LOS CAPOS "MAS BUSCADOS",la LISTA de los 8 MAS LISTOS...ha habido quien los "tape" pero no quien los atrape.

Sus nombres encabezan la lista de los más buscados de México y destacan en la base de recompensas de la PGR. Se trata de al menos ocho capos de la droga en México con el mayor liderazgo en sus respectivas organizaciones criminales y que aún continúan prófugos de la justicia.

Son: Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa; Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, del Cartel Jalisco Nueva Generación; Juan José Esparragoza, alias “El Azul” (Sinaloa); Dámaso López Núñez, “El Lic.” (Cártel de Sinaloa);Juan Pablo Ledezma, “El JL” (Cártel de Juárez); Juan Pablo Guijarro Fragosa, “El Mónico” o “El H1” (Cártel de Juárez);Maxiley Barahona Nadalles (Zetas), y José Antonio Cueto López (Cártel de Sinaloa).

Durante años, la búsqueda y la atención se centraron en el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue recapturado a principios de enero de 2016, gracias al seguimiento de una serie de llamadas trianguladas que el capo hizo a la actriz Kate del Castillo y al actor estadounidense Sean Penn.

Ahora, la captura de estos presuntos delincuentes es considerada como máxima prioridad por las autoridades mexicanas. Por ellos, el gobierno de México ofrece recompensas que van de los 10 millones de pesos hasta los 30 millones de pesos, todo ello por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. Aquí sus fichas: 

Ismael “El Mayo” Zambada / Nunca ha sido detenido

Es quien encabeza la lista de los capos más perseguidos por México y Estados Unidos. Se trata de un personaje con tres rostros diferentes: el de benefactor, el de empresario y el del hombre enigmático que, en contraste con otros narcotraficantes, se mantiene en bajo perfil.

NOTA RELACIONADA:

...y al MAYO ZAMBADA" NI QUIEN lo "MOLESTE...LLEVA 5O AÑOS SIN SER ATRAPADO".

Hasta hace unos años "El Mayo" solía llegar cada diciembre a su pueblo natal, El Álamo, para repartir cerveza y dinero en efectivo para que sus habitantes tuvieran "Feliz Navidad".

En Sinaloa por todos es sabido que a Zambada se le considera "el último reducto de generosidad" que distinguió hasta hace algunos años de manera palpable a varios jefes del narco.

Zambada ha trabajado principalmente para incrementar la producción de heroína del cártel, a la vez que se ha consolidado como uno de los principales contactos para introducir a Estados Unidos la cocaína proveniente de Colombia.

Las autoridades de EU y México también ofrecen recompensas de 5 millones de dólares y 30 millones de pesos, respectivamente, por cualquier información que derive en su detención. Fue clave en la operación de la fuga de Joaquín Guzmán del penal del Altiplano el 11 de julio de 2015.

Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'

Es señalado por autoridades como uno de los principales líderes del denominado 'Cártel Jalisco Nueva Generación', y lo responsabilizan por ataques violentos contra las fuerzas federales y militares en Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Es considerado el responsable del trasiego de drogas en Jalisco, Colima y Guanajuato, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa por su captura.

El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra con el propósito de congelar sus bienes en territorio norteamericano.

El 1 de mayo de 2015 inició el Operativo Jalisco a cargo de elementos federales con el fin de desarticular al CJNG, por lo que Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los principales objetivos.

 "El Azul", tres sexenios de operar

Juan José Esparragoza Moreno tiene 66 años. Nació el 3 de febrero de 1949 y es originario de Chuicopa, Sinaloa.

Si bien se ha especulado sobre su presunta muerte a causa de un infarto, el gobierno mexicano lo mantiene en su programa de recompensas como probable responsable de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

De acuerdo con autoridades, es uno de los líderes más antiguos del Cártel de Sinaloa. La Procuraduría General de la República ofrece 30 millones de pesos a quien ayude a dar con su paradero y Estados Unidos también lo persigue y supone que "El Azul" se sometió a una cirugía plástica.

Se le imputa la importación de más de 14 toneladas de marihuana a Estados Unidos, y ese país ofrece 5 millones de dólares por ayudar a localizarlo.

 A Juan José Esparragoza Moreno se le conoce por ser una persona discreta y conciliadora que ha sido testigo del paso de al menos tres generaciones de narcotraficantes en Sinaloa.

Dámaso López Núñez, “El Lic.”

En 2000, pasó de ser un funcionario “honesto”, con un sueldo mensual de 9 mil 400 pesos, a uno de los hombres de más confianza de Joaquín Guzmán Loera en la estructura del Cártel de Sinaloa. En 2001, como Subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco, operó la red de servidores públicos que facilitaron la fuga de El Chapo, y también planeó el segundo escape de Guzmán, del Altiplano, en 2015.

En Estados Unidos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) designó en 2013 a Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, como principal lugarteniente del Cártel de Sinaloa. Esto por su papel en las actividades de narcotráfico de Joaquín “El Chapo" Guzmán Loera y por jugar un papel importante en el lavado de dinero y en el tráfico internacional de estupefacientes.

