En la UNAM desarrollaron una novedosa fórmula para preservar cadáveres, con múltiples ventajas: es inodora, disminuye los riesgos sanitarios y mantiene la flexibilidad de los cuerpos, permitiendo su utilización con fines de investigación y docencia.
Diego Pineda, jefe del Departamento de Innovación en Material Biológico de la Facultad de Medicina (FM), explicó que con el formol, que se utiliza en la mayoría de los anfiteatros, la preservación de un cuerpo requiere tres meses de preparación. “Con nuestro procedimiento, que combina varias sustancias, sólo se necesitan 15 días, y después de ese lapso el cadáver ya no necesita nada, ni refrigeración”.
Tras año y medio de pruebas y combinación de distintas sustancias por parte de Pineda y su equipo de colaboradores, se obtuvo la formulación, que ahora está en proceso de patente nacional e internacional.
“Con esta innovación, médicos de todas las áreas que quieran mejorar sus destrezas quirúrgicas tienen la posibilidad de hacer sus prácticas”, dijo el universitario.
Antes y después
Pineda explicó que antes el anfiteatro de la FM, como el de todas las instituciones donde se enseña medicina, contaba con tinas de inmersión con formol; ahí se colocaban los cuerpos para conservarlos, pero esa sustancia a la larga tiene efectos cancerígenos.
Además, el trabajo era complicado debido a que irrita los ojos y la mucosa nasal. “En la nueva formulación sí se utiliza formol, pero en un porcentaje menor a tres por ciento, combinado con otras sustancias”, aclaró Pineda.
Otra desventaja del método tradicional es que el formol y otros alcoholes que se utilizaban deshidratan y vuelven rígidos los cuerpos; además, por la rigidez y el color café que adquieren, es difícil identificar los planos anatómicos (piel, grasa, nervios o arterias), o practicar técnicas quirúrgicas.
Con cuerpos adecuados se adquieren mejores destrezas y se disminuyen los desaciertos en la práctica clínica, con un impacto positivo, porque los errores médicos son la tercera causa de muerte prevenible en el mundo, subrayó.
A partir de la transformación del anfiteatro de la FM –ahora el más moderno de América Latina– hace poco más de tres años, y la implementación de la nueva técnica de preservación, se incrementó el número de cursos de posgrado: de cuatro en 2016, a 66 en 2018, y hasta mediados de 2019 ya se contabilizan 55.
Los médicos que acuden a la FM dicen que es como estar en un quirófano con un paciente vivo. “Sólo falta un detalle: que sangre, así que ya trabajamos con Rubén Argüero, jefe del Departamento de Cirugía y quien realizó el primer trasplante de corazón en nuestro país, para que los cadáveres tengan “flujo” y “circulación” con presión, con ayuda de una máquina extracorpórea. “Lograrlo será espectacular”, calificó Pineda.
En la FM cuentan con el programa de donación de cuerpos. Hace dos años y medio, cuando inició, 27 personas se inscribieron, y en la actualidad tienen más de dos mil inscritos. En promedio, cada cuerpo sirve para impartir ocho o más cursos, y sin importar el tiempo que permanecen en la Facultad, reciben un trato digno.
Mientras concluye el trámite de patente, la entidad universitaria brinda asesoría a diferentes instituciones para que también echen a andar sus programas de donación de cuerpos o la modernización de sus anfiteatros. Es el caso de las universidades de Guadalajara, Nuevo León, Puebla y hasta Costa Rica.
Jorge Audifred Salomón, ginecólogo en el Hospital General Manuel Gea González y formador de nuevos especialistas, calificó como una gran experiencia trabajar en estructuras biológicas humanas. Los entrenamientos habituales en cirugía laparoscópica se hacen en estructuras inanimadas o en animales, “pero la oportunidad de trabajar con cuerpos humanos, en excelentes instalaciones y con una técnica única de preparación, es fantástico. Me siento contento y orgulloso de estar aquí”.
En una sesión de trabajo, los especialistas realizaron varios procedimientos, como reconocimiento de estructura anatómica, salpingectomía (extirpación de trompas), ooforectomía (de ovarios), histerectomía (de útero), y estudio de retroperitoneo para ver dónde se encuentra el uréter, nervios y grandes vasos. “Mis alumnos están felices”, concluyó.
A partir de agosto, el fisco irá contra los contribuyentes que compraron alguna factura electrónica con el fin de reducir el pago correspondiente de impuestos y que no atendieron la carta-invitación que se les envió para corregir esta situación.
