El 9 de noviembre de 2018, a las 14:26 horas, un inesperado correo electrónico cimbró, en secreto, al sistema de salud pública en México. El mensaje contenía una denuncia explosiva: la existencia de una red de tráfico de órganos enquistada en uno de los hospitales privados más conocidos de la Ciudad de México.
El mensaje estaba dirigido a una cuenta oficial de gobierno: jose.aburto@salud.gob.mx, que usa el hoy director general del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de la Secretaría de Salud, José Salvador Aburto Morales. El remitente era el doctor Francis Delmonico, uno de los médicos más reconocidos en el mundo en trasplantes de órganos y jefe del Centro Médico del Banco de Órganos Nueva Inglaterra en Massachusetts, Estados Unidos.
La redacción del correo transmitía urgencia y angustia. Un día antes, a las 17:32 horas del 8 de noviembre, el doctor Gabriel Danovitch, miembro del Área de Nefrología del Centro Médico Ronald Reagan en Los Ángeles, California, había enviado un correo a varios colegas y al presidente de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, Rafael Reyes, para contarles una historia muy grave que no podía quedarse en secreto.
“Mi querido Rafa”, escribió en inglés el doctor Gabriel Danovitch. “Te escribo para ponerte al tanto de un perturbador caso de turismo de trasplantes en México hecho por un paciente mío. El paciente (quien prefiere no ser identificado por su nombre) es un hombre de 81 años que empezó a dializarse hace unos meses. Si bien en mi unidad hicimos varios intentos por encontrarle un donador viviente, todos sus posibles donantes fueron rechazados. Me dijo que tenía altos contactos en México que podían ayudarlo (a comprar un órgano): le aconsejé no hacerlo.
“En junio de este año él recibió un trasplante de un donador vivo por un hombre mexicano en sus veinte años, a quien no conocía. El procedimiento se hizo en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México. No me dio los nombres de los doctores involucrados. Te pido que lleves este caso ante las más relevantes autoridades mexicanas. Sinceramente y con cariño personal, Gabe”.
En menos de 24 horas, el director del Cenatra en México estaba leyendo esa historia en sus oficinas en la zona del Ajusco, al sur de la capital. Muchas leyendas se cuentan sobre el mercado negro de órganos, pero esta era diferente: por fin, había una historia respaldada por colegas con nombre y apellido en el extranjero que exigían una respuesta a un caso concreto.
“Salvador, debe haber una inmediata inspección sorpresa a ese hospital para determinar los detalles del caso”, ordenó el doctor Francis Delmonico al funcionario mexicano. “Pero también para determinar si hay otros casos de trasplantes ilegales con pacientes desde Estados Unidos o países extranjeros”.
El mail que Delmonico envió a Aburto Morales.
Personal de la oficina de trasplantes recuerda que José Salvador Aburto Morales no podía dar crédito a lo que leía. Apenas atinó a pedir un vaso de agua a su secretaria antes de solicitarle que cancelara todas sus juntas del día. Cerró la puerta y se hundió en su silla para trazar un plan que no terminara en un escándalo médico en México y un conflicto con autoridades sanitarias de Estados Unidos, justo con Donald Trump en la Casa Blanca.
Su tarde solo empeoró más cuando advirtió un detalle que había ignorado: no era el único destinatario. En el email estaban copiados, al menos, 25 eminencias médicas de todo en el mundo en el campo de trasplantes.
Pidió otro vaso con agua.
HISTORIAS DE PANTALLA
De vez en cuando, una noticia falsa revive en las redes sociales. Casi siempre es ilustrada con la misma fotografía: un camión blanco está estacionado en algún camino al norte del país y rodeado por policías y peritos. A esa imagen la suelen acompañar otras dos: cadáveres de niñas y niños –golpeados y dentro de bolsas blancas– que se supone fueron hallados en el interior del vehículo. Son tres imágenes explícitas que sugieren que por México transitan cotidianamente, y en secreto, tráilers de la muerte.