Fue jefe en la Policía Judicial de Sinaloa, agente del Ministerio Público y subdirector de Seguridad y Custodia del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, justo cuando Guzmán Loera estaba interno. Estudió la carrera de Derecho, de ahí el apodo de “El Licenciado”, pero no se graduó.

López Núñez cuenta con un sucesor natural, su hijo Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”.

Juan Pablo Ledezma, “El JL”

Tras la detención de Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, Juan Pablo Ledezma –según las autoridades- asume el control del Cartel de Juárez que encumbró en su momento a Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.

Ledezma tiene su zona de operación en Chihuahua y por él se ofrece una recompensa de 15 millones de pesos a quien proporcione información para su captura.

Maxiley Barahona Nadalles, “El Contador”

Por Maxiley Barahona Nadalles, la PGR ofrece una recompensa de 10 millones de pesos por su probable participación en la estructura delictiva del cartel de Los Zetas. Tiene su zona de influencia en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Conocido como “El Contador”, “El 19”, “El Max” o “El Maxiley”, Barahona Nadalles es señalado por las autoridades como altamente peligroso, actualmente encargado de la plaza en Veracruz.

Bajo sus órdenes se han realizado diversos homicidios y secuestros, así como la detonación de granadas de fragmentación en las oficinas de la Procuraduría General.

Juan Pablo Guijarro Fragosa

Conocido como “El Mónico” o “El H1”, Juan Paglo Guijarro Fragosa pertenece al Cártel de Juárez y es señalado en la base de recompensas de la PGR como como el principal líder del grupo delictivo “La Línea” y encargado de la plaza de Chihuahua.

Por su captura se ofrecen 15 millones de pesos. Tiene como función surtir y realizar cobros por droga en tienditas, a narcomenudistas, en antros y centros de prostitución.

José Antonio Cueto López (Cártel de Sinaloa)

Se trata de uno de los ex servidores públicos implicados y considerados por el gobierno pieza clave en lo que se llamó Operación Limpieza echada a andar en el sexenio de Felipe Calderón que derivó en la detención de al menos 25 funcionarios acusados de recibir sobornos de los cárteles del Pacífico y de los Beltrán Leyva.

Cueto López, ex subdelegado de apoyo de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Salud, fue señalado por testigos protegidos como el principal enlace entre funcionarios públicos con el Cártel de los Beltrán Leyva, entonces aliados del Cártel del Pacífico, para los sobornos.

La PGR lo mantiene en su base de recompensas, por el cual ofrece 10 millones de pesos: La dependencia aún lo señala como integrante del Cártel del Pacífico o Sinaloa y el principal contacto con servidores públicos y el grupo criminal.

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En la TRAGEDIA de TULTEPEC TAMBIEN "FUE el ESTADO"...los responsables suelen ser irresponsables,

La tragedia del martes 20 en Tultepec vuelve a traer a colación el tema de la seguridad y la reglamentación en torno a la fabricación y venta de pirotecnia. Antonio Macías, experto de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, señala que no hay una ley adecuada en la materia, sino una serie de normas obsoletas y poco rigurosas, además de burocracias e indolencia que impiden la materialización de cualquier iniciativa seria al respecto. Y esa falta, advierte, no es responsabilidad más que de un Estado al cual le ha faltado voluntad política para afrontar el problema.

México tiene una legislación “insuficiente y escueta” tanto para la prevención de incendios como para la producción y manejo de fuegos artificiales.

Esta opinión la emite Antonio Macías, experto en regulación de pirotecnia y director para América Latina de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, organización fundada en Estados Unidos), quien en entrevista con Proceso explica:

“La falta de un reglamento extenso, detallado, comprensible, que tenga la capacidad de lograr niveles de seguridad adecuados en la producción, traslado y venta de fuegos artificiales ha sido falta de voluntad política del Estado mexicano. Tultepec es una fuente de trabajo muy importante para artesanos mexicanos que son reconocidos en el mundo; el problema es que no cuentan con la seguridad que deben tener. Lo que sucede en este tipo de lugares en realidad es responsabilidad de las autoridades.”

El experto muestra a la reportera un formato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se advierte lo fácil que es obtener un permiso para dedicarse a la compra, almacenamiento, venta y consumo de artificios pirotécnicos: basta con que el solicitante presente una constancia expedida por el gobierno municipal en la que conste que cumple con los estándares de seguridad y ubicación para no ser un peligro para la comunidad.

Menciona también que en el reglamento del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y en la Ley de Protección Civil no todo es correcto: “Hubo un tiempo en que los comerciantes estaban establecidos en casitas de madera… se tomaron algunas medidas, como separar los kioscos y construirlos de material (tabique), lo cual fue correcto, pero dejaron techos de lámina y eso no debe ser así, porque una vez que arranca (una conflagración) de una forma tan agresiva y violenta, se puede hacer muy poco para contenerla. Esto sólo se puede evitar con prevención.

