Las pruebas de control de confianza para depurar las corporaciones policiacas cumplen 20 años. En las calles hay miles de exagentes capacitados sin trabajo, que no pasaron las certificaciones, pero también el crimen sigue infiltrándose en las policías del país.
El examen de control y confianza resulta que no es tan confiable. Policías y especialistas critican que la permanencia de un elemento en la corporación se centre en el uso de este modelo que puede ser usado políticamente.
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Para despedir a un efectivo de la dependencia federal, sólo hace falta un “examen a modo” y acusan que lo que comenzó como un ejercicio bueno para las corporaciones se utiliza como un rastrillo por parte de las autoridades.
En México van casi dos décadas en que la autoridad aplica el examen de control de confianza, entre otros métodos que buscan cerner a los buenos elementos en las corporaciones. Y parece que no ha funcionado, hay casos que dan cuenta de que laas Policías por muy capacitadas y reglamentadas que digan estar son proclives de ser permeadas por la delincuencia organizada.
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Basta el ejemplo de la Policía de Iguala, en donde en 2014 desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en un caso que conmocionó a la nación y el mundo entero.
A esa corporación se le atribuye parte crucial de ese suceso, aun cuando 75 por ciento de los elementos policiacos estaban certificados y el mismo director de la corporación local, Felipe Flores Vázquez —hoy prófugo— tenía aprobados los exámenes de control de confianza.
La versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que la corporación “se infestó” con gente comprada por los Guerreros Unidos, escisión de La Familia Michoacana, que busca el control de esa región en un pugna contra Los Rojos, que a su vez es un subgrupo del cártel de Los Beltrán Leyva.
El mismo policía que presuntamente llevó a los 43 normalistas al matadero había aprobado los exámenes de control de confianza.
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En 2011 se realizó la operación limpieza al interior de la PGR.
“Manuel” era un policía modelo, que estaba asignado a diferentes operativos y le tocaron varias balaceras.
En entrevista, cuenta que detuvo al hijo de un cabecilla de un cártel y realizó cursos y entrenamientos con personal de otros países. Hoy, eso no le sirve de nada.
Tomó adiestramiento con gente de la DEA; en la Embajada y el Departamento de Estado de ese país, y
también con la Policia colombiana.
Un día lo mandaron llamar y tras lo que él considera un “examen a modo” fue echado de la corporación y tras un juicio que ganó obtuvo una remuneración de acuerdo con la ley, pero también la ley le impide una reinstalación en su puesto de trabajo.
“Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio”, indica el artículo 123 en su apartado B inciso XIII de la Constitución.
Reporte Indigo buscó la versión de la PGR acerca de sus procedimientos para la aplicación del examen de control de confianza.
La solicitud de entrevista fue canalizada a través de un correo electrónico a Carlos Lortia Vera, encargado de Enlace con medios de la Procuraduría. Hasta el cierre de edición no había habido una respuesta.
De policía modelo a expulsado
“Manuel” pasó de ser un policía modelo a expulsado de la corporación. De nada le sirvió haber detenido al hijo de un capo de la droga y haber estado en varias balaceras en diferentes partes de la República. Le dio nueve años de su vida a la corporación. La PGR le dio la espalda.
“Me considero de los policías, en su tiempo, cuando fui, ejemplares, fui policía modelo. El tiempo en que estuve fui de los que más trabajo metió. Estuve en varios enfrentamientos. Fui de los que más tuvo órdenes de aprehensión relevantes, fui nominado a un estímulo como policía del año”, expresa “Manuel”.
Era agente C en la PGR y bajo su cargo llegó a tener hasta 30 personas. Hizo operaciones conjuntas con el Ejército, la Marina. Una vez que ganó el juicio a la PGR y le pagaron su liquidación de ley, fue detenido acusado por no haber entregado la credencial como agente C de la Fiscalía.
“Me dicen que tengo una orden de aprehensión unos excompañeros de PGR que eran de la Visitaduría General, que se encarga de fincar responsabilidades únicamente para servidores públicos, y yo ya no era servidor público. Está una persona que les daba indicaciones, muy prepotente y agresivo, iba con ropa de campaña. Ya en el vehículo me muestran la orden de aprehensión y trae el delito de abuso de confianza y me expresan que es porque jamás entregué la credencial oficial”, cuenta.
