En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, el miércoles pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó lo que ha sido una constante de su gobierno en momentos de crisis: un nuevo decálogo que sumado a los que hizo públicos desde que era precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), suman ya 100 objetivos que se refieren a temas fundamentales como el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos, a combatir el hambre y la corrupción. La mayoría aún se mantienen como los grandes pendientes.
Los decálogos de Peña Nieto son hasta ahora ejes de una estrategia que no ha logrado aterrizar. Durante su Informe de Gobierno, el Primer Mandatario presentó “10 medidas para nuevos desafíos”, lo que representa su cuarto decálogo ya como Presidente.
Expertos han criticado que cada que se registra una crisis, el gobierno federal acude a la estrategia de presentar decálogos para solucionar, el problema en turno. Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de septiembre de este año, el Presidente ha presentado cuatro decálogos, es decir, uno cada 8.2 meses.
Los especialistas ven este recurso como una “ especie de buenas intenciones”, en tanto, organizaciones perciben “desconfianza” en el anuncio del último.
De los cuatro decálogos de Peña Nieto como Presidente, dos hacen alusión al tema de la justicia y derechos humanos, uno a la Reforma Energética, y el cuarto resume todos los anteriores.
Uno de los grandes pendientes es el tema que señala en el decálogo “Medidas por la Paz, la Unidad y la Justicia en México, referente al tema de la corrupción. Hasta ahora, no hay señales de una buena implementación de la Ley Anticorrupción, debido a la modificación previa de 22 leyes secundarias.
En materia de seguridad está pendiente la creación del número de emergencias 911 y la controvertida desaparición de las policías municipales.
LA CUARTA ES LA VENCIDA
En materia de derechos humanos, para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana, existen tres puntos del último decálogo en el que encuentra divergencias.
En el primer punto del decálogo: Impulsar nuevas leyes para fortalecer el Estado de Derecho.
“Me parece que el Presidente sigue con una idea donde se considera que las leyes por sí mismas podrán cambiar la situación del país y pienso que esto es grave porque a pesar de que tenemos unas de las mejores leyes en el mundo, vemos que éstas no se implementan y que no tienen repercusiones, no hay un marco normativo adecuado”, expresó Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT en entrevista para SinEmbargo.
“Vemos cómo a partir de este primer punto del decálogo no hay una voluntad política para aplicar las leyes”, añadió.
El segundo punto es el artículo tercero del decálogo: Impulso al desarrollo de las regiones con mayor rezago para combatir la pobreza y la desigualdad.
“En este punto observamos que a partir de que el gobierno priista llegó a la Presidencia ha habido una agudización de los programas sociales para la manipulación política y el control de los territorios, esto resulta muy grave porque se aprovecha de la gran necesidad que tienen las comunidades para instrumentar programas que tienen que ver con manipulación política”, detalló Ríos Martínez.
Por ejemplo, dijo, lo vimos recientemente con las elecciones en Chiapas, cómo el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PRI se apoderaron de los programas sociales para manipular el voto, “el gobierno plantea implementar programas sociales para utilizarlos a su favor en las elecciones”.
El tercer punto que la organización rebate es el noveno del decálogo: Se acelera el desarrollo de la infraestructura nacional incluyendo el sector energético.
“Nos parece que notamos un abaratamiento de nuestros recursos, se están ofreciendo a capital extranjero en detrimento de nuestras comunidades y de su patrimonio, vemos que desde que entró en consulta la Reforma Energética no hubo transparencia, no hubo diálogo con la sociedad afectada”, aseguró el secretario ejecutivo de la Red TDT.
Indicó que actualmente las leyes establecidas en materia energética son implementadas para despojar a las comunidades, lo que aumenta las protestas y la movilización de las organizaciones que luchan para se respete su vida y su patrimonio.
-¿En una escala del 1 al 10 cómo califica la Red TDT la administración del Presidente Peña Nieto en materia de derechos humanos en lo que va de su sexenio?
-Cero. Reprobamos totalmente esta gestión porque este año hemos visto cómo se violan sistemáticamente los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Creemos que en el país no se respetan los derechos humanos.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, para que efectivamente haya un avance en esta materia, el Gobierno federal debe seguir avanzando en procesos de justicia que acaben con la impunidad del país, “una impunidad del 98 por ciento que está en todos los procesos de derechos humanos, donde no hay investigación de las personas asesinadas, no hay sanciones y hay fabricación de culpables”, puntualizó Fernando Ríos.