“Nosotros conocemos a esta gente desde hace mucho, y al que no le falta un dedo le falta una mano o un ojo; así hay muchas personas en Tultepec, que en más de una ocasión han estado heridas. Aquí la pirotecnia es una tradición histórica y créame que son unos expertazos. Son gente cuyo trabajo es valorado internacionalmente, pero carecemos de las normas de seguridad adecuadas para protegerlos y ésta es la primera función del Estado: darle seguridad al pueblo.”

Refiere que en México hay 2 mil 400 permisos para producir o vender pirotecnia, de los cuales 544 se concedieron a habitantes de Tultepec, el lugar de producción de fuegos artificiales más grande del país.

En busca de culpables

San Pablito Tultepec, en el estado de México, es el sitio de venta legal de material pirotécnico más grande del país.

Este mes, por tercera ocasión en 11 años, un depósito explotó y dejó un saldo, al cierre de esta edición, de 35 muertos. El estallido, cuyas causas aún indaga la Procuraduría General de la República (PGR), se inició alrededor de las 14:50 horas, cuando había muchos clientes que se surtían de fuegos artificiales para la temporada navideña. Las explosiones más intensas duraron unos 25 minutos e hicieron desaparecer los 300 puestos de este tianguis que operaba con permiso del gobierno estatal y de la Sedena.

La vibración provocada por la explosión se sintió en los municipios vecinos de Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, desde donde se veía una gigantesca columna de humo. El fuego no fue controlado hasta las 17:00 horas. En la zona se desplegaron 450 policías estatales, 250 municipales y 50 federales, además de 180 militares que aplicaron el Plan DN-III, creado para atender desastres naturales, no para eventos de esta naturaleza.

La PGR informó que en total ocurrieron seis explosiones. Se abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dos semanas antes de la explosión, en una reunión en el Estado de México –en la que no hubo representantes de la Sedena ni de la Secretaría de Gobernación–, la PGR y directivos del consejo del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia destacaron la “importancia” de dar asesoría al sector pirotécnico en los municipios de Chimalhuacán, Tultepec, Valle de Bravo, Texcoco, Tenancingo y Amecameca, para “la unificación de criterios de regulación”. Para San Pablito fue muy tarde.

–La PGR dice que sancionará al responsable de la explosión con base en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos –se le comenta a Macías.

–Sí, pero ¿quién puede ser el responsable?, ¿una persona de uno de los locales que se descuidó porque no está capacitada? No le puedo decir quién es el responsable, pero somos muy hábiles en manejar eso de las responsabilidades y no llegamos a ningún lado. Necesitamos pensar qué hacer para que no vuelva a suceder.

“Estoy de acuerdo en que busquen a los responsables y los castiguen conforme a la ley, si pueden, porque luego ni los encuentran. Pero esa no es la medicina. En este caso exhibir al culpable material es quitarse el coraje, cuando el responsable es el Estado mexicano que se niega a emitir la reglamentación que puede normar este tipo de mercados.

“La NFPA es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer códigos y reglamentos para proteger personas y propiedades; su misión es ayudar a salvar vidas y reducir pérdidas, a base de información”, y tiene normas como el Código NFPA 11 24 para la Fabricación, Transporte, Almacenamiento y Ventas Minoristas de Fuegos Artificiales y Pirotecnia. “Por eso le digo que es un poco de voluntad política, de decir: ‘Vamos a poner un reglamento extenso, detallado, comprensible, que tenga la capacidad de lograr niveles de seguridad adecuados en este lugar’”.

Macías asegura que si tal normativa se aplicara en México, podría evitarse la pérdida de muchas vidas.

En el país existe una gran cantidad de polvorines. Incluso un día después del desastre de Tultepec estalló uno en Hidalgo: falleció una persona. Hay muchos casos que han implicado un gran número de muertes; San Pablito mismo en 2005 y 2006.

Macías considera que si hubiera instalaciones y capacitación adecuadas en estos mercados de pirotecnia, no se hubieran perdido vidas. Y se remite también a otro tipo de conflagraciones, como la del 29 enero de 2015, cuando una pipa de gas explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa; o los incendios de la guardería ABC, en Sonora, del casino Royale, en Monterrey; o en el centro nocturno Lobohombo, en la Ciudad de México.

“Hay gente que afirma que algunos fueron incendios provocados. Eso no importa. Si usted tiene sistemas de alarmas, de detección, de rociadores automáticos y de evacuación adecuada en número de salidas, distancias y ancho de las puertas, y se hacen los simulacros continuos, el incendio hubiera acabado con 50 o 100 metros, pero sin muertos”, afirma.

“En esta época navideña San Pablito iban a manejar 700 toneladas de material (explosivo); en septiembre fueron 300 toneladas las que se manejaron en este lugar. Este mercado distribuye a nivel nacional e internacional. Venden a todo el Valle de México. Imagínese: las iglesias de todos los lugares truenan cohetes. Hay otros lugares del país que fabrican explosivos, pero el más importante es Tultepec, donde tienen las cosas más modernas y sofisticadas para la fabricación de los fuegos artificiales.”