Se trata de los EDOS, que son las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas, que al comprar facturas o comprobantesfiscales digitales pretenden simular un aumento en sus gastos de operación para pagar menos impuestos.
“El SAT ya empezó con una serie de mensajes invitando a los contribuyentes que las hayan adquirido, y lo manejan así: para los que compraron por error una factura electrónica que haya amparado una operación simulada los está exhortando a acercarse a las oficinas del SAT para pedir ayuda”, mencionó el fiscalista Javier Zepeda.
En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que eso significa que el fisco tiene toda la información de aquellos contribuyentes que compraron o vendieron una factura electrónica que les llaman “fantasma”.
“El próximo mes, a quien no haya atendido la invitación a acercarse, deberá sufrir las consecuencias”.
Se está dando laoportunidad de regularizarse, y de no hacerlo, se efectuarán todas laspenas y consecuencias que procedan, advirtió.
“Les está dando una oportunidad para que se acerquen de manera voluntaria para que le digan al SAT que por error compraron una factura para bajarle al pago de impuestos, pero que tienen la intención de reivindicarse, tras haber recibido la carta-invitación”, dijo Zepeda.
En agosto próximo, el fisco comenzará a enviar notificaciones a través del buzón tributario para revisar a los que no se regularizaron.
Explicó que recientemente se publicó una modificación al Código Fiscal de la Federación, mediante la cual se sanciona con tres a seis años de cárcelno sólo a los emisores sino a los compradores de facturas para evadir el pago de impuestos.
Javier Zepeda refirió que el SAT tiene a más de 8 mil contribuyentes que están en el listado definitivo conocidas como EFOS o Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas que comercializan esos comprobantes.
De esa cifra, tenía como presuntos vendedores a 200 contribuyentes que no pasaron a la lista definitiva, lo que significa que el SAT muy pocas veces se equivoca sobre quiénes son los evasores por medio de facturas fantasmas.
Último eslabón. Con las auditorías electrónicas ya puede, posterior a sus revisiones, compulsas y validaciones de comprobantes y otras estrategias fiscales, determinar cuáles contribuyentes venden y compran facturas para simular operaciones
“Con esta información, el SAT ya puede llegar al último eslabón de quién compra esas facturas para amparar una operación que no se llevó a cabo”, señaló Zepeda.
El fiscalista recomendó a los contribuyentes que antes de tomar la decisión de comprar una factura electrónica para reducir el pago de impuestos, busquen un contador serio y ético para que puedan aplicar estrategias fiscales legales.
Desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal, antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura para respaldar operaciones que nunca se llevaron a cabo para comprobar más gastos.
De acuerdo con el SAT, a partir de 2015, las auditorías se han focalizado en combatir conductas como simulación de operaciones o emisión de facturas apócrifas, con el objetivo de propiciar un mayor cumplimiento voluntario.
En 2018, la Secretaría de Marina (Semar) habría incurrido en diversas irregularidades en la adjudicación directa de los proyectos de construcción de las instalaciones complementarias del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en Campeche, así como de la fosa de entrenamiento y la remodelación de la Alberca Olímpica de la Heroica Escuela Naval Militar en Veracruz.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Semar habría incumplido las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas dado que no probó con suficiencia haber presentado bases de licitación para los proyectos; ni de haber creado una lista de empresas con capacidad técnica, económica y financiera, ni solicitado cotización a las empresas contratadas.
Asimismo, no cumplió con la documentación de los plazos legales de finiquito y extinción de derechos, ni emitió convenios modificatorios correspondientes a los cambios presupuestales que se registraron.
En los proyectos de la Heroica Escuela Naval Militar se realizó una deficiente evaluación de la propuesta a la que se adjudicó el contrato, lo que generó un sobrecosto de 141 mil 100 pesos.
Por otro lado, la Secretaría atendió las observaciones de la Auditoría relacionadas a la falta de comprobación del gasto de 10 millones 968 mil pesos en las construcciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento, así como sobre el gasto injustificado de 315 mil pesos destinados a “concreto en cimentación” que debieron haber sido descontados del volumen del acero de refuerzo en los elementos estructurales, tanto en las obras de Campeche como de Veracruz.
