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domingo, 6 de septiembre de 2015

!!! ABSUELTO en E.U !!! ,el "CHINO ZHENLI YE GON ,TEME "REGRESAR a MEXICO".

México y Estados Unidos están a punto de firmar un intercambio de extraditables, lo que preocupa al chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien actualmente se encuentra en una prisión de aquel país aunque ya fue absuelto de los ilícitos que se le imputaban allá.
 Y tiene sus razones, pues en el sexenio calderonista todos se le echaron encima –sobre todo Javier Lozano Alarcón y Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría del Trabajo y procurador general de la República, respectivamente– y le imputaron delitos que nunca se le comprobaron. Pese a ello, aquí se le acusa de delincuencia organizada, narcotráfico, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lavado de dinero.
Desde que en junio pasado la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó atraer el caso de Zhenli Ye Gon, el gobierno de Enrique Peña Nieto está a la espera de que el Departamento de Estado decida extraditar al empresario chino naturalizado mexicano.
México y el país vecino están por concretar un intercambio de extraditables. Y aunque el exempresario farmacéutico podrá regresar libre de culpas en Estados Unidos, puesto que desde hace seis años allá la justicia lo absolvió del delito de narcotráfico por falta de pruebas, aquí se mantienen las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico fincadas desde hace ocho años.
El gobierno de Felipe Calderón, su acusador, no pudo sostener sus señalamientos ante las autoridades estadunidenses. Ye Gon, a su vez, tampoco logró convencerlas de que era un perseguido político.
Nacido en Shangai, China, en enero de 1963 y naturalizado 40 años después en México, le imputó a Calderón haber contado con un millonario fondo ilegal en su campaña presidencial de 2006. Según Ye Gon, de los 205 millones de dólares que el gobierno calderonista le aseguró en su casa en 2007, por lo menos 100 millones eran parte de ese supuesto fondo ilegal.
Ante el esperado intercambio de prisioneros, confirmado a Proceso por funcionarios de la Secretaría  de Gobernación, algunos acusados de narcotráfico por Estados Unidos han promovido amparos contra su extradición. Uno de ellos es el exjefe del Cártel de Juárez Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien a finales de agosto pasado obtuvo una suspensión provisional para evitar su entrega a la justicia estadunidense.
Preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, Carrillo Fuentes es requerido por la justicia de Texas, que lo acusa de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos.
Un cargo similar, pero para la introducción de metanfetaminas, le hizo a Ye Gon una Corte de Columbia, en la capital estadunidense. La imputación se vino abajo debido a la falta de pruebas por parte del gobierno de Calderón. En agosto de 2009, Ye Gon quedó absuelto y recuperó los bienes que se le habían confiscado en ese país (Proceso 1716).
Ye Gon acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haberle mentido al Departamento de Estado y a la Corte Federal del Distrito de Columbia al destruir evidencias que lo beneficiaban. El señalamiento directo lo hizo contra el titular de la PGR en el sexenio de Calderón, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante el sexenio pasado, la PGR dejó que el caso se quedara en Estados Unidos, al tiempo que Ye Gon aplazaba su extradición, solicitada formalmente por el gobierno mexicano en septiembre de 2008. La petición fue firmada por el ministerio público Jorge Joaquín Díaz López, quien trabajó en la PGR hasta 2009 para incorporarse al despacho de abogados del exprocurador Antonio Lozano Gracia.
Aunque fue absuelto, el empresario chino-mexicano ha estado en una prisión estadunidense desde 2007, por lo que ya lleva ocho años encerrado, dos menos de la pena mínima a la que habría sido condenado de habérsele encontrado culpable.
La PGR no sólo fue incapaz de probar sus acusaciones en Estados Unidos. Tampoco ha logrado en México sentencias definitivas contra todos los que acusó de ser parte de un grupo de delincuencia organizada supuestamente encabezado por el exempresario.
Ye Gon intentó desde un principio quedarse en Estados Unidos, bien como testigo protegido o bajo asilo político. Ninguna de sus acciones prosperó, pero logró no ser entregado al gobierno calderonista.
El personero de Calderón
Eduardo Medina Mora fue quien a los pocos días de que Felipe Calderón asumió la Presidencia emprendió las acciones contra Ye Gon. El 11 de diciembre de 2006 anunció el aseguramiento en el puerto de Lázaro Cárdenas de 20 toneladas métricas de pseudoefedrina, una sustancia que estuvo importando legalmente a México hasta 2005, cuando el gobierno de Vicente Fox, casi al final de su mandato, prohibió su comercialización. Dos años antes, el guanajuatense le había otorgado personalmente la ciudadanía mexicana en un acto público en la residencia oficial de Los Pinos.
No era la primera circunstancia en la que Fox se cruzaba con el hasta ese momento exitoso empresario. A mediados de los noventa, Ye Gon había llegado a México a petición de los Laboratorios Silanes, propiedad de Antonio López de Silanes Pérez, uno de los amigos que en el 2000 financiaron la candidatura presidencial del político panista a través de la organización Amigos de Fox. Cuando Proceso dio a conocer el hecho en su edición 1608, la empresa argumentó que Ye Gon sólo fue su proveedor y no su empleado.
Durante el sexenio foxista, Ye Gon se convirtió en un empresario “ultra exitoso” como resultado de casi 20 años de actividad, según declaró a las autoridades estadunidenses cuando solicitó asilo político. Terminado el gobierno de Fox también se acabó su suerte.