Cabildeo infructuoso

Macías también es integrante de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI).

“Por lo que está pugnando la AMRACI es por tener un reglamento nacional de protección contra incendios, que no existe. Hay alguna norma en la Secretaría del Trabajo que se refiere a las condiciones de seguridad y prevención de incendios, y otro poquito de formación en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, pero no hay un reglamento general de prevención de incendios y seguridad de vida que abarque todo el país y todas las circunstancias, como hospitales, asilos, guarderías, empresas industriales, desde luego la venta de fuegos artificiales y pirotecnia, edificios de oficinas, comercios, diferentes centros de concentración pública.”

–¿Desde cuándo promueve que México adopte la regulación de la NFPA?

–Hace 16 años que trabajo para la NFPA desde la Ciudad de México. Es un organismo sin fines de lucro que funciona en muchos países. No estamos en un plan de obligar a las autoridades, sino de apoyarlas, de acompañarlas, porque ha habido muchas iniciativas pero no se ha llegado a la meta de tener un reglamento de prevención de incendios y seguridad.

“El problema es que van cambiando las prioridades. Ahora estamos muy interesados, pero dentro de 15 días o un mes esto se olvida y esperamos a que vuelva a ocurrir otra tragedia para retomarlo, cuando deberíamos dirigir esta energía a ver qué se tiene que hacer en el mercado de San Pablito para evitar este tipo de catástrofes”, indica.

–El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, declaró que las personas de San Pablito violaron los protocolos de seguridad y que no siguieron la reglamentación. ¿Se capacitó a los productores y trabajadores de la pirotecnia?

–No me consta pero tengo entendido que debió capacitarlos el Estado. La institución que debe regular este tipo de mercados puede ser el gobierno estatal o la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

“Como alcalde de Tultepec yo pondría una legislación local, porque la NFPA no le cobra nada al gobierno por usar la norma ni por asesorarla, ni eventualmente capacitar a los inspectores, ya que es una institución sin fines de lucro”, añade.

–¿Se ha acercado a legisladores para hacer la propuesta de reglamentación?

–Sí, más de una vez en las dos legislaturas pasadas. He trabajado con diferentes partidos, como el PAN, con algunos diputados del PRI en el Congreso federal; también gente del PRD ha participado, aunque no en esta Legislatura.

“En este momento hay una norma que llevamos proponiendo más de un año –y no ha terminado de salir publicada en el Diario Oficial de la Federación– sobre cómo se deben construir los sistemas de rociadores automáticos. Es algo en lo que ha trabajado muy fuerte la AMRACI y la norma está lista, sólo que nos han pedido cambios tras cambios. El hecho es que no termina de ser publicada porque cambian secretarios, directores… el caso es que no sacamos esta legislación porque nadie autoriza su publicación”, lamenta.

Lo cierto, afirma, es que el país no tiene los técnicos ni los contratistas para hacer un trabajo bien hecho para prevenir incendios, simplemente porque no existe una reglamentación adecuada.

“No es tan difícil poner en un reglamento que hay que aplicar la norma NFPA 11 24; lo importante es vigilar y constatar que se aplique esa norma. Pero si el técnico o el inspector no tiene dónde estudiar, no puede aprender. Primero tiene que haber una formación profesional para las personas. Es donde le digo que la NFPA puede aportar en capacitar a los inspectores del gobierno, sin costo alguno.”

–¿De México nadie ha asistido a capacitarse a la NFPA?

–No. No ha habido capacitación para los inspectores, específicamente de venta minorista de fuegos artificiales y pirotecnia, como los de San Pablito y los más de 2 mil que existen en el país, a pesar de que la supervisión debe ser constante: debe haber simulacros cada mes o cada tres meses, simulacros en los que la gente va aprendiendo y cada uno va tomando su lugar. Pero, insisto, primero debemos tener una regulación.

“Debe haber inspecciones regulares. El Estado de México afirma que una semana antes de la explosión hubo una inspección al mercado de San Pablito y todo estaba en orden, no encontraron ninguna cosa que objetar, pero la explosión significa que la regulación es insuficiente y es incapaz de darle a este negocio el nivel de seguridad que exige.”

El jueves 22 el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se reconstruirá el mercado: “¿Bajo qué condiciones lo reconstruirán? ¿Por qué no se sientan a plantear qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir?”, concluye el experto.

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LOS "ATORAN" EXTORSIONANDO y DECIAN ERAN de la DEA...veian mucho "Netflix".

Las autoridades de El Salvador arrestaron a dos hombres por presunta suplantación de agentes de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) en un esquema de extorsión, un caso que refleja la turbia imagen que suele acosar al organismo estadounidense en Latinoamérica.

El 20 de diciembre, la Fiscalía General de El Salvador anunció la capturade Rafael Alcides Flores Mendoza y de Santos Edgardo Guzmán Ayala, a quienes acusaron de extorsionar a políticos y funcionarios del gobierno.

