigir el cumplimiento del seguro por una antena que se cayó en 2018. El SPR ha declarado que los contratos fueron cancelados por incumplimiento de obligaciones de las empresas, versión que una de las empresas implicadas ha desmentido.
El rey del cash
Finalmente, y aunque el material no pertenece a la categoría de periodismo de investigación, vale la pena mencionar las revelaciones del libro de Elena Chávez, El rey del cash, donde se señala un modus operandi alrededor del movimiento político formado por López Obrador, que consiste en la obtención y uso ilegal de dinero en efectivo para la operación política. Si bien en muchos de los episodios narrados en el libro la evidencia es anecdótica, muchos otros han sido investigados, denunciados o hasta sancionados formalmente por las autoridades, por lo que hay certeza de su veracidad. Como el carrusel de dinero ilegal para campañas políticas publicado por MCCI (2021) en el caso de Alejandro Esquer —actual secretario particular del presidente— y el fideicomiso para apoyo a los sismos de 2017; los mecanismos documentados en el libro Dinero bajo la mesa en los que por cada peso que declaran gastar los partidos, se estima la existencia de 25 que se gastan de manera ilegal; las evidencias de familiares y personas cercanas al presidente recibiendo dinero en efectivo como los casos de Pío y Martín López Obrador; o los esquemas de retención ilegal de salarios de empleados públicos que incluso aparecen al inicio de este mismo “Anuario de la corrupción”. La prevalencia del uso de dinero en efectivo en las campañas políticas sigue y seguirá apareciendo en nuestros registros en tanto este modus operandi siga sin ser atendido desde el poder y la ciudadanía.
NOVIEMBRE
Nepotismo en el gobierno federal
Hacia finales de noviembre, MCCI evidenció que familiares y amigos de los hijos del presidente López Obrador ocupan diferentes puestos en el gobierno federal. Sobresalen, entre ellos, cuatro primos, familiares de la primera esposa del presidente, Rocío Beltrán, en la SEP, el IMSS, la Semarnat y la CFE.
Rodrigo Beltrán Campero Calderón es director de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. Este cargo lo hace responsable de revisar y analizar los anexos técnicos para las licitaciones de la dependencia. Su hermano, Fernando, trabaja como auxiliar de Soporte Técnico en Informática para la delegación del IMSS en Veracruz. Otra prima de los hijos del presidente, Thelma Beltrán, es actualmente directora de logística en la Semarnat. Finalmente, Martha Alicia Magdaleno Medina es abogada de la CFE.
Durante 2022, diferentes medios —además de MCCI— han documentado las relaciones personales entre contratistas del gobierno y funcionarios federales con los hijos del presidente. A pesar de ser uno de los compromisos en su agenda anticorrupción, López Obrador aún no ha presentado una legislación que regule los posibles conflictos de intereses de él y su familia.
César Duarte (Chihuahua)
El 21 de noviembre, la Fiscalía de Chihuahua detuvo al exfiscal Francisco González Arredondo, quien fue acusado de haber torturado psicológicamente a cinco exfuncionarios del gobierno de César Duarte (2010-2016). En 2016, con la llegada de una nueva administración estatal, González Arredondo encabezó un grupo de agentes de la Fiscalía del estado responsable de investigar actos de corrupción del exgobernador Duarte. Este grupo, denominado Operación Justicia para Chihuahua, documentó desvíos por al menos 6000 millones de pesos y abrió investigaciones contra casi cincuenta personas.
La Estafa Siniestra en Hidalgo
El 23 de noviembre, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo dio a conocer la detención de cuatro alcaldes de Hidalgo. Este grupo fue acusado de estar vinculado a una red de corrupción en la que autoridades de al menos trece municipios otorgaron contratos por más de 520 millones de pesos a empresas fantasma. Tres alcaldes fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva. El cuarto fue puesto en libertad tras ejercerse la suspensión provisional en un juicio de amparo. Las investigaciones también buscan establecer responsabilidades entre los integrantes del gabinete del gobernador saliente Omar Fayad, quienes habrían autorizado y supervisado las transferencias de recursos a los municipios.
Investigación contra Murillo Karam por lavado de dinero
El 14 de noviembre, la UIF denunció a Jesús Murillo Karam ante la Fiscalía General de la República por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal. La Unidad señaló que el exprocurador no declaró ante el SAT operaciones por más de 26 millones de pesos al extranjero. Además, detectó que una empresa constructora, a nombre de familiares de Murillo, obtuvo contratos con el gobierno federal durante el sexenio pasado.
Desde 2016, MCCI había documentado que las empresas Alvarga, Kuoro e Itrio obtuvieron al menos 43 contratos por más de 4600 millones de pesos. La investigación de la UIF incluye también a Gerardo Ruiz Dosal, quien fuera secretario particular de Murillo Karam en la Procuraduría y es hijo de Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes.
Murillo Karam se encuentra detenido desde el 19 de agosto, acusado de desaparición forzada, tortura y otros delitos contra la administración de justicia por la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala en 2014.
DICIEMBRE
Casos de meningitis en Durango
En noviembre, las autoridades sanitarias de Durango alertaron por la detección de siete casos de meningitis —una infección en el cerebro— provocados por un hongo. El origen de la infección fue detectado en un anestésico local contaminado, el cual se usó en operaciones cortas y, principalmente, en cesáreas. Este hongo se encontró en cuatro hospitales privados.
Para diciembre, la Fiscalía de Durango había emitido siete órdenes de aprehensión en contra de dueños y administradores de los cuatro hospitales investigados. Diversos medios confirmaron que al menos dos de las clínicas comparten propietarios y una de ellas, Hospital Dickava, no contaba con permiso de funcionamiento. Lo anterior abrió la posibilidad de arreglos informales con la entidad reguladora del estado, la Coprised, y con la entidad reguladora federal, la Cofepris.