Los titulares que acompañan esas fotografías cambian, pero casi siempre anuncian que esos niños fueron asesinados para robarles los órganos. A veces, dicen que ocurrió en Guerrero; otras, en Quintana Roo o Chiapas. Hasta marzo de 2019 publicaciones similares habían sido compartidas más de 235 mil veces solo por Facebook, según los cálculos de la agencia de noticias AFP.
Las fotografías suelen ser de un tráiler que transportaba 56 cuerpos de migrantes centro y sudamericanos, asesinados en Tamaulipas –un crimen sin relación con el tráfico de órganos– o de niños que murieron en 2012 en la Franja de Gaza durante un ataque con misiles israelíes.
Se trata de uno más de los muchos mitos que rodean a este delito, que tanto ha fascinado a investigadores y médicos, pero también a cineastas y artistas. En los años noventa, por ejemplo, rondaba el mito de hombres que conquistaban mujeres en bares y las llevaban a hoteles… solo para drogarlas, supuestamente quitarles los riñones y abandonarlas en una tina con hielos.
En 1996, los actores Gene Hackman y Hugh Grant emocionaron al mundo con la película Medidas Extremas, sobre un joven médico que descubre a una banda dedicada a extraer la médula ósea de personas en situación de calle para venderlas a familias adineradas. Y en 2013, el novelista alemán Veit Heinichen vendió miles de copias de su libro Muerte en lista de espera sobre un misterioso cadáver que aparece mutilado en una clínica de belleza y cuyo rastro de sangre lleva a una red de comerciantes de órganos.
“EL TRÁFICO DE ÓRGANOS NO OPERA ASÍ”
En México, el tema se volvió una sensación nacional en 2008, cuando pacientes del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, acusaron que el jefe de la Unidad de Trasplantes, Carlos Rodríguez Sancho, cobraba hasta 2 millones de pesos por encontrar hígados, riñones y córneas en pueblos remotos en San Luis Potosí y trasplantarlos sin el conocimiento de las autoridades sanitarias. Los denunciantes aseguraban que tenían pruebas de más de 100 cirugías clandestinas y una lista de víctimas a quienes nunca se les pagó por sus órganos. Pero el caso nunca prosperó.
Pese a que había muchas denuncias, este caso nunca se judicializó y los acusados fueron absueltos.
Para 2014, el mito de las bandas criminales “robaórganos” en México resucitó cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció que investigaba a un hombre de 34 años, Manuel Plancarte, miembro del cártel de Los Caballeros Templarios, como el líder de una célula que rentaba casas en Uruapan y Apatzingán, a donde llevaban niños para quitarles corazones, riñones y córneas y venderlos en el mercado negro. La información fue desmentida ese mismo mes por el entonces director de Cenatra, Arturo Dib Kuri, con una conclusión lapidaria: “eso es científicamente imposible”.
“La realidad es que el tráfico de órganos no opera así, no es como las películas”, cuenta la doctora María Amalia Matamoros, una de las especialistas en trasplante de órganos más reconocida del mundo. “No es tanto un robo, sino una transacción económica. La más común ocurre cuando una persona con urgencias económicas graves acepta vender sus órganos a una persona con urgencias de salud, pero que tiene amplios recursos económicos”.
Las historias de casas abandonadas habilitadas como quirófanos clandestinos, o las tinas rebosantes de hielos, son historias de fantasía, aseguró la experta. Para llevar a cabo un trasplante se necesita una enorme infraestructura hospitalaria, pues desde que un órgano es extraído se tienen menos de 12 horas para implantarlo. Eso sin contar los innumerables exámenes médicos que deben realizarse para asegurar que el órgano es compatible con el nuevo cuerpo que habitará.
“Te voy a contar una historia que me sucedió hace unos 10 años. Yo era la directora médica de una clínica en Costa Rica y llegaron personas de Estados Unidos a ofrecerme un negocio millonario. Querían que yo trasplantara pacientes que vivían en Arizona y ofrecían hasta 70 mil dólares por riñón. Me negué, claro, cuando esos americanos me dijeron que habían trabajado en un hospital en Guadalajara, pero hubo un ‘escandalito’ en México y estaban buscando dónde hacer esos trasplantes”, narra la doctora María Amalia Matamoros. “Desde entonces existe este problema en México”.
