Llevar a cabo un linchamiento es que una multitud dé muerte a alguien que ha cometido un simple delito o incluso un crimen, o es sospechoso de ello, de una forma tumultuosa y sin el proceso legal correspondiente en los tribunales de justicia ni la intervención de la burocracia del Estado de ninguna manera. Suele producirse espontáneamente como una reacción colérica ante el delito, pero también los hay motivados por política, religión, racismo y hasta acusaciones falsas por intereses oscuros. Pero en modo alguno se puede considerar que un linchamiento es justicia popular o comunitaria, y ahora vamos a ver por qué.
Lo que sí es justicia popular
La justicia popular se ampara en el derecho consuetudinario, es decir, en lo que se ha convertido en norma por los usos y costumbres de una comunidad concreta. Mediante su aplicación se castigan los comportamientos que se consideran delictivos, y por tanto reprobables, sin que intervenga el Estado, con sus magistrados y sus burócratas: se realiza directamente, dentro de la misma comunidad que ha asumido a determinados miembro suyos como autoridades naturales, quienes ejercen de mediadores entre las dos partes en conflicto.
La carencia de leyes escritas en la justicia comunitaria no la libran de la arbitrariedad en los veredictos.
Las decisiones no se toman por mayorías sino por consenso, y como se trata de un sistema de autogestión, pues su funcionamiento es intracomunitario y no hay necesidad de pagar a jueces, abogados y otros, también resulta gratuito; y rápido, ya que no caen hojas y hojas del almanaque entre los hechos delictivos y la resolución comunitaria sobre ellos.
Se acostumbra a añadir a estas ventajas que es eficaz y reparadora, pues a los que administran la justicia los escogen democráticamente y los controlan todos los integrantes de la comunidad y, así, cuentan con legitimidad y prestigio y hay poco riesgo de corrupción, y los daños ocasionados se pagan con dinero, en especie o trabajando para las víctimas. Pero si los mediadores no son imparciales porque manejan asuntos de su cercanía que afectan a personas con las que tratan a diario, si no se tiene modo alguno de comprobar la existencia de sobornos y la carencia de leyes escritas en las que basar un veredicto no lo libran de la ignorancia, los prejuicios y, en definitiva, de la arbitrariedad, debemos poner en duda esas supuestas ventajas.
Además, no hay garantías de que se efectúen las oportunas diligencias probatorias sin los medios ingentes que suministra el Estado, de se respeten los derechos humanos del reo, de que quien debe imponerse lo haga en las discusiones cara a cara ni de que los que suelen disfrutar del apoyo comunitario, personas que lo merezcan, que simplemente caigan bien o que representen los intereses de otros porque dependan de ellos, etcétera, no vayan a ganar los pleitos por esa razón; y al contrario, que a quienes no sean vistos con buenos ojos por la comunidad se los trate con verdadera justicia. Y ni siquiera la hay de que sea posible el consenso.No hay garantías de que se efectúen las oportunas diligencias probatorias sin los medios ingentes que suministra el Estado.
Por otro lado, si este sistema se generalizase, el Estado desaparecería como garante de una justicia indistinta para todos los ciudadanos en una multiplicidad de jurisdicciones comunitarias; y si se consintiese para ciertos conjuntos poblacionales como excepción cultural, ocurriría lo mismo, es decir, supondrían una diferencia inasumible según el principio de igualdad ciudadana ante la ley. Y si este y otros propósitos de nuestro sistema judicial estatal ya se logran a duras penas y a veces no se cumplen, imaginaos con una dinámica en la que cada comunidad vaya a su bola.
Por qué un linchamiento no es justicia popular
El término ‘linchamiento’ proviene del inglés ‘lynching’, que a su vez procede del apellido Lynch. Pero no estamos seguros de si se originó a causa de que James Lynch Fitzstephen, alcalde del pueblo irlandés de Galway, mandó ahorcar a su propio hijo por el asesinato de un forastero español en 1493, o si fue Charles Lynch, juez de Virginia que ordenó ejecutar a un grupo de leales a Inglaterra en 1780, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, sin juicio de por medio, quien nos lo proporcionó, tal como creen instituciones como la Real Academia Española.Hay 547 casos documentados de mexicanos linchados en EE.UU. entre mediados del siglo XIX y 1928, pero el total puede llegar a los miles.
Sea como fuere, así llamamos a lo que le hicieron a más de 3.900 afroamericanos y a casi 1.300 blancos en Estados Unidos entre 1882 y 1968; o a los 547 casos documentados de mexicanos en el mismo país entre mediados del siglo XIX y 1928, si bien el total puede llegar a los miles según los historiadores William Carrigan y Clive Webb; o a cinco empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, y a los que se opusieron, en la localidad mexicana de San Miguel Canoa, cuando el párroco católico instigó a sus moradores contra ellos al confundirlos con estudiantes ateos y comunistas en septiembre de 1968; o los actos violentos en los que ha participado más de un millón de brasileños en los últimos sesenta y dos años, tal como afirma el sociólogo José de Souza Martins.
O a la manera en que asesinaron a cincuenta y seis personas e hirieron a 481 en Guatemala durante 2015 según la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos; o a los setenta y ocho muertos entonces en México, país donde se estima que sólo se denuncia el doce por ciento de los crímenes por la desconfianza en la justicia, como los dos encuestadores que fueron tomados por traficantes de órganos de niños; o a los treinta de Bolivia, entre ellos, un enterrador que fue confundido absurdamente con un ladrón de tumbas; o a los setenta y cuatro incidentes similares en Venezuela en lo que llevamos de 2016 según los registros de la Fiscalía General.
Pero, aunque haya medios de comunicación de masas que se columpien con este asunto, ni uno solo de estos actos de violencia puede ser considerado justicia popular bajo ningún concepto, no ya únicamente los crímenes de odio como aquellos en los que fueron víctimas los afroamericanos estadounidenses, ni los de los miles de mexicanos que corrieron allí el mismo destino a manos de turbas de anglos por cuestiones raciales y económicas, sino también los de todos los simples delincuentes y los criminales contra los que ha cargado la ira vecinal.Los linchamientos son actos contra la justicia comunitaria porque se realizan de forma espontánea y sin nada que se parezca a su intermediación.
Las razón es muy sencilla: las hordas enajenadas que se lanzan a derramar sangre criminal, o presunta, no se han reunido antes para consensuar sus actos, es decir, no cuentan con procedimientos para decidirlo, con una asentada administración de justicia, ni se basan en normas comunitarias asumidas por todos para ello. En realidad, sus torturas y homicidios son actos contra la justicia comunitaria porque se realizan sin nada que se parezca a su intermediación.
Fredy Torrico, el fiscal de la ciudad boliviana de Cochabamba, que puede contarnos mucho acerca de “un ritual macabro en el que el sospechoso es arrastrado a la plaza del pueblo”, donde terminan quemándole vivo o ahorcándolo, asegura que los linchamientos son extraordinariamente difíciles de procesar: “Por lo general, hay muchas personas involucradas, incluyendo los instigadores y los autores del hecho. Una vez que el linchamiento va más allá, todo el mundo desaparece y hay un código de silencio. La comunidad cierra filas”. Pero que quede claro que no las cierran por justicia ni por asomo.
fuente.-
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