“Manuel” estuvo más de 30 horas detenido en un penal en el que varias veces entregó narcomenudistas, lo que considera que puso en riesgo su vida.
“Uno como policía lo dan de baja y queda completamente desamparado. El detalle es que no somos cualquier policía, somos policías que trabajamos contra el crimen organizado. El día de mañana estamos indefensos en la calle y aparte de mandarnos indefensos nos están mandando a la boca del lobo. ¿Cómo es posible que nos metan al reclusorio o con la población general exponiéndonos? En ese reclusorio había gente que yo había metido por narcomenudeo”, lamenta.
Carga un fólder con reconocimientos y al hojearlo le echa un vistazo a su pasado: “Este fue de un curso en la DEA. Este es de un curso con la Embajada de Estados Unidos”. Todo acabó con el examen de control de confianza. Su vida como policía ya terminó y ahora, por fortuna, le queda la de ingeniero químico.
“La prueba del polígrafo es subjetiva, tiene que ver con el estado de ánimo de la persona y del poligrafista. Esa vez la poligrafista se me fue encima, fue a atacar, a atacar (...) no haciéndolo de acuerdo al protocolo. Simple y sencillamente iba con una designación como tal o una consigna, a final de cuentas, de dar de baja a la mayor parte de gente”, considera.
Tras su salida de la corporación y aunque le ganó la demanda laboral a la PGR, ya no pudo seguir con su vida de policía. Ahora trabaja para la iniciativa privada.
“Yo tengo preparación, soy ingeniero, pero hay muchos compañeros que no tienen preparación más que prepa. Muchos de ellos no han encontrado trabajo o andan de chalanes percibiendo un ‘equis’ sueldo.
¿Pero toda esta gente a dónde se va? Sabe hacer operativos policiales, incursión urbana, sabe manejo de armas, sabe estrategias, muchos fuimos capacitados por la Embajada de Estados Unidos, por el
Departamento de Justicia, tenemos conocimientos”, asegura.
“De acuerdo con la última reforma que se le hizo al artículo 123 (constitucional), ellos pueden hacer el examen a quien quieran y pueden reprobarlo y de ahí ya no puede regresar a las labores policiales, quedas vetado de todo lo que está relacionado con la policía.”
‘Se puede hacer un cártel fuerte’
Existe el riesgo de que la delincuencia organizada pueda crear un cártel fuerte si recluta a los policías que han salido de corporaciones como la Policía Federal, asegura Rubén Aguirre, presidente del Movimiento Nacional Para la Dignificación de la Policía Federal.
“(Los expolicías tienen) entrenamiento pagado por la misma ciudadanía, capacitación, experiencia, conocimientos en logística, ellos saben las claves de la institución, saben por dónde se mueven, tienen contactos dentro de la misma. Es un peligro”, alerta el dirigente de la asociación que busca un remedio a la problemática de los elementos que han salido de la corporación por no pasar el examen de control de confianza.
“El día de mañana quien quiera hacer un cártel fuerte lo va a hacer de puros policías que ya fueron despedidos de esta manera. Acuérdate qué pasó con los grupos de las Fuerzas Especiales del Ejército que formaron Los Zetas, grupos fuertes que hicieron asesinatos y cosas muy sanguinarias para controlar plazas”, añade.
El crimen organizado recluta a estos elementos, pues tienen preparación. Además, no es fácil para un elemento que tiene este antecedente que pueda encontrar un trabajo.
“Cuando tenemos asambleas les he preguntado que cuántos han sido buscados por la delincuencia organizada, yo calculo que la mitad levanta la mano. Si en cada asamblea asisten 500 y de 200 a 250 levantan la mano, quiere decir que de los ocho mil que han sido separados desde el 2010 a la fecha, entre tres mil y cuatro mil han sido buscados por la delincuencia organizada. Supongamos que el 10 por ciento de esos 4 mil sí se hayan ido a las filas de la delincuencia organizada. Ya están trabajando como jefes de plaza o como sicarios de alto rango dentro de sus estructuras delictivas”, considera.