El 11 de diciembre de 2006, a 10 días de iniciado el gobierno de Calderón, Medina Mora anunció el aseguramiento de las 20 toneladas de pseudoefedrina. A los pocos meses, en marzo de 2007, la PGR cateó la residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec y encontró 205 millones de dólares en efectivo, reportó entonces la Agencia Federal de Investigación (AFI). Para ese momento, Ye Gon ya había huido a Estados Unidos.
Desde un principio buscó el asilo político, con el argumento de que era víctima de una persecución del gobierno de Calderón. En su solicitud, acusó a Medina Mora de fabricar pruebas con toda suerte de sofisticados delitos de narcotráfico. “No soy un vendedor ni un señor de la droga ni mucho menos un capo del narcotráfico”, declaró.
Refirió que entre 2002 y 2003 importó y distribuyó pseudoefedrina en México con permisos de la Secretaría de Salud, compitiendo con otros importadores de la sustancia y que nunca rebasó los techos de las cuotas entonces autorizados. Es más, “cuando el gobierno cesó los permisos, de inmediato dejé de importar, comprar, vender, procesar o distribuir esa sustancia”.
Directo, señaló a la administración pasada: “El motivo del gobierno de Calderón es que intenta, de mala fe, cubrir el escándalo detrás de los 207 millones de dólares del llamado dinero ilegal. Y la mayoría de este dinero en efectivo encontrado en mi residencia, en fajos de billetes de 100 dólares, proviene de los fondos secretos de la campaña presidencial del PAN que fueron escondidos en mi residencia por órdenes de Javier Lozano Alarcón y sus socios”.
El gobierno calderonista dio a conocer oficialmente que fueron 205 millones de dólares. De acuerdo con los archivos judiciales del caso en Estados Unidos, Ye Gon precisó que el dinero se entregó con la custodia de policía uniformada y vehículos policiales entre mayo y septiembre de 2006.
Añadió: “Con rechazo, tomé la riesgosa obligación de la custodia porque el señor Javier Lozano Alarcón me amenazó de que si no cooperaba, me cortarían el cuello. Si yo no hubiera sido acusado falsamente de encabezar un cártel internacional de la droga, el escándalo de los fondos secretos de la campaña presidencial del PAN hubiera sido expuesto ante el mundo”.
Esa acusación la reiteró ante la prensa estadunidense. Lozano Alarcón, actual senador por el PAN y entonces secretario del Trabajo, amagó con demandar a Ye Gon por difamación. Lozano evitó aclarar si finalmente había interpuesto la demanda. Argumentó que se trataba de un asunto privado.
La petición de asilo le fue rechazada casi de inmediato a Ye Gon. El gobierno estadunidense dijo que en ese momento estaba detenido por la acusación de traficar con sustancias controladas y no por algún pedido de extradición por parte de México.
Ye Gon insistió en la protección de la justicia de Estados Unidos, pero un juez se la negó. Le argumentó que estaba especulando sobre situaciones eventuales: “No presenta un respaldo legal sobre su futuro confinamiento, extradición o deportación”, y le reiteró que no había aún ningún proceso penal en su contra.
Las autoridades también se negaron en ese momento a integrarlo al programa de testigos protegidos, pese a los argumentos políticos del exempresario. Además de declararse como perseguido del gobierno de Calderón, alegó que tenía relación con el exsenador del PRI Fidel Herrera, quien luego fue gobernador de Veracruz.
Las negativas
Zhenli Ye Gon aseguró que si era extraditado, enfrentaría un “inminente asesinato, torturas y otros tratos crueles”.
Argumentó: “Definitivamente seré eliminado por el corrupto régimen de México bajo Felipe Calderón y bajo el gobierno del PAN, en represalia política, persecución y deseo de silenciarme para siempre porque soy un testigo clave del fraude del PAN en la elección presidencial”.
Su defensa siguió con los alegatos: “Debido a que Zhenli Ye Gon tuvo información valiosa, sensible y confidencial relativa a la extensa corrupción y al alegado fraude del (entonces) gobernante PAN en la elección presidencial de 2006, su seguridad e integridad personal debe estar en el programa federal de testigos protegidos”.
Según Ye Gon, el resto del dinero era para hacer de Unimed Pharmaceutical, una empresa de su propiedad, un gigante farmacéutico, al que ya le había invertido 200 millones de dólares para tener 22 líneas de producción con tecnología de punta de Alemania, Italia, Suiza y Estados Unidos.
Al tiempo que el gobierno estadunidense le negaba la protección, el de México dispuso del dinero: lo repartió entre la Secretaría de Salud, la propia PGR y el Poder Judicial de la federación.
Además, de acuerdo con Ye Gon, el gobierno de Calderón destruía pruebas que le hubieran favorecido, como la bitácora de sus importaciones y la contaminación y destrucción de la sustancia que fue el origen de la investigación en su contra. Asegura que fue Medina Mora quien ordenó la destrucción y eliminación de las 19 toneladas métricas de lo que el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó como pseudoefedrina.
Además, acusó a la Administración Central de Aduanas de México de haber contaminado la sustancia al agregarle ácido clorhídrico y calor para obtener ­pseudoefedrina.
Según alegó Ye Gon ante el gobierno del vecino país, en realidad se trataba de un acetato identificado como Hydroxy-Benzyl-N-Menthylacetethamine, también conocido como Acetamde N-2, “un químico inocuo que puede ser usado para producir productos químicos legales, como el Benzylphrine”.