Por lo anterior, la ASF emitió recomendaciones para que el Órgano Interno de Control investigue las anomalías y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes contra los servidores públicos responsables de las irregularidades.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que le permitirá a las autoridades disponer de los bienes que se hayan asegurado a la delincuencia organizada. En la sesión extraordinaria de este día, el pleno del órgano legislativo avaló la ley con 420 votos en favor, 10 en contra y 9 abstenciones.
La nueva ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona respecto a sus bienes que sean producto de un delito, cuando así lo declare la autoridad judicial. Su despojo no conlleva una ningún tipo de compensación.
Los bienes susceptibles a este nuevo reglamento se relacionan con los delitos desecuestro; delincuencia organizada; los cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; contra la salud; trata de personas; por hechos de corrupción; encubrimiento; los perpetrados por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Ni siquiera las personas que hayan fallecido podrán librarse de este nuevo dictamen, que establece que la muerte de quien se hubiera encontrado sujeto a investigación o proceso penal no anula la extinción de dominio, por lo que las consecuencias recaen incluso en los herederos.
La ley fue aprobada con mayoría parlamentaria (Foto: Cuartoscuro)
La Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del artículo 22 constitucional, el cual establece que "la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal".
Además de expedir la nueva ley, el dictamen aprobado por los diputados reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley de Concursos Mercantiles y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La discusión en el pleno se inició con la fundamentación del dictamen a cargo de las diputadas María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, y Rocío Barrera Badillo, que encabeza la Comisión de Gobernación y Población.
Sus impulsores señalaron que es una medida efectiva para acabar con la corruopción y la delincuencia (Foto: Cuartoscuro)
Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó que "esta herramienta, sin duda, era necesaria y está llamada a fortalecer el Estado de Derecho mexicano, y a generar acciones contundentes contra la violencia, la delincuencia y la impunidad".
Barrera, miembro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que la extinción ha dado buenos resultados en el extranjero, pero en México no había logrado "ser el engranaje que engarce una estrategia que combata al hampa con inteligencia institucional, atendiendo las causas, desmantelando las estructuras, quitándole viabilidad financiera y erradicando la impunidad".
"Hoy nos encontramos en un momento histórico de esta Cámara de Diputados, en el que hemos decidido hacer frente de manera firme a la corrupción y a la delincuencia organizada mediante la Ley Nacional de Extinción de Dominio", dijo durante su intervención en la sesión la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez.
Críticas a la ley
El diputado Ochoa Reza aseguró que la ley afectara los derechos de todos los mexicanos (Foto: Cortesía)
Aunque la ley fue avalada por mayoría, no todos los diputados estuvieron de acuerdo con su aprobación. El diputado Enrique Ochoa Reza, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la Ley de Extinción de Dominio es un peligro para la ciudadanía.
"Esta es una de las legislaciones peor hechas y con consecuencias más negativas para los ciudadanos de nuestro país. Esta legislación, de no corregirse, puede derivar en un estado policiaco, donde los ciudadanos honestos vivan bajo un estado de sospecha", dijo en su discurso.
De acuerdo con el funcionario, uno de los principales problemas de la ley es que se puede castigar a la ciudadanía incluso cuando sea declara inocente por la vía penal y civil. Además, puede afectar el patrimonio de terceros que actúen de buena fe.
"Esta legislación afecta a los ciudadanos inocentes, y pone sobre la lupa a cualquier persona que sea señalada por el Estado", señaló.
López Obrador vs los "malos"
El presidente ha dicho que con esta ley, el pueblo podrá recuperar parte del dinero robado (Foto: Cuartoscuro)
La Ley Nacional de Extinción de Dominio fue aprobada por el Senado el 1 de julio, tras lo cual fue remitida a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Al comentar la aprobación en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obradordijo un día después que su aprobación iba "a permitir el buen funcionamiento del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado".
Explicó que antes se confiscaban bienes, pero se quedaban en bodegas. "Se echaban a perder y se gastaba mucho en manteneraviones decomisados, vehículos, ranchos y joyas, y al final no se sabía en qué quedaba".
Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” (Foto: AP)
En este mismo día de su aprobación, López Obrador entregó simbólicamente a Patricia Durán, alcaldesa de Naucalpan, en el central Estado de México, el rancho "Los Tres García", ubicado en ese municipio, para laconstrucción de una universidad.
El terreno le pertenecía a Carlos Montemayor González, suegro de Édgar Valdez Villareal "La Barbie", jefe de sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quien fue detenido el 30 de agosto de 2010.