El movimiento de Aguirre pretende que los expolicías tengan una oportunidad, ya que aunque demuestren que fueron separados de manera injusta la ley les impide que puedan regresar a las corporaciones.
“Todos los días siguen notificando compañeros, todos los días siguen utilizando este mecanismo de las evaluaciones de control de confianza para seguir separando a la gente que de alguna manera les estorba a ellos, porque la gran mayoría de compañeros que están siendo separados del cargo, que ya tienen trayectoria grande, de más de 20 años, son compañeros que tenían proyectos muy buenos, que venían funcionando, pero no estaban acorde con el sistema que tiene actualmente la Policía Federal”, dice.
Rubén Aguirre señala que lo más difícil luego de ese tropiezo es salir adelante y encontrar un empleo.
“El problema más fuerte es que nadie los quiere contratar. Hay compañeros que buscan trabajo, incluso de barrenderos, pero al checar el antecedente de haber sido policías y haber sido separados del cargo por una evaluación de control de confianza, pues nadie les quiere dar trabajo de nada”, lamenta.
“Hay compañeros que tienen carrera de 20 o 25 o hasta 30 años dentro de la Policía e incluso tienen estudios de licenciatura en diferentes ramas, no sólo en administración policial. Hay abogados, hay ingenieros en Informática, y aún así con su carrera nadie les quiere dar trabajo”, añade.
Dice que en su asociación han hecho “un filtro muy estricto” para recibir a compañeros que carezcan de vinculación criminal. La exigencia con las autoridades es que recurran a la revisión de expedientes para que los expolicías que demuestren que carecen de vínculos con la delincuencia puedan desempeñar de nuevo su actividad, aunque sea en plazas como administrativos.
“Se está quedando gente que debería de estar afuera y la gente que están sacando es la que vale la pena.
Tan fácil de demostrar, con la revisión de expediente, esta revisión te da la certeza, si tu expediente tiene denuncias de violaciones a los derechos humanos, alguna denuncia penal, por abuso autoridad, o no tuviste alguna remisión o alguna puesta a disposición importante, pues probablemente estabas coludido con la delincuencia organizada, por eso no hacías ninguna presentación importante o alguna detención grande. Eso habla más o menos de cómo es tu actuar dentro de la institución”, asegura.
En las “limpias” de corporaciones se cometen graves errores, ya que se deja fuera a policías a los que después hay que pagarles el tiempo de salarios caídos y, una vez que se demuestra que era un buen elemento, por ley no puede regresar a la institución.
Tras su salida de la corporación y aunque le ganó la demanda laboral a la PGR, ya no pudo seguir con su vida de policía. Ahora trabaja para la iniciativa privada.
“Yo tengo preparación, soy ingeniero, pero hay muchos compañeros que no tienen preparación más que prepa. Muchos de ellos no han encontrado trabajo o andan de chalanes percibiendo un ‘equis’ sueldo.
¿Pero toda esta gente a dónde se va? Sabe hacer operativos policiales, incursión urbana, sabe manejo de armas, sabe estrategias, muchos fuimos capacitados por la Embajada de Estados Unidos, por el
Departamento de Justicia, tenemos conocimientos”, asegura.
“De acuerdo con la última reforma que se le hizo al artículo 123 (constitucional), ellos pueden hacer el examen a quien quieran y pueden reprobarlo y de ahí ya no puede regresar a las labores policiales, quedas vetado de todo lo que está relacionado con la policía.”
‘Se puede hacer un cártel fuerte’
Existe el riesgo de que la delincuencia organizada pueda crear un cártel fuerte si recluta a los policías que han salido de corporaciones como la Policía Federal, asegura Rubén Aguirre, presidente del Movimiento Nacional Para la Dignificación de la Policía Federal.
“(Los expolicías tienen) entrenamiento pagado por la misma ciudadanía, capacitación, experiencia, conocimientos en logística, ellos saben las claves de la institución, saben por dónde se mueven, tienen contactos dentro de la misma. Es un peligro”, alerta el dirigente de la asociación que busca un remedio a la problemática de los elementos que han salido de la corporación por no pasar el examen de control de confianza.