Aseguró que la mercancía la había comprado en octubre de 2006 a Chifeng Arker Pharmaceutical Tecnology Co. Ltd, una subsidiaria de Shangai Enterprises, compañía estatal china que cotiza en el mercado de valores de Hong Kong.
Sin embargo, el gobierno de Calderón sostuvo que Chifeng Arker fue clave en los movimientos de Ye Gon. Establecida en Mongolia interior, la firma le siguió proveyendo efedrina aun después de que se prohibiera su importación en México, según la PGR. La dependencia sostuvo también que entre diciembre de 2005 y noviembre de 2006 las aduanas mexicanas identificaron al menos cuatro cargamentos ilegales de sustancias psicotrópicas controladas a nombre de Unimed Pharm Chem y Unimed Pharmaceutical, ambas propiedad del acusado.
Señaló que en esos cargamentos el exportador fue una empresa china identificada como Emerald Import & Export Company, de Hong Kong. Desatado el escándalo internacional por los 205 millones de dólares, las autoridades de China informaron que esa empresa no existía.
De acuerdo con la PGR, las 20 toneladas aseguradas provenían de Chifeng Arker. Medina Mora sostuvo que Ye Gon había importado de esa manera 89 toneladas de sustancias para producir efedrina y pseudoefedrina. La cifra era casi cuatro veces superior a los requerimientos del mercado de salud en México, según la imputación.
La PGR remontó la relación de Ye Gon con Chifeng Arker a 2003, cuando Unimed Pharm Chem firmó un contrato con esa empresa para importar cada año 50 toneladas de una sustancia que podría ser usada para producir efedrina o pseudoefedrina, el Hydroxy-Benzyl-N-Menthylacetethamine, un compuesto químico que para la PGR no existe. El contrato incluía soporte técnico para construir la planta en México.
La acusación también dice que entre 2005 y 2007 Ye Gon no reportó a la Secretaría de Hacienda que hubiera tenido grandes ingresos. Sin embargo, “transfirió millones de dólares y grandes sumas de dinero” en euros y pesos mexicanos a través de casas de cambio a China, Estados Unidos y Europa para pagar a empresas como Chifeng Arker o apoyar su estilo de vida, que incluía autos lujosos, joyería y hasta 125 millones de dólares que apostó en casinos de Las Vegas, Nevada.
En sus informes entregados a las autoridades de Estados Unidos, pero que no dio a conocer en México, la PGR declaró que en el operativo de marzo de 2007 también encontró “una receta escrita a mano de cómo convertir 20 toneladas de Safrole en metanfetaminas”. Ye Gon rechaza también este cargo.
En el operativo fueron detenidas 11 personas, incluida su esposa Tamoyil Marx-Yu, dos cuñados y ocho empleados, entre ellos el jardinero y el encargado de la limpieza, acusados de delincuencia organizada.
Según la PGR, Ye Gon era el jefe del grupo, dentro del cual señaló a un químico, un ingeniero y un bioquímico de la empresa. A uno de sus cuñados lo acusó de falsificar los permisos de importación.
La PGR también detuvo a una asistente administrativa y a su chofer. A todos los acusó de cumplir un rol en la organización. Arrestó asimismo a “un consultor chino” que llegó a México en diciembre de 2005 para dirigir el equipo que instaló en la planta de Toluca. Al otro cuñado lo acusó de supervisar la construcción de la planta con fines delictivos.
De ser extraditado, Zhenli Ye Gon enfrentará cuatro acusaciones: delincuencia organizada, narcotráfico, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lavado de dinero. Para el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no se pudo comprobar que haya traficado droga a ese país.
Fuente.-

PEÑA NIETO se "AVIENTA" un "DECALOGO cada 8.2 MESES "SIN CUMPLIR los ANTERIORES...asi de "serio" es.


En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, el miércoles pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que ha sido una constante de su gobierno en momentos de crisis: un nuevo decálogo que sumado a los que hizo públicos desde que era precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), suman ya 100 objetivos que se refieren a temas fundamentales como el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, a combatir el hambre y la corrupción. La mayoría aún se mantienen como los grandes pendientes.
Los decálogos de Peña Nieto son hasta ahora ejes de una estrategia que no ha logrado aterrizar. Durante su Informe de Gobierno, el Primer Mandatario presentó “10 medidas para nuevos desafíos”, lo que representa su cuarto decálogo ya como Presidente.
Expertos han criticado que cada que se registra una crisis, el gobierno federal acude a la estrategia de presentar decálogos para solucionar, el problema en turno. Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de septiembre de este año, el Presidente ha presentado cuatro decálogos, es decir, uno cada 8.2 meses.
Los especialistas ven este recurso como una “ especie de buenas intenciones”, en tanto, organizaciones perciben “desconfianza” en el anuncio del último.
De los cuatro decálogos de Peña Nieto como Presidente, dos hacen alusión al tema de la justicia y derechos humanos, uno a la Reforma Energética, y el cuarto resume todos los anteriores.
Uno de los grandes pendientes es el tema que señala en el decálogo “Medidas por la Paz, la Unidad y la Justicia en México, referente al tema de la corrupción. Hasta ahora, no hay señales de una buena implementación de la Ley Anticorrupción, debido a la modificación previa de 22 leyes secundarias.
