›Las cuentas tampoco son claras en los casos de las víctimas de extorsiones y secuestros. El cambio provocó que 91 personas extorsionadas desaparecieran y 17 más que fueron secuestradas se quedaran en el limbo del registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la explicación de que haya este tipo de “muertos vivientes” no tiene nada que ver con un tema de ciencia ficción, sino con la reclasificación que cada fiscalía o procuraduría hace de sus estadísticas, pero que no necesariamente realizan con la celeridad y precisión que amerita la actualización en el conteo de las víctimas de la violencia en el país.
“Asumir que siempre es con dolo es una falta de conocimiento del país. En Guerrero o Michoacán, por ejemplo, no es que no lo quieran hacer, sino que no hay manera; hay mucha incapacidad por la falta de recursos, no hay internet, teléfono, ectétera, es más complejo que suponer que sólo es por corrupción (…) Es dolo de alguien más, del Congreso por no otorgar los recursos, del gobernador que no le importa o se gasta el dinero en otras cosas, mediocridad de la fiscalía porque no tiene lana”, reconoció Pérez Esparza.
La importancia que implica la veracidad de los datos que acumula el Centro Nacional de Información, y particularmente con el registro de víctimas del delito, es imprescindible debido a que en estas estadísticas las instancias de inteligencia y seguridad del gobierno se basan para analizar las tendencias de los fenómenos delictivos y diseñar las estrategias para combatirlos. Muestra de ello fue el primer plan antisecuestro que impulsó en enero de 2014 la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) luego del alza de más del 27% en la incidencia de ese delito que hubo en el país en 2013, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, la discrepancia en los datos del SESNSP y los que registran organizaciones civiles, por ejemplo, en el caso del secuestro con la asociación Alto al Secuestro ha generado desconfianza con lo reportado por las fiscalías y procuradurías del país y los informes de estas organizaciones de la sociedad civil. Muestra de ello fue que, en 2015, cuando Renato Sales cumplió su primer año al frente de la Conase como primer zar antisecuestros del país, hubo una diferencia de 66% entre los secuestros que reportó el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los que la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace dijo haber registrado entonces.
5.34 por ciento aumentaron las víctimas de homicidio doloso y feminicidio el primer semestre de 2019, comparado con el mismo lapso de 2018.
Desde enero de este año, este periódico reveló la preocupación que organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano, que preside Francisco Rivas Rodríguez, mostraron ante la falta de una metodología clara y confiable por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los reiterados cuestionamientos que el propio presidente de la República hizo sobre las estadísticas del SESNSP; la entrada en vigor del nuevo gobierno motivó a que activistas como Francisco Rivas, quien fue parte de los impulsores para mejorar la metodología del conteo delictivo e incluir la cifra de víctimas, exhortaran para que la nueva administración reforzara los sistemas de información existentes. Pero el extravió de víctimas o la demora en su actualización evidencia que esta demanda no ha sido atendida del todo.
Las diferencias más notorias en los delitos se ubican en las víctimas de homicidio tanto doloso como culposo. Hay tres estados en particular donde las estadísticas que corresponden al mismo año, pero comparadas entre sí con el cambio de metodología reflejan discrepancias que superan las 100 víctimas: Oaxaca, Colima y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, su fiscalía reportó en 2015, 849 víctimas de homicidio doloso. Al cambiar a la nueva metodología, vigente desde el año pasado, en su registro ahora sólo aparecen 225 víctimas; es decir, hay 624 personas asesinadas de las que no se sabe qué ocurrió. En el caso de las víctimas de homicidio culposo en la entidad, la diferencia en ese mismo año fue de 865 al pasar de mil 94 a 229 víctimas.
Ese fenómeno se repitió en Oaxaca en 2016, cuando el cambio de registro hizo que 166 víctimas de asesinato y 80 más por muerte accidental, desaparecieran. En ese año, las autoridades de Colima también perdieron 131 víctimas de homicidio doloso. En Veracruz, con su registro de asesinatos al cierre de 2017 se quedaron fuera de su actualización 101 personas muertas.