“El día de mañana quien quiera hacer un cártel fuerte lo va a hacer de puros policías que ya fueron despedidos de esta manera. Acuérdate qué pasó con los grupos de las Fuerzas Especiales del Ejército que formaron Los Zetas, grupos fuertes que hicieron asesinatos y cosas muy sanguinarias para controlar plazas”, añade.
El crimen organizado recluta a estos elementos, pues tienen preparación. Además, no es fácil para un elemento que tiene este antecedente que pueda encontrar un trabajo.
“Cuando tenemos asambleas les he preguntado que cuántos han sido buscados por la delincuencia organizada, yo calculo que la mitad levanta la mano. Si en cada asamblea asisten 500 y de 200 a 250 levantan la mano, quiere decir que de los ocho mil que han sido separados desde el 2010 a la fecha, entre tres mil y cuatro mil han sido buscados por la delincuencia organizada. Supongamos que el 10 por ciento de esos 4 mil sí se hayan ido a las filas de la delincuencia organizada. Ya están trabajando como jefes de plaza o como sicarios de alto rango dentro de sus estructuras delictivas”, considera.
El movimiento de Aguirre pretende que los expolicías tengan una oportunidad, ya que aunque demuestren que fueron separados de manera injusta la ley les impide que puedan regresar a las corporaciones.
“Todos los días siguen notificando compañeros, todos los días siguen utilizando este mecanismo de las evaluaciones de control de confianza para seguir separando a la gente que de alguna manera les estorba a ellos, porque la gran mayoría de compañeros que están siendo separados del cargo, que ya tienen trayectoria grande, de más de 20 años, son compañeros que tenían proyectos muy buenos, que venían funcionando, pero no estaban acorde con el sistema que tiene actualmente la Policía Federal”, dice.
Rubén Aguirre señala que lo más difícil luego de ese tropiezo es salir adelante y encontrar un empleo.
“El problema más fuerte es que nadie los quiere contratar. Hay compañeros que buscan trabajo, incluso de barrenderos, pero al checar el antecedente de haber sido policías y haber sido separados del cargo por una evaluación de control de confianza, pues nadie les quiere dar trabajo de nada”, lamenta.
“Hay compañeros que tienen carrera de 20 o 25 o hasta 30 años dentro de la Policía e incluso tienen estudios de licenciatura en diferentes ramas, no sólo en administración policial. Hay abogados, hay ingenieros en Informática, y aún así con su carrera nadie les quiere dar trabajo”, añade.
Dice que en su asociación han hecho “un filtro muy estricto” para recibir a compañeros que carezcan de vinculación criminal. La exigencia con las autoridades es que recurran a la revisión de expedientes para que los expolicías que demuestren que carecen de vínculos con la delincuencia puedan desempeñar de nuevo su actividad, aunque sea en plazas como administrativos.
“Se está quedando gente que debería de estar afuera y la gente que están sacando es la que vale la pena.
Tan fácil de demostrar, con la revisión de expediente, esta revisión te da la certeza, si tu expediente tiene denuncias de violaciones a los derechos humanos, alguna denuncia penal, por abuso autoridad, o no tuviste alguna remisión o alguna puesta a disposición importante, pues probablemente estabas coludido con la delincuencia organizada, por eso no hacías ninguna presentación importante o alguna detención grande. Eso habla más o menos de cómo es tu actuar dentro de la institución”, asegura.
En las “limpias” de corporaciones se cometen graves errores, ya que se deja fuera a policías a los que después hay que pagarles el tiempo de salarios caídos y, una vez que se demuestra que era un buen elemento, por ley no puede regresar a la institución.
“Son demandas que duran tres años, y lo que tiene la institución después de que ganaste el juicio es indemnizarte y pagarte sueldos caídos hasta donde falló la resolución del juez. Son tres años que te pagan como si hubieras trabajado, pero sin que te puedan devolver el empleo. Le ponen toda la mesa a la delincuencia organizada porque ellos saben que ya te quedaste sin trabajo, estás vulnerable, con conocimientos de la institución, estás preparado, y te buscan para que te sumes a sus filas porque nadie te quiere dar trabajo”.
Mucho examen poca confianza
Tras casi 20 años que en México se han aplicado las pruebas de control de confianza es evidente que no hay policías confiables, lamenta José Antonio Ortega, especialista en seguridad.