Según los fiscales, ambos se hacían pasar por agentes de la DEA ante sus víctimas y amenazaban con usar su influencia para perjudicar la imagen de la víctima y causarles problemas legales si no les pagaban sobornos que ascendían a miles de dólares.

La policía y los fiscales aprehendieron al par en una operación encubierta en la que la potencial víctima, un alcalde local, realizó una entrega controlada de US$15.000 en un hotel de San Salvador antes de que las autoridades aparecieran de repente. En el momento de su captura, ambos portaban escarapelas que los identificaban como agentes de la DEA.

Según los fiscales, las investigaciones preliminares indican que los dos hombres habían tenido comunicación directa y mantenían contacto con un exagente de la DEA en Centroamérica, Danny Dalton, aunque no insinuaron que Dalton hubiera tenido conocimiento o que estuviera involucrado en el esquema.

Análisis de InSight Crime

Aunque los fiscales dejaron salir el nombre de Danny Dalton —reconocido por sus críticas directas a la corrupción estatal en Salvador, incluida la Fiscalía General— hay poco hasta el momento que indique que miembros de la DEA activos o en retiro tuvieran participación directa en la presunta extorsión que se realizó en su nombre. Sin embargo, el solo hecho de que las amenazas de Flores y Guzmán parecieran creíbles para sus víctimas revela el serio problema de imagen del organismo en Latinoamérica.

El personaje de un agente de la DEA, que se salta las leyes o participa de conductas criminales "para poder hacer su trabajo" se ha convertido en una metáfora omnipresente en la ficción del hampa, desde series de televisión de gran sintonía hasta novela negra de autores como Don Winslow. Estas representaciones culturales, que bien podrían alimentar por sí solas la percepción sobre la DEA en la región, pueden rayar en el cliché, pero tienen origen en una amplia gama de casos e investigaciones que ilustran porqué muchos latinoamericanos miran a la DEA con temor o sospecha.

La DEA fue fundada en 1973, pero fue en los años 80, del auge de la cocaína cuando comenzó a ventilarse la corrupción en la agencia. Hacia finales de la década, varios agentes enfrentaban juicios por robo de drogas incautadas y dinero, tráfico y venta de estupefacientes, lavado de dinero y suministro de protección a traficantes nacionales y transnacionales— en algunos casos presuntamente se ocupaban de estas actividades mientras se daban la gran vida a expensas de la DEA.

Casos más recientes —muchos de los cuales han tenido considerable difusión en los medios latinoamericanos— muestran cómo las actividades de algunos agentes siguen perjudicando las operaciones y la reputación de la DEA en la actualidad. En 2015, apareció un informe interno de la DEA en el que se detallaba cómo entre 2001 y 2008 agentes en Colombia participaron en orgías usando dinero del organismo para pagar prostitutas. Lo más perturbador era que los informes también incluían detalles de los encuentros entre agentes de la DEA y escuadrones de la muerte de narcotraficantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los que los comandantes de las AUCobsequiaban fusiles AK47 a los agentes.

El informe no solo desató un escándalo por la conducta de los agentes de la DEA implicados, sino que causó mayor consternación sobre la agencia misma cuando se supo que los agentes continuaron en sus cargos. No solo eso, sino que también se hizo evidente que esto hacía parte de un patrón más amplio en temas disciplinarios, en los que los agentes seguían trabajando después de descubrirse que falsificaban registros, tenían asociación con criminales e incluso distribuían drogas.

Las acciones de la DEA fuera del ojo de los medios también podían contribuir a las sospechas en torno a la agencia entre los latinoamericanos, en especial personas con cargos dentro del gobierno, como las presuntas víctimas de extorsión en El Salvador.

El manejo dado por la agencia a los activos de inteligencia, en particular, se ha convertido en tema de preocupación. En 2015, tanto la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (pdf) como la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (pdf) divulgaron informes en los que detallaban las fallas de la DEA en el uso de informantes confidenciales. Ambos informes pusieron de relieve la falta de sanciones, en especial en lo que respecta a actividades ilegales cometidas por fuentes de la DEA. Además, los encuentros de la DEA con altos contactos de los carteles, que suministran información sobre sus rivales, han dado pie a teorías conspirativas en la región en el sentido de que Estados Unidos favorece o incluso coopera directamente con ciertas organizaciones criminales.

Además de los delitos de la DEA y sus fuentes, las figuras políticas en Latinoamérica tienen mayores razones para mirar con suspicacia a la agencia: su historial de extralimitación en sus funciones por motivaciones políticas.

Acusaciones por actos de este tipo también se remontan a la década de 1980, cuando hubo numerosas acusaciones, como las hechas por el exagente encubierto de la DEA Michael Levine, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus iniciales en inglés) de desviar operativos antinarcóticos en Latinoamérica con fines políticos. Levine posteriormente acusó a un compañero suyo de la DEA de lanzarle amenazas de muerte veladas en un intento por hacer que callara sobre el tema.