El Fiscal Regional de Jalisco, Gonzalo Huitrón Reynoso, fue asesinado esta mañana en la Carretera Santa Rosa-La Barca, en Poncitlán, informaron autoridades.
"Elementos de la Fiscalía del Estado fueron agredidos en el Municipio de Poncitlán; producto del ataque, lamentablemente, un elemento de la corporación perdió la vida y dos más se encuentran lesionados.
"El fallecido es el Fiscal Regional Gonzalo Huitrón Reynoso y dos de sus escoltas resultaron heridos", confirmó la Fiscalía de Jalisco.
Las víctimas se desplazaban en una pick up con dirección a Guadalajara cuando pistoleros en una camioneta los interceptaron a la altura de San Luis del Agua Caliente, alrededor de las 6:30 horas.
"Quedaron dos de sus escoltas lesionados, uno está grave, el otro está leve, y ya fueron trasladados a atención médica", dijo el vocero de la dependencia, Ricardo Franco.
Al lugar llegó el titular de la Fiscalía General, Gerardo Octavio Solís Gomez, así como agentes de distintas instituciones y soldados..
Diversas fuentes indicaron que los responsables huyeron en un Jeep negro, aunque hasta el momento no han sido localizados. fuente.-
Informacion que circula en el sitio "Centro de Noticias de Tamaulipas",da cuenta de la presunta investigación que se sigue en TEXAS al GOBERNADOR PANISTA de TAMAULIPAS FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA de VACA y su FAMILIA por LAVADO de DINERO,difundida y atribuida a un presunto acto de la la Fiscalía General del Estado de Texas con base en Corpus Christi y que es dirigida por Kenneth Madgison,solo robustece otros testimonios y evidencias que ponen a relieve la ESCANDALOSA corrupción de Cabeza de Vaca y cuya investigación podria ser secundada por el aparato federal en Mexico.
De acuerdo a la informacion citada,se establecen cargos ante el Gran Jurado de Estados Unidos con pruebas definitivas que incriminan a la familia del hoy gobernador,un certificado de deposito firmado por la madre del mandatario Ma de Lourdes Cabeza de Vaca W. y fechado en 2008 por casi 5 millones de dolares en el Inter National Bank de la ciudad de Mc Allen en Texas,da cuenta del inicio de esa fortuna que hoy es inconmensurable y que en 2106 fue calculada por el periódico Nacional El Fiananciero en 951 millones,casas,terrenos,ranchos,empresas,vehículos y mucho, mucho efectivo,son parte de la riqueza ilícita ocultada por el gobernador con cómplices y testaferros.
Los delitos en que podría haber incurrido y estar incurriendo el gobernador en Mexico y E.U son delitos federales graves como: Lavado de dinero,fraude bancario,fraude electrónico y fraude fiscal cuyos cargos son extensivos a sus hermanos José Manuel y el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca quienes aparecen recurrentemente en el entramado a nivel de "Delincuentes Políticamente Organizados".
La misma fuente cita que los familiares del Gobernador dieron información falsa y mintieron sobre el origen del dinero ya que afirmaban que los millones de dólares depositados en el banco eran parte de una herencia del padre de María de Lourdes Cabeza de Vaca,sin embargo la investigación de Estados Unidos dice que el hombre era un gallero tamaulipeco y murió de causas naturales en la total ruina en 1983, siendo imposible que fuera millonario.
Las pesquisas federales al gobernador y su familia pueden sustentarse con pruebas fidedignas e irrefutables, mas allá de que el documento que acredita la herencia es totalmente falso y que contiene firmas falsificadas por el notario público José Quintero Carbajal y señalados en la misma indagatoria como cómplices, el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales y el ex presidente del banco Carlos Garza, así como el narco notario de Reynosa, Alfonso Fuentes el cual fue contratado por la familia de Cabeza de Vaca para elaborar el documento de la falsa herencia.
En México existen, por lo menos, tres mil 159 zombis. Se trata de personas que fueron oficialmente registradas como muertas en 25 estados del país, entre 2015 y 2017, pero que desaparecieron con el cambio de método en el registro oficial de víctimas del delito. Es decir, para las fiscalías y procuradurías del país dejaron de estar muertas y no se sabe dónde están.