En materia de seguridad está pendiente la creación del número de emergencias 911 y la controvertida desaparición de las policías municipales.
LA CUARTA ES LA VENCIDA
En materia de derechos humanos, para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana, existen tres puntos del último decálogo en el que encuentra divergencias.
En el primer punto del decálogo: Impulsar nuevas leyes para fortalecer el Estado de Derecho.
“Me parece que el Presidente sigue con una idea donde se considera que las leyes por sí mismas podrán cambiar la situación del país y pienso que esto es grave porque a pesar de que tenemos unas de las mejores leyes en el mundo, vemos que éstas no se implementan y que no tienen repercusiones, no hay un marco normativo adecuado”, expresó Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT en entrevista para SinEmbargo.
“Vemos cómo a partir de este primer punto del decálogo no hay una voluntad política para aplicar las leyes”, añadió.
El segundo punto es el artículo tercero del decálogo: Impulso al desarrollo de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad.
“En este punto observamos que a partir de que el gobierno priista llegó a la Presidencia ha habido una agudización de los programas sociales para la manipulación política y el control de los territorios, esto resulta muy grave porque se aprovecha de la gran necesidad que tienen las comunidades para instrumentar programas que tienen que ver con manipulación política”, detalló Ríos Martínez.
Por ejemplo, dijo, lo vimos recientemente con las elecciones en Chiapas, cómo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRI se apoderaron de los programas sociales para manipular el voto, “el gobierno plantea implementar programas sociales para utilizarlos a su favor en las elecciones”.
El tercer punto que la organización rebate es el noveno del decálogo: Se acelera el desarrollo de la infraestructura nacional incluyendo el sector energético.
“Nos parece que notamos un abaratamiento de nuestros recursos, se están ofreciendo a capital extranjero en detrimento de nuestras comunidades y de su patrimonio, vemos que desde que entró en consulta la Reforma Energética no hubo transparencia, no hubo diálogo con la sociedad afectada”, aseguró el secretario ejecutivo de la Red TDT.
Indicó que actualmente las leyes establecidas en materia energética son implementadas para despojar a las comunidades, lo que aumenta las protestas y la movilización de las organizaciones que luchan para se respete su vida y su patrimonio.
-¿En una escala del 1 al 10 cómo califica la Red TDT la administración del Presidente Peña Nieto en materia de derechos humanos en lo que va de su sexenio?
-Cero. Reprobamos totalmente esta gestión porque este año hemos visto cómo se violan sistemáticamente los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Creemos que en el país no se respetan los derechos humanos.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que efectivamente haya un avance en esta materia, el Gobierno federal debe seguir avanzando en procesos de justicia que acaben con la impunidad del país, “una impunidad del 98 por ciento que está en todos los procesos de derechos humanos, donde no hay investigación de las personas asesinadas, no hay sanciones y hay fabricación de culpables”, puntualizó Fernando Ríos.
En el tema de la seguridad también hay desconfianza por parte de organizaciones y especialistas.
“Tengo cierta desconfianza hacia los decálogos porque me parece que siempre tratan de sacar respuestas que ya conocemos sin que haya un diagnóstico, parece siempre un compendio de buenas intenciones, el anuncio del Presidente el pasado 2 de septiembre es similar a otros decálogos”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Los especialistas aseguran que no es suficiente con fomentar leyes, como lo establece el punto uno del más reciente decálogo, también es necesario cumplirlas.
“Me parece que fomentar leyes de nada sirve porque éstas no se aplican”, destacó Rivas Rodríguez.
“No hay una calificación global que se pueda dar, pero sí hay elementos que se deben atender con mucha puntualidad, por ejemplo, hay violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército muy evidentes y que deberían de ser investigadas con mucha más fuerza. La fuga de ‘El Chapo’ no se puede dejar de lado en la evaluación en materia de seguridad en los tres años de Peña”, subrayó el director general de la organización.
En el anuncio del Presidente el pasado 2 de septiembre reconoció que hay una turbulencia a nivel internacional que afecta a la economía. Pero “vamos a seguir moviendo a México”, acotó. “Vamos a responder con visión de Estado, con claridad de rumbo y compromiso; vamos a demostrarnos a nosotros mismos que somos una Nación con proyecto y rumbo” y describió en ocho puntos del decálogo cómo lo hará.
Prometió estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias mexicanas, austeridad presupuestal en el Gobierno de la República y apoyo a las actividades productivas de las zonas rurales con mayor marginación.
“Los puntos que tocó el Presidente me parecen correctos, acciones positivas para mejorar la economía del país, ahora falta que se hagan realidad, el problema que tenemos con los mensajes del Presidente es que no se cumplen realmente estos puntos, porque no es la primera vez que nos da una especie de decálogo de buenas intenciones”, refirió Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico del CI Banco en entrevista con este medio digital.
Dijo que no queda claro en el punto de reducir gastos en el Gobierno federal, “está proponiendo bajar gastos, el reto será cómo le va hacer para que menores recursos públicos garanticen no dejar vulnerable al país”, opinó el experto en economía.
LARGA HISTORIA
La primera vez que Peña Nieto probó de frente el rechazo fue el 11 de mayo de 2012, cuando en plena campaña presidencial, el priista fue prácticamente expulsado por la puerta de atrás en la Universidad Iberoamericana. Los jóvenes universitarios, indignados por los gastos de su campaña, la parcialidad de los grandes medios de comunicación en el país con su candidatura –especialmente la de Televisa– y sus respuestas sobre la masacre de Atenco, en 2006 y durante su gobierno en el Estado de México, encendió el ánimo de cientos de estudiantes.