En el tema de la seguridad también hay desconfianza por parte de organizaciones y especialistas.
“Tengo cierta desconfianza hacia los decálogos porque me parece que siempre tratan de sacar respuestas que ya conocemos sin que haya un diagnóstico, parece siempre un compendio de buenas intenciones, el anuncio del Presidente el pasado 2 de septiembre es similar a otros decálogos”, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Los especialistas aseguran que no es suficiente con fomentar leyes, como lo establece el punto uno del más reciente decálogo, también es necesario cumplirlas.
“Me parece que fomentar leyes de nada sirve porque éstas no se aplican”, destacó Rivas Rodríguez.
“No hay una calificación global que se pueda dar, pero sí hay elementos que se deben atender con mucha puntualidad, por ejemplo, hay violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército muy evidentes y que deberían de ser investigadas con mucha más fuerza. La fuga de ‘El Chapo’ no se puede dejar de lado en la evaluación en materia de seguridad en los tres años de Peña”, subrayó el director general de la organización.
En el anuncio del Presidente el pasado 2 de septiembre reconoció que hay una turbulencia a nivel internacional que afecta a la economía. Pero “vamos a seguir moviendo a México”, acotó. “Vamos a responder con visión de Estado, con claridad de rumbo y compromiso; vamos a demostrarnos a nosotros mismos que somos una Nación con proyecto y rumbo” y describió en ocho puntos del decálogo cómo lo hará.
Prometió estabilidad macroeconómica para proteger el bienestar de las familias mexicanas, austeridad presupuestal en el Gobierno de la República y apoyo a las actividades productivas de las zonas rurales con mayor marginación.
“Los puntos que tocó el Presidente me parecen correctos, acciones positivas para mejorar la economía del país, ahora falta que se hagan realidad, el problema que tenemos con los mensajes del Presidente es que no se cumplen realmente estos puntos, porque no es la primera vez que nos da una especie de decálogo de buenas intenciones”, refirió Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico del CI Banco en entrevista con este medio digital.
Dijo que no queda claro en el punto de reducir gastos en el Gobierno federal, “está proponiendo bajar gastos, el reto será cómo le va hacer para que menores recursos públicos garanticen no dejar vulnerable al país”, opinó el experto en economía.
LARGA HISTORIA
La primera vez que Peña Nieto probó de frente el rechazo fue el 11 de mayo de 2012, cuando en plena campaña presidencial, el priista fue prácticamente expulsado por la puerta de atrás en la Universidad Iberoamericana. Los jóvenes universitarios, indignados por los gastos de su campaña, la parcialidad de los grandes medios de comunicación en el país con su candidatura –especialmente la de Televisa– y sus respuestas sobre la masacre de Atenco, en 2006 y durante su gobierno en el Estado de México, encendió el ánimo de cientos de estudiantes.
Pero las posteriores expresiones de los priistas, como Pedro Joaquín Coldwell, entonces presidente del partido tricolor, quien los calificó de infiltrados y porros, generaron un movimiento que se volvió nacional: el #YoSoy132.
Como respuesta a esa primera gran crisis frente a los jóvenes preparatorianos y universitarios de todo el país, Peña Nieto lanzó el 21 de mayo –10 días después del rechazo mostrado por la comunidad estudiantil de la Ibero– su manifiesto de 10 puntos, denominado “Por una presidencia Democrática”.
Con ese documento, el entonces candidato y su equipo trataron de exorcizar las protestas y manifestaciones de la juventud mexicana, que buscaban impedir el regreso del PRI a Los Pinos. Los 10 puntos de ese manifiesto [contenidos en el gráfico publicado en la parte inferior] siguen hoy sin cumplirse.
Luego vendrían muchos decálogos más: el que prometía mejorar la economía familiar, los que trataban de sacar al país de la crisis económica, el que respondía a la agudización de la violencia, el que aceleraba la Reforma Energética para detonar la riqueza en México. La mayoría de esos puntos están aún pendientes.
Ante el movimiento de ciudadanos indignados en México y el mundo por la violencia contra los normalistas de Ayotzinapa, el Presidente anunció en noviembre del año pasado un nuevo decálogo para fortalecer el Estado de Derecho en México.
Y esta semana, ante la indignación colectiva por la impunidad, la corrupción, la caída en los indicadores económicos y el aumento en el número de pobres, recurrió a la misma estrategia.
fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: