En el día 666 del sexenio de Claudia Sheinbaum, el conteo nacional de homicidios llegó a 43,620 cadáveres regados por todo el país, a un ritmo de 66 muertos diarios. Y no respeta jerarquías, pues en este mismo periodo el diario español El País acaba de confirmar que el número de alcaldes asesinados durante esta administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, llegó a 14, tras el reciente homicidio de Valentín Lavín Romero, edil de Temoac, Morelos, baleado dentro de su propio ayuntamiento.
No hace falta ironía forzada: la realidad ya viene con remate incluido.
La aritmética de la «pacificación»
El discurso oficial ,la estrategia federal de seguridad que dirige Omar Garcia Harfuch con componente militar, es recurrentemente reformulada en clave de disminución porcentual, pero los números no negocian.
Catorce alcaldes muertos en 660 días ya superan proporcionalmente el ritmo de los sexenios previos: Enrique Peña Nieto acumuló 42 asesinatos de este tipo en seis años, Felipe Calderón 37, y Andrés Manuel López Obrador 26.
Sheinbaum va camino a alcanzarlos antes de cumplir la mitad de su mandato, mientras el aparato gubernamental sigue llamando a esto «tendencia a la baja».
Oaxaca y Michoacán: la nueva geografía del terror
Oaxaca lidera con cinco alcaldes asesinados en año y medio, seguido de Michoacán con cuatro, según el académico Víctor Sánchez de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien describe esto no como violencia aislada sino como captura territorial de los municipios por el crimen organizado.
Casos como el de Carlos Manzo en Uruapan o Joel Ángel Bravo en San Miguel Amatitlán no son anomalías: son la prueba de que el poder local en buena parte del país ya no lo ejerce quien gana una elección, sino quien controla la plaza.
El gobierno criminal que sí tiene resultados
Mientras el gobierno legalmente constituido debate metodologías estadísticas para maquillar el «promedio diario», las organizaciones criminales operan con una eficiencia burocrática envidiable: decretan sentencias de muerte contra funcionarios electos y las ejecutan dentro de palacios municipales, en plazas públicas, en sus propios domicilios, sin apelación ni proceso. Es la única «gobernanza» del país que cumple sus plazos, que no falla en la entrega y que —a diferencia del Estado— jamás ha necesitado un boletín de prensa para hacerse notar.
¿Existe algo comparable en el mundo?
No hay equivalente real. Según el estudio Zona Gris sobre homicidios de alcaldes (2000-2025), México ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de líderes locales, solo detrás de Colombia, que acumula hasta 900 casos en un rango más amplio de víctimas (alcaldes, exalcaldes y candidatos).
Un informe de ACLED de 2024 ubicó a México como el país más peligroso del mundo para funcionarios públicos, con 324 incidentes violentos contra autoridades en un solo año, un salto del 29% respecto al anterior. América Latina concentra el 50% de los homicidios vinculados al crimen organizado a nivel global, frente a apenas 6% en Europa, y ningún otro país fuera de la región —ni siquiera los que atraviesan guerras civiles activas— combina esta letalidad sistemática contra autoridades locales con la normalización institucional que exhibe México.
Ese es el diagnóstico real: no es que el Estado mexicano haya perdido el monopolio de la violencia legítima, es que nunca lo tuvo del todo en el territorio, y el crimen organizado lleva años cobrando la factura con nombre, apellido y cargo público en medio de una montaña de casi 44 mil cadaveres,de acuerdo con TREsearch.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: