El Ejército Mexicano y los civiles que les ordenaron tienen responsabilidad histórica en la matanza, señalan expertos en Fuerzas Armadas. A 50 años, la capacidad de despliegue y fuego es mayor. Otra decisión como la del 2 de octubre podría superar fácilmente los saldos de aquella masacre.
Hay una responsabilidad histórica del Ejército Mexicano en la matanza del 2 de octubre de 1968 y se ha vuelto una especie de señalamiento, de mea culpa, que ha resultado costoso para las víctimas y sus familiares, pero también para la institucionalidad que debiera prevalecer en las Fuerzas Armadas, asegura en entrevista con Contralínea el experto en seguridad nacional Emilio Vizarretea Rosales.
“Sin duda que hay una presencia no sólo policiaca sino militar en la masacre de Tlatelolco; sin embargo aunque hay testimonios presenciales y fotografías, no hay mayores evidencias para un juicio, lo cual es muy delicado y dificulta comprender los verdaderos alcances de la acción militar contra la población civil dentro de la capital del país”, subraya.
Explica que la responsabilidad política la asumió el presidente Díaz Ordaz con conocimiento de causa o para legitimarse, darle continuidad a las instituciones y tratar de personalizar una situación difícil. “Pero en ese momento las instituciones armadas entraron en una fase crítica, que se volvió un verdadero síndrome de culpabilidad que hasta la fecha no está totalmente desacralizado”, indica el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Incluso, indica que “el caso del 68” no se diluyó entre las Fuerzas Armadas: “Quizás se discutió en su interior, pero no hubo un debate con la sociedad que favoreciera una especie de exorcismo, como ocurrió en otros países. Es una herida a 50 años en la que cada manifestación de estudiantes se clava en la conciencia de la sociedad y mantiene la espina clavada en las Fuerzas Armadas”, subraya.
“Nadie ha logrado deshacer ese sortilegio que ha embrujado la manera de actuar de las Fuerzas Armadas desde entonces”, apunta Vizarretea Rosales.
Incluso, destaca que el tema del genocidio –a nivel internacional– consiste en la desaparición de un grupo social. Con Luis Echeverría no se pudo comprobar porque la Universidad y el Politécnico siguieron funcionando, así como las preparatorias donde se inició el conflicto.
—¿Como en los juicios de Núremberg? –se le inquiere.
—Tratando de hacer esa analogía, los nazis argumentaron que estaban recibiendo órdenes de Hitler. Aunque eso choca con el tema de Hannad Arendt, y su tesis de la banalidad del mal, de que, aunque hayan sido acciones legales, son ilegítimas y causan un daño moral y físico que no puede ser perdonado por ningún tribunal, una tesis muy fuerte que generó la duda.
Vizarretea Rosales, conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales y la Escuela Superior de Guerra, explica que en la matanza del 2 de octubre no se logró catalogar ni tipificar el delito que podría haberse establecido. “Es un poco el señalamiento de ‘genocidio’ al presidente Luis Echeverría que en cada aniversario de la masacre se ha querido imputar”.
Señala que desde el punto de vista estrictamente legal, es un tema que no reúne evidencia suficiente. “El valor de los testimonios es menor en comparación con los datos que se requerían para haber establecido un juicio, porque los que habían sido víctimas estaban en la cárcel o ya no estaban, y los familiares no entendían o no sabían del control que había sobre los medios de comunicación entonces”.
Por su parte, el almirante Wilfrido Robledo Rincón mantiene la versión oficial de aquellos años: la matanza del 2 de octubre fue responsabilidad de “fuerzas extranjeras” que trataban de desestabilizar al país, y que manipularon a los estudiantes para que se movilizaran y provocaran la respuesta del Ejército.
“El día 13 de septiembre del 68 yo hacía valla como sargento naval en el monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, cuando me tocó ver la agitación estudiantil que para entonces ya estaba muy álgida y pensé que era necesario que las demandas se resolvieran por los cauces institucionales. Lamentablemente no fue así, el movimiento se desbordó y vino la tragedia”, recuerda el hoy almirante retirado.
Wilfrido Robledo considera que no hubo responsabilidad directa del Ejército Mexicano en la matanza estudiantil, pues los soldados recibieron órdenes del entonces presidente de la república, Gustavo Díaz Ordaz.
En entrevista, el almirante refiere que en el hecho histórico los estudiantes convocados a las movilizaciones “fueron manipulados por algunos líderes que estaban conectados con organizaciones extranjeras que pretendían intervenir en nuestro país”, por lo que se desató la crisis que derivó en tragedia.
La versión gubernamental que ya ni los gobernantes de hoy sostienen, sigue viva en voz de Robledo Rincón. “El gobierno tenía que poder orden frente al caos internacional que se vivía en esa época en que se desarrollaban movimientos estudiantiles en varios países de Europa”, suelta Wilfrido Robledo, quien acusa que además que los medios de prensa contribuyeron a que se desatara el descontrol estudiantil.