Se trata de un mercado negro con un valor incalculable, pues cuando la ONU trata de cuantificarlo lo suma a otras modalidades de trata de personas, como la explotación sexual o el tráfico de migrantes. Ante los pocos datos certeros de este delito, suele repetirse uno que estableció la Organización Mundial de la Salud: entre un 5% y un 10% de los trasplantes anuales en el mundo provienen del comercio clandestino.
La mayoría de los vendedores de órganos viven en las regiones con más pobres en el mundo: Oriente Medio, Sureste de Asia y América Latina. Y los compradores suelen residir en las áreas más ricas del planeta: Europa Central y Norteamérica, a donde les llegan, principalmente, riñones y córneas por los que pagan a intermediarios hasta 4 millones de pesos. En contraste, el “donante” apenas recibe –si bien le va– entre 1% y 10% del valor comercial del órgano, según un informe del Congreso Nacional de Chile.
Gracias a todos los mitos, los gobiernos mexicanos fingieron durante años que el crimen no existía en el país. Hasta 2018, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada reportó cero sentencias por este crimen. Increíblemente, México parecía blindado a este expresión del crimen organizado.
Eso cambió el año pasado, con el caso de los médicos que vendían córneas en Mexicali.
EL PRIMER CASO JUDICIALIZADO
El rechinido de las llantas de dos camionetas pickup le advirtieron al oftalmólogo David Méndez Noble que sus días tranquilos habían terminado. Era la mañana del 22 de octubre de 2019, cuando seis hombres armados descendieron de vehículos sin rotular y, en segundos, rodearon al médico que caminaba por la avenida Reforma de la colonia Nueva, en Mexicali, Baja California, rumbo a su clínica, el Instituto Visual del Centro de Oftalmología.
“¡Ya te cargó la chingada, pinche doctor!”, gritó uno de esos hombres con el rostro cubierto, quien tomó al médico del cuello y lo empujó hasta el fondo de una de las camionetas. Sorprendido, David Méndez Noble pidió ayuda a gritos creyendo que era víctima de un secuestro. En realidad, había sido detenido por agentes federales encubiertos que cargaban con una orden de aprehensión basada en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMIO/035/2010.
Era el último movimiento de una investigación que había comenzado nueve años atrás, en 2010, cuando un hombre se presentó en las oficinas regionales de la entonces Procuraduría General de la República para denunciar a tres médicos que vendían órganos a sus pacientes.
El denunciante narró que David Méndez Noble, junto con su hermano Antonio Méndez Noble y su papá Antonio Méndez Gutiérrez, todos oftalmólogos, buscaban personas con reciente diagnóstico de muerte cerebral en unidades de cuidado intensivo en hospitales de San Diego, California, y alterando papeles y pagando sobornos llevaban los cadáveres por tierra a Mexicali para sacarles las córneas y ofrecerlas hasta en 2 millones de pesos a sus adinerados clientes, casi todos extranjeros.
Las operaciones, contó el denunciante, se hacían en un cuarto secreto dentro del Instituto Visual del Centro de Oftalmología, un edificio de dos plantas y recubierto con mármol, que desde 2006 se volvió un popular destino de “turismo de trasplantes”. Ahí mismo se entregaba el dinero en efectivo, junto a cuerpos desnudos con las cuencas de los ojos vacías.
Tras varios años de investigaciones encubiertas, grabaciones secretas y pilas de evidencias contra los tres doctores, las autoridades federales ejecutaron las órdenes de aprehensión: primero fueron tras el hijo mayor, luego por el papá y el hermano menor.
Cuando los agentes aseguraron la clínica, todo cuadraba a la perfección con lo narrado por el hombre que comenzó la denuncia y que se decía carcomido por la culpa de ver que decenas de pacientes pagaban millonarias sumas por córneas que no funcionaban ya trasplantadas. Su testimonio logró la primera judicialización en la historia de México por tráfico de órganos, un delito que puede alcanzar hasta 40 años de prisión.