“Yo esperaría que estos procesos de depuración algún día terminen porque ya casi tiene 20 años que se vienen depurando policías y no tenemos hoy una policía confiables”, explica en entrevista.
“A mí me parece que los exámenes de control de confianza los aplican políticamente, porque hay varios casos de policías federales, incusive mandos, que no pasaron los exámenes de control de confianza hace varios años y que siguieron trabajando en la corporación”, añade.
Mucho examen poca confianza
Tras casi 20 años que en México se han aplicado las pruebas de control de confianza es evidente que no hay policías confiables, lamenta José Antonio Ortega, especialista en seguridad.
“Yo esperaría que estos procesos de depuración algún día terminen porque ya casi tiene 20 años que se vienen depurando policías y no tenemos hoy una policía confiables”, explica en entrevista.
“A mí me parece que los exámenes de control de confianza los aplican políticamente, porque hay varios casos de policías federales, incusive mandos, que no pasaron los exámenes de control de confianza hace varios años y que siguieron trabajando en la corporación”, añade.
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En las corporaciones trabaja gente que ha sido señalada de manera directa de trabajar con el narcotráfico, afirma el abogado consultado por Reporte Indigo.
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Incumple encargado de la PF con controles de confianza.
“Yo presenté una denuncia ante la PGR y exhibí un documento que me dieron de Asuntos Internos, en la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, en la que hablaba de 239 mandos que habían sido examinados y que parte de esos exámenes eran de control de confianza y solamente habían aprobado ocho.
“Y los otros no solamente lo habían reprobado, sino que algunos de ellos, de sus compañeros, tenían señalamientos de estar involucrados con el crimen organizado.
“Nada más los aplican a quienes ellos deciden aplicarlos y son muy laxos con quienes no quieren aplicarles los exámenes de control de confianza”, dice.
Ortega ha propuesto a las autoridades que los resultados de los exámenes de confianza sean públicos.
“Es evidente que cuando son corridos de la corporación se les va a dificultar el trabajo y es evidente que nadie los quiere contratar si tienen algún señalamiento de vinculación con el crimen organizado.
“Qué lástima, pero me parece que es uno de los riesgos de que sus procedimientos se inicien y luego no se concluyan a satisfacción para ver si es o no es confiable esa persona. Se debe de concluir y la conclusión se debe de hacer pública, para que en el caso de que haya resultado cierta la imputación o el señalamiento sufra las consecuencias, pero en el caso de que no (el elemento) pueda rehacer su vida.
“Todos esos exámenes tienen que ser públicos, porque lo que sucede es que policías que son corridos en Baja California luego son contratados en Yucatán o en la Ciudad de México y que ese registro que debe de existir en el Sistema Nacional de Seguridad Pública también debe ser público, por lo menos con los servidores públicos que fueron investigados, que fueron consignados, que en su momento fueron condenados”, añade.
“Y los otros no solamente lo habían reprobado, sino que algunos de ellos, de sus compañeros, tenían señalamientos de estar involucrados con el crimen organizado.
“Nada más los aplican a quienes ellos deciden aplicarlos y son muy laxos con quienes no quieren aplicarles los exámenes de control de confianza”, dice.
Ortega ha propuesto a las autoridades que los resultados de los exámenes de confianza sean públicos.
“Es evidente que cuando son corridos de la corporación se les va a dificultar el trabajo y es evidente que nadie los quiere contratar si tienen algún señalamiento de vinculación con el crimen organizado.
“Qué lástima, pero me parece que es uno de los riesgos de que sus procedimientos se inicien y luego no se concluyan a satisfacción para ver si es o no es confiable esa persona. Se debe de concluir y la conclusión se debe de hacer pública, para que en el caso de que haya resultado cierta la imputación o el señalamiento sufra las consecuencias, pero en el caso de que no (el elemento) pueda rehacer su vida.
“Todos esos exámenes tienen que ser públicos, porque lo que sucede es que policías que son corridos en Baja California luego son contratados en Yucatán o en la Ciudad de México y que ese registro que debe de existir en el Sistema Nacional de Seguridad Pública también debe ser público, por lo menos con los servidores públicos que fueron investigados, que fueron consignados, que en su momento fueron condenados”, añade.
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