Más recientemente, los gobiernos de Bolivia y Venezuela expulsaron de sus países a la DEA alegando interferencia política y espionaje. Aunque ambos países tienen motivos políticos y posiblemente delincuencialespara querer a la DEA fuera de sus asuntos, y han lanzado acusaciones fantásticas contra el organismo, también hay evidencia que muestra que no son infundadas las acusaciones de participación de la DEA en el acopio de inteligencia con motivaciones políticas.

Con base en esta historia de conductas corruptas y criminales de algunos agentes de la DEA, reforzadas por las representaciones culturales y las acusaciones de exagentes y gobiernos antagónicos, no es de extrañar que los funcionarios salvadoreños se dejaran convencer de que estaban siendo chantajeados por los principales representantes de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

Sin embargo, este problema de imagen no solo abre un  espacio para estos delitos oportunistas. También afecta los esfuerzos de la DEA por combatir el crimen organizado en la región, al generar desconfianza hacia los representantes legítimos del organismo y crear una excusa conveniente que pueden aducir elementos corruptos de gobiernos extranjeros o enemigos políticos para distraer sobre sus actividades.

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PEMEX "SE SINCERA",CRIMINALES le ROBAN 150 MIL LITROS de GASOLINA al DIA...claro esta que con la ayuda de Pemex.

Pemex reveló que, al día, pierde más de 2 mdp por robo de combustible, lo que equivale a casi 150 mil litros de gasolina cada 24 horas, y explicó que eso ha afectado el suministro en las más de 12 mil gasolineras del país durante los últimos años

        

• Por esta razón, el suministro de gasolina se ha visto afectado durante los últimos años en las más de 12 mil gasolineras del país.

  NOTA RELACIONADA

  "El ROBO a PEMEX fue ideado desde PEMEX"...CRIMEN ORGANIZADO en TAMAULIPAS "ya ROBA combustible SIN REFINAR".

  Estas cifras son datos de Pemex, producto de una solicitud de información.
  
  
  En el reporte se indica que en 2006 se localizaron 204 tomas clandestinas en territorio nacional.  Para 2015 sumaron cinco mil 252, una vez que el robo de combustible se convirtió en una actividad de los grupos criminales.
  
  
  En Jalisco no es la excepción, el 18 de mayo de 2014, una mega fuga de combustible en el ducto de Tala, Jalisco, provocó la evacuación de 750 personas en el poblado "La Villita".
  
  
  El 21 de diciembre de este año, en Guadalajara, la Policía municipal aseguró dos domicilios en la colonia Echeverría.  Una de las fincas se ubica en la calle Federico Alatarro, donde detuvieron a una persona armada y en posesión de combustible de procedencia ilícita.
  
  
  Ese mismo día, en Tlajomulco, se localizó un ducto con ordeña de combustible en una brecha de la carretera San Sebastián cerca del fraccionamiento La Mora.
  
  
  Esos robos son la base de un negocio multimillonario que opera en todo el país.
  Fuente.-
  
  
  

EL "GENERAL CIENFUEGOS esta ENCABRONADO y QUIERE MAS PODER...para tal vez ahora si poder.

Hace unos días el jefe del ejército mexicano, el general Salvador Cienfuegos, dijo que los militares sólo esperan fechas para regresar a los cuarteles. “Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. Se le veía molesto, echando fuego, encabronado, para decirlo más llanamente. Los militares tienen razones para estarlo.

Desde hace mucho les provoca enorme molestia tener que resolver los problemas del poder civil (“los gobiernos no han cumplido con su tarea”), que los usen como policías (“los militares no estudian para perseguir delincuentes”) y como herramientas para reprimir a ciudadanos. Les incomoda, y mucho, que al final queden como los responsables directos; no sólo como los ejecutores, sino también como los autores intelectuales de la represión, aunque, hay que decirlo, en muchas ocasiones lo han hecho.

Lo que es un tanto inusual es escuchar a un secretario de Defensa Nacional tan irritado. No recuerdo que alguno de sus antecesores al frente del ejército mirara  con frialdad y enfado al presidente y al secretario de Gobernación frente a los medios de comunicación, por muy encabronado que estuviera. Parece que algo no anda bien entre el presidente y los militares.

Pero si bien no habían sido tan explícitos ni tan públicos los enojos militares, no es la primera ocasión en que éstos se sienten, por decir lo menos, incómodos con el poder civil. El desenlace del movimiento estudiantil de 1968, la masacre de Tlatelolco, es más que una sombra sobre su papel, sobre las traiciones al interior del ejército, sobre el uso que funcionarios de alto nivel, entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, hizo de ellos.

Los militares siguen metidos en el laberinto de esa noche de Tlatelolco, una también de traiciones internas. Los archivos del entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, exhiben y constituyen una pequeña muestra de las diferencias que existían entre algunos militares y el poder civil, además de las escaramuzas internas de los cuarteles.