Pero las posteriores expresiones de los priistas, como Pedro Joaquín Coldwell, entonces presidente del partido tricolor, quien los calificó de infiltrados y porros, generaron un movimiento que se volvió nacional: el #YoSoy132.
Como respuesta a esa primera gran crisis frente a los jóvenes preparatorianos y universitarios de todo el país, Peña Nieto lanzó el 21 de mayo –10 días después del rechazo mostrado por la comunidad estudiantil de la Ibero– su manifiesto de 10 puntos, denominado “Por una presidencia Democrática”.
Con ese documento, el entonces candidato y su equipo trataron de exorcizar las protestas y manifestaciones de la juventud mexicana, que buscaban impedir el regreso del PRI a Los Pinos. Los 10 puntos de ese manifiesto [contenidos en el gráfico publicado en la parte inferior] siguen hoy sin cumplirse.
Luego vendrían muchos decálogos más: el que prometía mejorar la economía familiar, los que trataban de sacar al país de la crisis económica, el que respondía a la agudización de la violencia, el que aceleraba la Reforma Energética para detonar la riqueza en México. La mayoría de esos puntos están aún pendientes.
Ante el movimiento de ciudadanos indignados en México y el mundo por la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, el Presidente anunció en noviembre del año pasado un nuevo decálogo para fortalecer el Estado de Derecho en México.
Y esta semana, ante la indignación colectiva por la impunidad, la corrupción, la caída en los indicadores económicos y el aumento en el número de pobres, recurrió a la misma estrategia.
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EN "AYOTZINAPA","EJERCITO al DESNUDO"...se "DESMORONA" la VERSION MILITAR.


Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 
Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
 Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después.
Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero.
Aunque nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo.
“Civiles” dispararon
“Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más.
Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos.
Además, Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre.
Según testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
De acuerdo con las inspecciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) realizadas el 27 de septiembre, de cuyos informes se obtuvo copia, en la calle Juan N. Álvarez de Iguala, donde ocurrió uno de los ataques, así como en la escena del tiroteo contra el camión del equipo de futbol Avispones –confundido esa noche con normalistas– había decenas de casquillos calibre 7.62, el de los fusiles G3, arma usual del Ejército y no utilizada por la Policía Municipal.
Las declaraciones ministeriales de los militares refieren que esa noche también salieron a las calles de Iguala dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción, uno de los cuales iba comandando por el capitán Martínez Crespo y el otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la PGR en los documentos. Además de ir todos armados con fusiles G3, uno de los escuadrones usó un vehículo de guerra llamado Sand Cat; en la escotilla de éste hubo en todo momento un soldado empuñando una metralleta.
Vigilados desde el principio
En julio último el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en entrevista con el periodista radiofónico José Cárdenas que la noche del 26 de septiembre en el cuartel de Iguala no había personal ni vehículos disponibles para atender la emergencia. “Y qué bueno que fue así”, agregó, “porque de haber salido, hubiéramos creado un problema mayor”. Pero las declaraciones de los elementos del 27 Batallón de Infantería lo desmienten.
Rodríguez Pérez compareció el 4 de diciembre de 2014 ante la PGR en Iguala. Lo hizo en su calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, cargo del que fue relevado el pasado julio. Dijo que desde las 19:00 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 de la mañana siguiente hubo militares en las calles de Iguala.
Agregó que en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4, instancia de seguridad pública estatal) de Iguala hay presencia de dos militares por turno, como informó este semanario en diciembre de 2014 (Proceso 1989). Señaló que el 27 Batallón tiene efectivos de los OBI: “Son personas de civiles quienes nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala”.
Explicó que envió un representante al informe de la presidenta local del DIF, María de los Ángeles Pineda Villa, y también a un miembro del OBI para que vigilara el acto, que tuvo lugar en la plaza central de Iguala.
A las 19:00 o 19:30 horas le ordenó al efectivo de OBI trasladarse a la caseta de cobro de la autopista Iguala-Puente de Ixtla para verificar la información de que había ahí estudiantes de Ayotzinapa.
Minutos después se le informó que los estudiantes habían secuestrado uno de los camiones que iba a la central de autobuses; también que al llegar a esa central “se robaron dos camiones e hicieron destrozos”.
Una fuente militar de alto rango consultada para esta investigación y que pidió el anonimato explica que todos los batallones, zonas, regiones militares e incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen pelotones de información (OBI) que forman parte de la Sección Segunda –la de inteligencia y contrainteligencia– de la institución.
La fuente agrega que los militares del pelotón de información no se uniforman; se mezclan con la población para obtener datos. Muchos de ellos no usan el corte de cabello de casquete corto (obligatorio en las Fuerzas Armadas) ni duermen en las bases militares.
Rodríguez Pérez afirmó: “Siguen los estudiantes su camino, pasando por el centro y siguiendo su camino llegan a la calle Juan N. Álvarez, los detienen las patrullas y se observa que las patrullas rodean los camiones, sabemos por el C4 que se encontraban tres patrullas delante de los camiones y tres detrás de los mismos, de ahí sólo sabemos que se encuentran detenidos estudiantes y camiones por la Policía Municipal”. Nunca habló de los disparos contra los normalistas en la Juan N. Álvarez.