—El hecho es que hubo una matanza contra estudiantes. ¿Quién fue el responsable de la matanza? –se le señala.
—Díaz Ordaz reconoció, como hombre de honor y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, su responsabilidad en los hechos del 2 de octubre, por lo que no se podría, a toro pasado, hacer responsable el Ejército.
Por su parte, el analista Emilio Vizarretea, señala que el tema del 68 es “profundo” y “complejo”. Se debe considerar el modelo en con el que operaban los tribunales en ese entonces y las áreas de investigación durante el periodo de la guerra sucia.
Explica que la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), un ente secreto acusado de desapariciones forzadas, estaba destinada a ocultar lo que ocurría, “y nadie se ha atrevido a destaparlos porque no los conoce y no se sabe y sería el tipo de evidencia la que se necesita para hacer un juicio sobre ellos [los militares]”.
Hoy en día, dice, “en la hemeroteca las fuentes de las semanas siguientes al 2 de octubre de 1968 no se encuentran; por eso llaman la atención las fotos. Hay que recordar que no había videos, serían testimonios con mayor nivel de evidencia”.
Y los testimonios unipersonales sin ninguna prueba en el modelo jurídico mexicano no arrojan la capacidad para juzgar. Y si así fuera, lo que se pudiera llamar las “cargas de prueba o el acto punitivo o la reparación del daño, ya prescribieron”. Es decir, se puede simpatizar con la idea del castigo y que no haya impunidad pero no se puede castigar sin evidencia, ni siquiera juzgar.
Explica que los tribunales militares juzgan el 95 por ciento de sus casos y los tribunales civiles logran enjuiciar al 5 por ciento.
Señala que el Ejército nunca ha asumida responsabilidad alguna ni por la creación de la Brigada Blanca, operada por los generales Francisco Quiroz Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro. Esa operación del 2 de octubre continuó en el estado de Guerrero con la guerrilla y después el ejercicio del poder de Rubén Figueroa.
El catedrático de la UNAM refiere que la de la Guardia Blanca “es una historia muy reconocida por actos excesivos contra los dirigentes de movimientos políticos y sociales”.
Explica que la estructura del Ejército, como la de la Iglesia, no puede ser democrática. Tiene en su particular doctrina un modelo perfectamente establecido piramidal, de arriba abajo, donde no existe más que la directiva o la orden y, a partir de ahí, se despliegan. Eso genera confusión para los externos a la institución armada.
Vizarretea Rosales destaca que las Fuerzas Armadas tienen “una alta dosis de institucionalidad”, pero también tienen pleno conocimiento de la defensa de sus derechos o de sus intereses.
“El tema de las Fuerzas Armadas en sí mismo es complejo, no sólo por los ámbitos de intervención sino por los de responsabilidad. Decir que no necesitamos un Ejército porque no estamos en guerra es no entender la función de seguridad pública, interior y nacional, no solo es inexperiencia sino ignorancia e incompetencia para comprender un tema complejo.”
Explica que el Ejército Mexicano debe observarse como una unidad continua y sistemática de fines de la década de 1960 a la fecha. “Aunque también hay una variación que tiene que ver con el aprendizaje de las Fuerzas Armadas, ligado a comprender cómo operan los grupos antisistema, los movimientos sociales y la delincuencia organizada”.
Considera que el Ejército se ha profesionalizado y ha incorporado de manera clara los temas de los derechos humanos. “Ha estado más ligado a cuestiones sociales, ha limado ciertas asperezas, lo cual no le quita su capacidad coercitiva ni su formación: son soldados que han aprendido a enfrentarse a enemigos a morir, uno de los temas que chocan con la variable de seguridad pública, porque su preparación está por encima de lo que ésta requiere”.
Por ello, explica el académico, los soldados están preparados para enfrentarse al enemigo y acatar órdenes. El problema es cuando esas órdenes implican a población civil.
“El tema se complica cuando penetran las ciudades. Tienen que interactuar con grupos de organizaciones de la sociedad civil o grupos financiados por la narcodelincuencia. En ambos casos parece ser que el Ejército se queda paralizado, porque no quieren cometer daños como en Tlataya y Tanhuato.”
—¿En 50 años evolucionaron las Fuerzas Armadas como para no cometer actos como el 2 de octubre?
—Comparado con finales de la década de 1960, las actuales Fuerzas Armadas Mexicanas tiene cuadros muy preparados, tecnología, armamento conocimiento de la zona y mayor capacidad de desplazamiento, equipo, helicópteros, aviones, etcétera. Y lo que vimos con la Policía Federal en Nochixtlán, Oaxaca, ya se puede hacer en todas las capitales del país, con una hora y media como máximo de capacidad de respuesta, incluso para protección civil; pero en temas de delincuencia y de grupos antisistema tienen esa capacidad que no tenía en los años 60.
fuente.-José Réyez