›Las cuentas tampoco son claras en los casos de las víctimas de extorsiones y secuestros. El cambio provocó que 91 personas extorsionadas desaparecieran y 17 más que fueron secuestradas se quedaran en el limbo del registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la explicación de que haya este tipo de “muertos vivientes” no tiene nada que ver con un tema de ciencia ficción, sino con la reclasificación que cada fiscalía o procuraduría hace de sus estadísticas, pero que no necesariamente realizan con la celeridad y precisión que amerita la actualización en el conteo de las víctimas de la violencia en el país.
“Asumir que siempre es con dolo es una falta de conocimiento del país. En Guerrero o Michoacán, por ejemplo, no es que no lo quieran hacer, sino que no hay manera; hay mucha incapacidad por la falta de recursos, no hay internet, teléfono, ectétera, es más complejo que suponer que sólo es por corrupción (…) Es dolo de alguien más, del Congreso por no otorgar los recursos, del gobernador que no le importa o se gasta el dinero en otras cosas, mediocridad de la fiscalía porque no tiene lana”, reconoció Pérez Esparza.
La importancia que implica la veracidad de los datos que acumula el Centro Nacional de Información, y particularmente con el registro de víctimas del delito, es imprescindible debido a que en estas estadísticas las instancias de inteligencia y seguridad del gobierno se basan para analizar las tendencias de los fenómenos delictivos y diseñar las estrategias para combatirlos. Muestra de ello fue el primer plan antisecuestro que impulsó en enero de 2014 la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) luego del alza de más del 27% en la incidencia de ese delito que hubo en el país en 2013, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la discrepancia en los datos del SESNSP y los que registran organizaciones civiles, por ejemplo, en el caso del secuestro con la asociación Alto al Secuestro ha generado desconfianza con lo reportado por las fiscalías y procuradurías del país y los informes de estas organizaciones de la sociedad civil. Muestra de ello fue que, en 2015, cuando Renato Sales cumplió su primer año al frente de la Conase como primer zar antisecuestros del país, hubo una diferencia de 66% entre los secuestros que reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los que la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace dijo haber registrado entonces.
5.34 por ciento aumentaron las víctimas de homicidio doloso y feminicidio el primer semestre de 2019, comparado con el mismo lapso de 2018.
Desde enero de este año, este periódico reveló la preocupación que organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano, que preside Francisco Rivas Rodríguez, mostraron ante la falta de una metodología clara y confiable por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los reiterados cuestionamientos que el propio presidente de la República hizo sobre las estadísticas del SESNSP; la entrada en vigor del nuevo gobierno motivó a que activistas como Francisco Rivas, quien fue parte de los impulsores para mejorar la metodología del conteo delictivo e incluir la cifra de víctimas, exhortaran para que la nueva administración reforzara los sistemas de información existentes. Pero el extravió de víctimas o la demora en su actualización evidencia que esta demanda no ha sido atendida del todo.
Las diferencias más notorias en los delitos se ubican en las víctimas de homicidio tanto doloso como culposo. Hay tres estados en particular donde las estadísticas que corresponden al mismo año, pero comparadas entre sí con el cambio de metodología reflejan discrepancias que superan las 100 víctimas: Oaxaca, Colima y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, su fiscalía reportó en 2015, 849 víctimas de homicidio doloso. Al cambiar a la nueva metodología, vigente desde el año pasado, en su registro ahora sólo aparecen 225 víctimas; es decir, hay 624 personas asesinadas de las que no se sabe qué ocurrió. En el caso de las víctimas de homicidio culposo en la entidad, la diferencia en ese mismo año fue de 865 al pasar de mil 94 a 229 víctimas.
Ese fenómeno se repitió en Oaxaca en 2016, cuando el cambio de registro hizo que 166 víctimas de asesinato y 80 más por muerte accidental, desaparecieran. En ese año, las autoridades de Colima también perdieron 131 víctimas de homicidio doloso. En Veracruz, con su registro de asesinatos al cierre de 2017 se quedaron fuera de su actualización 101 personas muertas.
El 78% de los estados falló en su conteo de víctimas y eso pone en duda toda la información. Esto obligó al Secretariado, adelantó Pérez Esparza, a llevar a cabo un estudio de evaluación que a más tardar en noviembre se dará a conocer después de 10 meses de trabajo y que siguió un Modelo de Revisión Estadística. Hasta ahora, comentó, llevan el registro de la mitad de las procuradurías y fiscalías del país, y pone en evidencia tanto las buenas practicas que varios estados aplican, pero también las extrañezas que encontraron en otros más. “Es muy revelador”, aseveró.