Vecinos que a las 21:00 horas estaban en Juan N. Álvarez esquina con Emiliano Zapata dijeron que personas vestidas de civil comenzaron a disparar. Grabaron los audios de ese momento. “Eran civiles que estaban persiguiendo a los estudiantes”, dijo uno de los testigos.
“También sabemos por el C4 que personas se habían trasladado al Hospital General de Iguala, donde nos enteramos que solamente tres personas entraron heridas por arma de fuego”, declaró Rodríguez Pérez a la PGR. Se trataba de los lesionados del primer ataque: Fernando Marín, Jonathán Maldonado y Aldo Gutiérrez.
Un teniente a quien en este reportaje se identifica como el militar 31 trabaja en el Centro de Información, Instrucción y Operaciones del 27 Batallón y fue responsable de recibir, desde la tarde del 26 de septiembre hasta la mañana siguiente, las llamadas de los militares adscritos al C4.
Afirmó que recibió nueve informes detallados del C4 entre las 19:30 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 del 27. Declaró que de cada llamada rindió inmediatamente un informe tanto a su superior en el batallón como a la 35 Zona Militar.
El militar 31 nada dijo sobre la desaparición de los estudiantes en la calle Juan N. Álvarez, ocurrida entre las 23:15 y las 23:30 horas, ni mencionó el tercer ataque, registrado a las 00:15 del 27 de septiembre. Cuando esos eventos ocurrieron, los escuadrones del Ejército ya habían salido a la calle.
Afirmó que la novena llamada de esa jornada la recibió entre las 10:00 y las 12:00 horas del 27 de septiembre, donde el militar adscrito al C4 le informó que reportaban el hallazgo de una persona desollada en la zona industrial. Era Julio César Mondragón, el tercer normalista asesinado.
Hubo fotografías
El pasado 3 de diciembre declaró ante la PGR el comandante del pelotón de información en funciones la noche del 26 de septiembre. Ese militar dijo ser el operador del Sistema de Inscripción de Archivos Arcanos, un “sistema de la Sedena que opera por internet, por donde se envía y recibe toda la documentación oficial de las diferentes unidades del Ejército y Fuerza Aérea”.
Dijo que a las 22:00 horas, es decir, en el punto más intenso de los ataques contra los normalistas, su superior le ordenó: “Dicen que hay un autobús abandonado o que al parecer tiene estudiantes en la carretera que conduce a Chilpancingo. Ve a ver qué se ve”.
Según su declaración fue solo, en motocicleta, al punto indicado “y al circular por la carretera, justo abajo del puente que cruza la carretera que va a Chilpancingo, cerca del Palacio de Justicia, vi que se encontraba un autobús de pasajeros de la empresa Estrella de Oro rodeado de elementos de la Policía Municipal de Iguala, quienes iban en camionetas tipo pick up con logotipos de la Policía Municipal, quienes trataban de bajar a las personas que venían en el autobús”.
Agregó que reportó esto a su superior “y él me indicó: ‘Quédate por ahí por otro rato para ver qué se ve, pero no te arriesgues ni te acerques mucho’”. Confesó que se quedó en el lugar una hora y en ese lapso vio que los estudiantes lanzaban piedras desde adentro mientras los policías intentaban abrir la puerta del autobús.
“Me di cuenta que llegaron otras tres camionetas oficiales de la Policía Municipal de Iguala a apoyar los elementos municipales que se encontraban en el lugar pero estos últimos llegaron más agresivos ya que les aventaron dos granadas lacrimógenas por las ventanillas del autobús, después de eso comenzaron a bajarse los jóvenes”, dijo a la PGR.
Agrega que vio que al bajarlos, los policías municipales los esposaban y los tendían en el piso boca abajo. Según él, en ese momento se retiró, pero afirmó que de todo eso tomó cuatro o cinco fotografías con su teléfono y se las entregó a Rodríguez Pérez.
Esas imágenes no están incluidas en los expedientes abiertos por la PGR ni en los partes informativos enviados por Rodríguez Pérez a la 35 Zona Militar un día después de los hechos.
Vecinos que esa noche pasaron por ese tramo del Periférico afirmaron a los reporteros que quienes cerraron el paso al camión donde viajaban los estudiantes fueron policías federales.
Fuerza de Reacción
De acuerdo con las declaraciones de los militares, el primer Grupo de Fuerza de Rea­cción –con 16 efectivos– salió del 27 Batallón entre las 22:15 y las 22:30 horas en dos vehículos Cheyenne, comandados por un teniente cuyo nombre fue tachado por la PGR en los documentos.
Su salida no fue registrada en las bitácoras, y aunque partió en dos vehículos, oficialmente sólo iba al Hospital General, que está a un costado del batallón, a investigar si habían llegado heridos de bala, sin que ningún militar explicara por qué o para qué necesitaban esa información.
Ahí ya estaban los primeros tres estudiantes heridos.
El militar 13 declaró a la PGR que su superior, un teniente, salió del hospital con una libreta en la mano y luego ambos regresaron al batallón.
El teniente recibió nuevas órdenes y les dijo a los integrantes del grupo que cambiaran una Cheyenne por el vehículo blindado y artillado Sand Cat. El escuadrón salió de nueva cuenta del 27 Batallón hacia las 23:00 horas con la advertencia de que había un grupo armado en las calles.