¿Cómo sabía tanto? El informante se llama Gontrán Méndez Noble, quien para frenar esa red clandestina tuvo que entregar a su papá y hermanos ante la justicia.
“ESE FUE UN CASO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS”
Cuando José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes, salió del marasmo por la noticia, comenzó a dar órdenes para atajar la denuncia. Cuentan que estaba tenso, visiblemente angustiado. Ese día apenas probó bocado. Toda su atención estaba en cómo desactivar esa bomba que la comunidad médica le había puesto en las manos.
Solo tardó 14 días en “arreglar” el problema, pues el 23 de noviembre, a las 17:45 horas, envió un mensaje a todos los copiados en el correo que dos semanas antes le había robado la calma. Era un texto sobrio desde su cuenta oficial en el que aseguraba que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya había hecho una visita al Hospital Ángeles de la Ciudad de México –no identificó cuál de los 10 que hay en la capital– y que todo pintaba muy bien para él.
“Estamos esperando la resolución final de Cofepris”, escribió José Salvador Aburto Morales. “Sin embargo, podemos adelantarles que después de examinar los registros médicos, el trasplante cuenta con los requerimientos legales aplicables”.
Según el funcionario mexicano, aquel estadounidense de 81 años –quien había confesado tener poderosos contactos en México para conseguir un riñón– casualmente tenía un “fuerte lazo de amistad” con un mexicano veinteañero de escasos recursos quien le dio su rinón en un acto de desinteresado altruismo.
Eso, y la ausencia de una queja ante el ministerio público, zanjaba el asunto para José Salvador Aburto Morales. Todo había sido legal, justificó el burócrata.
Sin embargo, el doctor Gabriel Danovitch, cuya denuncia descubrió este caso, aún tiene dudas sobre cómo se “resolvió” el problema. A dos años de enviar aquel correo electrónico, el experto conversa con EMEEQUIS y asegura que las autoridades mexicanas nunca le mostraron evidencia de la supuesta inspección de Cofepris.
“Yo aún desconozco los resultados de esa inspección. A mí me dijeron (no recuerdo quien) que el programa de trasplantes de ese hospital había sido cancelado.
“Yo sigo creyendo que ese fue un caso de tráfico de órganos y turismo de trasplantes”, insiste el doctor Gabriel Danovitch, quien critica que los recortes presupuestarios al sistema de salud en México debiliten las campañas de donación altruista y fortalezcan las redes de compra y venta de órganos.
No es el único con dudas sobre la actuación del director general del Cenatra, José Salvador Aburto Morales. Se trata de uno de los médicos más reconocidos en el tema en Estados Unidos, quien pidió el anonimato para no confrontarse con sus colegas mexicanos.
“Yo conozco el caso que inició esto. Lo conozco de primera mano. Por supuesto que el donante y el donador no se conocían. Hubo un intercambio de dinero ilegal y participaron médicos privados, funcionarios de gobierno, gente muy rica y, al final, un joven muy pobre que tuvo que comprometer su vida por unos miserables pesos.
“No hicieron la inspección debida Lo que hicieron fue ganar tiempo. Se dedicaron a cuadrar todos los papeles, inventar documentos, fingir que tenían todo en regla para después decir que todo se hace sin corrupción en México, ¡por favor! Desde hace años sabemos que en México se alteran exámenes de sangre para fingir que un paciente está más grave que otro y robarse un órgano, que se paga para subir en la lista de espera de donantes y que hay médicos sin escrúpulos que hacen turismo por pueblos pobres para atraer indígenas que venden sus riñones. Eso hicieron y está en sus conciencias”.
Para este doctor, no hay duda alguna: ahora mismo, el gobierno mexicano está ocultando una poderosa red de tráfico de órganos que hizo metástasis en el sistema público de salud. Y que a diario hace millones lucrando con los cuerpos de los más pobres del país.
EMEEQUIS buscó al director José Salvador Aburto Morales para conocer su opinión al respecto. En un primer momento, personal de Comunicación Social aceptó la entrevista, pero después de conocer que sería cuestionado por el tráfico de órganos en México, ya no hubo respuesta.
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