La metodología no afectó
El aumento de la inseguridad obligó a las autoridades a hacer pública la incidencia delictiva en el país para tener una referencia real de lo que ocurría y tener la posibilidad de medir y evaluar su evolución. Los primeros registros son de 1997 y sólo aparecían las averiguaciones previas que se iniciaban por los diferentes delitos.
Por un lado, se reportaban las denuncias que recibía la entonces Procuraduría General de la República y, por el otro, las procuradurías de justicia estatal debían enviar sus cifras mensualmente. Bajo el argumento de obtener mayor precisión y con ello confiablidad; en 2014 se incluyó la medición por víctimas de los ilícitos y para 2018 se cambió la metodología para ampliar el catálogo de ilícitos.
El titular del CNI sostuvo que la disparidad en las cifras no tiene que ver con el cambio de metodología en el registro nacional de víctimas del delito, el cual implicó que se ampliara el catálogo de víctimas a otros delitos como feminicidio, aborto, tráfico, rapto y corrupción de menores, así como trata de personas.
›El cambio de metodología, subrayó Pérez Esparza, “no fue la gran cosa, se amplió y ya; mantuvimos lo mejor de la metodología justo para que fuera lo más cercano a lo comparable y no hay un cambio mayúsculo. Prioritariamente los cambios se dieron en protocolos nuestros para controlar la calidad de la información y corroborar que procuradores y fiscales pues no nos piquen los ojos o lo hagan menos”.
Quitar y acomodar
Una explicación sobre la desaparición de personas asesinadas de las estadísticas, podría ser que las autoridades se dieron cuenta que se trataba de una muerte culposa y reclasificaron el caso. Pero al revisar, las cifras no encajan en esta lógica en la mayoría de los estados.
Un caso de esta revaloración de números, ejemplificó Pérez Esparza, es cuando un policía llega donde hay un cuerpo debajo de un puente, asume que hubo una riña y que la víctima murió tras un asalto, pero el Ministerio Público investiga y tres meses después resulta que la persona del puente realmente se suicidó. “Un ejemplo muy tonto, pero sí pasa muy seguido, ¿qué ocurre?, los estados me dicen sabes que CNI me enteré que lo que te mandé no era completamente cierto y lo que te dije que era homicidio doloso pues resulta que es un suicidio”.
“Sí se da la reclasificación (en las cifras de víctimas), nos han llegado a reclasificar casos de muchos años atrás, porque la investigación lamentablemente en el país no es tan rápida como uno quisiera. Sí nos pasa tristemente que hay estados donde, por ejemplo, no hay capacidad en su modelo penal, de justicia y mucho menos en su modelo pericial y pues llevan a los muertos literal en tráiler, y no porque el estado quiera, sino porque no podía”, reconoció David Pérez, en entrevista con ejecentral.
Hay que recordar, sostuvo el funcionario, “que el CNI funciona por el principio de buena fe, si el procurador o el fiscal me miente yo a veces me doy cuenta, pero no siempre y eso es cierto, hay un margen de error, porque a mí me mandan los archivos horas antes del día 20”, que es la fecha en la que las estadísticas del SESNSP se actualizan. El también consultor en seguridad y prevención del delito reconoció que se trata de actos de “buena fe” por parte de las autoridades estatales y municipales, pues hay casos en que reclasifican tan pronto pueden aunque tardan meses, pero en otros casos “no puedo descartar tampoco, y vale la pena señalarlo, que hay dolo porque sí puede haber dolo”.
Este periódico hizo el ejercicio de revisar en cada estado las víctimas de asesinato desaparecidas y contraponerlas con el ajuste en la cantidad de muertes accidentales, aún así, tres mil 102 víctimas de homicidio entre 2015 y 2017 siguen a la deriva.
Aunque en ninguna parte de las páginas oficiales del Secretariado se especifica que unos muertos dolosos se convirtieron en culposos y viceversa, al revisar cada entidad, sólo los casos de Chiapas y Chihuahua en 2016 son muestra de que esa reclasificación sí puede haber ocurrido.
Aún y cuando la fiscalía chiapaneca reflejó una disparidad de mil 36 víctimas de homicidio doloso, ese número fue exactamente el mismo que el de los casos de homicidio culposo que también se ajustaron.
Una situación similar ocurrió en el caso de Chihuahua, donde las 368 víctimas faltantes, representaron la cantidad total en el caso de las muertes incidentales.