Las palabras del general Cienfuegos explicitan el reproche al poder civil por el alto costo que han tenido que pagar los soldados en su papel de policías, por el deterioro de la imagen, pulida durante décadas, de ser un ejército surgido y  cercano al pueblo. Después de la matanza del 68, los militares nuevamente fueron puestos en las calles, y sobre todo en las montañas, en lo  que constituyó en los hechos una ruptura con la doctrina castrense mexicana según la cual no existía “enemigo interno”.

Así, fueron enviados a enfrentar a los “delincuentes” de esa época, los integrantes de las guerrillas urbana y rural. De nuevo, el poder civil, representado por el presidente Luis Echeverría,les dejó la tarea de integrar incluso grupos paramiltares (la Brigada Blanca, por ejemplo) o abiertamente militares para exterminar extrajudicial e ilegalmente a los grupos levantados en armas.

No sólo acabaron con ellos sino con cientos de familiares y amigos, paisanos, cuyo único “delito” era llevar el mismo apellido o haber nacido y vivido en el mismo pueblo. Otra vez, los muertos pasaban a la cuenta del ejército.

Durante esa época mostraron, otra vez, que al menos una parte del ejército no estaba en desacuerdo con las tareas represivas. He ahí su papel en la masacre de estudiantes del 10 de junio de 1971.  Los propios archivos militares muestran que el ejército sí sabía lo que pasaría esa tarde.

No se tiene documentado si ante las órdenes del mundo civil, los militares opusieron alguna mínima objeción, lo que sería muy dudoso. Los secretarios de la Defensa solían ser designados a modo para el servicio personalísimo del presidente.

Uno de los primeros antecedentes de la actual incomodidad de los altos mandos militares es el que el académico Sergio Aguayo ha narrado en varias ocasiones: cuando el presidente Vicente Fox ordenó al ejército actuar contra los pobladores de San Salvador Atenco opuestos a la construcción del nuevo aeropuerto del DF, la respuesta del general secretario fue: “Sí, señor presidente, pero denos la orden por escrito”.

Así que todo el lenguaje corporal del general Cienfuegos  muestra, de algún modo, que los militares desean colocar un límite a lo que han venido haciendo desde hace muchos años.

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L

a iniciativa de ley para “normalizar” la actuación de militares en tareas policiacas ha dado lugar a la interpretación de que la molestia podría crear condiciones para un supuesto intento de levantamiento del ejército contra el poder civil.

La idea de que podrían estar dadas las condiciones para un golpe de Estado me parece, en realidad, una estrategia de desinformación y distracción para ciertos círculos de la sociedad.

Para empezar, ya no estamos en los años setenta, cuando los golpes militares y, por tanto, las dictaduras como modelos de ejercicio de poder en América Latina funcionaban o al menos estaban en sincronía con la lógica de Estados Unidos.

La mayoría de las dictaduras militares tenían el aval y la bendición de Estados Unidos. La configuración geopolítica de aquellos años era adecuada para los golpes militares. Hoy sería casi imposible.

Los militares mexicanos no requieren de un golpe de Estado para detentar un poder especial, salir a las calles y hacer sentir el peso de su presencia. Lo hicieron en 1968, lo replicaron en los años setenta durante la casi invisible Guerra Sucia mexicana. El presidente Felipe Calderón les ofreció hace 10 años nuevamente ese platillo: regresar a las calles.

No sé hasta dónde la idea generalizada de que les disgusta estar en las calles sea tan cierta. Tiene razón el general cuando dice que “los militares no estudiaron para perseguir delincuentes”, pero de ahí a que les cause un gran fastidio estar en las calles, existe una gran diferencia. No lo creo.

En todo caso, lo que sí les encabrona es que no haya el suficiente terreno para que sus acciones (y hasta sus excesos) cuenten con el respaldo de las leyes. No se niegan a perseguir delincuentes. Lo que desean es que se establezca un piso legal que respalde sus operaciones, que no queden, en cierto modo, como delincuentes o violadores de la ley que dicen aplicar.

De ahí surge su exigencia de normar y regular sus acciones. Si la ley que está a discusión en el Congreso se aprueba tendrán una cantidad de herramientas legales de la que nunca gozaron en sus pasadas apariciones públicas.

El respaldo legal de sus acciones es un incentivo para ejercer el verdadero poder. Lo que en otros tiempos alcanzaron algunas dictaduras militares, ejercer el poder sobre la gente, lo podrían o obtener las fuerzas armadas mexicanas de manera legal. ¿Para qué necesitarían de un golpe de Estado.

Fuente.-Jacinto Rodriguez 

LA "INDU$TRIA de CARRERA$ de CABALLO$" CORRE entre PANI$TA$ y PRII$TA$ CORRUPTO$...entre mañas,artimañas y mañosos.

Para aquellos que creían que nadie le ganaba a gobernar con malas mañas a los priístas (siempre para beneficio económico), aparecieron los panistas al frente del gobierno federal durante 2 sexenios y con toda su moral y honestidad resultaron igual o más corruptos que los del partido oficial.