El 78% de los estados falló en su conteo de víctimas y eso pone en duda toda la información. Esto obligó al Secretariado, adelantó Pérez Esparza, a llevar a cabo un estudio de evaluación que a más tardar en noviembre se dará a conocer después de 10 meses de trabajo y que siguió un Modelo de Revisión Estadística. Hasta ahora, comentó, llevan el registro de la mitad de las procuradurías y fiscalías del país, y pone en evidencia tanto las buenas practicas que varios estados aplican, pero también las extrañezas que encontraron en otros más. “Es muy revelador”, aseveró.
La metodología no afectó
El aumento de la inseguridad obligó a las autoridades a hacer pública la incidencia delictiva en el país para tener una referencia real de lo que ocurría y tener la posibilidad de medir y evaluar su evolución. Los primeros registros son de 1997 y sólo aparecían las averiguaciones previas que se iniciaban por los diferentes delitos.
Por un lado, se reportaban las denuncias que recibía la entonces Procuraduría General de la República y, por el otro, las procuradurías de justicia estatal debían enviar sus cifras mensualmente. Bajo el argumento de obtener mayor precisión y con ello confiablidad; en 2014 se incluyó la medición por víctimas de los ilícitos y para 2018 se cambió la metodología para ampliar el catálogo de ilícitos.
El titular del CNI sostuvo que la disparidad en las cifras no tiene que ver con el cambio de metodología en el registro nacional de víctimas del delito, el cual implicó que se ampliara el catálogo de víctimas a otros delitos como feminicidio, aborto, tráfico, rapto y corrupción de menores, así como trata de personas.
›El cambio de metodología, subrayó Pérez Esparza, “no fue la gran cosa, se amplió y ya; mantuvimos lo mejor de la metodología justo para que fuera lo más cercano a lo comparable y no hay un cambio mayúsculo. Prioritariamente los cambios se dieron en protocolos nuestros para controlar la calidad de la información y corroborar que procuradores y fiscales pues no nos piquen los ojos o lo hagan menos”.
Quitar y acomodar
Una explicación sobre la desaparición de personas asesinadas de las estadísticas, podría ser que las autoridades se dieron cuenta que se trataba de una muerte culposa y reclasificaron el caso. Pero al revisar, las cifras no encajan en esta lógica en la mayoría de los estados.
Un caso de esta revaloración de números, ejemplificó Pérez Esparza, es cuando un policía llega donde hay un cuerpo debajo de un puente, asume que hubo una riña y que la víctima murió tras un asalto, pero el Ministerio Público investiga y tres meses después resulta que la persona del puente realmente se suicidó. “Un ejemplo muy tonto, pero sí pasa muy seguido, ¿qué ocurre?, los estados me dicen sabes que CNI me enteré que lo que te mandé no era completamente cierto y lo que te dije que era homicidio doloso pues resulta que es un suicidio”.
“Sí se da la reclasificación (en las cifras de víctimas), nos han llegado a reclasificar casos de muchos años atrás, porque la investigación lamentablemente en el país no es tan rápida como uno quisiera. Sí nos pasa tristemente que hay estados donde, por ejemplo, no hay capacidad en su modelo penal, de justicia y mucho menos en su modelo pericial y pues llevan a los muertos literal en tráiler, y no porque el estado quiera, sino porque no podía”, reconoció David Pérez, en entrevista con ejecentral.
Hay que recordar, sostuvo el funcionario, “que el CNI funciona por el principio de buena fe, si el procurador o el fiscal me miente yo a veces me doy cuenta, pero no siempre y eso es cierto, hay un margen de error, porque a mí me mandan los archivos horas antes del día 20”, que es la fecha en la que las estadísticas del SESNSP se actualizan. El también consultor en seguridad y prevención del delito reconoció que se trata de actos de “buena fe” por parte de las autoridades estatales y municipales, pues hay casos en que reclasifican tan pronto pueden aunque tardan meses, pero en otros casos “no puedo descartar tampoco, y vale la pena señalarlo, que hay dolo porque sí puede haber dolo”.