Es imposible determinar si se trata de un mero descuido humano o una acción con toda la intención para no reportar la cantidad verídica de personas que fueron víctimas de un delito, ya sea de homicidio, secuestro o extorsión.
Las cifras reflejan casos como el de Guanajuato en 2015, donde la cantidad de asesinatos reportados al final de ese año fue de 975, pero en 2018, con el cambio de técnica, el número bajó a 957.
Esto significa que el estado dejó a la deriva 18 casos que no se reclasificaron en los homicidios culposos, pues hubo también la desaparición de dos víctimas más con el cambio de conteo. Es decir, en esta entidad del Bajío 20 muertos están perdidos.
El caso Oaxaca
Los casos de homicidios no son el único problema del Secretariado. Las cifras de víctimas de secuestros y extorsiones también reflejaron número dispares.
Debido a que la anterior metodología sólo se actualizó hasta 2017 y el nuevo registro ya no incluyó 2014, sólo fue posible hacer las comparativas de dos años: 2015 a 2017.
Las víctimas de extorsión resultaron con una mayor discrepancia al sumar durante ese trienio un total de 91 casos en 11 entidades del país. De este delitos fue el año 2015 donde más descuentos de víctimas se dieron, al dejar fuera de las estadísticas del país a 80 personas. El caso de Oaxaca, al igual que en los homicidios, es el que registró mayor anomalías al sumar 61 personas extorsionadas que salieron de su registro entre 2015 y 2016.
En el caso de los secuestros el fenómeno de la desaparición de víctimas se dio en menor medida con un total de 17 víctimas en los años 2015 y 2016.
Fue de nueva cuenta Oaxaca donde las cantidades no cuadraron con el cambio de metodología, pues en un primer caso 12 víctimas se quitaron del registro y para el año siguiente fueron cinco las que, por arte de magia, dejaron de ser víctimas de secuestro.
La entidad, actualmente gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, refleja desde al menos 2015 una serie de deficiencias en la confiabilidad de su estadística delictiva. Muestra de ello es que en sus registros de víctimas del delito de ese año no se cuenta con la información de ocho meses y, en consecuencia, figuró entre los principales estados peor evaluados en el informe Fallas de origen: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal 2019 que el pasado 2 de julio presentó la organización México Evalúa.
Los otros datos de AMLO
La información que el Presidente y su gabinete de seguridad evalúan cada mañana es táctica no estadística, por eso no coinciden con el resto de las cifras.
Un error metodológico es comparar datos distintos con temporalidades desiguales, esto aplica a datos del Centro Nacional de Información comparados con el Inegi, y las cifras que recibe el Presidente son diferentes y ninguna es comparable.
El Presidente tiene información táctica no estadística; es decir, información no corroborada que recibe de forma inmediata cada día, lo que dificulta su exactitud. “No es comparable con lo que mide el Secretariado y eso es un error”, explicó David Pérez Esparza, titular del CNI del SESNSP.
Sobre las diferencias entre el Inegi y el SESNSP, Pérez Esparza reiteró que entre las principales razones es que el Instituto mide actas de defunción anualmente; y el Secretariado analiza carpetas de investigación y las víctimas de forma mensual.
Pese a que la relación entre las armas y los homicidios en México se ha vuelto cada vez más estrecha, datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) apuntan a que el aseguramiento de armamento fue a la baja en los últimos años; en contraparte, los asesinatos con armas de fuego han ido al alza.
Ayer, el gobierno federal expresó que del año 2000 al 2019 se incrementó de 20 a 70% el número de homicidios en nuestro país en los cuales fue utilizada un arma proveniente de Estados Unidos; además indicó que cada año ingresan a territorio nacional 200,000 provenientes de la Unión Americana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que promueve que el gobierno de Estados Unidos regule la venta de armas de fuego de manufactura en su territorio, debido a que, ante la ausencia de ese marco regulatorio, nutre al crimen organizado de armas en nuestro país.
Reconoció que en la mayoría de los homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto cometidos en nuestro país, se utilizan armas de fuego que, en su mayoría, siete de cada 10, provienen de Estados Unidos.
“De acuerdo con diversas estimaciones, cada año son traficadas a México desde la Unión Americana más de 200,000 armas de fuego. El tráfico de armas es facilitado, entre otros factores, por la vecindad geográfica y la diferencia entre las legislaciones sobre armas en ambos países.