Hasta el cierre de este recuento, habían sido detectados 76 casos de meningitis provocados por este hongo y veintiocho personas habían perdido la vida.
Corrupción inmobiliaria en Ciudad de México
En diciembre, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a tres exfuncionarios de la entonces delegación Benito Juárez, acusados por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y de participar en una red de corrupción inmobiliaria. La fiscalía considera posibles pagos a empresas fantasma, además de la violación a los usos de suelo.
Empresa gana más contratos al reclutar a exfuncionaria federal
De acuerdo con una investigación de MCCI, dos empresas de tecnología —que comparten el mismo director general— incrementaron en más de 10 veces el monto obtenido en contratos públicos con el gobierno federal. Esto ocurrió once meses después de que una de ellas, B-Drive It, nombrara como apoderada legal a una exfuncionaria de la Presidencia de la República, Claudia Elena Pérez García. Entre 2018 y 2019, ambas empresas firmaron contratos por 67 millones de pesos. Sin embargo, entre 2020 y 2021 obtuvieron 736 millones de pesos.
Corrupción en Segalmex
Durante la gestión de Ignacio Ovalle como director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), empresas proveedoras de Diconsa estaban obligadas a pagar el equivalente al 3 % de cada contrato a una empresa que resultó ser una fachada. El Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición de Bienes para Comercializar de Segalmex establece que la dependencia tenía que cobrar a los proveedores de Diconsa y tenía que destinar estos recursos al mejoramiento de tiendas rurales o adquisición de vehículos para la flotilla de la dependencia.
Las aportaciones se hacían a la empresa Film & Marketing 18k S. A. de C. V. Esta empresa fue constituida con la identidad robada de Alma Karina Cruz Íñiguez, una persona que vive en una colonia marginada de la zona metropolitana de Guadalajara.
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el actual director de Segalmex, Leonel Cota, reconoció el cobro de aportaciones en la institución. Desde abril, Ignacio Ovalle fue removido como director de esta dependencia para ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
Ministra de la SCJN plagió tesis de licenciatura
El 21 de diciembre, el escritor Guillermo Sheridan denunció en Latinus que la ministra Yasmín Esquivel Mossa habría plagiado la tesis que presentó en 1987 para obtener la licenciatura en Derecho en la entonces ENEP Aragón de la UNAM. La tesis que Esquivel Mossa presentó tiene muchas similitudes con otra tesis presentada un año antes por Édgar Ulises Báez Gutiérrez, en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Esquivel Mossa fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019 y busca ser presidenta de este órgano, una vez que concluya el periodo del ministro Arturo Zaldívar. En sus publicaciones en Twitter, la ministra pasó de negar por completo la publicación en Latinus, a señalar que ella es la víctima del plagio y a anunciar una denuncia por el plagio de su tesis. Por su parte, la UNAM dio a conocer que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos textos y señaló que es el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón la instancia responsable de tomar una decisión.
Si bien no representa ningún hecho de corrupción, esta acusación pone en entredicho la honorabilidad de una de las integrantes de la Suprema Corte. Este asunto podría incluso poner en duda que cumpla los requisitos constitucionales para sostenerse en el cargo.
Tras revisar algunos de los hechos de corrupción de 2022 son evidentes dos tendencias. La primera es la persistencia del uso de la justicia como herramienta política. Quienes no comulgan con el proyecto del presidente o deciden oponerse a las decisiones del poder enfrentan la amenaza de ser tratados con severidad por las instituciones de justicia. Quienes optan por ceder ante las presiones del poder, pueden recibir un trato más “flexible” e incluso evadir por completo la acción de la justicia.
La segunda es la tolerancia a los hechos de corrupción que involucran a los integrantes del grupo político en el gobierno. Ante la evidencia de corrupción pueden detectarse tres tipos de respuesta: negar, minimizar o desestimar las acusaciones como supuestas maquinaciones de los opositores para descarrilar el proyecto de transformación; defender a los acusados calificándolos de honestos, honorables y “buenas personas”; y afirmar que no tenía conocimiento pero que ordenará una investigación. Desde cuestionamientos válidos sobre posibles conflictos de interés en la familia y círculo cercano del presidente hasta el desvío de miles de millones de pesos documentado en Segalmex, todos los señalamientos reciben la misma respuesta una y otra vez.
El uso discrecional de la justicia y la negativa a procesar cualquier acusación de corrupción sobre los funcionarios del gobierno son malos antecedentes para el último tramo del sexenio. El riesgo de que ambas tendencias sean utilizadas para crear condiciones inequitativas de cara a la elección de 2024 debería ser razón suficiente para replantear las preocupaciones del gobierno y de toda la sociedad mexicana. El combate a la corrupción sigue siendo un tema pendiente que, a la luz de lo sucedido en estos primeros cuatro años de gobierno, no arroja esperanza alguna. Ninguno de los casos aquí mencionados debería quedar impune. Sabemos que no será así.
***Este trabajo fue coordinado por Ricardo Alvarado. Participaron Leonardo Núñez González, Miranda Carballo y Miguel Ángel Torhton.
Fuente.-imagen/LaOtraOpinion/
Elementos de la Policía Federal y la PGR en la casa que pertenecía a Poveda, el 19 de octubre de 2008.
Jesús 'El Rey' Zambada, durante el juicio a 'El Chapo' Guzmán, en 2019.
Dos felinos que eran parte del zoológico privado de Poveda, en una imagen de octubre de 2008.
Harold Poveda, El Conejo, presentado por la Policía Federal tras su detención, el 5 de noviembre de 2010.
