Las autoridades españolas detuvieron a Lozoya el 12 de febrero de 2020 en una lujosa urbanización de la española Costa del Sol, en la provincia de Málaga.
Lozoya, titular de Pemex en la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”.
Pero ha pasado un año sin apenas novedades en la investigación y un silencio que incomoda a la ciudadanía.
“Es un caso bien importante para México, el primero de alto nivel de Odebrecht, y ha resultado muy decepcionante para la ciudadanía no tener juicios ni acceso a lo que pasa, ver todo en términos de acuerdos en vez de resoluciones”, dice este viernes a Efe la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la asociación Tojil.
Irregularidades desde el comienzo
Pero la cofundadora de Tojil, organismo que combate la impunidad, ve irregularidades desde la llegada de Lozoya, como el hecho que no se puso a disposición de un juez y que no se conoce el expediente médico con el que evitó la cárcel.
Además, Medina considera “extremadamente preocupante” la negociación entre Lozoya y la FGR “para hacerlo acreedor de un criterio de oportunidad que terminaría por exonerarlo de todos los cargos en el caso Odebrecht a cambio de información que vincule a otras personas”.
Aunque esta figura ha servido para el caso de Odebrecht en otros países, como Brasil y Perú, la abogada expone que suele reservarse para funcionarios con menor nivel y grado de implicación.
“Él justo es de las personas por las que vale la pena un juicio completo en el que se esclarezcan los hechos y se exija justicia. El segundo gran problema es que la ley en México establece que esta figura no puede aplicarse en casos de interés público”, indica.
Lozoya también está acusado de la compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), compañía de Alonso Ancira, quien está en prisión preventiva tras su extradición de España la semana pasada.
El caso de Ancira también despierta críticas porque acordó con Pemex esta semana pagar 219 millones de dólares como reparación del daño para evadir el juicio por lavado de dinero.
“Si se logra sancionar a estas personas responsables, tanto de Agronitrogenados como de Odebrecht, se podría tener un avance en un sentido correcto, sin embargo, es fundamental que empecemos a desmantelar las redes”, opina Bianca Bolaños, abogada de la asociación Impunidad Cero.
Uso político
En su búsqueda de protección, Lozoya denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por “ordenarle” usar el dinero de Odebrecht para la campaña de 2012 y para sobornar a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) en favor de la reforma energética de 2013.
López Obrador ha aprovechado estas denuncias para denostar a opositores señalados y justificar su iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica para revertir la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada.
“Deberían estar callados, avergonzados. Para aprobar la reforma energética repartieron millones de pesos a los diputados y a los senadores, y existen las pruebas. Está abierta una denuncia en la Fiscalía, y ojalá y se aclare todo esto y se termine ese proceso”, declaró el martes pasado.
La analista de Impunidad Cero considera cuestionable que el presidente intervenga en el caso cuando la Fiscalía debe ser un órgano autónomo.
“Es muy curioso que al principio era el presidente quien daba todas estas declaraciones de cómo iba la investigación y no la propia FGR, o sea, la Fiscalía realmente no nos ha dicho nada y hemos visto una serie de opacidades”, afirma Bolaños.
¿Justicia y transparencia?
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, también percibe “lento” el avance del caso y “deficiente” la comunicación social aunque López Obrador pidió “transparentar todo”.
“Más allá de filtraciones y algunas audiencias penales que fueron comunicadas por WhatsApp a la prensa especializada, el manejo del caso abre la puerta a la especulación política. Más que un caso bien presentado ante tribunales, todo indica que habrá negociaciones poco transparentes”, expone a Efe.
Bohórquez advierte posibles complicaciones porque el Ejecutivo no debería tener acceso a información privilegiada de un proceso en curso ni compartirla por el principio de presunción de inocencia y la supuesta autonomía de la FGR.
Aunque el presidente considera el caso de emblema de la corrupción del “periodo neoliberal”, Bohórquez no augura un resultado trascendente “si no hay sentencias en firme, si no se recuperan los activos desviados y no se desmantela la red de corrupción que operaba en Pemex”.
“El efecto positivo de las detenciones irá dando paso a uno ya muy conocido en la historia de México: la sensación de que la justicia se negocia y no se imparte”, concluye.
Con información de EFE/