“Casi la mitad de las armas traficadas de Estados Unidos y confiscadas en México son rifles y pistolas semiautomáticas como AK-47, AR-15 y sus variantes”, expuso.
La cancillería agregó: “Nos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Fiscalía General de la República que hay un incremento en el número de armas que se han registrado en México en diferentes hechos delictivos: armas pequeñas, 9 %; rifles, 9 %; rifles automáticos, 63 %, y armas de asalto, 122 por ciento”.
Detalló que son Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros las ciudades con puntos fronterizos en donde se desplegarán los operativos en contra del contrabando de armas, debido a que son los lugares que se tienen identificados como los puntos de cruce del armamento proveniente de EU.
Sin embargo y pese a la aceleración en la relación entre homicidios dolosos y armas de fuego en los últimos años, los aseguramientos realizados por la Sedena decrecieron de manera importante entre el 2012 y 2013.
Según las estadísticas de la Secretaría de la Defensa, después del 2006 el aseguramiento de armas de fuego comenzó a ir al alza hasta alcanzar un punto máximo en el 2011, cuando en total se aseguraron 32,499 piezas; de las cuales 10,737 fueron armas cortas y 21,762 largas, estas últimas son consideradas como el armamento más usado por narcotráfico.
A partir del 2011 —penúltimo de la administración de Felipe Calderón Hinojosa— comenzó a ir a la baja el número de armas aseguradas. Sin embargo, fue con Enrique Peña Nieto cuando los números se desplomaron.
El año pasado, último de la administración de Peña, según datos preliminares de la Sedena, se aseguraron 5,144 armas, un nivel similar a lo registrado en el 2007. Cabe recordar que el año pasado fue el de mayor número de asesinatos registrados en México desde 1997 con más de 33,000 víctimas.
En los últimos seis años, entre el 2013 y el 2018, la Sedena aseguró 35,371 armas; en comparación entre el 2007 y el 2012, la institución militar aseguró 126,847 armas de fuego.
Del 2006 al 2018, la Sedena ha decomisado 164,154 armas en todo el país.
Tráfico por las aduanas
El tráfico de armas hacia México se intenta incluso por las aduanas establecidas en el país.
Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre el 2007 y hasta febrero pasado, al país se intentó ingresar por alguna de las 49 aduanas establecidas en el territorio nacional alrededor de 70,000 cartuchos y cargadores para armas de fuego, además de unas 700 armas.
Derivado de estos intentos, el SAT informó, mediante respuesta a la solicitud de información 0610100063719 de un ciudadano, que se puso a disposición del Ministerio Público a unas 350 personas.
El origen del contrabando
La relación entre las armas estadounidenses y los crímenes en México fue demostrada hace algunos años por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por su sigla en inglés).
Entre el 2012 y hasta el 2017 autoridades mexicanas enviaron a dicha dependencia estadounidense 98,654 armas decomisadas para que se rastreara su origen, de las cuales el buró encontró, tras una investigación, que unas 64,170, es decir, 70 % tenía origen estadounidense.
La ATF también ha encontrado que la mayoría de las armas involucradas en la comisión de crímenes en México, que son recuperadas por las autoridades mexicanas, proviene en 41% de Texas, 19% de California y 15% de Arizona.
De acuerdo con la nota de la cancillería, el tráfico de armas desde el vecino del norte tiene dos modalidades: una es que los traficantes adquieren las armas directamente en bazares en Estados Unidos en donde no se solicita identificación al comprador, mientras que la segunda modalidad consiste en que los traficantes contratan a terceros para la adquisición de armamento.
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La ley fue aprobada con mayoría parlamentaria (Foto: Cuartoscuro)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/25213236/ley-nacional-de-extincion-de-dominio-1.jpg)
Sus impulsores señalaron que es una medida efectiva para acabar con la corruopción y la delincuencia (Foto: Cuartoscuro)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/25213527/cr%C3%ADticas-a-la-ley-nacional-de-extici%C3%B3n-de-dominio.jpg)
El diputado Ochoa Reza aseguró que la ley afectara los derechos de todos los mexicanos (Foto: Cortesía)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/14005349/amlo-m%C3%A9dicos.jpg)
El presidente ha dicho que con esta ley, el pueblo podrá recuperar parte del dinero robado (Foto: Cuartoscuro)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/25214150/La-barbie-narco.jpg)
Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” (Foto: AP)