“Quiero manifestar que hasta ese momento yo no sabía a qué fuimos”, dijo el militar 13 respecto a su viaje al Hospital General. Este señalamiento es recurrente entre los soldados de bajo rango, quienes declararon a la PGR que sus superiores nunca les dijeron que había habido un ataque contra los estudiantes, sino sólo que había gente armada.
Debe hacerse notar que el militar número 17 dijo en su declaración: “Una de las reglas del Ejército es que las órdenes se acatan, no se discuten”.
El grupo partió rumbo a la autopista Iguala-Guerrero y pasó frente al Palacio Judicial; varios miembros del escuadrón declararon haber visto el camión Estrella de Oro vacío, con los vidrios rotos y las llantas desinfladas.
Estos declarantes refieren que cuando iban rumbo al crucero de Santa Teresa notaron la presencia de la Policía Federal y vieron dos taxis baleados; más adelante, un camión de pasajeros donde viajaba el equipo de futbol Avispones. En sus declaraciones, los integrantes de este equipo deportivo dijeron que cerca de las 23:40 horas fueron atacados por un grupo armado.
Según los miembros de ese escuadrón del Grupo de Fuerza de Reacción, regresaron a la base a las 03:30. Inmediatamente volvieron a salir otra vez en los dos vehículos al Hospital General para tomar los nombres de los lesionados, que a esa hora eran más de una docena.
Declaraciones contradictorias
Martínez Crespo fue interrogado por la PGR el 3 de diciembre de 2014. Dijo que hacia las 00:15 del 27 de septiembre recibió la orden de salir con un escuadrón de Fuerza de Reacción en dos vehículos Cheyenne; iban equipados con casco, chaleco antibalas y fusiles G3. Al menos uno de los vehículos llevaba en el techo una ametralladora.
El capitán pidió al comandante del pelotón de información que lo llevara al Palacio de Justicia, pero supuestamente cuando llegaron ya no había ahí estudiantes ni policías. Una grúa estaba a punto de llevarse el camión Estrella de Oro.
El militar número 8 declaró que sus compañeros revisaron el autobús. Otros tres integrantes del escuadrón dijeron que después fueron a la Policía Municipal de Iguala, a la cual entró Martínez Crespo con otros uniformados.
Entrevistado por los reporteros, Ulises Ramírez, juez de barandilla, indicó que los estudiantes nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala (Proceso 2015) y que incluso Martínez Crespo había revisado las instalaciones. En su declaración ministerial el capitán omitió esta información.
El tercer ataque contra los estudiantes, en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, ocurrió entre las 00:00 y 00:30 del 27 de septiembre. Ahí asesinaron a los normalistas Daniel Solís y Julio César Ramírez y se llevaron a Julio César Mondragón, cuyo cadáver apareció después.
El comandante del pelotón de información declaró que los militares adscritos al C4 le avisaron vía telefónica que al hospital Cristina, en Juan N. Álvarez, habían entrado hombres armados.
Varios militares declararon que entre las 00:40 y las 00:50 horas pasaron por la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, donde vieron los tres autobuses tiroteados y que dos personas (se trataba de Solís y Ramírez) yacían en el pavimento. No se detuvieron a auxiliarlos.
Al militar 15 la PGR le preguntó por qué no se detuvieron a dar auxilio a los caídos o establecer seguridad perimetral. Respondió: “Desconozco. Las órdenes las da mi jefe inmediato”. Es decir, Martínez Crespo.
El gobierno de Guerrero hizo las necropsias a los cuerpos de Solís y Ramírez el 27 de septiembre. Se tiene copia de los informes respectivos. El primero murió hacia las 00:50 horas y el segundo cerca de la 01:00. Podrían haber estado vivos cuando Martínez Crespo pasó frente a ellos.
El comandante del pelotón de información declaró que llegaron al hospital Cristina, y entraron cinco militares; que él tomó una fotografía al estudiante herido en el labio. Esa foto no está en los expedientes de la PGR ni en los informes enviados por el 27 Batallón a la 35 Zona Militar.
Respecto a la visita al hospital hay diferencias entre las declaraciones de los militares. Unos dicen que nunca se solicitaron los nombres de los estudiantes y otros afirman que sí tomaron sus datos. Estuvieron ahí entre las 00:55 y las 01:10 horas.
Entrevistado por los reporteros en noviembre de 2014, Omar García, líder del Comité de Orientación Política e Ideológica de la Normal de Ayotzinapa, contó que estaba en el hospital cuando llegaron los militares.
“El Ejército llego rápidamente, entró, cortaron cartucho a modo de que iban… no sé… contra delincuentes. Nos acusó de que estábamos allanando morada… que nos iban a llevar a todos…”. Narró cómo los obligaron a quitarse la camisa, revisaron si traían armas, les tomaron fotografías y les pidieron sus nombres:
“No quiero que me den nombres falsos, porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar. Eso lo dijo así, textualmente. Nos estaban insinuando que nos iban a desaparecer”, dijo García.
El militar número 9 declaró a la PGR que al salir del hospital, Martínez Crespo dijo que “él ya tenía conocimiento de que las personas tiradas al lado de los camiones estaban muertas y que por esa razón no nos habíamos bajado y que la premura era llegar a donde al parecer había gente armada”.
La PGR no preguntó cómo sabía que los normalistas estaban muertos.
Cerca de las 01:11 horas, Martínez Crespo y su escuadrón volvieron a la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico. El militar 8 declaró a la PGR que al menos uno de sus compañeros subió a uno de los tres camiones antes de que se les hicieran las pruebas periciales.
