Marina del Pilar Ávila gobierna Baja California con las siglas de MORENA, aunque a ratos parece estar gobernando otra cosa: su propia confusión. No es una menor. Es, más bien, estructural. La mandataria da la impresión de no distinguir entre la ciudadana que puede improvisar soluciones a su conveniencia y la funcionaria que está obligada a respetar límites, protocolos y, sobre todo, el sentido básico de responsabilidad pública. Que ese enredo ocurra en quien encabeza un estado fronterizo no es un detalle pintoresco: es un problema serio.
Su reciente entrevista con EL PAÍS México no disipó dudas; las administró. Tuvo en bandeja la oportunidad de explicar por qué el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa —un hecho ya de por sí extraordinario para una gobernadora fronteriza— y eligió, en cambio, el rodeo, la evasiva y el tono agraviado. Una gobernante sin visa estadounidense en Baja California no es una anécdota: es una contradicción funcional. Y aun así, lo sustantivo quedó sin respuesta.
Pero lo verdaderamente revelador no es lo que no dijo, sino lo que sí hizo. Para intentar recuperar su visa, Ávila decidió transitar por un camino que oscila entre lo informal y lo francamente cuestionable: intermediarios sin acreditación clara, contactos sugeridos por un adversario político —Jaime Bonilla— y una disposición inquietante a negociar en terrenos donde una mandataria no debería siquiera asomarse. No es que falten canales institucionales; es que decidió ignorarlos.
Los audios difundidos y reconocidos por la propia gobernadora pintan un cuadro incómodo: una funcionaria dispuesta a explorar “arreglos” con actores difusos, incluso dejando entrever que podría compartir información sensible. Aquí la confusión deja de ser teórica. Porque una cosa es que una ciudadana busque atajos en un trámite migratorio —cuestionable, sí, pero comprensible— y otra muy distinta que quien encabeza un estado trate asuntos potencialmente delicados como si estuviera resolviendo un problema personal en ventanilla.
Cuando se le cuestiona si informó a la federación, responde con precisión quirúrgica… para no decir nada: “sabían que estaba haciendo gestiones”. Traducción: sabían lo suficiente como para no poder alegar ignorancia, pero no lo necesario como para evaluar la naturaleza real de esas gestiones. El doble lenguaje no es un accidente; es una herramienta.
Y cuando la evidencia aprieta, llega el concepto estrella: la “emboscada psicológica”. Una expresión que, más que explicar, delata. Según su versión, fue manipulada, presionada, llevada a un estado de vulnerabilidad. Puede ser. Pero incluso si se concede ese punto, la pregunta incómoda permanece: ¿ese es el umbral de resistencia de quien toma decisiones de seguridad, gobernabilidad y relación binacional en un estado como Baja California?
El giro al victimismo completa el cuadro. Ávila habla de miedo, de su familia, de escenarios extremos como una posible extradición. Humanamente, es entendible. Políticamente, es devastador. Porque al colocarse en esa narrativa, la gobernadora no solo busca empatía: también admite que, ante la presión, su prioridad puede desplazarse de lo público a lo personal. Y ahí el problema deja de ser discursivo para volverse institucional.
La ironía final es casi pedagógica: en su intento por defenderse, Marina del Pilar ha terminado exhibiendo justo aquello que debía disipar. No aclaró por qué perdió la visa, pero sí dejó claro cómo entiende —o malentiende— su papel como gobernante. No explicó sus decisiones, pero sí mostró su método. No resolvió dudas: las confirmó.
Quizá, en efecto, la solución más sensata sería quitarle el peso del cargo. No como castigo, sino como acto de coherencia. Tal vez así, liberada de la responsabilidad pública, la ciudadana Marina del Pilar Ávila pueda gestionar sus asuntos personales sin confundirlos con los de todo un estado. Porque hoy, más que una gobernadora bajo presión, lo que hay es una función pública en entredicho.
Con información: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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