Un caso que ejemplifica lo anterior se remonta al gobierno de Vicente Fox y su secretario de Gobernación Santiago Creel, quienes transfirieron la regulación y el control de la industria de las carreras de caballos y de galgos a un grupo empresarial –vinculado con los juegos de apuestas– a partir de 2004. Para conseguir esa aberración legal abrogaron el decreto por el que se había creado la Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, que estaba bajo el control de la Secretaría de Gobernación (contaba con cinco vocales) y era supervisada por la Dirección General de Juegos y Sorteros.

Pero no bastaba la desaparición de dicha Comisión para controlar el juego de apuestas de caballos, sino que había que arrancarle dichas facultades a la Secretaría de Gobernación, por lo cual su titular Santiago Creel emitió en 2004 el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mediante el cual crearon la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, y al frente de ella el panista nombró a su amigo Manuel Pacheco Hinojosa.

¿Por qué Gobernación abrogó cínicamente en 2004 el decreto que le obligaba a regular las carreras de caballos y galgos para mantener el control de las apuestas y sanciones que sólo al gobierno corresponde aplicar?

¿Por qué, contrario a la ley, Santiago Creel benefició a un grupo empresarial para que suplantara las funciones de Gobernación y le otorgó el control total de esos juegos de azar, sin importar que los beneficiados estuvieran relacionados con las mismas carreras de caballos, lo que los convertía en juez y parte en la regulación?

La respuesta se explica en el enorme flujo de dinero que generan las apuestas en esta industria de carreras de caballos y galgos, así como por el cobro de multas y sanciones que enriquece a quienes controlan dicha Comisión Nacional de Carreras de Caballos y de Galgos, AC.

Como se sabe, la empresa permisionaria del Hipódromo de las Américas es el consorcio CIE, propiedad del exitoso empresario y cercano a Los Pinos Alejandro Soberón (organizador también y gran beneficiario de las carreras de automóviles Fórmula Uno), quien además construyó un lujoso edificio inteligente que alberga a su empresa en lo que antes era la tercera grada del Hipódromo, desde donde el público podía observar las carreras de caballos y cuyo espacio quedó ahora reducido a sólo dos gradas.

Ésa tal vez sea la razón por la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto ha permitido que sea una “comisión privada” la que controle, regule y sancione las apuestas de esa onerosa industria que la Secretaría de Gobernación abandonó, por conducto de su Dirección General de Juegos y Sorteos; pues aunque no fue su gobierno el que cambio la regulación en la materia, sí ha permitido que esto continúe y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong nada hace para regresar a Gobernación el control y sobre todo la regulación de esta industria de azar como es las carreras de caballos y galgos.

Más extraño resulta que ante una serie de denuncias que ha presentado la Unión Mexicana de Propietarios de Caballos de Competencia, AC (que mantiene una cuadra de 100 caballos pura sangre en el Hipódromo), en todas las instancias oficiales posibles –como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos– el director general de lo Contencioso, Gilberto Velázquez Sánchez, respondió mediante oficio número UGAJ/DGC/191/2016 que dicha “comisión privada” no tiene atribuciones de vigilancia y regulación de las carreras de caballos en el Hipódromo de las Américas.

Ese funcionario –que depende de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación– simula desconocer lo que en la práctica realiza esa asociación civil que sí sanciona, vigila y regula a su antojo y capricho las carreras de caballos y galgos en México; pues, en respuesta a la exigencia de algunas autoridades federales que piden una explicación del problema, dicho funcionario de Gobernación firmó un documento oficial en donde niega que ese grupo empresarial sea juez y parte en la operación y control de las carreras.

En un extenso oficio de 13 páginas y con fecha del 9 de junio de 2016, Velázquez Sánchez explica en uno de los párrafos:

 “Cabe precisar que la entonces Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos mediante oficio DGAJS/SCEVF/0457/2005 del 25 de mayo de 2005, otorgó a la Comisión Mexicana de Carreras de Caballos y Galgos, AC, única y exclusivamente su registro como órgano Técnico de Consulta; sin embargo, dicho órgano no pertenece a la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación como se observa del contenido del artículo 2 del Reglamento Interior de la citada dependencia, y por tanto no existe una relación de supra a subordinación entre esta autoridad administrativa y la asociación civil registrada como Órgano Técnico de Consulta y mucho menos dicho registro le confiere atribuciones de vigilancia y regulación de los participantes de las carreras de caballos que se celebran en el Hipódromo de las Américas.”

Si como dice el director general de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación esa “comisión privada” no tiene atribuciones de vigilancia y regulación, por qué entonces aplica sanciones y cobra multas a empresarios que tienen sus cuadras de caballos en el Hipódromo de las Américas, o aún más, por qué hay un reglamento elaborado por esa “comisión privada” mediante el cual regula de manera ilegal todas las actividades de las apuestas en las carreras. Este tema da para mucho más y volveremos a él en próximas entregas.

Fuente.-Miguel Badillo