El Ejército no llamó a la PGJG sino hasta una hora y 40 minutos después del ataque. El personal de la procuraduría llegó a las 03:20 horas a hacer las primeras diligencias. Encontró 61 casquillos percutidos –unos calibre 5.56, otros 17.62, 7.92 y 7.62– donde ocurrió el ataque contra los Avispones. En Juan N. Álvarez hallaron 51 casquillos, 36 calibre 7.62 y otros 5.56.
El calibre 7.62 corresponde a los fusiles G3 que portaba el Ejército esa noche. El calibre 5.56 corresponde a las armas de la Policía Municipal de Iguala: los fusiles G36 y Beretta. La PGJG realizó peritajes a las armas de los policías municipales; dos casquillos correspondieron a éstas. Nunca se hizo un peritaje a las armas del Ejército.
El cuerpo de Mondragón fue encontrado a las 10:00 horas del 27 de septiembre. Estaba desollado, sin ojos, con golpes en el cráneo y heridas de cuchillo en el cuerpo. Según el dictamen de necropsia, la hora estimada de su muerte fue entre las 02:40 y las 2:45 horas, cuando la tropa estaba en Iguala.
La fuente militar consultada explica que los Grupos de Fuerza de Reacción están en emergencia permanente, actúan en momentos de crisis y nunca adoptan actitudes pasivas o de observación. En el campo pueden tomar iniciativas y actuar, y sólo después informan a sus superiores, dice. Añade que cuando hay acciones abusivas del Ejército, estos batallones tienen mucho margen de maniobra para falsear sus informes.
*Trabajo financiado con recursos del Fondo para Periodismo de Investigación y con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
fuente.-

sábado, 5 de septiembre de 2015

La "MARA SALVATRUCHA",la "GANGA" mas PELIGROSA en TEXAS...revela reciente informe del DPS.


El último informe acerca de las pandillas en Texas ha rebajado la amenaza que representaba Barrio Azteca, mientras que ha aumentado la calificación sobre el peligro de la MS13,la "Mara Salvatrucha", un reflejo de cómo responden generalmente las pandillas estadounidenses a las dinámicas criminales latinoamericanas.
La evaluación anual acerca de las amenazas pandilleras, realizada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, informa de una reducción en el peligro que alguna vez representó la formidable pandilla transfronteriza Barrio Azteca, al pasar de Nivel 1 a Nivel 2. Según lo plasmado en el informe, la influencia de la pandilla se ha reducido como resultado del deterioro de su relación con el Cartel de Juárez, el éxito de los operativos policiales y las luchas internas.
Sin embargo, la Mara Salvatrucha (MS13), la pandilla callejera transnacional que controla varias zonas de Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos, ha sido catalogada en el Nivel 1 debido a los temores de que miembros de esta pandilla hayan estado ingresando ilegalmente en la frontera, provenientes de El SalvadorGuatemala yHonduras.
Así, la MS13 se une a las camarillas Tango Blast, Tango Clicas, Texas Syndicate, Texas Mexican Mafia y Latin Kings como amenazas Nivel 1 para la seguridad pública del estado de Texas.
El potencial de amenaza de cada por pandilla —categorizado como Nivel 1, 2 o 3— está determinado por la matriz de evaluación de amenazas creada por el Centro Conjunto de Información sobre el Crimen. Esta evaluación considera factores como surelación con carteles de la droga, la actividad criminal transnacional, el grado de actividad criminal, los niveles de violencia, la prevalencia a lo largo del estado, la fuerza total, la efectividad organizacional, la membresía juvenil, la amenaza para la policía y el tráfico humano.
Sin embargo, pese a que las pandillas se dividen en categorías, el informe también señala una creciente tendencia a las "membresías híbridas", en las cuales los individuos afirman pertenecer a varias pandillas, lo cual permite a las pandillas más grandes aumentar su influencia y alcance, y brinda a pandillas menores mayor protección a su paso por la cárcel.
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Análisis de InSight Crime

Barrio Azteca ha sido un importante actor en el crimen organizado trasfronterizo durante los últimos años, e incluso tuvo un papel destacado en la brutal guerra que sostuvieron el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Juárez por el control de la fronteriza Ciudad Juárez. Pese a que la guerra terminó en derrota para los aliados de Barrio Azteca en el Cartel de Juárez, el conflicto les permitió cimentar su presencia en México y su participación vínculos en el tráfico de drogas y otras actividades del crimen transnacional.
No obstante, según el informe, el continuo declive del Cartel de Juárez, cuyo último líder poderoso, Vicente Carrillo Fuente, fue capturado en octubre de 2014, junto con la competencia presentada por el ahora firmemente asentado Cartel de Sinaloa ha reducido la influencia de Barrio Azteca en México, lo que a su vez ha creado un campo de operaciones más amplio para otras pandillas en la frontera con Texas.
Pese a que la evaluación de Barrio Azteca sigue una cierta lógica del mundo criminal, la afirmación de que la amenaza presentada por la MS13 va en aumento es mucho más dudosa. El informe repite las afirmaciones de que en el reciente incremento de los flujos migratorios desde Centroamérica hay una alta cifra de pandilleros como base para justificar la creciente amenaza, afirmaciones que aún deben ser sustentadas con evidencia estadística significativa y que con frecuencia parecen seguir un interés político.
fuente.-