Este periódico hizo el ejercicio de revisar en cada estado las víctimas de asesinato desaparecidas y contraponerlas con el ajuste en la cantidad de muertes accidentales, aún así, tres mil 102 víctimas de homicidio entre 2015 y 2017 siguen a la deriva.
Aunque en ninguna parte de las páginas oficiales del Secretariado se especifica que unos muertos dolosos se convirtieron en culposos y viceversa, al revisar cada entidad, sólo los casos de Chiapas y Chihuahua en 2016 son muestra de que esa reclasificación sí puede haber ocurrido.
Aún y cuando la fiscalía chiapaneca reflejó una disparidad de mil 36 víctimas de homicidio doloso, ese número fue exactamente el mismo que el de los casos de homicidio culposo que también se ajustaron.
Una situación similar ocurrió en el caso de Chihuahua, donde las 368 víctimas faltantes, representaron la cantidad total en el caso de las muertes incidentales.
Es imposible determinar si se trata de un mero descuido humano o una acción con toda la intención para no reportar la cantidad verídica de personas que fueron víctimas de un delito, ya sea de homicidio, secuestro o extorsión.
Las cifras reflejan casos como el de Guanajuato en 2015, donde la cantidad de asesinatos reportados al final de ese año fue de 975, pero en 2018, con el cambio de técnica, el número bajó a 957.
Esto significa que el estado dejó a la deriva 18 casos que no se reclasificaron en los homicidios culposos, pues hubo también la desaparición de dos víctimas más con el cambio de conteo. Es decir, en esta entidad del Bajío 20 muertos están perdidos.
El caso Oaxaca
Los casos de homicidios no son el único problema del Secretariado. Las cifras de víctimas de secuestros y extorsiones también reflejaron número dispares.
Debido a que la anterior metodología sólo se actualizó hasta 2017 y el nuevo registro ya no incluyó 2014, sólo fue posible hacer las comparativas de dos años: 2015 a 2017.
Las víctimas de extorsión resultaron con una mayor discrepancia al sumar durante ese trienio un total de 91 casos en 11 entidades del país. De este delitos fue el año 2015 donde más descuentos de víctimas se dieron, al dejar fuera de las estadísticas del país a 80 personas. El caso de Oaxaca, al igual que en los homicidios, es el que registró mayor anomalías al sumar 61 personas extorsionadas que salieron de su registro entre 2015 y 2016.
En el caso de los secuestros el fenómeno de la desaparición de víctimas se dio en menor medida con un total de 17 víctimas en los años 2015 y 2016.
Fue de nueva cuenta Oaxaca donde las cantidades no cuadraron con el cambio de metodología, pues en un primer caso 12 víctimas se quitaron del registro y para el año siguiente fueron cinco las que, por arte de magia, dejaron de ser víctimas de secuestro.
La entidad, actualmente gobernada por Alejandro Murat Hinojosa, refleja desde al menos 2015 una serie de deficiencias en la confiabilidad de su estadística delictiva. Muestra de ello es que en sus registros de víctimas del delito de ese año no se cuenta con la información de ocho meses y, en consecuencia, figuró entre los principales estados peor evaluados en el informe Fallas de origen: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal 2019 que el pasado 2 de julio presentó la organización México Evalúa.
Los otros datos de AMLO
La información que el Presidente y su gabinete de seguridad evalúan cada mañana es táctica no estadística, por eso no coinciden con el resto de las cifras.
Un error metodológico es comparar datos distintos con temporalidades desiguales, esto aplica a datos del Centro Nacional de Información comparados con el Inegi, y las cifras que recibe el Presidente son diferentes y ninguna es comparable.
El Presidente tiene información táctica no estadística; es decir, información no corroborada que recibe de forma inmediata cada día, lo que dificulta su exactitud. “No es comparable con lo que mide el Secretariado y eso es un error”, explicó David Pérez Esparza, titular del CNI del SESNSP.
Sobre las diferencias entre el Inegi y el SESNSP, Pérez Esparza reiteró que entre las principales razones es que el Instituto mide actas de defunción anualmente; y el Secretariado analiza carpetas de investigación y las víctimas de forma mensual.
Fuente.-Jonathan Nácar/
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